02. Las fuentes del Derecho

Concepto de fuentes

La expresión fuentes del Derecho es una palabra multívoca, es decir, admite diversos sentidos:

  • Filosófico, es la causa última del Derecho, el fundamento de la realidad jurídica.

  • Instrumental, todo lo que nos puede llevar a conocer el Derecho.

  • Técnico, los hechos y las formas mediante los que se establece la norma jurídica como derecho positivo obligatorio.

Fuentes materiales y fuentes formales

En sentido técnico, puede ser entendido a su vez como fuentes materiales y fuentes formales, según la doctrina moderna:

Las fuentes materiales son las fuerzas sociales que determinan el nacimiento del Derecho y que pueden ser tanto la sociedad, que da lugar al Derecho consuetudinario, como el Estado o la Cdad.

Europea, que da origen al Derecho positivo.

Las fuentes formales son los medios o maneras de establecer las normas que componen el Derecho (en forma de leyes o de costumbre) es decir que el Derecho positivo se realiza, o por repetición de actos semejantes realizados de manera constante y uniforme con la convicción de su necesidad jurídica – costumbre -, o por emanación de un órgano investido de poder, - ley -. A estas fuentes, en el Derecho civil común, deben añadirse los principios generales del Derecho.

Fuentes del Derecho Civil de la Unión Europea

Desde que España se incorporó a la Comunidad Europea en 1986, se integra en lo que se ha venido a llamar «Comunidad de derecho», que no es una sistema voluntarista, de tal manera que las normas comunitarias vienen a integrarse en los ordenamientos positivos internos de los Estados comprendidos en la Unión Europea, tanto en el ámbito sustantivo como en el jurisdiccional u orgánico procesal, siempre con unas características propias.

Fuentes materiales

Del Derecho civil comunitario son, fundamentalmente, las instituciones con competencia legislativa que establecen el Derecho positivo, ya que el Derecho consuetudinario prácticamente no existe en la Unión Europea..

El Derecho positivo de la Unión Europea emana, del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente, que adoptarán, reglamentos y directivas, tomarán decisiones y formularán o emitirán dictámenes, en las condiciones previstas en Tratado de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo, compuesto por representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad, ejercerá las competencias que le atribuye el Tratado. El número de miembros no excederá de setecientos.

El Consejo, compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial. La presidencia se ejercerá por rotación por cada Estado miembro en el Consejo, durante un período de seis meses. El representante variará según la materia.

La Comisión compuesta por veinte miembros, aunque el Consejo podrá modificarlo, por unanimidad.

Requisito indispensable que sean nacionales de los Estados miembros. Deberá comprender al menos un nacional de cada uno de los Estados miembros, sin que el número de miembros en posesión de la nacionalidad de un mismo Estado pueda ser superior a dos.

Fuentes formales

Del Derecho comunitario constituidas por el llamado derecho originario o primario (con estas dos expresiones se le denomina, aunque parece que prevalece la de derecho originario), y por el derecho derivado, también denominado derecho secundario.

El derecho originario o primario, constituido por los Tratados constitutivos de la CEE, modificadas por subsiguientes Tratados y Convenios.

El derecho derivado compuesto por las normas emanadas de las instituciones comunitarias con competencias legislativas. Se podrá hablar de Derecho civil comunitario sólo de aquellas normas que contengan materia propia de Derecho civil.

El Derecho civil comunitario, puede estar regulado por una norma originaria o por una norma derivada.

El Derecho originario es de aplicación inmediata en los Estados miembros desde el momento de su integración.

El derecho derivado, según la forma que adopte, de reglamento, directiva, decisión, recomendación o dictámenes, se aplicará o no de forma inmediata.

Derecho originario

Está constituido por:

  • El Tratado de París de 18-04- 1951, que se conoce con las siglas CECA.

  • El Tratado de Roma, de 25 -03-57, por el que se crea la Comunidad Económica Europea, cuyas siglas son CEE.

