04. Los derechos de la persona en el ámbito de la Unión Europea

Derechos fundamentales

Los derechos fundamentales en la C. Europea, son los que corresponden a todas las personas por el mero hecho de nacer, es decir son consustanciales con la persona humana.

El primero y fundamental es el derecho a la vida, del que nacen todos los restantes.-

En España los derechos fundamentales son los reconocidos por la C. Española que pueden ser objeto de recurso de amparo ( Art. 14 a 29 y la objeción de conciencia, Art. 30). Entre los derechos fundamentales y las libertades públicas que se proclaman en la Constitución, están comprendidos la mayor parte de los que la doctrina civilística ha venido denominando derechos de la persona, a los que el ordenamiento jurídico dispensa protección civil y penal, para los derechos fundamentales antes citados, la Ley Fundamental, (CE) dispone para su tutela, a parte de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los Tribunales ordinarios, el recurso de amparo ante el TC. (Art. 53,2 C. Española ).

El recurso de amparo no procede contra la infracción de derechos comunitarios. No corresponde al Trib. Constitucional controlar la adecuación de la actividad de los poderes públicos nacionales al Derecho comunitario. Este control compete a los órganos de jurisdicción ordinaria en cuanto aplicadores que son del ordenamiento comunitario y, en su caso, al Tribunal de Justicia a través del recurso por incumplimiento. La interpretación a que alude el Art. 10,2 de la Constitución no convierte a los tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de las normas, y a actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales “ STC 64/1991, de 22 de marzo “ . Esta misma resolución dice que el efecto vinculante del Derecho comunitario y su primacía sobre el Derecho nacional no puede relativizar o alterar las previsiones de los Art. 53,2 y 161,1,b de la Constitución, siendo patente que los motivos de amparo han de consistir siempre en lesiones de los derechos fundamentales y libertades públicas enunciadas en los repetidos Art. 14 a 29 y 30 de la Constitución.

Por tanto, las eventuales vulneraciones del D. comunitario, únicamente podrán llegar a tener, en su caso, el valor interpretativo que a los Tratados internacionales asigna el Art. 10,2 de la Constitución.

El Tratado de la CEE, hecho en Roma, no hace ninguna alusión a los derechos fundamentales; se limita a reconocer sólo aquellos derechos que son imprescindibles para que los fines y objetivos del Tratado, la formación de un mercado único europeo, pueda hacerse realidad, la libre circulación de trabajadores, mercancías y capitales. No cabe olvidar el carácter meramente económico que tenía la Unión Europea; por otro lado, los legisladores de los textos comunitarios pudieron entender que con el Convenio de Roma estaban suficientemente protegidos los derechos fundamentales de las personas. Otras causas de este silencio es que los redactores de los Tratados pensasen que fuesen los sistemas jurídicos de protección de las derechos de los Estados miembros los que otorgasen la protección necesaria a los ciudadanos contra las posible intromisiones ilegales de la Comunidad Europea en el ámbito de estos derechos, o bien una actitud temerosa de los Estados frente a la Comunidad por entender que la inclusión de los derechos fundamentales implica una ampliación de competencias en detrimento de las suyas.

Pronto se oyeron voces sobre la deficiente protección de dichos derechos en la Comunidad Europea, es en la promulgación del Acta Única Europea que entró en vigor el 1 de julio de 1.987, cuando se hace alusión por primera vez en un texto comunitario a estos derechos, aunque dicha alusión se realice en el Preámbulo, como una simple declaración de intenciones. Se habla del compromiso de promover conjuntamente la democracia basándose en los d. fundamentales reconocidos en las constituciones y leyes de los Estados miembros, en elConvenio Europeo para la Protección de los D, Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea, especialmente la libertad, la igualdad y la justicia social.

El T. de Maastrich da un paso importante en el tema al disponer que 1.- “La Unión respetará la identidad nacional de sus Estados miembros, cuyo sistema de gobierno se basarán en los principios democráticos. “ 2.- La Unión respetará los d. fundamentales, tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes en los Est. miembros, como principios generales del Derecho comunitario.

Esta inclusión no significa que puedan ser protegidos por el Tribunal de Justicia ya que lleva por rúbrica “ Disposiciones finales “ excluye las “ Disposiciones comunes “ del Tratado de la competencia del citado Tribunal.

