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06. Contenido contractual e integración de la publicidad

El contenido del contrato

El Contenido o el objeto del contrato

La expresión “contenido del contrato” se encuentra referida al conjunto de derechos y obligaciones generados por el contrato en cuestión. Se trata de una referencia de carácter objetivo que determina concretamente, el cuadro de facultades, prerrogativas y derechos y el conjunto de cargas. Deberes y obligaciones que competen a cada una de las partes contratantes. Por tanto, la diferencia entre contenido y objeto del contrato es obvia, dado la mayor amplitud del primero de tales conceptos, sobre todo si el elemento esencial del objeto es identificado con las cosas, derechos o servicios sobre los que recae el acuerdo contractual.

Pero la distinción debe incluso mantenerse en el caso de que se considere que el objeto debe alcanzar a las prestaciones de las partes y no sólo a las cosas o servicios “objeto” del contrato. En efecto, el contenido contractual estaría referido no sólo a las prestaciones contractuales, sino también a cualesquiera poderes, prerrogativas o derechos de cualquiera de las partes, pues éstos, junto con las prestaciones propiamente dichas, constituyen también parte del entramado contractual.

La autonomía privada y las reglas contractuales

El contenido contractual depende, en cada caso, de la reglamentación autónoma de las partes contratantes, quienes según dispone el art. 1.255 CC “pueden establecer los pactos, cláusulas o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Es decir, el principio de la autonomía privada no puede desvincularse del conjunto del OJ, ni ir en contra de las normas imperativas (ius cogens), bien generales o específicas, en relación con los contratos, no pudiendo ser desconocidas sus reglas contractuales, ni sustituidas por acto alguno de autonomía privada, pues ocupan una absoluta preeminencia sobre el acuerdo contractual autónomo.

Por tanto, una vez respetadas tales normas, las partes pueden establecer el contenido contractual que les parezca más acorde con sus intereses, tal y como establece el art. 1.255, mediante los oportunos pactos, cláusulas y condiciones, que pueden ser de lo más variopinto y diverso. De ahí la importancia de tener en cuenta también a los contratos atípicos.

Por otro lado, el juego de autonomía privada y la prevalencia del consentimiento o voluntad de las partes no se manifiesta sólo respecto de la forma del contrato. En efecto, del art. 1.255 cabe deducir dos consecuencias fundamentales:

  1. Respecto de los contratos regulados específicamente por el Derecho Positivo, los particulares pueden introducir las modificaciones que consideren adecuadas a su designio contractual.

  2. El principio de autonomía privada no tiene por qué quedar limitado o circunscrito al ámbito de los contratos legalmente tipificados (contratos típicos). Muy al contrario, los particulares son libres para celebrar pactos que no contraríen las normas imperativas, aunque no estén contemplados expresamente por la Ley.

Finalmente, sobre la importancia de las normas dispositivas, en relación con el contenido de los contratos típicos. Las partes pueden sustituir el mandato de dichas normas por un pacto o regla de carácter autónomo. Mas si las partes no proceden a tal sustitución, el mandato normativo de las reglas dispositivas pasa a formas parte del contenido contractual.

Los contratos típicos y atípicos

Los contratos típicos

Tal expresión agrupa aquellos esquemas contractuales que están legalmente contemplados y a los que el Derecho objetivo proporciona una regulación de carácter general y en gran medida de carácter dispositivo, permitirá en línea de máxima la resolución de la mayor parte de lagunas que presente la lex privata (o clausulado contractual) establecida por los contratantes.

Los contratos atípicos

Son aquellos contratos que, aun careciendo de reconocimiento legal y de regulación positiva, reúnen los requisitos esenciales de la genérica figura contractual (art. 1.261 CC y concordantes).

Ante la eventualidad de que la instrumentación de figuras atípicas puede responder al designio de las partes de burlar prohibiciones legalmente fijadas para los contratos típicos, doctrina y jurisprudencia suelen insistir en la necesidad de una causa lícita.

La celebración de un contrato atípica supone estructurar un modelo contractual que no cuenta con una regulación supletoria ad hoc, lo cual exige a las partes, perfilar cuidadosamente las cláusulas contractuales para evitar imprevisiones en la ejecución efectiva del contrato, pues de lo contrario, en caso de litigio, se planteará el problema práctico, de qué normas habrán de aplicarse supletoriamente.

