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07. Las condiciones generales de la contratación

La crisis del esquema codificado

La génesis clásica del contrato, establecida en el CC, con enfoque reposada e individualizada, convive actualmente con una serie de supuestos contractuales que presentan una conformación bastante distinta en el momento formativo del contrato, con ocasión del intercambio de bienes y servicios característico de la sociedad contemporánea, donde el tráfico contractual es mucho más “en serie”, mediante actos en masa, realizados en forma repetitiva y sucesiva.

Así la desindividualización sufrida por el contrato es paralela a la producción en masa, que permite a los suministradores de bienes y servicios “dictar” sus propias condiciones contractuales, situando al consumidor, en el mejor de los casos, en una posición sometida que se limita a contratar o dejar de contratar. Ante ello, los Ordenamientos jurídicos se han visto obligados a reaccionar, ya sea mediante la renovación del CC, bien mediante la promulgación de leyes especiales, bien regulando las condiciones generales de la contratación, bien mediante la legislación general de protección del consumidor, o bien a través de ambas vías, como sucede en España, desde la aprobación de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Al tiempo, la legislación administrativa ha impuesto una serie innumerable de controles y requisitos a determinados suministradores de bienes y servicios; conformando así una serie de supuestos contractuales que constituyen el envés de la formulación de los Códigos Civiles del siglo XIX.

Como regla general, tales supuestos contractuales son enfocados por las disposiciones legislativas aludidas y la jurisprudencia, como casos en los que la posición del contratante fuerte debe ser reconducida a sus justos términos, mitigando su posición dominante y velando por los intereses de los económicamente débiles.

Las condiciones generales de la contratación y los contratos de adhesión

Noción de condiciones generales

Doctrinalmente, se ha dado a denominar condiciones generales de la contratación a las cláusulas, estipulaciones o contenido contractual seguido en los actos en masa por las grandes empresas y potentes suministradores de bienes y servicios. Mirado desde la perspectiva del consumidor o contratante, dado que la única salida que tiene (si quiere contar con el servicio contratado) es asentir al contenido contractual predispuesto por la otra parte, adhiriéndose al mismo, se habla de contrato de adhesión.

Así, en la actualidad, condiciones generales de la contratación y contratos de adhesión son sustancialmente dos caras de la misma manera.

La eficacia obligatoria de los contratos de adhesión

El problema que plantean los contratos de adhesión no viene representado por su eficacia obligatoria, sino por la posibilidad de someter a las condiciones generales de la contratación a una criba que permita reducir la supremacía económica de quien las ha dispuesto unilateralmente. En efecto, desde el punto de vista puramente jurídico, la aceptación del contrato de adhesión por el consumidor conlleva que éste, ha prestado su consentimiento al contrato, o al contenido medular del mismo.

Así, la cuestión a dilucidar es la de evitar abusos por parte del predisponente de las condiciones generales de la contratación, permitiendo incluso que la obligatoriedad de aquél, no obste a la posible ineficacia de alguna cláusula que contradigan los más elementales principios de justicia contractual o de equivalencia de las prestaciones.

Con ello se consigue, de una parte, establecer un cierto equilibrio entre las obligaciones a cargo del predisponente y del consumidor, al tiempo que se imposibilita que posibles reclamaciones de éste en relación con determinadas cláusulas contractuales lo excluyan de la posibilidad de contar con los bienes y servicios ofrecidos en masa.

Las Condiciones Generales de la Contratación en Derecho español bajo la regulación del CC

Hasta tiempos bien recientes, no se contemplaba legalmente la materia en el Derecho español, y la cuestión quedaba reenviada a la doctrina jurisprudencial, que, en una línea constante y reiterada, ha llegado por lo general a conclusiones similares a las legalmente previstas en otros Ordenamientos jurídicos, ello, con vistas a proteger a los ciudadanos frente a los poderes económicos que preparan y redactan las condiciones generales de la contratación.

Así la contemplación jurisprudencial y doctrinal del tema y los precedentes de Derecho comparado han traído consigo, recientemente, la atención del legislador patrio. Por otra parte, el Consejo de las Comunidades Europeas, ha aprobado la Directiva 93/13 sobre las Cláusulas Abusivas en los Contratos Celebrados con Consumidores.

La Ley de Contrato de Seguro

En la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro se declaran nulas las cláusulas que tengan carácter lesivo o sean perjudiciales para el asegurado, al tiempo que obliga a los aseguradores a modificar en las pólizas vigentes las cláusulas que hayan sido declarados nulas por el TS (art. 3).

