23. El derecho agrario de la Unión Europea

La política agraria en la Unión Europea

La política agraria comunitaria ha sido uno de los fines prioritarios de la Comunidad Europea, la inclusión de dicha política en los Tratados de la Comunidad Económica Europea firmados en Roma el 27 de mayo de 157, en vigor desde el 1 de enero de 1958, no fue nada fácil por la reticencia de algunos de los países signatarios.

El funcionamiento y desarrollo del mercado común para los productos agrícolas deberán ir acompañados del establecimiento de una política agraria común.

Cuando se habla de productos agrícolas hay que entender los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquéllos.

La importancia de la política agraria de la CE se denota en la legislación comunitaria., ya que el 25’ 00% de la legislación derivada y de la jurisprudencia del TJCE se refiere e materias agrarias.

Objetivos de la política agraria común

Los objetivos de la política agraria común se regulan de manera expresa en el artículo 33, a saber:

  • Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra:

  • Garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola

  • Estabilizar los mercados

  • Garantizar la seguridad de los abastecimientos

  • Asegurar al consumidor suministros a precios razonables

Los objetivos tiene una doble cara, porque se pretende favorecer a los agricultores y también a los consumidores, que somos todos los ciudadanos de la CE.

El objetivo fundamental es establecer un equilibrio entre los ciudadanos que agricultores y los ciudadanos consumidores, garantizando la seguridad de los productos y consiguiendo precios asequibles.

Para la elaboración de la política agraria común y los métodos que se puedan utilizar en ella deberá tenerse en cuenta:

  • Las características especiales de la actividad agrícola

  • La necesidad de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones

  • El hecho de que, en los estado miembros, la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía.

Etapas de la política agraria común

Cuatro fases o etapas se distinguen en la formación y desarrollo de la política agraria común.

La regulación de la política agraria se ha realizado y se sigue realizando mediante reglamento dictados por los órganos comunitarios con competencia legislativa, la utilización del reglamento tiene su razón de ser porque una vez publicados tienen pleno vigor en todos los países miembros, sin necesidad de realizar ningún acto normativo, ya que son directamente aplicables y se consigue en perfecta armonización en los temas tratados. Su contenido es sumamente intervencionista, dicha técnica administrativa aplicada al sector agraria excluye los mecanismos y reglas de libre mercado.

Primera etapa

Se refiere al período de tiempo comprendido entre la creación de la comunidad europea, año 1957, hasta el año 1970, se caracteriza por establecer la o que puede llamarse la estructura básica jurídico-pública de la política agraria común.

El 30 de Junio de 1.960 la Comisión presente al Consejo el llamado Plan Mansholt, por el que inicia la instauración de las organizaciones comunes de mercado y se sustituyen las regulaciones de las políticas agrarias nacionales por unas normas jurídicas nuevas de carácter público.

Segunda etapa

Corresponde al período comprendido entre el año 1970 y 1980, se caracteriza por la consolidación y desarrollo de la política seguida en la etapa anterior. Las notas más importantes, el sostenimiento y estabilidad de los precios., la regulación de los mercados, la creación de nuevas organizaciones como las referidas a los productos de pesca, las frutas y las hortalizas y la carne del sector ovina y caprino y el aumente de la productividad.

Tercera etapa

Se corresponde con los años comprendidos entre 1980 a 1992, se caracteriza por lo que los estudiosos del tema denominan un estado de crisis permanente. En esta época se producen excedentes estructurales que la sociedad es incapaz de consumir.

El problema surgido se intenta corregir con la limitación de la producción – imposición de cuotas -, y las tasas de corresponsabilidad – como la imposición de un gravamen para el supuesto de que no se cumpla lo estipulado , ejemplo la supertasa en la producción láctea - También con la mejora de las explotaciones agrarias.

Cuarta etapa

Esta etapa comprende los años 1992 y 1999 y se caracterizan fundamentalmente por una revisión importante en la política agraria común.

