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04. La formación de los contratos en general

La defensa de los consumidores y la formación del contrato en general

Las políticas de protección de los consumidores y usuarios y la noción de consumidor en sentido técnico son cuestiones nacidas en el último tercio del siglo XX. En consecuencia, dado que la formulación contemporánea de la noción de contrato se lleva a efecto durante los siglos XVIII y XIX, a través de las codificaciones civiles, no puede extrañar que la noción técnica de contrato que sobrevive en tales Códigos sea un dato anterior y por tanto, abstraído y distante del principio pro consummatore.

En los Códigos civiles del XIX la categoría de los consumidores y, la defensa de consumidores y usuarios son datos que brillan por su ausencia, y no se refieren a consumidores, sino a partes contratantes a las que además consideran iguales entre sí por lo que las sitúa en el mismo plano, sin establecer ninguna discriminación positiva, ni sentar base alguna de protección de la parte económicamente débil.

El concepto de contrato

Idea inicial de contrato

La idea de contrato responde al acuerdo que, mediante la prestación del correspondiente consentimiento, vincula a dos o más personas respecto de una determinada conducta de carácter patrimonial, art. 1.254 CC.

El contrato es un mecanismo de generación de derechos y obligaciones respecto de las partes, quienes se encuentran vinculadas a la realización de su promesa, por haber prestado su consentimiento.

El contrato es fundamentalmente un procedimiento de creación de relaciones obligatorias, y el hecho de que el mero consentimiento dé lugar al nacimiento de las obligaciones, es el verdadero puntal del sistema contractual contemporáneo, derivado del Códe Napoleón y resto de los Códigos Civiles, tributarios del ideario iusnaturalista, y de la ideología liberal o liberal-individualista de la Revolución francesa.

El intercambio de bienes y servicios como sustrato económico del contrato

Desde el punto de vista económico y funcional, nadie es autosuficiente, por tanto, cualquier persona ha de contar con los demás para hacer frente a sus necesidades. La satisfacción de las necesidades individuales se realiza con la oportuna contraprestación, a través de una cadena sucesiva de intercambios económicos de distinta naturaleza, y, claro está, no todos ellos pueden calificarse como contratos. Ahora bien, si no todo intercambio de bienes y servicios es un contrato, igualmente la mayor parte de tales intercambios constituyen la base de lo que los juristas denominan contrato.

La patrimonialidad de la relación contractual

Un contrato es fundamentalmente el ropaje jurídico de una operación económica consistente en un intercambio de bienes o de servicios. La valoración o decisión económica ínsita en todo contrato evidencia un dato de extraordinaria importancia, el carácter patrimonial de la relación contractual. Todo contrato debe tener por objeto prestaciones susceptibles de valoración económica, ya consistan en bienes o servicios.

En cualquier caso, el requisito de la patrimonialidad ha de estar presente en todo acuerdo contractual; por el contrario, otras figuras jurídicas consistentes también en un acuerdo de voluntades (ejemplo típico: el matrimonio) no pueden ser consideradas propiamente como contratos por faltares la nota de la patrimonialidad.

El principio de la autonomía privada y la fuerza vinculante de los contratos

Libertad de iniciativa económica y autonomía privada

En el contrato subyace un intercambio económico objeto de valoración por las partes por lo que cabe resaltar el papel conformador de la voluntad de los contratantes, y de la libertad de iniciativa económica privada reconocida por la generalidad de los sistemas económico y jurídico de los países evolucionados, incluso a nivel constitucional, como refleja nuestra CE al consagrar la llamada economía de mercado (art. 38).

El contrato ha sido considerado como un instrumento dejado a la voluntad de los particulares por lo que la doctrina jurídica ha deducido el principio de la autonomía privada o autonomía contractual, lo que significa, que el ordenamiento jurídico reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de sus relaciones patrimoniales.