  • El Tratado de Roma, de 25-03-57, y se constituye la CEEA o EURATOM.

  • El Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992, por el que se modifica el primitivo Tratado de Roma. y cambia la denominación de la CEE, que a partir de aquí se denomina Unión Europea, UE..- desapareciendo el calificativo de económica -

  • El Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997, modifica el antiguo Tratado de Roma, - que da nueva numeración a los artículos que lo integran -.

  • El Tratado de Niza, de 26 de febrero de 2001, que modifica entre otras materias, el Tratado constitutivo en lo referente a los órganos jurisdiccionales y da nueva denominación al DOCE, que desde la entrada en vigor del Tratado se llamará Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Estos Tratados constituyen la parte fundamental de las fuentes de derecho primario.

A ellos cabe añadir, los siguientes:

  • Convenio de 25-03- 57, en Roma, relativo a ciertas instituciones comunes de las Comunidades .-

  • Tratado de 8 abril 1965, en Bruselas, se constituye un Consejo único y una Comisión única.-

  • Tratados modificativos, de 22 abril 1970 Luxemburgo y de 22 julio 1985 Bruselas modificativos de ciertas disposiciones financieras y presupuestarias.

  • Acta Unica Europea, 17 febrero 1.986 Luxemburgo y en la Haya, 28 febrero 1986.

Estos últimos tratados han sido modificados por los sucesivos Tratados de la Unión Europea.

Derecho derivado

El Derecho comunitario derivado constituido por el conjunto de disposiciones que podrán adoptar la forma de reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones o dictámenes.

Reglamentos

Es el acto normativo más importante y eficaz de la Unión Europea.

El término reglamento NO debe equipararse a las disposiciones que en el ordenamiento jurídico español reciben este nombre. Si hubiera que equipararlos a normas internas lo más aproximado serían las leyes.

Los caracteres de los reglamentos comunitarios se deducen del mismo artículo 249 TUE (antiguo artículo 189):

  • Generalidad, es decir, sus destinatarios no están individualizados, se aplican a todos los ciudadanos europeos.

  • lmperatívidad, ya que obligan todos sus elementos, y mandan o prohíben algo, en consecuencia un Estado miembro no puede conceder excepciones ni obstaculizar su ejecución.

  • Aplicabilidad directa, no hace falta transposición normativa de los Estados miembros, para que sean plenamente eficaces. Los reglamentos se publicarán en el DOUE y entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a los 20 días de su publicación. (Art. 254 UE, antiguo 191) 

  • Derogatorio, todo reglamento produce una derogación material. En consecuencia, todas las normas internas que regulen materia del reglamento quedan automáticamente derogadas.

  • Tiene un efecto de cierre, de tal manera que lo regulado por él no puede ser contradicho por una norma posterior, o, dicho con otras palabras, impide la promulgación de normas posteriores sobre la misma materia, sea norma estatal o autonómica                             

Estas notas características hacen del reglamento el acto normativo por excelencia, equiparable, a la ley interna de los Estados miembros.

Directivas

Las directivas (en francés «directive» y en inglés igualmente «directive») no constituyen un concepto unidimensional y unívoco que produzca efectos típicos.

 Existen diferentes grupos de directivas que producen distintos efectos, según su grado de interrelación e interconexión con las normas de los Tratados, no obstante, cabe señalar los siguientes caracteres:

  • Naturaleza normativa «sui generis» dirigida a la armonización legislativa de los Estados miembros. La armonización se basará en un nivel elevado cuando trate materia de salud, seguridad protección del medio ambiente y protección de los consumidores, incluso se establece que se tenga en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos (artículo 95, 3, TUE, antiguo artículo 100 A).

  • Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de las formas y de los medios

  • Efecto directo limitado, ya que es necesaria su transposición por los Estados miembros, de tal manera que es preciso un acto normativo. Si en el plazo establecido para la transposición ésta no se ha realizado, tiene efecto directo vertical y horizontal. Efecto directo que no exonera al Estado de su obligación de ejecutar la adopción de las disposiciones internas necesarias.