Las posiciones están encontradas, van desde la posibilidad de la política agraria se disponga desde los Estados miembros, teniendo el presente el principio de subsidiariedad, a que se siga imponiendo desde las instituciones comunitarias. Al fin se adoptada un sistema intermedio basado en el principio de proporcionalidad y dirigido a una política de mercado y de precios con el fin de sostener las rentas agrarias, Se acuerda una rebaja sustancial de los precios garantizados, una compensación para los agricultores a cambio de determinadas obligaciones, como puede ser el abandono de las tierras de cultivo cerealista.

Esta época también se caracteriza por el reconocimiento del medio ambiente, como límite a la producción agraria., prohibiendo cualquier medida que pueda afectar de manera notable a la conservación del espacio natural. Se tiende a utilizar prácticas y medios en la agricultura menos contaminantes compatibles con la protección y el medio ambiente, se fomenta la reforestación de tierras mediante primas compensatorias.

La actividad agrícola de los países miembros de la CE viene dispuesta y dirigida por las instituciones comunitarias que establecen las directrices básicas de la política agrícola, forestal y ganadera.

La política agraria ante el nuevo milenio

La unión Europea en los primeros años del nuevo milenio que comienza va a tener que enfrentarse a nuevos problemas que ya están ahí, como sucede con el mal de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la fiebre aftosa. A ello hay que añadir la incorporación paulatina de otros países de la CE.

El peso específico del sector agrario dentro de la comunidad se deduce del presupuesto comunitario. El 45 % del presupuesto va destinado a este sector.

La tendencia actual va dirigida a una mayor apertura y liberalización del comercio de los mercados agrarios internacionales, pero va a ser frenado en el sector ganadero a causa de las enfermedades antes citadas, y las medidas adoptadas y que hay que adoptar para garantizar la salud de los consumidores.

El Consejo Europeo los días 23 y 24 de marzo de 2001, ha tratado la situación del sector agrario, expresando su preocupación así como su solidaridad con los agricultores Destaca la cooperación eficaz entre las autoridades nacionales y respalda las exhaustivas medidas que están adoptando el Consejo, la Comisión y los Estados miembros, par erradicar la fiebre aftosa y el mal de las vacas locas. Y resalta que lo sucedido pone de manifiesto la importación de contar con una cadena alimentaría segura y sostenible para restablecer la confianza de los consumidores.

Legislación agraria

Normas de la política agraria, - prácticamente todas ellas tienen carácter administrativo -:

  • Reglamento 1259/1999, del Consejo de 17 de mayo, sobre financiación de la política agrícola común

  • Reglamento 1257/1999, del Consejo de 17 de mayo, desarrollado por reglamento 1750/1999, de la Comisión, de 23 de julio, sobre ayuda al desarrollo rural del fondo europeo de orientación y de garantía agrícola.

  • Reglamento 1469/1995, del Consejo, de 22 de junio, relativo a las medidas que deben adoptarse en relación con determinados beneficiarios de operaciones financiadas por la sección de garantía del FEOGA

  • Reglamento 2081/1992, del Consejo, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

  • Reglamento 2082/1992, del Consejo de 14 de julio, relativo a la certificación de la características especificas de los productos agrícolas y alimenticios.

  • Directiva 86/466/CEE, de 14 de julio de 1986, relativa a la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavoridas con arreglo a la Directiva 75/268/CEE Respecto a la pesca:

  • Reglamento 104/2000, del Consejo de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

  • Reglamento 1263/1999, del Consejo, de 21 de junio, relativo al instrumento financiero de orientación de la pesca.

  • Reglamento 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre, por el que se establece un régimen comunitario de pesca y acuicultura.

Aparte de los Reglamentos citados, hay otros muchos que regulan la organización común de los mercados agrícolas de los distintos productos – como los del azúcar, de la carne de vacuno, de aves de corral,. Etc -, que dan cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 34 TUE.

Aplicación de las normas del GATT 47

Es evidente que siendo un acuerdo entre la comunidad y terceros, el GATT vincula a ésta, pero ello no implica que las normas tengan efecto directo.

