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02. La legislación española sobre la defensa de los consumidores

Es a partir de la promulgación de la CE cuando de manera expresa, a través de su art. 51, por vez primera, el OJ español acoge la idea de la defensa de los consumidores y usuarios, como una categoría de ciudadanos y, criterio rector y ordenador de una serie de relaciones sociales calificadas como de contratos de consumo.

La Constitución Española y la protección de los consumidores

El art. 51 CE

El art. 51, protección de los consumidores y usuarios, viene inspirado por la Constitución portuguesa de 1976.

El art. 51 CE “1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que pueden afectar a aquellos… 3. En el marco de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales”.

Hasta la CE de 1978 no existía en España ninguna disposición legislativa que tuviera por objeto la defensa del consumidor, ni estructura alguna social a su favor. Es punto de arranque de la política de protección del consumidor desarrollada desde entonces, pasando en pocos años de un gesto programático a convertirse en un principio del desarrollo de la legislación ordinaria.

La Protección de consumidores y usuarios como principio general informador del Ordenamiento Jurídico

¿Quiere ello decir que la protección de los consumidores y usuarios ha devenido un principio general del Derecho?

  • El art. 51 CE está insertado en el Título I del Capítulo III “Principios Rectores de la Política Social y Económica”, por lo que la conclusión sería que para el mismo legislador constitucional la protección de los consumidores y usuarios sí deviene un principio general del derecho, así como la misma Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se pronuncia en este sentido.

  • El art. 53.3 CE establece el reconocimiento, respeto y protección de los principio de dicho Título y Capítulo, informaran la legislación positiva, práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pudiendo ser alegada su defensa ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de desarrollo.

La negación del principio

Es defendida por los tratadistas del Derecho Mercantil, quienes aún reconociendo la importancia de la protección de los consumidores y usuarios, la reducen a una mera idea programática, a ponerla en contacto con otros principios y derechos constitucionales de mayor y mejor rango, entre ellos la libertad de empresa, derecho fundamental en nuestra CE, relacionado éste con el principio de autonomía privada, de propiedad privada, e incluso con el derecho a elegir libremente una profesión.

La afirmación del principio

Otros autores opinan que, aunque efectivamente existe una relación entre libertad de empresa y propiedad privada, no por ello ha de llegarse a la conclusión de que cualquier otro principio que afecte a la libertad de empresa debe ser desechado.

Resulta improcedente negar el carácter informador de la defensa de los consumidores y usuarios, originador de numerosas disposiciones legales, cuya ratio legis consiste en superar viejos esquemas de igualdad formal y adoptar criterios especiales de protección del consumidor.

La Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios

La LGDCU 26/1984 fue aprobada por el gobierno del PSOE tras el asunto del aceite de colza adulterado. Fue mal recibida, objeto de críticas por su falta de consenso jurídico- político y de los distintos sectores implicados en su aplicación, y su falta de conexión con el CC y del C. Comercio.

Sistemática y objetivos

Su redacción originaria, aborda en una decena de capítulos de diferente contenido, sin incidir directamente en las normas contractuales previamente aplicables, lo que generó una sensación de duplicidad de regulaciones que provocó el rechazo de los profesionales del Derecho.

En ella convergen: la integración contractual de los mensajes publicitarios, la promoción del asociacionismo de consumo o el régimen del sistema arbitral de consumo.

Los objetivos de la LGDCU, Preámbulo:

  • Establecer los procedimientos para la defensa de los consumidores y usuarios.

  • Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo óptimo del movimiento asociativo en este campo.

  • Declarar los principios, criterios, obligaciones y derechos que configuran la defensa de los consumidores y usuarios.

Irrenunciabilidad de los derechos otorgados a consumidores y usuarios

De la ratio legis de la LGDCU y su especial preocupación por la protección de los consumidores y usuarios, se deriva como uno de sus criterios fundamentales, la irrenunciabilidad previa de los derechos y facultades otorgados por ella a consumidores y usuarios, así como la declaración de nulidad de cualesquiera actos o contratos realizados en fraude de ésta. Preceptos que se encuentran tan íntimamente conectados con el régimen general contemplado en el art. 6 del CC.

El desarrollo legislativo posterior

La publicación de la LGDCU no fue más que el principio, promulgándose con posterioridad disposiciones legales de carácter especial, como son:

  • Ley 26/1991 Contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.

  • Ley 22/1994 Responsabilidad civil por daños por productos defectuosos.

  • Ley 7/1995 Créditos al consumo.

  • Ley 21/1995 Viajes combinados.

  • Ley 7/1996 Ordenación comercio minorista.

  • Ley 7/1998 Condiciones generales contratación.

  • Ley 28/1998 Venta a plazos de bienes muebles.

  • Ley 34/2002 Servicios sociedad información y comercio electrónico.

  • Ley 39/2002 Transposición directivas europeas.

  • Además de la LEC 1/2000 con incidencia concreta en relación con el acceso de los consumidores a la justicia.

El texto refundido de la Ley de Consumidores aprobada mediante RDL 1/2007

Las disposiciones legislativas vigentes han sido objeto de refundición normativa por parte del RDL 1/2007 (TRLCE).

