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05. La información contractual

La información contractual

Este capítulo analiza el derecho a la información del consumidor, así como los deberes de información a cargo de los suministradores de bienes y servicios que, por cualesquiera procedimientos, ponen a disposición de los consumidores sus productos. Así pues, en el ámbito contractual, estamos ante una temática absolutamente nueva, para nuestro Código civil y la legislación mercantil.

Sin embargo, en materia de consumo, el tema de la información contractual aparece ya anunciado por el art. 51.2 CE, que recoge textualmente la “información de los consumidores” como uno de los aspectos que deben promover los poderes públicos. Así, desde la aprobación de la CE los consumidores, parecen tener derecho a estar y ser informados respecto de cualesquiera relaciones contractuales que deseen acometer.

La información en la Ley de consumidores

Los derechos básicos de los consumidores

El art. 2 de la LCU, y posterior, el art. 8 de la TRLCU, desgrana tales elementos, tratándoles en sucesivos párrafos, tras haber dispuesto que “son derechos básicos de los consumidores y usuarios”:

  • La protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad.

  • La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

  • La indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos.

  • La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

  • La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afecten directamente y la representación de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

  • La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.

La información como derecho básico

Art. 18.2 TRLCU “Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, acompañar o, en último caso, permitir de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales…”

Las características o cualidades de los bienes y productos

Se establece que, al menos (LCU), o en particular (TRLCU), la información debe suministrarse sobre las siguientes características:

  • Nombre y dirección completa del productor.

  • Naturaleza, composición y finalidad.

  • Calidad y cantidad. Categoría o denominación usual o comercial, si la tienen.

  • Fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad.

  • Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles

En consecuencia, como mínimo, deben incorporarse a productos y servicios los datos relaciones, sin embargo, al no tratarse de una relación de carácter exhaustivo, sino meramente instrumental e indicativa. A éstos se habrá de añadir aquellas otras circunstancias esenciales de interés del bien o producto, aun no viniendo expresamente recogidas en el texto legal.

De otro lado, los distintos extremos de dicha relación no han de ser contemplados, en todo caso, de manera acumulativa, sino adecuándolos a los bienes y productos de que se trate, pues no todas las características legalmente contempladas son aplicables, simultáneamente, a todo tipo de bienes y productos.

Dinámica contractual y deberes de información

Sobre la vigencia temporal de los deberes de información que pesan sobre los suministradores de bienes y servicios, cabe indicar que éstos deberán ser atendidos por los empresarios tanto en los momentos anteriores a la celebración cuanto a lo largo de la consumación o ejecución del contrato.

Fase precontractual

A entender de la generalidad de la doctrina, teniendo en cuenta el tenor literal del art. 13 LCU (18 TRLCU), su ratio legis y, su desarrollo reglamentario, no cabe duda alguna de que los deberes de información a cargo de los suministradores de bienes y servicios son exigibles desde el mismo momento en que son puestos a disposición de los consumidores y usuarios, es decir, desde el momento en que se integran en la cadena de distribución comercial o se ofrecen en el mercado, mediante la oferta al público, que constituye una declaración de voluntad (de vender), tendente a la celebración de un determinado contrato. Así pues, la puesta a disposición viene a coincidir con la incorporación de bienes y servicios en el mercado, en cuanto su ofrecimiento manifiesta la idea de contratar del productor, en espera sólo de la aceptación del consumidor concreto.

En consecuencia, incumplirán las normas comentadas cualesquiera empresarios que pretendieran introducir en el mercado bienes y productos sin ofrecer la información relativa a sus características alegando que “todavía no han entrado ni siquiera en negociaciones para contratar”. La LCU quiere que el consumidor, incluso antes de contratar, pueda formar libremente su consentimiento contractual.

Fase de ejecución del contrato

Los deberes de información no deben entenderse desaparecidos con la celebración del contrato cuanto éste tenga naturaleza duradera o los bienes y productos tengan tal carácter.

El art. 13.1 LCU (18.2 TRLCU) afirma que deben suministrarse a los consumidores y usuarios “instrucciones o indicaciones” para el “correcto uso y consumo” de los bienes de que se trate o constituyan objeto del contrato, por lo que tales deberes deben adecuarse a un lapso de tiempo dilatado (ejemplo, el libro de instrucciones de un ordenador, el libro de instrucciones del coche de papel de calidad buena, a prueba del tiempo y del uso).

El necesario desarrollo reglamentario

La heterogeneidad de los posibles objetos contractuales es de tal riqueza y profusión que choca frontalmente con la necesaria generalidad de la norma jurídica.

Ley de consumidores y reglamentos

Por ello, la LCU, pese a su intento de “dejar bien atado” el tema de la información contractual, no tiene más remedio que recurrir a la idea del irrenunciable desarrollo reglamentario. En este sentido, el art. 13.2 LCU dispone que “las exigencias concretas en esta materia se determinarán en los Reglamentos de etiquetado, presentación y publicidad de los productos o servicios, en las reglamentaciones especiales aplicables en cada caso, para garantizar siempre el derecho de los consumidores y usuarios a una información cierta, eficaz, veraz y objetiva”. Desarrollo reglamentario que se ha llevado a cabo, con rango generalmente de Decreto, a nivel interno, a parte de los Reglamentos comunitarios europeas existentes y de directa aplicación en todos los Estados Miembros de la UE.

La información especial en relación con la vivienda

La última parte del apartado segundo del art. 13 LCU contiene una novedad absoluta que obliga al promotor o constructor de una vivienda a entregar al comprador “una documentación completa suscrita por el vendedor, en la que se define, el planta a escala, la vivienda y el trazado de todas sus instalaciones, así como los materiales empleados en su construcción, en especial aquellos a los que el usuario no tenga acceso directo.”

El precepto en pocos años, ha demostrado su utilidad y ha sido ampliamente superado con la aprobación de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, y el RD 515/1989 sobre Protección de los Consumidores en cuanto a la Información a Suministrar en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas.

La aplicación práctica del derecho a la información

Los años iniciales de la LCU

En los años iniciales de vigencia de la LCU, la doctrina se limitó a su estudio, no arriesgándose a aventurar la aplicación jurisprudencial del precepto recogido en el art. 13 de la LCU. Todo lo más que se hizo fue afirmar que la falta de información relativa a los productos podría dar lugar a sanciones de naturaleza administrativa, y nadie puso de manifiesto la posible incidencia de la información contractual sobre el contenido y la dinámica del contrato, desde el punto de vista del Derecho privado.

La jurisprudencia sobre el art. 13 de la LCU

Sin embargo, con el paso del tiempo el art. 13 LCU ha encontrado al final aplicación en varias sentencias de las Audiencias Provinciales e incluso en la jurisprudencia del TS. Así los Tribunales han sabido encontrar aplicación al derecho a la información contractual, concretando la virtualidad normativa del precepto incluso en el ámbito de las relaciones entre los particulares, en el ámbito jurídico-privado.

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