  • Si la directiva tiene como destinatarios a todos los Estados miembros, se publicará en el DOCE o DOUE, y entrarán en vigor en la fecha que ellas fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación. Si no están dirigidas a todos los Estados miembros deben ser notificadas a sus destinatarios, que pueden ser uno o varios Estados y surtirán efectos a partir de tal notificación (artículo 254.3 TUE).

Transposición

Las directivas son el medio normativo más frecuente utilizado en la Unión Europea, pero dejando en libertad a los Estados para que elijan la forma y los medios de cumplimiento.

Podríamos calificarla como una norma de mínimos. que es necesario acatar.

Imponen a los Estados una obligación de resultado.

El tiempo que se tiene para la transposición varia de unas directivas a otras.

Efectos de las directivas durante el plazo de transposición

Las directivas se caracterizan porque han de ser adaptadas por los distintos Estados miembros en el plazo que previamente se haya fijado, hasta entonces no se puede decir que sean directamente aplicables.

La obligación de los Estados miembros en cuanto a la consecución del resultado prescrito por las directivas nace en el momento mismo de su notificación o entrada en vigor, y no tras finalizar el plazo de adaptación.

Las directivas por el hecho de la simple notificación al Estado despliegan dos efectos relevantes:

  1. El efecto cierre o congelación de rango, al no poder los Estados miembros adoptar disposición contraria a la Directiva durante el plazo de adaptación al Derecho interno de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2° del actual artículo 10 Tratado de Amsterdam (antiguo artículo 5). Recordar que los Estados miembros tienen la obligación imperativa de adoptar las medidas necesarias para alcanzar el resultado prescrito por cualquier Directiva.

  2. Y adoptar disposiciones provisionales o dar ejecución a la Directiva por etapas, o lo que es lo mismo que si bien al Estado destinatario no puede reprochársele que agote el plazo de adaptación de la Directiva, éste puede hacerlo dentro del plazo cuando lo estime conveniente.

Efectos de las directivas en el caso de no transposición en el plazo establecido

Una de las cuestiones que ha planteado mayor problema a los efectos de la aplicación del Derecho comunitario es e1 incumplimiento por el Estado miembro de la transposición o adaptación de las Directivas al Derecho interno. El Derecho comunitario tiene efecto directo, pero en el caso de las Directivas si el Estado no cumple sus obligaciones, podría darse el caso de aplicar un derecho contrario a lo dispuesto en la misma directiva. Ante esta situación el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha ido elaborando una interesante jurisprudencia para conseguir la plena efectividad del Derecho comunitario. Por un lado, concediendo a los particulares la posibilidad de invocar los derechos reconocidos en las Directivas ante los jueces nacionales y por otro, responsabilizando a los Estados incumplidores de los daños ocasionados por el retraso en la transposición del Derecho comunitario. Todas las sentencias dictadas se fundan en la siguiente doctrina: «El principio conforme el cual los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario que les sean imputables, es aplicable cuando el incumplimiento reprochado sea atribuido al legislador nacional». «El derecho a reparación constituye el corolario necesario del efecto directo reconocido a las disposiciones comunitarias cuya infracción ha dado lugar al daño causado».

Si al Estado incumplidor no se le exigiese ninguna responsabilidad quedaría sin aplicar un principio base del Derecho comunitario cual es el efecto directo, consecuencia de la obligación de cooperación reconocida en el actual artículo 10 del Tratado.

Decisiones, recomendaciones y dictámenes

Decisiones

Las Decisiones son actos normativos comunitarios, cuyos caracteres permiten aproximarlas en ciertos aspectos a los Reglamentos y en otras características a las directivas. Podemos destacar los siguientes caracteres:

  • Imperatividad, son obligatorias en todos sus elementos, como los Reglamentos,

  • Constituyen un acto normativo individual, en tanto en cuanto van dirigidas a un grupo de destinatarios por ellas designados. – Cuando van dirigidas a los Est. miembros no existe una razón clara para encontrar una distinción dogmática con las Directivas, aunque se puede argüir que las directivas No son obligatorias, en un principio, como sucede con las Decisiones.

