05. Demanio marítimo

A lo largo de los siglos los ordenamientos jurídicos mostraron poco interés por la defensa de playas, costas y zonas adyacentes al mar, terrenos en los que no se manifestaba tensión entre la titularidad pública y privada. Durante muchos años se consideraba suficiente la calificación de dichas zonas como res communis omnium lo que permitía su anárquica pero infrecuente utilización e incluso apropiación. Esta tendencia cambió cuando el incremento de la pesca, el comercio marítimo o uso turístico de las costas junto con la explotación petrolífera o minera desvelaron el extraordinario valor económico del mar y sus riberas, hicieron insostenible tal calificación por los riesgos de privatización que comportaban. Incluso antes de que esto fuera patente, razones de seguridad y soberanía impulsaron al legislador decimonónico a incluir el mar territorial en el dominio público (Ley de aguas de 1866 y ley de puertos) que sólo definen dos zonas demaniales:

  1. Mar litoral:

    • Cuya delimitación deviene en una cuestión polémica que el texto remite a la anchura determinada por el Derecho internacional, disponiendo en ella el Estado la vigilancia, aprovechamientos, derecho de asilo e inmunidad conforme a las leyes y tratados internacionales.

  2. Las playas:

    • Expresando la ley de 1866 un concepto ajeno a su sentido vulgar, y aún técnico, definiéndolas como la parte de costa que el mar cubre y descubre con los flujos y reflujos de las mareas, independientemente de que lo formen arenales, pedregales, rocas o cualquiera otros tipos de materiales geológicos, extendiendo el dominio público a los terrenos unidos a las mismas por accesiones o aterramientos que ocasione el mar, aunque por el contrario reconozca un peligroso derecho de accesión de los propietarios colindantes cuando se den las circunstancias establecidas en el texto legal.

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