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03. La noción de consumidor


Sociedad de consumo y protección de los consumidores

El Derecho privado codificado clásico se presenta insuficiente para abordar la problemática sociedad de consumo, donde el consumidor aparece sistemáticamente y presumiblemente como la parte débil de la contratación, siendo un fenómeno novedoso de las últimas décadas la consolidación de políticas de protección a los consumidores, con objeto de ayudarles y dar satisfacción al papel que la teoría económica tradicional les ha prestado pero que el medio socio-económico real les ha hecho perder.

La actual tutela del consumidor tiene la misión de abolir ciertas disfunciones de la economía de mercado.

La noción de consumidor en general

Establecer una noción legal del consumidor significa que, salvo que en la ley se disponga otra cosa, todas las personas incluidas en dicha noción legal podrán ejercer los derechos y beneficios que la ley les otorga, sin que sea necesario examinar caso por caso si efectivamente la persona que pretende hacer valer esos derechos está en la situación típica del consumidor que tuvo presente el legislador al dictar la disposición legal de que se trate.

No existe una clara y única noción científico-jurídica sobre consumidor, lo que no significa tampoco que no exista relación entre las nociones legales existentes, pues en todas ellas subyace el mismo tipo de adquirente de bienes y servicios al que se trata de proteger.

La noción económica del consumidor

Sujeto de mercado que adquiere bienes o usa servicios para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus necesidades, personales o familiares. Participa en la última fase del proceso económico, usando o disfrutando un determinado bien de acuerdo con sus características y su naturaleza, pero sin integrarlo en actividad productiva alguna.

En cambio, el empresario adquiere el bien pensando en su valor de cambio, para incorporarlo a su proceso de producción o distribución, para obtener nuevos valores de cambio.

Sociedad de consumo y protección de los consumidores

El Derecho privado codificado clásico el consumidor aparece sistemáticamente y presumiblemente como la parte débil de la contratación, siendo un fenómeno novedoso de las últimas décadas la consolidación de políticas de protección a los consumidores, con objeto de ayudarles y dar satisfacción al papel que la teoría económica tradicional les ha prestado pero que el medio socio-económico real les ha hecho perder. Dichas políticas buscan corregir las lagunas que afectan al buen funcionamiento del mercado, y restablecer un cierto equilibrio entre los recursos y los poderes respectivos de los actores participantes en el sistema. La actual tutela del consumidor tiene la misión de abolir ciertas disfunciones de la economía de mercado.

Ámbito de la protección. Protección indirecta y protección directa

La protección indirecta alcanza todo el conjunto de medidas adoptadas o asumidas por los poderes públicos que puedan arrojar alguna consecuencia en la promoción o persecución del nuevo principio general del Derecho instaurado por el art. 51 CE; en especial:

  • La ordenación del mercado interior

  • Libertad de competencia

  • Regulación de monopolios

  • Política de precios

  • Regulación de importaciones

  • Control de la actividad de los grupos transnacionales

  • La protección directa por su parte, se concibe u concreta en las actividades o medidas realizadas mediante la atribución de facultades, beneficios o derechos concretos a favor del consumidor.

La delimitación abstracta de la noción de consumidor

En términos generales pueden distinguirse dos nociones diferentes de consumidores. Una noción concreta o estricta, los que adquieren bienes o servicios para uso privado. Y otra abstracta o amplia, que incluye a todos los ciudadanos en cuanto a personas que aspiran a tener una adecuada calidad de vida.

En la noción abstracta destacan dos ideas: la protección de los consumidores y la protección de la calidad de vida. Ello hace que esta noción sea adecuada para expresar programas políticos de atención a todos los ciudadanos en cuanto a consumidores.

Las nociones concretas son las que atribuyen derechos a cada consumidor en concreto, pudiendo ejercitarlos individualmente. Este tipo de noción basada en un criterio subjetivo, pues se centra sobre la persona del consumidor y sobre las condiciones en las cuales éstos desempeñan su papel dentro del ciclo económico, es el que se ha recogido en la generalidad de los textos legales.

