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04. La formación de los contratos en general

La defensa de los consumidores y la formación del contrato en general

Las políticas de protección de los consumidores y usuarios y la noción de consumidor en sentido técnico son cuestiones nacidas en el último tercio del siglo XX. En consecuencia, dado que la formulación contemporánea de la noción de contrato se lleva a efecto durante los siglos XVIII y XIX, a través de las codificaciones civiles, no puede extrañar que la noción técnica de contrato que sobrevive en tales Códigos sea un dato anterior y por tanto, abstraído y distante del principio pro consummatore.

En los Códigos civiles del XIX la categoría de los consumidores y, la defensa de consumidores y usuarios son datos que brillan por su ausencia, y no se refieren a consumidores, sino a partes contratantes a las que además consideran iguales entre sí por lo que las sitúa en el mismo plano, sin establecer ninguna discriminación positiva, ni sentar base alguna de protección de la parte económicamente débil.

El concepto de contrato

Idea inicial de contrato

La idea de contrato responde al acuerdo que, mediante la prestación del correspondiente consentimiento, vincula a dos o más personas respecto de una determinada conducta de carácter patrimonial, art. 1.254 CC.

El contrato es un mecanismo de generación de derechos y obligaciones respecto de las partes, quienes se encuentran vinculadas a la realización de su promesa, por haber prestado su consentimiento.

El contrato es fundamentalmente un procedimiento de creación de relaciones obligatorias, y el hecho de que el mero consentimiento dé lugar al nacimiento de las obligaciones, es el verdadero puntal del sistema contractual contemporáneo, derivado del Códe Napoleón y resto de los Códigos Civiles, tributarios del ideario iusnaturalista, y de la ideología liberal o liberal-individualista de la Revolución francesa.

El intercambio de bienes y servicios como sustrato económico del contrato

Desde el punto de vista económico y funcional, nadie es autosuficiente, por tanto, cualquier persona ha de contar con los demás para hacer frente a sus necesidades. La satisfacción de las necesidades individuales se realiza con la oportuna contraprestación, a través de una cadena sucesiva de intercambios económicos de distinta naturaleza, y, claro está, no todos ellos pueden calificarse como contratos. Ahora bien, si no todo intercambio de bienes y servicios es un contrato, igualmente la mayor parte de tales intercambios constituyen la base de lo que los juristas denominan contrato.

La patrimonialidad de la relación contractual

Un contrato es fundamentalmente el ropaje jurídico de una operación económica consistente en un intercambio de bienes o de servicios. La valoración o decisión económica ínsita en todo contrato evidencia un dato de extraordinaria importancia, el carácter patrimonial de la relación contractual. Todo contrato debe tener por objeto prestaciones susceptibles de valoración económica, ya consistan en bienes o servicios.

En cualquier caso, el requisito de la patrimonialidad ha de estar presente en todo acuerdo contractual; por el contrario, otras figuras jurídicas consistentes también en un acuerdo de voluntades (ejemplo típico: el matrimonio) no pueden ser consideradas propiamente como contratos por faltares la nota de la patrimonialidad.

El principio de la autonomía privada y la fuerza vinculante de los contratos

Libertad de iniciativa económica y autonomía privada

En el contrato subyace un intercambio económico objeto de valoración por las partes por lo que cabe resaltar el papel conformador de la voluntad de los contratantes, y de la libertad de iniciativa económica privada reconocida por la generalidad de los sistemas económico y jurídico de los países evolucionados, incluso a nivel constitucional, como refleja nuestra CE al consagrar la llamada economía de mercado (art. 38).

El contrato ha sido considerado como un instrumento dejado a la voluntad de los particulares por lo que la doctrina jurídica ha deducido el principio de la autonomía privada o autonomía contractual, lo que significa, que el ordenamiento jurídico reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de sus relaciones patrimoniales.

Ámbito propio de la autonomía privada

La relevancia que la voluntad de las partes asume en el ámbito contractual requiere de algunas observaciones:

  • La autonomía privada no puede ser contemplada al margen del ordenamiento jurídico (que la reconoce y protege) como si fuera una libertad del particular que permitiese atentar contra el propio ordenamiento jurídico, en concreto, contra las normas de carácter imperativo dimanantes del orden público, la moral y la buena fe. Ciertamente, la generalidad de las normas legales referentes al contrato, tiene carácter dispositivo y, por consiguiente, son disponibles y sustituibles por las partes. Empero, también contienen normas de ius cogens o de derecho imperativo que tienen primacía sobre la autonomía privada.

  • En términos teóricos, no debe llegarse a una sobrevaloración conceptual de la voluntad de las partes, que concluya en afirmar que el contrato es un acuerdo de voluntades, con olvido del substrato económico del mismo, y de la nota de patrimonialidad referida.

Autonomía privada y fuerza vinculante de los contratos

Nuestro CC enuncia la autonomía privada en su art. 1.255 “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Esto es, una vez respetados los límites de la autonomía privada, el contenido de los contratos depende en exclusiva de la propia voluntad de las partes, quienes pueden dotar al contrato del alcance que les venga en gana.

Planteado así, se genera la impresión de que las normas imperativas representan un papel meramente preventivo respecto del pacto contractual, prohibiendo determinadas conductas. Sin embargo, siendo cierto dicho papel preventivo, esto no resulta suficiente, debiéndose ver completado con otro tipo de contemplaciones:

  • Las prescripciones legales pueden dotar al acuerdo contractual de un significado y alcance distintos al establecido por las partes en el clausulado contractual.

  • El ordenamiento jurídico constituye precisamente el fundamento último de la relevancia de la voluntad de las partes, otorgando al contrato una fuerza vinculante y unas posibilidades de actuación de las que podría carecer técnicamente hablando.

  • Fuerza vinculante de los contratos, que se encuentra sancionada en el art. 1.091 CC “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Dicho precepto no afirma que el contrato sea, inter partes, ley; mas, sin embargo, atribuye a las obligaciones ex contractu “fuerza de ley” en las relaciones entre los contratantes, fundamentando así la eficacia obligatoria de la autonomía privada, tal y como ha declarado la jurisprudencia.