  • Se publicarán en el DOCE o DOUE y entrarán en vigor en la fecha que en ellas se fije o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.

  • Deben ser notificadas a sus destinatarios, como las Directivas, surtirán efecto a partir de tal notificación (art. 254.3 TUE).

Las Decisiones del Consejo o de la Comisión que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos.

La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. La orden de ejecución será consignada sin otro control que el de la comprobación de autenticidad del título.

La ejecución forzosa sólo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia.

No obstante, el control de la conformidad a derecho de las medidas de ejecución será competencia de las jurisdicciones nacionales.

Recomendaciones y dictámenes

Ninguno tiene carácter vinculante, lo cual no quiere significar que no tengan relevancia jurídica.

 La diferencia fundamental entre una Recomendación y un Dictamen radica en que los primeros sugieren una determinada actuación, mientras que los segundos, los Dictámenes, se limitan a emitir un juicio.

Otras fuentes

Para un importante sector doctrinal las fuentes del Derecho comunitario no solo están constituidas por el derecho originario y el derecho derivado, sino que a estas deben añadirse la costumbre, los principios generales y la jurisprudencia.

La costumbre

La costumbre es fuente de Derecho; otra cuestión es si verdaderamente en el acervo comunitario existen costumbres, de haberlas deben ser consideradas como fuente consuetudinaria

Los principios generales del derecho

Los principios generales tienen en todo ordenamiento, y el comunitario lo es, una doble proyección, informan todo el ordenamiento jurídico, de tal manera que las normas comunitarias no pueden ir en contra de dichos principios, y por otro, ellos mismos están positivizados constituyendo verdaderas normas que deben ser acatadas y aplicadas.

Los principios generales del Derecho civil comunitario no tiene carácter subsidiario, en defecto de ley o costumbre, como en nuestro sistema, porque se aplican de manera directa incluso con preferencia a otras normas comunitarias.

Principio de competencia

El principio de competencia, es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico comunitario.

El contenido del principio no es otro que establecer el ámbito de materias que corresponden a la Comunidad, o lo que es lo mismo, en lo que afecta al Derecho civil comunitario, las materias que pueden ser reguladas por la Comunidad.

La competencia de la Comunidad puede ser exclusiva, en cuyo caso los Estados miembros no pueden intervenir, o compartida con los Estados miembros, en cuyo caso regirá el principio de subsidiariedad.

En el Art. 2 del TUE, se deduce el ámbito competencial que corresponde a la Comunidad para poder cumplir los fines establecidos.

Principio de subsidiariedad

Antecedentes

Las raíces del principio de subsidiariedad hay que buscarlas a través de la historia en sus diversas manifestaciones, filosóficas, sociales y jurídico-políticas

El Derecho comunitario lo positiviza por primera vez con relación al medio ambiente en el Acta única Europea.

El principio de subsidiariedad tiene una doble proyección, por un lado los objetivos de la Comunidad Europea deberán respetar el principio y, por otro, se consagra su carácter jurídico

Concepto

El principio de subsídiariedad viene definido, en el actual Art. 5 del TUE, al establecer que la Comunidad en aquellos ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, sólo intervendrá en la medida que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros.

El principio, de subsidiariedad tiene como objetivo principal limitar la competente la Comunidad frente a los Estados miembros, - este principio no atribuye competencia lo que hace es limitarla –

El principio se aplica cuando actúa la Comunidad o cuando actúan los Estados miembros, en ambos casos se está dando cumplimiento al principio de subsidiariedad.

Es evidente que para que actúe la Comunidad se necesitan dos requisitos, a saber:

  • Que los objetivos que se pretenden con la actuación no puedan alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros.

  • Que dichos objetivos puedan alcanzarse de mejor manera a nivel comunitario.

