El consumidor de cualquier producto tiene una serie de derechos reconocidos por la legislación vigente, por los que las administraciones públicas tienen la obligación de velar:
el derecho a una información correcta;
el derecho a la protección de los intereses económicos y sociales (antes de la compra de un producto o la contratación de un servicio, en el momento de hacerlo y después de comprarlo o contratarlo);
el derecho a reclamar;
el derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos;
el derecho a la representación, consulta y participación;
el derecho a la salud y a la seguridad;
el derecho a la protección administrativa y técnica, y
el derecho a la educación y formación en materia de consumo.