A esta pregunta la doctrina ha pretendido dar respuesta teórica proponiendo diversas opciones:

  • Teoría de la absorción. Una vez acercado el contrato atípico al esquema contractual típico que le resulta más próximo, habrían de aplicarse las normas de éste, por ser el elemento preponderante del contrato atípico analizado.

  • Teoría de la combinación. Habrían de tenerse en cuenta, conjuntamente y cohonestándolas entre sí, la regulación supletoria de todos aquellos modelos contractuales típicos que, parcialmente, estén presentes en el contrato atípico.

  • Teoría de la aplicación analógica. Habrían de aplicarse las normas propias del contrato típico que presente mayor identidad de razón y siempre conforme a las reglas internas de la aplicación analógica.

Atendiendo a los datos reales, sin embargo, las propuestas doctrinales objeto de reseña son poco operativas, evidenciándolo así el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ante todo atiende a la justicia del caso concreto, sobre la base de diseccionar lo mejor posible la voluntad de las partes, y atendiendo a la aplicación de las normas generales de la contratación.

El contenido del contrato y las promesas u ofertas publicitarias

La defensa a rajatabla del principio de autonomía privada y el mantenimiento de que sólo obliga lo estrictamente acordado por las partes y presente en el clausulado contractual o en las disposiciones de carácter supletorio que, en cada caso, resulten aplicables, ha traído consigo el absurdo de que, muchas veces, la buena fe de los adquirentes, se ha visto sorprendido por la habilidad profesional de suministradores de bienes y servicios que, amparándose en el hecho de que los actos precontractuales no tienen por qué considerarse al interpretar el contrato como actos vinculantes, han dado lugar a todo tipo de anuncios engañosos y dolosos. Ante ello, nuestro ordenamiento ha abierto dos líneas de actuación:

La defensa del valor propio de la integración del contrato

La primera línea argumentada por la doctrinal y jurisprudencial que considera “que llegado el momento de ejecución, en caso de discrepancia entre las partes, todo contrato debe ser interpretado y calificado después, para determinar cuál es el sector normativo que, conforme a dicha calificación, le corresponde”. Así, finalizada la interpretación y la calificación del contrato, éste debe obligar, también, a todo cuanto se derive del acuerdo contractual objetivamente entendido.

En este sentido, la determinación del alcance y significado exacto de cualquier acuerdo contractual requiere, en determinadas ocasiones proceder a la integración del contrato, etapa autónoma de la dinámica contractual. Dicha conclusión se deduciría del tenor literal art. 1.258 CC “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.

La redacción del art. 8 de la LCU

La segunda línea, ésta directamente legislativa, ha venido representada por la letra y espíritu del art. 8 LCU “1. La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios, se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad. Su contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicio, y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en documento recibido. 2. No obstante lo dispuesto, si el contrato celebrado contuviese cláusulas más beneficiosas, éstas prevalecerán sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad. 3. La oferta, promoción o publicidad falsa o engañosa del producto, actividades o servicios, será perseguida y sancionada como fraude. Las asociaciones de consumidores y usuarios, constituidas de acuerdo con lo establecido en la Ley, estarán legitimadas para iniciar e intervenir en los procedimientos administrativas tendentes a hacerla cesar”. (Esta última parte ha sido declarada inconstitucional por el TC).

La importancia del precepto consiste en que, en relación con los consumidores, a partir de la LCU, la integración de las promesas publicitarias en el contrato constituye una norma de directa y enriquecedora aplicación.

La refundición normativa de 2007

En la RDL TRLCU 1/2007 los dos primeros párrafos del precepto comentado han pasado a desglosarse en tres nuevos párrafos, conforme a lo siguiente: a) La oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su naturaleza, características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o económicas de la contratación, b) El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato; y, c) No obstante lo dispuesto, si el contrato celebrado contuviese cláusulas más beneficiosas, éstas prevalecerán sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad.

La integración del contrato en el Código Civil

Alcance y significado del art. 1.258 del CC

La interpretación y la calificación del contrato con operaciones lógicas cuyo resultado ofrece consecuencias positivas en relación con el contenido del contrato, con la precisa determinación de los derechos y obligaciones de las partes.

Sin embargo, la determinación del exacto contenido del contrato, y la efectiva ejecución del mismo no habría de derivarse sólo de la actividad interpretativa y calificadora, sino que (con base en la naturaleza del contrato) sería necesario extraer consecuencias complementarias acordes con el conjunto del sistema normativo. A dicha operación se le conoce técnicamente con el nombre de integración del contrato, en cuanto su resultado puede suponer la agregación de derechos y obligaciones no contempladas por las partes ni por las normas de carácter dispositivo aplicables al contrato en cuestión.