O lo que es lo mismo ineficacia de unos, frente a la eficacia de la Comunidad.

El principio lo que establece es que la Comunidad actúe sólo en caso necesario.

Efectos

El principio de subsidiariedad no debe suponer un impedimento al carácter armonizador del Derecho comunitario.

Todas las Instituciones comunitarias con competencia legislativa están sometidas a él. E, indirectamente también, las nacionales.

El Tribunal de Justicia es el competente para la interpretación de este principio.

El principio de subsidiariedad no es aplicable a la legislación en vigor antes de su promulgación, en virtud de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

Principio de Cooperación

Este principio está íntimamente relacionado con los principios de competencia, subsidiariedad y proporcionalidad, pues su contenido no es otro que fomentar actuación conjunta de la Comunidad con los distintos Estados miembros

Principio de confianza

Entre los principios de Derecho comunitario está también el denominado principio de confianza ''.

Este principio aparece consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo de la República Popular de Polonia, de 14 de julio de 1960.

Más tarde la Unión Europea lo incorpora a su derecho por vía jurisprudencial, calificándolo como principio fundamental de la Comunidad.

El principio esta relacionado con los más tradicionales de nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones, específicamente, entre la Administración y los particulares o entre particulares. En España se encuentra positivizado en la Ley Foral de Navarra, de Administración Local y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 3.1. a partir de la reforma de la Ley 4/1999.

E1 principio comporta que la autoridad pública no puede adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones.

O dicho con otros términos, la virtualidad del principio puede suponer la anulación de un acto o norma y, cuando menos, obliga a responder, en el marco comunitario de la alteración de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas en el mantenimiento. El TJCE ha tenido en cuenta este principio para invalidar reglamentos o reconocer indemnizaciones a perjudicados.

El principio puede ser alegado en recurso de anulación, en acciones indemnizatorias, en vía prejudicial y de excepción de ilegalidad.

Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad hace relación a la forma en que la Comunidad debe realizar su legislación, y está recogido en el apartado 3° del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea:

«Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado».

Este principio debe ser observado siempre, tanto si se trata de competencias exclusivas como cuando se trate de competencias compartidas.

Su finalidad es imponer a la Comunidad una actuación de mínimos, por ello es criticado por un sector importante de la Comunidad, tanto político como jurídico.

De ahí que se haya optado casi siempre por la utilización de las Directivas, el elemento normativo por excelencia de la Comunidad, en cuanto son normas de mínimos.

La jurisprudencia

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea contribuye a la formación del ordenamiento comunitario con sus resoluciones con valor de cosa juzgada, ejecutables, creadoras de una autorizada doctrina que vincula a las jurisdicciones nacionales y constituye, fuente jurídica para el Derecho civil comunitario.

Los órganos jurisdiccionales deberán aplicar el Derecho comunitario y tener presente la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia sobre interpretación del Derecho comunitario, puesto que su doctrina es vinculante y constituye fuente de Derecho interno.

Lo que significa que la jurisprudencia completa el ordenamiento jurídico comunitario, a diferencia de lo que ocurre con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

Incluso la jurisprudencia comunitaria prevalece sobre las normas nacionales.

Transposición de las directivas comunitarias al derecho interno. Competencia de las CCAA

Tal vez sea la relación existente entre el Derecho Comunitario y el Derecho Autonómico una de las cuestiones más interesantes del proceso de integración europea, pues la estructura interna del Estado dota de una especial complejidad a todo el sistema.

La CE en sus Art. 148 y 149 la distribución de competencias, relativas a determinadas materias, entre el Estado y las respectivas Comunidades, Autónomas. La atribución de competencias a las Comunidades Autónomas supone la pérdida progresiva de éstas por los órganos que venían ejerciéndolas en cada uno de los Estados miembros, al tiempo que surge la relativa obligación de implementar o transponer el Derecho comunitario en función de la competencia de origen.