Ámbito propio de la autonomía privada

La relevancia que la voluntad de las partes asume en el ámbito contractual requiere de algunas observaciones:

  • La autonomía privada no puede ser contemplada al margen del ordenamiento jurídico (que la reconoce y protege) como si fuera una libertad del particular que permitiese atentar contra el propio ordenamiento jurídico, en concreto, contra las normas de carácter imperativo dimanantes del orden público, la moral y la buena fe. Ciertamente, la generalidad de las normas legales referentes al contrato, tiene carácter dispositivo y, por consiguiente, son disponibles y sustituibles por las partes. Empero, también contienen normas de ius cogens o de derecho imperativo que tienen primacía sobre la autonomía privada.

  • En términos teóricos, no debe llegarse a una sobrevaloración conceptual de la voluntad de las partes, que concluya en afirmar que el contrato es un acuerdo de voluntades, con olvido del substrato económico del mismo, y de la nota de patrimonialidad referida.

Autonomía privada y fuerza vinculante de los contratos

Nuestro CC enuncia la autonomía privada en su art. 1.255 “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Esto es, una vez respetados los límites de la autonomía privada, el contenido de los contratos depende en exclusiva de la propia voluntad de las partes, quienes pueden dotar al contrato del alcance que les venga en gana.

Planteado así, se genera la impresión de que las normas imperativas representan un papel meramente preventivo respecto del pacto contractual, prohibiendo determinadas conductas. Sin embargo, siendo cierto dicho papel preventivo, esto no resulta suficiente, debiéndose ver completado con otro tipo de contemplaciones:

  • Las prescripciones legales pueden dotar al acuerdo contractual de un significado y alcance distintos al establecido por las partes en el clausulado contractual.

  • El ordenamiento jurídico constituye precisamente el fundamento último de la relevancia de la voluntad de las partes, otorgando al contrato una fuerza vinculante y unas posibilidades de actuación de las que podría carecer técnicamente hablando.

  • Fuerza vinculante de los contratos, que se encuentra sancionada en el art. 1.091 CC “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Dicho precepto no afirma que el contrato sea, inter partes, ley; mas, sin embargo, atribuye a las obligaciones ex contractu “fuerza de ley” en las relaciones entre los contratantes, fundamentando así la eficacia obligatoria de la autonomía privada, tal y como ha declarado la jurisprudencia.

Los elementos del contrato

Para que se origine un contrato, basta con que dos personas coincidan en realizar un determinado acto que interese al otro y que dichos actos sean merecedores de la tutela jurídica.

Elementos esenciales y elementos accidentales del contrato art. 1261 CC

Elementos esenciales: el minimum de elementos que acredita la existencia de un contrato válido viene representado por el consentimiento de las partes, el objeto y la causa. Enumeración exacta pero incompleta para los denominados contratos formales o solemnes y los contratos reales.

Elementos accidentales: tienen su fundamento en el reconocimiento de la autonomía privada, que legitima a las partes a introducir en el contrato cuantas previsiones complementarias crean convenientes, siempre que no atenten contra el ordenamiento jurídico, no siendo requeridas legalmente, al no ser esenciales ni determinante para que pueda hablarse de contrato válido. Fundamentalmente, son la condición, el término y el modo, y una vez integrados en un acuerdo contractual, se convierten en requisitos determinantes de la eficacia del contrato.

Los denominados elementos naturales del contrato

En la jurisprudencia es relativamente frecuente encontrar referencias a los elementos naturales de ciertos contratos, con la intención de resaltar las notas características primordiales de algunas figuras contractuales, entendiendo que su función se agota en la pura descripción de algunas características normativas de ciertos contratos.

La formación del contrato

La igualdad de las partes contratantes

Aunque el CC no dispone expresamente que los contratantes son iguales para contratar y tienen la misma capacidad económica para llevar a cabo la negociación patrimonial ínsita en todo contrato, es evidente que tales ideas constituyen la nervadura de la regulación del Código. Ello no es extraño, pues nuestro CC, al igual que sus modelos, es fruto del liberalismo político y económico propio de su época.