El T. de Justicia ha sido un valedor importantísimo en la admisión y reconocimiento de los d.humanos entendiéndolos comprendidos en los principios generales del D, comunitario, declarándose competente a partir de 1.969 para proteger los d. fundamentales de la persona en el marco de la Comunidad, a través de una doctrina jurisprudencial digna de elogio.

El T. de Amsterdan ha supuesto el reconocimiento de los d. humanos por parte de la Unión Europea al convertir el respeto de los d. fundamentales en uno de los principios de la Unión, junto a la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, y además porque ese respeto puede ser controlado por el T., de Justicia, en la medida que sea competente con arreglo a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y dicho Tratado, como venía haciéndolo ya el Tribunal con una doctrina jurisprudencial muy consolidada.

Otra manifestación de los d. fundamentales, es la nueva redacción dada al Art. 2 del Tratado, en el que se proclama “ la igualdad entre el hombre y la mujer “..

Estado actual de la cuestión

El P. Europeo, aprobó en novbre de 2000, por una amplía mayoría la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta se estructura en 7 capítulos, que integran un total de 54 artículos, fue aprobada por los Jefes de Estado en la posterior cumbre de Niza, pero no se incorporó a los Tratados de la Unión Europea.

El borrador constaba de 50 artículos, a los cuales se presentaron unas 1100 enmiendas. Completo el proyecto de Carta, los jefes de Gobierno fueron los encargados de corregirla, modificarla, adoptarla y decidir, si sería sólo una solemne declaración de principio o si se incorporaría al Tratado de la Unión de forma que tenga fuerza legal..

Se planteo una controversia en el ámbito de los derechos sociales y económicos. Mientras Francia, Bélgica e Italia, entendían que debía dedicarse a estos derechos un amplio capítulo, otros países mantienen que sería contraproducente crear expectativas que luego no puedan cumplirse o bien resulten obligaciones para los Estados de difícil cumplimiento. España mantuvo el criterio de que en esta clase de derechos será preciso establecer un capítulo de derechos económicos realistas y específicos, que sí podrían ser invocados ante el Tribunal de Justicia, y otro de grandes principios, cuyo desarrollo correspondería a los Est. miembros de acuerdo con su situación y posibilidades económicas.

La diferencia entre unos y otros derechos, reside fundamentalmente en el grado de aplicabilidad y protección: los del primer grupo serán de aplicabilidad inmediata, su efecto será directo, podrán invocarse ante los Tribunales, los del segundo grupo, deberán esperar a su adecuado desarrollo, para invocarse ante la jurisdicción correspondiente.

Estas diferencias fueron las que incidieron de manera directa en la no incorporación a de la Carta a los Tratados, al no llegarse a un consenso, lo que ha resultado una mera declaración de principios sin efectos legales.

Los países que más se han opuesto a la incorporación de la Carta han sido, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda.

La ciudadanía europea

Concepto

La ciudadanía de la Unión es un nuevo estado civil de la persona, originado por ser nacional de un Est. miembro y que le confiere la cualidad de ciudadano de la Unión, otorgándole específicamente una serie de derechos:

El Art. 17,1 del TUE, dice que “ Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Est. miembro.

NO supone pérdida ni modificación de la nacionalidad, significa únicamente un “status civitatís nuevo “, para las personas que son nacionales de un Est. miembro, que pasan a tener la condición de comunitarios y que les permite ostentar unos derechos que van a ejercer fundamentalmente en los países integrantes de la Unión.

El T. de Amsterdam establece en su Art. 17,1 del TUE que “ La ciudadanía de la U. será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional, dicho párrafo no añade nada a la configuración de ciudadanía, esta nueva situación de la persona comunitaria no influye en su nacionalidad, ya que es una consecuencia de formar parte de la Cdad. Europea.

La condición de ciudadano de la Unión o comunitario, denominación que se utiliza de forma coloquial, lo tenemos en los deportistas, que a partir de la famosa sentencia BOSMAN, se les ha reconocido el derecho de poder actuar o fichar en cualquier país de la Unión como si se tratase de una nacional, sin ocupar plaza de extranjero, aunque con algunas restricciones todavía.