Es decir, todos somos consumidores en potencia al vivir inmersos en una sociedad de consumo, pero cuando realicemos determinados actos, sin haber dejado de estar en el ámbito de la noción abstracta de consumidor-ciudadano, pasaremos al ámbito de la noción concreta, lo que va a permitir al consumidor reclamar la protección de que el objeto por el hecho de reunir los requisitos que le son exigidos por la Ley en cada caso.

El recurso a los actos de consumo

Algunos autores sugieren tomar como criterio de análisis de la política tendente a promover los intereses de los consumidores la noción de acto de consumo, más que la de consumidor. En dicha línea, cabría definir el acto de consumo como acto jurídico (un contrato, casi siempre) que permite obtener un bien o un servicio con vistas a satisfacer una necesidad personal o familiar, siendo un acto de consumo aislado suficiente para calificar de consumidor al que lo realiza, a diferencia del comerciante, a quien se exige la habitualidad.

Se caracteriza también por ser un acto material consistente en utilizar el bien o el servicio, objeto de contrato. Y se excluye el criterio del “contrato de consumo” que reserva la cualidad de consumidor únicamente a la persona que compra o contrata.

La delimitación concreta del consumidor objeto de protección

Como nociones concretas del concepto de consumidor: a) una noción amplia, se refiere al consumidor como “cliente”; y, b) una noción restrictiva, que considera al llamado “consumidor final”.

El consumidor en su condición de cliente

Incluye a cualquier persona que interviene en relaciones jurídicas situándose en la posición de demandante de bienes y servicios en un hipotético y convencional vínculo con el titular de la oferta, sin que sea relevante el destino que le otorguen a los bienes o servicios objeto de adquisición. En este sentido, se considera consumidor cualquier comprador, arrendatario, usuario, espectador, etc.

El consumidor como destinatario o consumidor final de bienes

Para que una persona tenga la cualidad de consumidor final es preciso, por un lado, que adquiera, posea o utilice un bien o un servicio; y por otro lado, que ese bien o servicio sea destinado a fines privados. La definición comprende a todo usuario de un producto o servicio sin considerar la naturaleza de la relación jurídica operada por el transferente del bien prestación, ni de la misma existencia de la transacción. El criterio de uso privativo limita la cualidad de consumidor de forma general a quien, sin ser profesional, persigue la satisfacción de necesidades de carácter particular.

La tensión persona física y persona jurídica

Otra tendencia consiste en definir al consumidor como las personas físicas o jurídicas que se procuran o que utilizan bienes o servicios para un uso no profesional.

La contraposición entre consumidor jurídico y consumidor material

En la mayor parte de las definiciones legales, noción concreta, incorporados a las disposiciones normativas reguladoras de la materia, el consumidor es sistemáticamente asimilado a la figura del contratante. A este tipo de consumidor se le denomina consumidor jurídico, frente al consumidor material que sin haber contratado la cosa o el servicio puede utilizarlos.

La protección de los consumidores gira principalmente sobre el consumidor jurídico. Sin embargo, ha habido un movimiento a favor de una mejor protección del consumidor material, recogida en el ámbito de la seguridad de los consumidores, en la Ley 22/1994 RCPD donde su art. 1 establece como sujetos protegidos por esta norma a los perjudicados por el producto defectuoso, con independencia de que tengan o no la condición de consumidores en sentido estricto.

El concepto material de consumidor puede o no coincidir con el jurídico. En ambos casos se es consumidor, si bien la protección y el ejercicio de los derechos y garantías variarán, según se trate de un consumidor material o jurídico, siendo este último es quién podrá ejercitar los derechos, garantías y acciones derivados de la adquisición.

La noción de consumidor en el ordenamiento jurídico español

El precepto constitucional como pilar del sistema

Formalmente, la LGDPCU de 26/1984, obedece al propósito de desarrollar el art. 51 CE, enumera una serie de derechos del consumidor. Se deduce y resulta ser que de los arts. 51 y 53, que la defensa de los consumidores y usuarios pasa a ser un principio informador del ordenamiento jurídico, de la práctica judicial y de la actuación de los poderes públicos. Así lo declara la Exposición de motivos de la propia LCU y así resulta técnicamente del conjunto del sistema: la defensa y protección del consumidor es un principio general del Derecho.