En principio el orden constitucional de competencias no tiene que resultar alterado por el ingreso de España en la Cdad. Europea, ni por la promulgación de normas comunitarias y su incidencia en el Derecho interno. La sentencia del Trib, Constitucional 76/1991, de 11 de Abril, dispone que:

La transposición de las Directivas es competencia estatal, pero tanto el Estado como las Comunidades Autónomas deben cumplir las obligaciones que corresponden a España como miembro de la Comunidad Europea, atendiendo al reparto interno de competencias.

La competencia para obligarse por medio de Tratados o Convenios Internacionales corresponde al Estado central, como se desprende de los artículos 93 y 94 de la C. Española.

Son las Instituciones centrales los interlocutores con las Instituciones de la Cdad. Europea, y a su vez con las Instituciones autonómicas.

El Estado no puede ampararse, en principio, en su competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales (artículo 149.13 de la Constitución) para extender su ámbito competencial a toda actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los Convenios y Tratados Internacionales, y en particular del Derecho derivado europeo.

La ejecución de Convenios y Tratados Internacionales en lo que afecten a las materias atribuidas a la competencia de las Comunidades Autónomas no supone, atribución de una competencia nueva, distinta de la que ostenta la respectiva Comunidad Autónoma.

La ejecución del Derecho comunitario corresponde al que materialmente ostenta la competencia, según las reglas de Derecho interno, puesto que no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario. La Constitución encomienda a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, «la garantía del cumplimiento de estos Trata-dos y de las resoluciones emanadas de los Organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión», no se aclara nada a1 respecto, puesto que se refiere a garantías del cumplimiento y no habla expresamente de la ejecución misma.

En cuanto a los Estatutos de Autonomía, únicamente los de Murcia y Aragón, contienen una referencia expresa a la ejecución de «los actos normativos de las Organizaciones Internacionales».

Otros Estatutos, como el de Vascongadas, Cataluña, Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias Madrid y Navarra se refieren únicamente a la ejecución de Tratados y Convenios Internacionales.

En los Estatutos de Asturias, Extremadura, Baleares y Castilla y León, utilizan la siguiente fórmula: corresponde a la Comunidad Autónoma respectiva, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias, y una de ellas es «la ejecución dentro de su ámbito territorial de los Tratados Internacionales en lo que afecten a materias propias de su respectiva competencia».

Los Estatutos de Autonomía de Galicia, Cantabria, La Rioja y Valencia no contienen ninguna previsión acerca de la ejecución de Tratados Internacionales.

El Tribunal Constitucional, en sentencia 79/1992, de 28 de mayo, establece que: «El Estado no puede ampararse en este título competencial (artículo 149.13 de la Constitución) para extender su ámbito competencial a toda actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los Convenios y Tratados Internacionales, y en particular del Derecho derivado europeo, si así fuera, dada la progresiva ampliación de la esfera material de intervención de la Comunidad Europea, habría de producirse un vaciamiento notable del área de competencias que la Constitución y los Estatutos atribuyen a las Comunidades».

Así, con relación a la competencia sobre comercio exterior, la STC 236/1991, de 12 de diciembre, dice que: «Se excluiría a las Comunidades Autónomas en cualquier materia relacionada con el Derecho comunitario, ya que seria muy difícil encontrar normas comunitarias que no tuvieran incidencia en el comercio exterior, si éste se identifica, sin más matización, con comercio intracomunitario».

Se puede afirmar que la dimensión exterior de un asunto no puede servir para hacer una interpretación extensiva del artículo 149.13. de la Constitución.

La competencia exclusiva en relaciones internacionales se refiere a la acción exterior, pero no a la aplicación interior de la normativa comunitaria europea.

Las Comunidades Autónomas pueden realizar el desarrollo y transposición de las Directivas cuando tengan por objeto materias transferidas. La cesión del ejercicio de competencias en favor de organismos comunitarios no implica que la autoridades nacionales dejen de estar sometidas, en cuanto poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico..

De la sentencia del Tribunal Constitucional 14l/1993, de 22 de abril, se deduce que la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostente la competencia según las reglas de Derecho interno, puesto que no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario.