Derechos de los ciudadanos de la UE

Los derechos de los ciudadanos de la Unión son todos los reconocidos en el Tratado y constan regulados en dos grupos: El primer grupo comprende derechos considerados específicos de la ciudadanía y están regulados en los Art. 17 a 22, ambos inclusive del TUE, y el segundo grupo lo componen todos aquellos derechos reconocidos expresamente por el Tratado, pero no regulados en el epígrafe dedicado a la “ Ciudadanía de la Unión “.

Los derechos específicos de los ciudadanos de la UE

Derechos a circular y residir libremente

Todos los ciudadanos de la Unión tendrán derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Est. miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación ,( Art. 18.1.) Dicho derecho es una consecuencia de la constitución de la Cdad. Económica Europea, en un principio y del paso posterior dado en Maastrich, de convertirla en U. Europea, donde la libertad de circulación y residencia se fijaba para los trabajadores, ampliándose después para cualquier persona que ostente la ciudadanía.

Dicho derecho es limitado a las condiciones y limitaciones q. establece el propio Tratado, relativas al orden público, la seguridad y la salud pública y la necesidad de disponer de recursos suficientes para q. no sea a cargo del Estado donde tiene la residencia la asistencia social, la necesidad de un seguro de enfermedad, etc.

El T. de Amsterdam ha modificado el procedimiento para facilitar el ejercicio del derecho, que pasa a ser de codecisión en lugar de dictamen, lo que significa la participación del P. Europeo, y se requiere la unanimidad del Consejo, El procedimiento es el contemplado en el Art. 251 del presente Tratado.

El T. de Niza del 26-2-2001, dispone que dicho procedimiento no se aplicará a las disposiciones referentes a los pasaportes, los documentos de identidad, los permisos de residencia o cualquier otro documento asimilado ni a las disposiciones referentes a la seguridad social y la protección social, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3, del citado Artº

Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo

El ciudadano comunitario q resida en un Est. miembro del q no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible:

  • En las elecciones municipales del Est. miembro en q. resida, en las mismas condiciones los nacionales de dicho Estado. Artº. 19,1, TUE .

    • Este derecho como el anterior tiene sus limitaciones; la igualdad con los nacionales del país en q. reside puede no ser total, ya que se ejercerá sin perjuicio de las modalidades q. el Consejo adopte por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al P. Europeo (PE).

    • El problema se planteo al tener que reconocer este derecho en España, lo que motivó la modificación de la C. Española.

  • En las elecciones al P. Europeo en el Est. miembro en q. resida, en las mismas condiciones q. los nacionales de dicho Estado, sin perjuicio de los dispuesto en aptdo, 4 del Art. 190 y en las normas adoptadas para su aplicación.

    • Este derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades q. el Consejo adopte, por unanimidad, a propuesta de la Comisión previa consulta al P. Europeo, Las modalidades para ambos derechos podrán establecer excepciones cuando lo justifiquen problemas específicos de un Est. miembro (Art.. 19,1 y 19,2 TUE, respectivamente).

    • Dicho derecho tiene las mismas limitaciones que los derechos anteriores, Se proclama el derecho, pero inmediatamente después se limita.

Derecho a acogerse a las protecciones de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en un tercer país

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse en el territorio de un tercer país en el q. no esté representado el Est. miembro del q. sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Est. miembro en las mismas condiciones q. los nacionales de dicho Estado. Los Est. miembros establecerán entre sí las normas necesarias y entablarán las negociaciones internacionales requeridas para garantizar dicha protección ( Art. 20 TUE).

Este derecho proyecta la ciudadanía de la Unión fuera del ámbito de la misma, se trata de una protección personal y no territorial.

El precepto obliga a los Est. miembros a tomar las medidas necesarias para q. dicha protección sea efectiva.

El ciudadano comunitario se iguala al nacional de dicha representación diplomática o consular al establecer el citado Art. q la protección se ejercerá en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

Derecho de petición ante el Parlamento Europeo

El Art. 21, párr. 1º del TUE, dice “ Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho de petición ante el P. Europeo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194 “ .

El derecho consiste en poder realizar una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Cdad. que le afecte directamente. Puede .realizarse individualmente o de forma conjunta con otros ciudadanos, si se hace de forma conjunta NO es preciso que la otra u otras personas sean ciudadanos de la Unión pero sí se requiere que residan, o, en el caso de ser una persona jurídica, tenga el domicilio social en un Estado miembro.