La Ley General de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios

La LCU tiene por objeto la defensa de los consumidores y usuarios ¿Quienes pueden considerarse consumidores y usuarios? Art. 1.2 LCU “2. Son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfruten como destinatarios finales, bienes muebles, inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones cualquieras que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden. 3. No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenan, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”.

Es claro por tanto que la LCU ha optado por una noción concreta basada en un criterio subjetivo que gira en torno a la expresión “destinatarios finales”, e identifica al destinatario final con la persona que adquiere los bienes o los servicios para un uso personal, familiar o doméstico.

Por otro lado, de la actuación del consumidor dentro del mercado se desprende también que no hay consumo frente a las administraciones públicas cuando éstas actúan sometidas al Derecho administrativo, ni son actuaciones de consumidores las que se realizan en condiciones especiales y distintas de las del mercado en atención, por ejemplo, a la relación laboral existente entre el cliente y una empresa.

La protección de los consumidores no tiene sentido cuando las relaciones se establecen entre particulares o entre empresarios.

La interrelación existente entre los apartados primero y tercero del art. 1 de la LCU

La diferente redacción de que han sido objeto los dos apartados dedicados en la LCU a la noción de consumidor, art. 1.2 y 1.3, supone que, habrá de entenderse que el apartado tercero se refiere precisamente a quienes caen dentro de la noción del apartado segundo.

La LCU protege a quien en última instancia consume el bien o el servicio; no, a quien interviene en la cadena de producción o comercialización de bienes o servicios.

Pues la protección del consumidor se basa en la desigualdad entre las partes proveniente de la mayor competencia y pericia del empresario. Desequilibrio que puede producirse también cuando el profesional no contrata en el de su actividad habitual.

Los bienes y servicios objeto de adquisición

La definición que del consumidor se da en la LCU incluye una referencia expresa a la necesidad de que éste adquiera, utilice o disfrute “bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones”. Esta enumeración sería más coherente si se redujera a mencionar los bienes muebles o inmuebles y los servicios; ya que los productos son bienes, y el disfrute de actividades desarrolladas por otras personas se incluye en la prestación de servicios.

Los destinatarios finales: consumidores jurídicos y consumidores materiales

La LCU considera consumidores o usuarios a quienes “adquieren, utilizan o disfrutan, como destinatarios finales”. Ello supone que la noción legal comprende tanto al llamado consumidor jurídico “quienes adquieren” como al consumidor en sentido material “quienes utilizan o disfrutan”.

Pueden coincidir ambas condiciones en una misma persona, pero no tiene porqué ser siempre así. En este último caso, cuando el adquirente sea distinto a quien utiliza o disfrute o consume el bien, ambos tienen la consideración de consumidor a los efectos de la LCU. Pero ello no supone que pueden ejercitar cada uno de ellos todos los derechos que la LCU reconoce al consumidor. Los derechos vinculados directamente a la realización del contrato de adquisición serán ejecutables por el adquirente, mientras que los derechos otorgados a los consumidores para proteger su salud o su seguridad jurídica serán ejecutables por quienes utilizan o disfrutan los bienes y los servicios.

Las personas jurídicas en condición de consumidoras

La LCU, a diferencia de la normativa comunitaria, admite que puedan ser consideradas como consumidores no sólo las personas físicas, sino también las personas jurídicas.

Sólo será razonable reconocer la cualidad de consumidor a una persona jurídica que adquiere bienes o servicios para que sean utilizados o consumidos por personas vinculadas a ella cuando no medie entre ellas relación alguna de mercado.

