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07. Las condiciones generales de la contratación

La crisis del esquema codificado

La génesis clásica del contrato, establecida en el CC, con enfoque reposada e individualizada, convive actualmente con una serie de supuestos contractuales que presentan una conformación bastante distinta en el momento formativo del contrato, con ocasión del intercambio de bienes y servicios característico de la sociedad contemporánea, donde el tráfico contractual es mucho más “en serie”, mediante actos en masa, realizados en forma repetitiva y sucesiva.

Así la desindividualización sufrida por el contrato es paralela a la producción en masa, que permite a los suministradores de bienes y servicios “dictar” sus propias condiciones contractuales, situando al consumidor, en el mejor de los casos, en una posición sometida que se limita a contratar o dejar de contratar. Ante ello, los Ordenamientos jurídicos se han visto obligados a reaccionar, ya sea mediante la renovación del CC, bien mediante la promulgación de leyes especiales, bien regulando las condiciones generales de la contratación, bien mediante la legislación general de protección del consumidor, o bien a través de ambas vías, como sucede en España, desde la aprobación de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Al tiempo, la legislación administrativa ha impuesto una serie innumerable de controles y requisitos a determinados suministradores de bienes y servicios; conformando así una serie de supuestos contractuales que constituyen el envés de la formulación de los Códigos Civiles del siglo XIX.

Como regla general, tales supuestos contractuales son enfocados por las disposiciones legislativas aludidas y la jurisprudencia, como casos en los que la posición del contratante fuerte debe ser reconducida a sus justos términos, mitigando su posición dominante y velando por los intereses de los económicamente débiles.

Las condiciones generales de la contratación y los contratos de adhesión

Noción de condiciones generales

Doctrinalmente, se ha dado a denominar condiciones generales de la contratación a las cláusulas, estipulaciones o contenido contractual seguido en los actos en masa por las grandes empresas y potentes suministradores de bienes y servicios. Mirado desde la perspectiva del consumidor o contratante, dado que la única salida que tiene (si quiere contar con el servicio contratado) es asentir al contenido contractual predispuesto por la otra parte, adhiriéndose al mismo, se habla de contrato de adhesión.

Así, en la actualidad, condiciones generales de la contratación y contratos de adhesión son sustancialmente dos caras de la misma manera.

La eficacia obligatoria de los contratos de adhesión

El problema que plantean los contratos de adhesión no viene representado por su eficacia obligatoria, sino por la posibilidad de someter a las condiciones generales de la contratación a una criba que permita reducir la supremacía económica de quien las ha dispuesto unilateralmente. En efecto, desde el punto de vista puramente jurídico, la aceptación del contrato de adhesión por el consumidor conlleva que éste, ha prestado su consentimiento al contrato, o al contenido medular del mismo.

Así, la cuestión a dilucidar es la de evitar abusos por parte del predisponente de las condiciones generales de la contratación, permitiendo incluso que la obligatoriedad de aquél, no obste a la posible ineficacia de alguna cláusula que contradigan los más elementales principios de justicia contractual o de equivalencia de las prestaciones.

Con ello se consigue, de una parte, establecer un cierto equilibrio entre las obligaciones a cargo del predisponente y del consumidor, al tiempo que se imposibilita que posibles reclamaciones de éste en relación con determinadas cláusulas contractuales lo excluyan de la posibilidad de contar con los bienes y servicios ofrecidos en masa.

Las Condiciones Generales de la Contratación en Derecho español bajo la regulación del CC

Hasta tiempos bien recientes, no se contemplaba legalmente la materia en el Derecho español, y la cuestión quedaba reenviada a la doctrina jurisprudencial, que, en una línea constante y reiterada, ha llegado por lo general a conclusiones similares a las legalmente previstas en otros Ordenamientos jurídicos, ello, con vistas a proteger a los ciudadanos frente a los poderes económicos que preparan y redactan las condiciones generales de la contratación.

Así la contemplación jurisprudencial y doctrinal del tema y los precedentes de Derecho comparado han traído consigo, recientemente, la atención del legislador patrio. Por otra parte, el Consejo de las Comunidades Europeas, ha aprobado la Directiva 93/13 sobre las Cláusulas Abusivas en los Contratos Celebrados con Consumidores.

La Ley de Contrato de Seguro

En la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro se declaran nulas las cláusulas que tengan carácter lesivo o sean perjudiciales para el asegurado, al tiempo que obliga a los aseguradores a modificar en las pólizas vigentes las cláusulas que hayan sido declarados nulas por el TS (art. 3).

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

En parecida línea, el texto original de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), contiene una regulación bastante completa de las condiciones generales de la contratación, en resumen:

Noción general de las condiciones generales de la contratación

Las condiciones generales son “las declaradas previa y unilateralmente por una empresa o grupo de empresas… cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario, siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate”. E impone para las condiciones generales de la contratación utilizadas por empresas públicas o concesionarias de servicios públicos en régimen de monopolio, la aprobación y posterior vigilancia y control administrativa.

Requisitos de orden formal

Trata de lo que podríamos denominar integración de las condiciones generales de la contratación en el documento contractual “concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual” (art. 10.1 LCU).

Entrega de recibo, o documento acreditativo de la operación, salvo renuncia del interesado (art. 10.1.n (LGDCU).