Así, la formación del contrato es para el CC un asunto entre particulares iguales ante la Ley, y por consiguiente, deben procurar la satisfacción de sus intereses de forma personal, sin reclamar la intervención arbitral.

Y dicho esto, enseguida se pone de manifiesto que la igualdad formal ante la ley no se corresponde con la realidad económica actual de cualquiera de los países europeos, donde numerosos ciudadanos se ven a diario obligados a firmar determinados contratos en condiciones predispuestas por la denominada parte económicamente más fuerte, de forma que realmente, al celebrar tales contratos, no hay paulatina aproximación o coincidencia de voluntades entre las partes.

Los actos en masa: los contratos de consumo

El esquema de formación del contrato recogido en los CC, responde por lo común a la celebración del contrato personalizado, donde las partes son iguales ante la ley, por lo que deben procurar la satisfacción de sus intereses de forma personal, sin reclamar la intervención arbitral.

Sin embargo, los llamados actos en masa, escapan a dicho esquema codificado, por ello, se habla de crisis del esquema codificado, para resaltar que el proceso formativo del contrato, desde la codificación hasta nuestros días, se ha visto profundamente alterado, haciéndose a la postre la intervención estatal necesaria en la sacro santa autonomía privada, viéndose a su vez los propios particulares obligados a dejar de actuar individualmente, para organizarse en grupos de defensa de sus intereses.

Ello ha dado lugar al nacimiento de una agrupación de consumidores y usuarios, que se ha extendido por todos los países evolucionados, en búsqueda de una legislación superadora del esquema codificado que proteja sus intereses frente a las grandes compañías y suministradores profesionales de bienes y servicios. En dicha línea, el art. 51 CE establece que los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos. El desarrollo de dicho mandato constitucional se ha llevado a cabo mediante la LCU 26/1984 de innegable importancia, al modificar o complementar numerosos preceptos del CC y de Comercio.

Las fases de formación del contrato

Las diferentes fases de perfección del contrato o génesis paradigmática clásica:

  • El modelo clásico de formación del contrato o las fases genéticas de su celebración, radican en la oferta de una parte y la aceptación de la otra.

  • Para el Código el modelo formativo del contrato viene dado por el contrato personalizado, en el que ambas partes, tras las negociaciones iniciales, llegan a pactar sobre su celebración, para lo cual es necesario que el consentimiento contractual se manifieste a través del concurso de la oferta y de la aceptación (art. 1.262 CC). Así la propuesta contractual que realiza el oferente, al ser aceptada por el aceptante, da lugar a la celebración del contrato o su perfección.

No obstante, resultará determinante en los tratos preliminares, oferta y aceptación, el tipo de contrato a realizar, su naturaleza, la trascendencia económica de las correspondientes prestaciones, el que las partes contratantes se encuentren presentes en el mismo lugar o, por el contrario, se trate de personas distantes, a fin de fijar el momento de perfección del contrato, pues a partir de dicho momento la oferta dejará de ser tal propiamente hablando, pasará a ser irrevocable, y las partes podrán imponerse el cumplimiento del contrato, comenzarán a correr los plazos, etc.

La oferta contractual

Es una declaración de voluntad emitida con la intención de celebrar un contrato y ha de contener todos los elementos necesarios para que con la mera aceptación de la otra parte se pueda decir que el contrato ha quedado perfeccionado.

La oferta se caracteriza por ser un acto unilateral y generalmente revocable, aunque por disposición legal, por la declaración del oferente o por las circunstancias de hecho, existen también ofertas de carácter irrevocable, al menos durante un plazo temporal determinado que no deje insatisfechas las legítimas expectativas del destinatario de la oferta.

