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06. Contenido contractual e integración de la publicidad

El contenido del contrato

El Contenido o el objeto del contrato

La expresión “contenido del contrato” se encuentra referida al conjunto de derechos y obligaciones generados por el contrato en cuestión. Se trata de una referencia de carácter objetivo que determina concretamente, el cuadro de facultades, prerrogativas y derechos y el conjunto de cargas. Deberes y obligaciones que competen a cada una de las partes contratantes. Por tanto, la diferencia entre contenido y objeto del contrato es obvia, dado la mayor amplitud del primero de tales conceptos, sobre todo si el elemento esencial del objeto es identificado con las cosas, derechos o servicios sobre los que recae el acuerdo contractual.

Pero la distinción debe incluso mantenerse en el caso de que se considere que el objeto debe alcanzar a las prestaciones de las partes y no sólo a las cosas o servicios “objeto” del contrato. En efecto, el contenido contractual estaría referido no sólo a las prestaciones contractuales, sino también a cualesquiera poderes, prerrogativas o derechos de cualquiera de las partes, pues éstos, junto con las prestaciones propiamente dichas, constituyen también parte del entramado contractual.

La autonomía privada y las reglas contractuales

El contenido contractual depende, en cada caso, de la reglamentación autónoma de las partes contratantes, quienes según dispone el art. 1.255 CC “pueden establecer los pactos, cláusulas o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Es decir, el principio de la autonomía privada no puede desvincularse del conjunto del OJ, ni ir en contra de las normas imperativas (ius cogens), bien generales o específicas, en relación con los contratos, no pudiendo ser desconocidas sus reglas contractuales, ni sustituidas por acto alguno de autonomía privada, pues ocupan una absoluta preeminencia sobre el acuerdo contractual autónomo.

Por tanto, una vez respetadas tales normas, las partes pueden establecer el contenido contractual que les parezca más acorde con sus intereses, tal y como establece el art. 1.255, mediante los oportunos pactos, cláusulas y condiciones, que pueden ser de lo más variopinto y diverso. De ahí la importancia de tener en cuenta también a los contratos atípicos.

Por otro lado, el juego de autonomía privada y la prevalencia del consentimiento o voluntad de las partes no se manifiesta sólo respecto de la forma del contrato. En efecto, del art. 1.255 cabe deducir dos consecuencias fundamentales:

  1. Respecto de los contratos regulados específicamente por el Derecho Positivo, los particulares pueden introducir las modificaciones que consideren adecuadas a su designio contractual.

  2. El principio de autonomía privada no tiene por qué quedar limitado o circunscrito al ámbito de los contratos legalmente tipificados (contratos típicos). Muy al contrario, los particulares son libres para celebrar pactos que no contraríen las normas imperativas, aunque no estén contemplados expresamente por la Ley.

Finalmente, sobre la importancia de las normas dispositivas, en relación con el contenido de los contratos típicos. Las partes pueden sustituir el mandato de dichas normas por un pacto o regla de carácter autónomo. Mas si las partes no proceden a tal sustitución, el mandato normativo de las reglas dispositivas pasa a formas parte del contenido contractual.

Los contratos típicos y atípicos

Los contratos típicos

Tal expresión agrupa aquellos esquemas contractuales que están legalmente contemplados y a los que el Derecho objetivo proporciona una regulación de carácter general y en gran medida de carácter dispositivo, permitirá en línea de máxima la resolución de la mayor parte de lagunas que presente la lex privata (o clausulado contractual) establecida por los contratantes.

Los contratos atípicos

Son aquellos contratos que, aun careciendo de reconocimiento legal y de regulación positiva, reúnen los requisitos esenciales de la genérica figura contractual (art. 1.261 CC y concordantes).

Ante la eventualidad de que la instrumentación de figuras atípicas puede responder al designio de las partes de burlar prohibiciones legalmente fijadas para los contratos típicos, doctrina y jurisprudencia suelen insistir en la necesidad de una causa lícita.

La celebración de un contrato atípica supone estructurar un modelo contractual que no cuenta con una regulación supletoria ad hoc, lo cual exige a las partes, perfilar cuidadosamente las cláusulas contractuales para evitar imprevisiones en la ejecución efectiva del contrato, pues de lo contrario, en caso de litigio, se planteará el problema práctico, de qué normas habrán de aplicarse supletoriamente.

A esta pregunta la doctrina ha pretendido dar respuesta teórica proponiendo diversas opciones:

  • Teoría de la absorción. Una vez acercado el contrato atípico al esquema contractual típico que le resulta más próximo, habrían de aplicarse las normas de éste, por ser el elemento preponderante del contrato atípico analizado.

  • Teoría de la combinación. Habrían de tenerse en cuenta, conjuntamente y cohonestándolas entre sí, la regulación supletoria de todos aquellos modelos contractuales típicos que, parcialmente, estén presentes en el contrato atípico.

  • Teoría de la aplicación analógica. Habrían de aplicarse las normas propias del contrato típico que presente mayor identidad de razón y siempre conforme a las reglas internas de la aplicación analógica.

Atendiendo a los datos reales, sin embargo, las propuestas doctrinales objeto de reseña son poco operativas, evidenciándolo así el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ante todo atiende a la justicia del caso concreto, sobre la base de diseccionar lo mejor posible la voluntad de las partes, y atendiendo a la aplicación de las normas generales de la contratación.

El contenido del contrato y las promesas u ofertas publicitarias

La defensa a rajatabla del principio de autonomía privada y el mantenimiento de que sólo obliga lo estrictamente acordado por las partes y presente en el clausulado contractual o en las disposiciones de carácter supletorio que, en cada caso, resulten aplicables, ha traído consigo el absurdo de que, muchas veces, la buena fe de los adquirentes, se ha visto sorprendido por la habilidad profesional de suministradores de bienes y servicios que, amparándose en el hecho de que los actos precontractuales no tienen por qué considerarse al interpretar el contrato como actos vinculantes, han dado lugar a todo tipo de anuncios engañosos y dolosos. Ante ello, nuestro ordenamiento ha abierto dos líneas de actuación:

La defensa del valor propio de la integración del contrato

La primera línea argumentada por la doctrinal y jurisprudencial que considera “que llegado el momento de ejecución, en caso de discrepancia entre las partes, todo contrato debe ser interpretado y calificado después, para determinar cuál es el sector normativo que, conforme a dicha calificación, le corresponde”. Así, finalizada la interpretación y la calificación del contrato, éste debe obligar, también, a todo cuanto se derive del acuerdo contractual objetivamente entendido.

En este sentido, la determinación del alcance y significado exacto de cualquier acuerdo contractual requiere, en determinadas ocasiones proceder a la integración del contrato, etapa autónoma de la dinámica contractual. Dicha conclusión se deduciría del tenor literal art. 1.258 CC “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.