La jurisprudencia del TJCE sobre el efecto directo de los acuerdos tiene dos sentidos:

  • Efecto directo para la comunidad y los estados miembros

  • Efecto directo para los particulares

El primero se funda en el articulo 300.7 del TUE, a cuyo tenor los acuerdos celebrados en las condiciones mencionadas en el presente artículo serán vinculantes para las instituciones de la Comunidad, así como para los Estados miembros. Es decir, en caso de colisión entre una norma de la Comunidad y una norma del acuerdo, esta prevalecerá sobre la norma de la Comunidad.

Los Estados miembros quedan sujeto a lo preceptuado en los Acuerdos de tal manera que en caso de infracción la Comisión tiene potestad para interponer un recurso de incumplimiento contra cualquier Estado infractor.

Sin embargo, el efecto directo de un acuerdo se niega a los particulares cuando éstos acuden a los órganos jurisdiccionales nacionales para exigir la incompatibilidad de normas, en un recurso de anulación o de una excepción de ilegalidad.

Acuerdos OMC, su ámbito de aplicación

La sentencia del TJCE de 23 de noviembre de 1999 resuelve un supuesto de aplicabilidad de los acuerdos OMC, manteniendo la jurisprudencia sentada para las normas del GATT.

El TJCE en dicha sentencia ratifica la línea jurisprudencial seguida hasta ahora, a pesar de las alegaciones del Abogado General, en el sentido de conceder aplicación directa a las disposiciones de un acuerdo internacional.

Los Acuerdo OMC se basan en el principio de negociaciones realizadas sobre la reciprocidad y mutuas ventajas, y por otra parte hay que señalar que los Acuerdos determinan los procedimientos jurídicos adecuados para garantizar su ejecución de buen fe en los ordenamientos jurídicos internos de las referidas partes contratantes.

La doctrina sentada por el TJCE determina que las normas internacionales convencionales que no tiene efecto directo no pueden utilizarse para constatar la legalidad de un acto comunitario.

Aguas

Planteamiento

La Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000, establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Los Estados miembros realizarán la transposición de la Directiva a más tardar el 22 de diciembre de 2003.

Aunque todavía los preceptos de la directiva no están en vigor en España, los efectos jurídicos de las Directivas antes de su transposición, si es cierto que éstas limitan la labor legislativa en relación con la materia que regulan, de tal forma que a partir de la entrada en vigor de la Directiva el 22 de diciembre de 2000, NO cabe aprobar ninguna disposición que contradiga lo dispuesto en ella.

En consecuencia, ya se habla que la aprobación del Plan Hidrológico Nacional podía contravenir lo dispuesto en esta Directiva.

Estructura

La Directiva 2000/60/CE tiene 53 considerandos. Consta de 26 artículos, en los que se destacan entre otras cosas, que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal, y se funda en dos principios muy conocidos, el uso sostenible y eficaz del agua.

Ámbito de aplicación

Las aguas a que se refiere la directiva son las aguas superficiales, continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas.

Las aguas superficiales son las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas, las aguas de transición y las aguas costeras, y en lo que se refiere al estado químico, también las aguas territoriales.

Por aguas continentales hay que entender todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y todas las aguas subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura de las aguas territoriales. Dentro de las aguas continentales se comprenden los ríos y los lagos.

Aguas de transición son aquellas masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce, - se denominan de transición por la mezcla de aguas dulces y saladas -.

Las aguas costeras son las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea base.

Las aguas subterráneas, son todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo y subsuelo.

Dentro del ámbito de la Directiva entra también la protección de las aguas territoriales.

El objeto

Establecer un marco para la protección de las aguas que:

  • Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos.

  • Promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.

  • Tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático.

  • Garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite nuevas contaminaciones y e. Contribuya a paliar los efectos de la inundaciones y sequías, y que contribuya de esta forma a:

    • Garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado

    • Reducir de forma significativa la contaminación de las aguas subterráneas,

    • Proteger las aguas territoriales y marinas y

    • Lograr los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes.