En definitiva, la oferta contractual, para ser realmente tal, requiere que se mantenga en sus condiciones iniciales en espera de la aceptación de la contraparte. Si se modifican las condiciones de la oferta por el eventual aceptante se está realizando una nueva oferta o contraoferta, que habrá de ser objeto de aceptación por quien inicialmente asumía la posición de oferente.

La aceptación: el valor del silencio

La aceptación es una declaración de voluntad por naturaleza recepticia, es decir, debe ser dirigida al oferente y ser plenamente concordante con la oferta o contraoferta con independencia de que pueda realizarse tanto de forma expresa cuanto tácita, o a través de hechos concluyentes que no dejen lugar a dudas sobre la admisión de las condiciones contractuales ofrecidas.

En los supuestos de aceptación tácita, resulta conveniente hacer una referencia explícita al valor del silencio o actitud reticente a desplegar una cierta actividad del eventual aceptante respecto de la oferta realizada por quien se encuentra en negociaciones con él.

Y es que, el silencio o la falta de actuación de quien no puede ser considerado eventual aceptante no pueden considerarse como una manifestación positiva de voluntad que lo vincule contractualmente (ejemplo, venta por correo de objetos que son recibidos sin previa petición). Así lo ha declarado el TS en supuestos en los que entre las partes no existía relación o trato previo alguno de naturaleza contractual.

La perfección del contrato entre ausentes según los Códigos

Cuanto los contratantes celebran el contrato en la distancia y no tienen un medio que de forma inmediata que les permita concluirlas, dejando aparte los problemas de prueba de la celebración del contrato, pueden surgir graves incógnitas en relación con el momento de perfección del contrato.

Históricamente, el supuesto de la contratación entre ausentes ha venido representado por los casos en que la oferta y la aceptación de instrumentan mediante las respectivas cartas de oferente y aceptante, entendiéndose celebrado el contrato o vinculado el oferente por la declaración de voluntad del aceptante, según nuestro CC cuando la respuesta de éste llegue a conocimiento de aquél (Teoría del conocimiento). La doctrina mayoritaria actual, considerando que semejante conclusión es excesivamente rigurosa, pues deja el momento de perfeccionamiento del contrato en manos del oferente, lo que supone una flagrante conculcación del art. 1256 CC, considerándose preferible pronunciarse a favor de la teoría de la recepción, bastando en este caso, que la aceptación llegue al círculo propio de la actividad del oferente.

Frente a la opción seguida por el CC, el CCom se adscribe a la tesis de la expedición o remisión como momento perfectivo del contrato, al disponer que “los contratos que se celebren por correspondencia quedaran perfeccionados desde que se contesta aceptando la propuesta”.

La Ley 34/2002: contratación automática, telemática y electrónica

Los medios técnicos contemporáneos de comunicación y de comercio, y la aceptación por nuestro ordenamiento jurídico del nuevo principio general de Derecho de protección del consumidor, han exigido revisar los criterios de resolución de conflictos en relación con la denominada “contratación entre ausentes”. Este revisión se ha llevado a cabo por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico que, entre otras cosas, regula la contratación por vía electrónica y cuya disposición adicional cuarta, reforma el tenor literal de los CC y de Comercio, respecto de la perfección del contrato, pues los unifica del criterio de la recepción, además, como regla especial, establece que la aceptación es determinante en los casos de contratación automática (elegir una cajita de aperitivos en una máquina expendedora, cliquear en el caso de contratación electrónica…). En cuanto a la contratación electrónica, aunque ofrecer un cuadro regulador de una materia nueva en el mundo del Derecho, lo cierto es que los fundamentos del Derecho contractual no han sido afectados, limitándose a consagrar la admisión de dicho tipo de contratación, dejando a salvo:

  • Que los contratos electrónicos serán válidos cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.

  • Que tales contratos se regirán por lo dispuesto en la Ley especial y en CC y CCom.

Referente al TRLCU, conviene afirmar que la Ley 34/2002 no ha sido objeto de modificación o alteración alguna.

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