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

En parecida línea, el texto original de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), contiene una regulación bastante completa de las condiciones generales de la contratación, en resumen:

Noción general de las condiciones generales de la contratación

Las condiciones generales son “las declaradas previa y unilateralmente por una empresa o grupo de empresas… cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario, siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate”. E impone para las condiciones generales de la contratación utilizadas por empresas públicas o concesionarias de servicios públicos en régimen de monopolio, la aprobación y posterior vigilancia y control administrativa.

Requisitos de orden formal

Trata de lo que podríamos denominar integración de las condiciones generales de la contratación en el documento contractual “concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual” (art. 10.1 LCU).

Entrega de recibo, o documento acreditativo de la operación, salvo renuncia del interesado (art. 10.1.n (LGDCU).

Requisitos de orden material: la equidad contractual

Exige que las condiciones de la contratación estén presididas por la “buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones” para, a continuación, declarar prohibidas una serie de cláusulas que considera que atentan contra la equidad, art. 10.1 LCU:

  • Facultad de resolver discrecionalmente el contrato.

  • Las cláusulas abusivas, las que perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores o usuarios.

  • Las limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor o usuario.

  • La inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor o usuario.

  • La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del productor o suministrador, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de reclamación, conducta que merece la calificación de dolosa, en cuanto manifiesta una resistencia consciente y deliberada de incumplimiento de las obligaciones que tiene asumidas.

  • La imposición de renuncias a los derechos del consumidor y usuario.

La interpretación “contra stipulatorem”

Las dudas que plantee la interpretación de las condiciones generales del contrato “se resolverán en contra de quien las haya redactado”, mandato que sustancialmente coincide, aunque reforzándolo, con lo dispuesto en el ya aludido art. 1.288 CC.

La primacía de las cláusulas particulares

La contratación por impresos o formularios, no excluye la inclusión o el añadido de otras de carácter particular, redactadas para un caso concreto de contrato de adhesión. En tal caso, establece la ley que prevalecerán “las cláusulas particulares sobre las condiciones generales, siempre que aquéllas sean más beneficiosas que éstas”.

La sanción de nulidad

La LCU es reglamentista en algunos aspectos e imperativa. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el art. 6.3 CC y en el art. 10.4 LCU:

  • Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que contravengan los requisitos expuestos.

  • Será nulo o ineficaz el contrato que contravenga la equidad contractual.

La directiva comunitaria 93/13/CEE de 5 de abril de 1993

Ámbito de aplicación de la directiva

La Directiva 93/13 tiene como finalidad fundamental la coordinación y aproximación de los Derechos Europeos “sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”. En su art. 2, la directiva define:

  • Consumidor es “toda persona física que, en los contratos regulados (por ella) actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional”.

  • Profesional es “toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada”.

Se trata de una disposición que procura la defensa del consumidor en sentido estricto, y que pretende erradicar las cláusulas abusivas en la contratación que afecta a los consumidores.

La caracterización de las cláusulas abusivas

El art. 3 de la Directiva adopta como punto de partida que las denominadas cláusulas abusivas deben reunir cumulativamente dos circunstancias, requisitos:

  • Que no hayan sido objeto de negociación individual, y

  • Que originen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes.

Deben darse conjuntamente para que quepa hablar de cláusula abusiva.

La falta de negociación individual

La Directiva pretende atajar la imposición de un clausulado contractual predispuesto por la parte económicamente fuerte.

En efecto, su art. 3.2 establece que “se considera una cláusula que no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”. Así, si el contrato no ha sido negociado, sino que se trata de un contrato predispuesto, estaremos ante el primer requisito del carácter abusivo de la cláusula en cuestión. La erradicación de la predisposición del contenido contractual es potenciada por la Directiva al:

  • Fijar la carga de la prueba en perjuicio del suministrador de bienes y servicios.

  • Prever que la posible configuración bilateral de una cláusula contractual no tiene por qué suponer que el resto del contrato ha sido objeto igualmente de negociación entre el consumidor y el profesional.

El desequilibrio de las prestaciones

Por otra parte, el art. 3.1 de la Directiva establece que sólo podrán calificarse como cláusulas abusivas aquellas que “causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”.

La concreción de las cláusulas abusivas y la nulidad parcial del contrato

La determinación exacta de cuándo estamos frente a una cláusula abusiva, no es cuestión fácil como acredita la experiencia práctica. La Directiva contiene un extenso elenco de cláusulas, enumeradas en un Anexo que, según el artículo 3.3, consiste en “una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas”.