Cuencas hidrográficas

La cuenca hidrográfica es la superficie del terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta.

Corresponde a los estados miembros la especificación y determinación de las cuencas hidrográficas, que deberán incluirlas en demarcaciones hidrográficas.

Si una cuenca hidrográfica se extiende por el territorio de varios países miembros, se incluirá en una demarcación internacional. Y si todavía se extiende más allá de los países miembros, se establecerá una coordinación con los Estados miembros.

Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones administrativas necesarias y la designación de la autoridad competente para que se cumpla lo preceptuado en la Directiva.

Objetivos medioambientales

Los objetivos que se establecen es que quince años después de la entrada en vigor de la Directiva, es decir, el 22 de diciembre de 2015, las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las zonas protegidas alcancen un bueno estado y potencial ecológico, adoptando para ello todas aquellas medidas que sean precisas. Incluso este plazo podrá prorrogarse.

También se dispone la posibilidad de alcanzar objetivos menos rigurosos cuando las condiciones en que se encuentren las masas de agua lo hagan imposible y se cumplan determinadas condiciones.

Cuando lo dispuesto para alcanzar los objetivos medioambientales no se cumpla podrá establecerse la preceptiva sanción, salvo causa de fuerza mayor excepcional.

Obligaciones de la demarcación hidrográfica

Las demarcaciones hidrográficas y la internacional situada en su territorio tienen las obligaciones siguientes:

Realizar un análisis de las características de la demarcación.

Realizar un estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, y Un análisis económico del uso del agua.

Tendrán un plazo de cuatro años para cumplir estas obligaciones, con la particularidad de que los Estados deben velar por que se cumplan dichas prescripciones.

Entre las obligaciones generales cabe destacar:

  • La protección de las masas de agua, sobre todo de las aguas potables, de acuerdo don lo establecido en el Art. 16, para evitar cualquier contaminación y teniendo presente lo establecido en el Art. 10 sobre vertidos de aguas superficiales.

  • Se realizará un seguimiento del estado de las aguas, en las superficiales sobre el volumen y el nivel de flujo en relación con el estado ecológico y químico y el potencial ecológico. En las aguas subterráneas, el estado químico y cuantitativo. Y en las zonas protegidas, se hará de acuerdo con las normas que regulan dichas zonas.

Registro de zonas protegidas

Se creará uno o más registros de todas las zonas incluidas en cada demarcación hidrográfica que hayan sido declaradas de protección especial. Protección de aguas superficiales o subterráneas o conservación de los hábitats y las especies que dependen directamente del agua.

El plazo para la creación de estos registros es de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la Directiva.

Planes hidrológicos de cuenca

La Directiva dispone que se elabore un plan hidrológico de cuenca por cada demarcación hidrográfica situada totalmente en territorio de un Estado miembro.

Cuando la cuenca no esté situada en un solo Estado miembro será necesario una coordinación entre los que estén implicados para establecer un único plan, en caso contrario cada Estado elaborará el correspondiente a su territorio.

Si la cuenca está situada fuera de las fronteras de los Estados miembros se intentará realizarlo para toda la cuenca.

Cuando se elabora el plan es precio la información y consulta pública, para que todos los interesados puedan formular durante seis meses las observaciones pertinentes.

Los Estados miembros enviarán a la Comisión y a cualquier Estado miembro interesado ejemplares de los planes hidrológicos de cuenca en un plazo de tres meses a partir de su publicación.

Todo lo referente a los planes hidrológico de cuenca se regular en los Art. 13, 14 y 15 de la Directiva.

Competencia en la adopción de medidas para evitar contaminaciones

Corresponde al parlamento Europeo y al Consejo la adopción de medidas para combatir la contaminación de las aguas causadas por determinados contaminantes o grupos de contaminantes, tanto para las aguas potables como para las subterráneas.

Sanciones

Las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la directiva serán sancionadas. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

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