Sin embargo, se ha señalado que esta opción de política legislativa no parece acertada, puesto que una de las razones fundamentales que justifican la protección del consumidor radica en que, a diferencia de los empresarios, los consumidores carecen de una organización que les permita “autoprotegerse”, circunstancia que no ocurre en los casos de las personas jurídicas, aunque actuasen sin ánimo de lucro. No obstante, desde el punto de vista del Derecho español, la exclusión podría resultar excesiva.

La dificultad estaría en determinar qué personas jurídicas pueden ser conceptuadas como consumidores. Habrá de concurrir los mismos requisitos que debe reunir el consumidor persona física y se reducirá a aquellos supuestos de personas jurídicas que, sin finalidad de lucro, transmiten a título gratuito o a precio de coste, los bienes y servicios adquiridos.

Por ejemplo, el caso de las fundaciones o asociaciones que adquieren bienes o servicios para que sean utilizados por los miembros de la entidad.

Sin embargo, tanto la Ley de Créditos de Consumo como la Ley de Viajes Combinados circunscriben su ámbito de aplicación subjetivo a las personas físicas.

La noción de consumidor y usuario en el TRLCU

Según el TRLCU:

  • El concepto de consumidor y usuario se adapta a la terminología comunitaria, pero respeta las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico en relación con las “personas jurídicas”.

  • El consumidor y usuario es la persona física o jurídica que actúa es un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros.

Los suministradores de bienes y servicios

Los empresarios y profesionales en general

Según la LCU, para la calificación de una persona como consumidor o usuario es indiferente quién haya producido o suministrado el bien o el servicio adquirido o utilizado por aquél.

El nuevo TRLCU ha optado por diversificar y conceptuar a las distintas personas que pueden haber tenido relaciones contractuales con los consumidores o usuarios, o que, por causa de responsabilidad extracontractual, hayan de indemnizarlos:

  • Art. 4. Concepto de empresarios “se considera empresario a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada”.

  • Art. 5. Concepto de productor “se considera productor al fabricante del bien o prestador del servicio o su intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la UE, así como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o de presentación, o servicio, su nombre, marca u otro signo distintivo”.

  • Art. 7 Concepto de proveedor “es proveedor el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución”.

Actividades empresariales y actividades económicas

Lo que caracteriza principalmente la figura del empresario es la actividad económica que desarrolla, con este fin pueden distinguirse las siguientes actividades:

  • Actividad industrial. Dirigida a la producción de bienes y de servicios a través de la transformación de materias primas y de la energía.

  • Actividad dirigida a la producción agrícola y ganadera. Según el CCom este tipo de actividades no pueden ser objeto de contratos mercantiles. Pero el hecho de que los agricultores y ganaderos no estén sometidos al Derecho Mercantil, no impide su calificación como empresarios. Se puede discutir sobre si los agricultores deben estar incluidos o no en el ámbito de protección de la LCU, aunque está claro que los productos utilizados por los agricultores pueden causar perjuicios a los consumidores de sus productos, y por tanto deberían cumplir las mismas condiciones de seguridad como si estuvieses dirigidas directamente a los consumidores finales.

  • Actividad artesanal. Dicha actividad no puede ser objeto de un Contrato Mercantil. Ello no es obstáculo para que como en el caso anterior el artesano sea calificado de empresario.

  • Actividad de las llamadas profesionales liberales. Se trata de una categoría especial de empresario caracterizado por estar dotado de una específica titulación académica y en algunos casos estar sometido a una disciplina cooperativa, de carácter jurídico-administrativo, de sus respectivos colegios profesionales.

  • Actividad intermediaria en la circulación de bienes y servicios. Se trata del empresario comercial o comerciante caracterizado por las siguientes notas: organización, habitualidad y actuación en nombre propio.

La intranscendencia de la calificación o caracterización empresarial

Podemos concluir que las personas frente a las que se protege al consumidor por la LCU incluirían a todo tipo de empresario, sin limitarse solamente y en modo alguno a los empresarios mercantiles. Tampoco se distingue entre pequeños y grandes empresarios.

La Ley de consumidores solamente se fija en que los bienes y servicios adquiridos por los consumidores hayan sido integrados en procesos de producción o de comercialización.

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