Los requisitos son:

  • Ser ciudadano de la Unión.

  • Ser asunto propio de los ámbitos de actuación de la Comunidad.

  • Que le afecte directamente.

El Tratado de Niza, de 26-02-2001, invita a las instituciones y organismos a que se refieren el párrafo 3° del Art. 21 o el Art. 7, a velar por que la contestación a toda petición escrita de un ciudadano de la Unión se dirija a éste en un plazo razonable».

Derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo

El Art. 20.2° del TUE dispone que: «Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo en virtud de lo dispuesto en el artículo 194».

Tiene por finalidad realizar alguna reclamación relativa a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Recibida la reclamación, el D. del Pueblo lo pondrá en conocimiento de la institución interesada, que dispondrá de un plazo de tres meses para exponer su posición al D. del Pueblo.

Recibido el escrito de la institución afectada, el D. del Pueblo remitirá un informe al P. Europeo y a la institución interesada.

La persona que formalizó la reclamación será informada del resultado de las investigaciones.

La posibilidad de reclamar ante una mala administración de las instituciones supone una facultad de control concedida a todos los ciudadanos de la Unión para que las actuaciones de los distintos órganos e instituciones de la Unión Europea se realicen con toda transparencia. Se exceptúa de este control a los órganos jurisdiccionales, ya que los ciudadanos cuentan con los correspondientes recursos contra las resoluciones que no son ajustadas a derecho.

Derecho a dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos en las lenguas latinas

El Art. 21.3° del TUE establece que: «Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos contemplados en el presente Art. o en el Art. 7 en una de las lenguas mencionadas en el Art. 314 y recibir contestación en esa misma lengua» - dichas lenguas son, la alemana, francesa, neerlandesa, danesa, española, finesa, griega, inglesa, irlandesa, portuguesa y sueca -.

Derecho incorporado por el T. de Amsterdam al estatuto de 1a ciudadanía. El precepto no se refiere para nada al contenido del escrito. Aquí deja abierta la puerta para plantear cualquier asunto, que tenga relación con el órgano o institución al que va dirigido y, además, afecte directamente a la persona que lo interpone. .

Como derecho del ciudadano, surge por parte del organismo o institución destinataria del escrito la obligación de contestar, y, además, de hacerlo en la lengua elegida por lo que si no se contesta, o no se hace en la lengua elegida incurrirá en responsabilidad, y aunque la norma no establezca nada en concreto sobre el contenido del escrito, éste deberá referirse al ámbito de actuación o competencia del órgano o institución e interese a la persona que lo interpone.

Posible ampliación de los derechos correspondientes a la ciudadanía

El Art. 22 del TUE obliga a la Comisión, cada tres años, a informar al P. Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de las disposiciones referentes a la ciudadanía de la Unión y sobre dicha base el Consejo por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al P. Europeo, podrá adoptar disposiciones encaminadas a completar los derechos previstos en la presente parte y recomendar su adopción a los Est. miembros con arreglo a sus respectivas normas constitucionales.

Esta disposición permite una constante ampliación de los derechos específicos derivados de la condición de ciudadano.

Derechos expresamente reconocidos en el Tratado

La ciudadanía de la Unión otorga a los ciudadanos no sólo los derechos específicos anteriormente mencionados, sino todos aquellos que el T. de la Unión regula en su articulado, unas veces lo hace de manera clara y explícita y otras mediante la posibilidad de adoptar determinadas acciones sobre la materia.

Nacionalidad

Derecho a la no discriminación por razón de nacionalidad. Este derecho es básico para la Unión Europea; todos los nacionales de los países miembros son ciudadanos que ostentan los mismos derechos y no pueden ser discriminados por ser nacionales de un determinado país miembro.

Igualdad de trato en las relaciones laborales

Respecto a los trabajadores el derecho a la libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de nacionalidad con respecto al empleo, la retribu-ción y las demás condiciones de trabajo. Sin perjuicio de las limitaciones justifica-das por razones de orden público, seguridad y salud públicas.

El derecho a la libre circulación de los trabajadores implicará:

  • responder a ofertas efectivas de trabajo;

  • desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros;

  • residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, aplicables al empleo de los trabajadores nacionales;

  • permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.