Objeto de la refundición normativa

Se trata de una legislación delegada. Refunde en un único Texto la LGDCU 26/1984 y las normas de transposición de las Directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales. En concreto integra TRLCE:

  • LGDCU

  • Los contratos celebrados a distancia.

  • Los contratos celebrados fuera de establecimiento comercial.

  • Los contratos de venta de bienes de consumo.

  • Los contratos de los viajes combinados

  • La regulación sobre la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos.

Disposiciones excluidas de la refundición

Quedan excluidas otras normas de transposición de las directivas comunitarias, que instrumentan regímenes jurídicos muy diversos que regulan ámbitos sectoriales específicos alejados del núcleo básico de la protección de los consumidores y usuarios, tales como:

  • Las Leyes que regulan los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico.

  • Las normas sobre radiodifusión televisiva y la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

  • La Ley de crédito al consumo.

  • El régimen de los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.

  • La Ley general de publicidad.

La disposición derogatoria

Quedan derogadas las disposiciones que han sido refundidas en el RDL 1/2007.

Sistemática

El TRLCU contiene 165 arts., 3 disposiciones transitorias, y 3 disposiciones finales, todo ello estructurado en IV Libros.

Libro I Disposiciones generales.

  • Los derechos básicos de los consumidores

  • El derecho de representación, regulando detalladamente las asociaciones, el Consejo de consumidores y usuarios.

  • La Conferencia Sectorial como organismo básico de cooperación institucional

  • La potestad sancionadora

  • Las Acciones de cesación y el sistema arbitral de consumo como manifestaciones procesales básicas del régimen peculiar de los consumidores Libro II Contratos y Garantías

  • Los aspectos específicos de la contratación con los consumidores, en especial el derecho de desistimiento · Las condiciones generales y las cláusulas abusivas

  • Los contratos celebrados a distancia

  • Los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales

  • Las garantías y servicios posventa.

Libro III Responsabilidad Civil por bienes o servicios defectuosos

Libro IV Viajes Combinados

Estado y CCAA

El Título VIII CE y los arts. constitucionales dedicados a la distribución de las competencias entre el Estado y las CCAA, no existe referencias concretas al consumo, ni a la regulación de los intereses y expectativas propias de los consumidores, al parecer dado el carácter multidisciplinar de la materia, lo que provoca un choque frontal entre las competencias genéricas del denominado Derecho de consumo y algunas de las más características competencias exclusivas del Estado, así sucede, con la legislación civil y mercantil, el Derecho penal… afirmación que, sin embargo, puede ser sometida a un sinfín de matizaciones.

Distribución de competencias en materia de consumo

No obstante, se ha producido una auto-atribución competencial en algunas CCAA, que han asumido en sus Estatutos de Autonomía competencias relativos al consumo y comercio, creando ex novo un título competencial que jurídica y doctrinalmente, dista mucho de estar definido, y por otro lado intercambiable según jurisprudencia del TC, donde:

  • Los títulos referentes al comercio, al Derecho de contratos y a la responsabilidad extracontractual son competencia exclusiva al Estado, tales como:

    • Aseguramiento de la unidad de mercado,

    • sobre la legislación civil, con la salvedad de los territorios con derecho civil foral,

    • sobre la legislación mercantil,

    • sobre la regulación de las bases de las obligaciones contractuales,

    • sobre la responsabilidad contractual y extracontractual; y,

    • sobre la regulación de las condiciones generales de los contratos y modalidades contractuales.

  • Las CCAA con competencia plena en consumo, pueden regular cuestiones jurídico-públicas de carácter administrativo, especialmente las materias de sanciones y controles administrativos.

  • Las CCAA sin competencia plena, podrán desarrollar reglamentariamente y ejecutar las normas referidas anteriormente.

El Derecho de consumo es una materia en la que concurren disposiciones de Derecho Privado y de Derecho Público.

Las Leyes autonómicas

Horarios comerciales y actividad comercial Ha habido sentencias del TC declarando inconstitucionales diferentes preceptos de las CCAA, auto-atribuyéndose competencias propias del Estado por parte de las CCAA, en materia de horarios comerciales, responsabilidad contractual y perfección de contratos y obligaciones contractuales.

La LO 2/1996 (complementaria de la de Ordenación del Comercio Minorista, de acuerdo cone el art. 81 y 150 CE), desarrolla el régimen de los horarios comerciales y encomienda dicha regulación a las CCAA, las cuales habrán de respetar los mínimos fijados por la ley Estatal. La Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, en su disposición final se señalan los preceptos que tienen carácter estatal y sus títulos competenciales; en los demás casos la norma estatal tiene carácter supletorio de la legislación autonómica.

Corresponden a las CCAA las siguientes competencias:

  • La determinación de los dos períodos de rebajas dentro de los límites máximo y mínimo que se establecen con carácter general.

  • El otorgamiento a los comerciantes de las correspondientes autorizaciones, creación de registros y su inscripción, en los casos de las denominadas ventas especiales (venta a distancia, ambulante, automáticas y en pública subasta). Salvo, en el caso de las ventas a distancia, que se difundan por medios que excedan el territorio de la Comunidad Autónoma, que la competencia es estatal.

  • La homologación de las máquinas para la venta automática.

  • La competencia sancionadora.