La integración del contrato se encuentra contemplada en CC art. 1.258. Dicho precepto, tras identificar el momento de perfección de los contratos con el mero consentimiento, establece que éstos “… obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Establece pues la segunda parte del art. 1.258 el alcance obligatorio del contrato y no es, en absoluto, un precepto interpretativo.

En base a lo dispuesto en el art. 1.258 CC, la función característica y propia de esta norma no radica en reinterpretar el contrato dentro de los márgenes de la autonomía privada. Muy al contrario, su sentido es el de delimitar la autonomía contractual impidiendo que sean desconocidos los efectos contractuales impuestos por las más elementales reglas del tráfico jurídico.

Así, la norma considerada es un precepto de carácter imperativo que se aplica con independencia de la voluntad de las partes. De añadidura, su aplicación no requiere inexcusablemente que haya laguna contractual, sino que puede entrar en juego incluso cuando las partes hayan previsto extremos que son indisponibles por los particulares. En tal caso, las cláusulas pactadas habrían de ser sustituidas por las legalmente aplicables.

Los Medios de integración

El art. 1.258 señala como tales la buena fe, el uso y la ley. Sin embargo, el escalonamiento jerárquico de tales medios de integración debe ser el contrario, en primer lugar, la ley imperativa, en su defecto, la dispositiva; a continuación, los usos normativos, y finalmente la buena fe.

La Ley

La norma imperativa aplicable a un supuesto contractual determinado conformará e integrará el régimen del mismo con primacía incluso sobre el clausulado contractual. Las normas dispositivas sólo integrarán el contrato cuando contemplan un elemento natural del mismo que no haya sido contemplado de forma diversa a la legalmente prevista (art. 1.455 gastos de escritura; art. 1.478 contenido típico del saneamiento por evicción, etc.).

Los usos normativos

Los usos normativos integran el acuerdo contractual en cuanto costumbre. Ahora bien, al igual que la norma dispositiva, en caso de ser conocidos y no queridos por las partes, pueden ser excluidos del acuerdo contractual.

La buena fe

La buena fe es un principio general del Derecho. Por consiguiente, no puede ser extraña a la propia conformación de los usos normativos y de los mandatos legales. Se ha de presuponer inserta en ambos grupos de normas o, al menos, debe ser inspiradora de aquéllos. Al mismo tiempo, su virtualidad de principio general del Derecho comporta, que su plasmación no puede reducirse a lo establecido en la ley o en los usos. Va más allá; es el último canon hermenéutico (interpretativo, explicativo…) que, en sentido objetivo, utiliza el legislador para tratar de que en todo momento los efectos del contrato se adecuen a las reglas de conducta socialmente consideradas como dignas de respeto.

Por consiguiente, la buena fe debe ser entendida como un criterio ordenador de las relaciones contractuales, que se superpone al propio comportamiento de las partes y configura el contenido o efectos del contrato de acuerdo con las reglas de conducta socialmente consideradas como dignas de respeto.

La consolidación de la integración del contrato

La superación del debate sobre el carácter imperativo del art. 8 LCU

No cabe duda alguna de que tanto el art. 1.258 CC cuanto el art. 8 LCU (retocada en la TRLCU, como ya hemos comentado) son normas radicalmente imperativas y aplicables, así los acredita el conocimiento de la realidad de nuestros Tribunales, en los que es precepto comentado es hoy moneda de uso corriente en múltiples sentencias.

La jurisprudencia en materia de adquisición de vivienda

Muchas de tales sentencias han encontrado su origen en supuestos de compraventa de viviendas, con ocasión de las cuales es sumamente frecuente que los promotores o constructores ofrezcan todo lo que se les pasa por la imaginación, despreocupándose del resultado final de la obra. En este aspecto, fue pionera la STS de 1977, y desde entonces y hasta ahora, los supuestos litigiosos y las sentencias sobre el particular se han incrementado casi geométricamente, sobre todo desde el momento en que en la demanda basta alegar el mandato normativo contenido en el art. 8 LCU.

Otros supuestos contractuales sometidos a conocimiento de los Tribunales

No obstante, la aplicación del art. 8 LCU tiene un ámbito de aplicación mucho más vasto, pues en principio la integración contractual de la publicidad se refiere a cualesquiera relaciones patrimoniales en las que estén interesados los consumidores.

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