Las Directivas comunitarias son de obligado cumplimiento para todas las autoridades, centrales y autonómicas, de los Estados miembros.

Las normas comunitarias vinculan a las Comunidades Autónomas por su propia fuerza normativa. El hecho de que tales normas vinculen a las Comunidades Autónomas no significa que las normas estatales que las adapten a nuestro ordenamiento deban ser consideradas necesariamente básicas.

El Estado sólo podrá realizar las adaptaciones mediante normas básicas si lo permiten la Constitución y los estatutos de Autonomía.

La ejecución no es sólo un Derecho autonómico, sino una responsabilidad del Estado frente a la CEE y de las CCAA frente al Estado.

Esta responsabilidad se patentiza por dos medios de control: uno preventivo, que establecen los artículos 21 a 23 de la LO del Consejo de Estado de 22 de abril de 1980. Otro de control ejecutivo, el del artículo 155 de la Constitución.

A la responsabilidad del Estado en relación a la ejecución de la normativa comunitaria se refiere la sentencia 72/1992 de 28 de mayo, del TC, según la cual será imprescindible una interpretación sistemática de todos los preceptos, lo que en materia de competencias compartidas o concurrentes entre el Estado y Comunidades Autónomas, obliga a articular el ejercicio de las competencias propias de uno u otros, de modo tal que, sin invadir el ámbito competencial ajeno, no obstaculicen el desempeño de las funciones que la Constitución y los Estatutos les atribuye ni impongan cargas innecesarias sobre los administrados.

Cada supuesto concreto de ejecución de la normativa comunitaria requerirá un planteamiento específico, a fin de determinar hasta dónde llegan las competencias del Estado y dónde comienzan las de las Comunidades Autónomas.

Las normas comunitarias pretenden que la materia que se regula en ellas sea uniforme dentro de todos los países de la Comunidad, y por ello obligan a todas las autoridades para que se realice la transposición en el plazo establecido.

Otra cuestión a resaltar respecto a las Comunidades Autónomas es la relativa a la posible contradicción entre una Directiva no transpuesta y su Derecho autonómico. En este supuesto, será de aplicación los efectos que producen las directivas, ya que el ingreso de España en la Unión Europea conlleva una serie de obligaciones entre las que se encuentra la sumisión al Derecho comunitario. Y, por tanto, los Jueces y Magistrados, en caso de normas en conflicto, deberán aplicar el Derecho comunitario, que desplaza a la norma autonómica que regula la misma materia.

Entender que la solución sería mantener el Derecho Autonómico frente al comunitario, es ilógica y absurda, pues es tanto como eludir la aplicación de la Directiva. De este modo sería muy fácil a los Estados y Comunidades Autónomas obviar el Derecho comunitario, cuando, a su juicio, fuera preferible continuar con la regulación establecida sobre la materia.

Otro supuesto que puede presentarse es que, regulada una materia por una Directiva, la Comunidad Autónoma elabore y promulgue a «posteriori» una disposición regulando esa misma materia de forma contradictoria.

En virtud de la congelación de rango, no cabe aplicar la regla imperante en nuestro Derecho de que «lex» posterior deroga a la anterior, ya que la preferencia del Derecho comunitario en una cuestión de competencia y no de rango.

El Derecho de la Unión Europea y el sistema de fuentes español

El Derecho comunitario se integra en el Derecho español, el Derecho comunitario se convierte así en fuente del ordenamiento jurídico interno, pero, además, esta integración supone una modificación en el orden de prelación de fuentes, aunque no sea necesaria la modificación del artículo primero del Código civil. El orden de prelación de fuentes establecido en el Código civil es: la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. El Derecho comunitario se integra en la primera fuente, la ley, y es dentro del grupo de la ley donde el Derecho comunitario se erige como primigenio, siempre, por supuesto, que las disposiciones comunitarias tengan aplicabilidad inmediata y efecto directo.

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