Para ello se establece la posibilidad de adoptar (textualmente dice el Art. 13: «podrá adoptar») acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religioso o convicciones, discapacidad, edad, u orientación sexual, no se proclama un derecho; si fuese así no se podría haber dejado a la voluntad del Consejo. Si se hubiese configurado la no discriminación como un verdadero derecho, el Consejo estaría obligado adaptar dichas medidas; no ha sido así, a pesar de ser mayora las voces insistentes en este sentido y ha prevalecido la opinión minoritaria.

El Tribunal de Justicia ha elaborado una doctrina jurisprudencial muy consolidada en el tema de la igualdad de trato en las relaciones laborales. Sumamente significativa es la sentencia del asunto Marshall II, que sigue la doctrina de las anteriores sentencias Francovich y Marshall I.

La cuestión planteada, por vía prejudicial, se refería a la interpretación del Art. 6 de la Directiva 76/207/CEE, que impone a los Est. miembros la adopción de las medidas necesarias para que cualquier persona perjudicada por la NO aplicación del principio del trato en las relaciones laborales pueda hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional.

Se preguntaba al Tribunal si el límite máximo objetivo de indemnización era compatible con la obligación de proveer mecanismos jurisdiccionales de recurso contenido en el Art.6 y si era incompatible ¿qué conceptos debía incluir la indemnización? Y además si el Art. 6 tiene efecto directo.

La cuestión planteada radicaba en la legislación británica reguladora de las indemnizaciones por discriminación por razón de sexo en las relaciones laborales que establece un límite máximo objetivo de indemnización, que en el caso controvertido no satisfacía plenamente los perjuicios económicos sufridos a causa del despido discriminatorio contrario a la citada Directiva.-

Según el Tribunal de Justicia, que repitió su línea jurisprudencia, si el Estado opta por prever una indemnización compensatoria como mecanismo de tutela, ésta ha de ser, para asegurar la consecución de la igualdad, adecuada en el sentido de que debe permitir, de acuerdo con las normas nacionales aplicables, una compensación total de todos los daños sufridos por la víctima.

Es por ello que la existencia de un límite objetivo establecido por una disposición legal no puede considerarse, por definición como una aplicación correcta del mandato contenido en el Art. 6 de la Directiva, en tanto en cuanto limita a priori la indemnización posible a un nivel que puede no ser adecuado al nivel de daños y perjuicios sufrido.

Respecto a la pregunta planteada sobre el efecto directo del Art. 6 el Tribunal contestó de manera imprecisa, pues entiende que interpretado conjuntamente con el Art. 5 de dicha Directiva, permite a los particulares invocar el Art. 6 ante los jueces nacionales frente al Estado y sus instituciones, añadiendo que los particulares pueden invocar ante los jueces nacionales derechos cuyo contenido puede ser determinado de manera suficientemente precisa con base exclusivamente a la Directiva.

En consecuencia, la persona que es víctima de una discriminación por razón de sexo podrá fundamentar sus pretensiones en el Art. 6 de la Directiva frente al Estado o sus instituciones, con la finalidad de dejar inaplicada una disposición legal interna que impone límites a la cantidad de indemnización exigible como compensación.-

No discriminación por razón de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual

El Art.13 del T. de la Unión establece que el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta con el P. Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, todo ello sin perjuicio de las demás disposiciones del Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Cdad. por el mismo. La redacción del precepto no puede considerarse como una verdadera declaración de derechos, como sucede con la nacionalidad. La utilización del término «podrá» indica que no se trata de un imperativo legal, sino de una habilitación legal al Consejo para dictar las acciones adecuadas. En caso contrario Consejo estaría obligado a adoptar dichas medidas, ha prevalecido la posición minoritaria.

Sin embargo es un paso adelante para prohibir toda clase discriminación en los casos expuestos.

Derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

El Art. 255 TUE, establece que todo ciudadano del Unión tendrá derecho a acceder a los doctos., del P. Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a los principios y las condiciones que se establezcan de conformidad con los Art. 2 y 3.

Es un derecho con muchas excepciones por motivos de interés público y privado. Pero se intenta que haya una mayor transparencia desde el punto de vista administrativo.

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