Requisitos de orden material: la equidad contractual

Exige que las condiciones de la contratación estén presididas por la “buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones” para, a continuación, declarar prohibidas una serie de cláusulas que considera que atentan contra la equidad, art. 10.1 LCU:

  • Facultad de resolver discrecionalmente el contrato.

  • Las cláusulas abusivas, las que perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores o usuarios.

  • Las limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor o usuario.

  • La inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor o usuario.

  • La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del productor o suministrador, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de reclamación, conducta que merece la calificación de dolosa, en cuanto manifiesta una resistencia consciente y deliberada de incumplimiento de las obligaciones que tiene asumidas.

  • La imposición de renuncias a los derechos del consumidor y usuario.

La interpretación “contra stipulatorem”

Las dudas que plantee la interpretación de las condiciones generales del contrato “se resolverán en contra de quien las haya redactado”, mandato que sustancialmente coincide, aunque reforzándolo, con lo dispuesto en el ya aludido art. 1.288 CC.

La primacía de las cláusulas particulares

La contratación por impresos o formularios, no excluye la inclusión o el añadido de otras de carácter particular, redactadas para un caso concreto de contrato de adhesión. En tal caso, establece la ley que prevalecerán “las cláusulas particulares sobre las condiciones generales, siempre que aquéllas sean más beneficiosas que éstas”.

La sanción de nulidad

La LCU es reglamentista en algunos aspectos e imperativa. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el art. 6.3 CC y en el art. 10.4 LCU:

  • Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que contravengan los requisitos expuestos.

  • Será nulo o ineficaz el contrato que contravenga la equidad contractual.

La directiva comunitaria 93/13/CEE de 5 de abril de 1993

Ámbito de aplicación de la directiva

La Directiva 93/13 tiene como finalidad fundamental la coordinación y aproximación de los Derechos Europeos “sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”. En su art. 2, la directiva define:

  • Consumidor es “toda persona física que, en los contratos regulados (por ella) actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional”.

  • Profesional es “toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada”.

Se trata de una disposición que procura la defensa del consumidor en sentido estricto, y que pretende erradicar las cláusulas abusivas en la contratación que afecta a los consumidores.

La caracterización de las cláusulas abusivas

El art. 3 de la Directiva adopta como punto de partida que las denominadas cláusulas abusivas deben reunir cumulativamente dos circunstancias, requisitos:

  • Que no hayan sido objeto de negociación individual, y

  • Que originen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes.

Deben darse conjuntamente para que quepa hablar de cláusula abusiva.

La falta de negociación individual

La Directiva pretende atajar la imposición de un clausulado contractual predispuesto por la parte económicamente fuerte.

En efecto, su art. 3.2 establece que “se considera una cláusula que no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”. Así, si el contrato no ha sido negociado, sino que se trata de un contrato predispuesto, estaremos ante el primer requisito del carácter abusivo de la cláusula en cuestión. La erradicación de la predisposición del contenido contractual es potenciada por la Directiva al:

  • Fijar la carga de la prueba en perjuicio del suministrador de bienes y servicios.

  • Prever que la posible configuración bilateral de una cláusula contractual no tiene por qué suponer que el resto del contrato ha sido objeto igualmente de negociación entre el consumidor y el profesional.

El desequilibrio de las prestaciones

Por otra parte, el art. 3.1 de la Directiva establece que sólo podrán calificarse como cláusulas abusivas aquellas que “causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”.

La concreción de las cláusulas abusivas y la nulidad parcial del contrato

La determinación exacta de cuándo estamos frente a una cláusula abusiva, no es cuestión fácil como acredita la experiencia práctica. La Directiva contiene un extenso elenco de cláusulas, enumeradas en un Anexo que, según el artículo 3.3, consiste en “una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas”.

La reforma legislativa española: la Ley 7/1998

La Ley 7/1998 de Condiciones Generales de Contratación, se caracterizó por afrontar el reto de la incorporación de la Directiva sobre cláusulas abusivas mediante una ley especial sobre las condiciones generales de la contratación, al tiempo que se llevó a cabo ciertas modificaciones normativas de importancia en la LCU.

Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas

La LCGC da claras muestras de seguir la pauta de que las condiciones generales de la contratación no deben considerarse, por principio y como regla, cláusulas abusivas.

Los aspectos fundamentales de la reforma

La nueva Ley 7/1998 ha introducido las reformas:

  • La Disposición Adicional 1ª modifica ampliamente la LCU, dando nueva redacción al art. 10, al que añade el art. 10 bis, sentando las bases de desarrollo del elenco que realiza la nueva disposición adicional de la LCU de las cláusulas contractuales que han de entenderse abusivas.

  • Regula los aspectos requeridos por el análisis de las condiciones generales, afecten o no a los consumidores, introduciendo un Registro de condiciones generales de la contratación.

  • Además su art. 20, derogación por la nueva LEC 1/2000, establecía que las sentencias de casación podían vincular a los jueces inferiores, originando ello un debate sobre la imposibilidad del acceso al recurso de casación.

La lista de cláusulas abusivas

El legislador optó por añadir a la LCU una disposición adicional primera en la que como complemento de la regulación general de la materia, se recoge una lista extensa de cláusulas contractuales que han de considerarse abusivas.

Destacando algunas ideas fundamentales, se ha de decir (art. 10 bis):

  • Que la extraordinaria longitud del precepto ha llevado al legislador, con escaso éxito, a intentar una clasificación de las diversas cláusulas abusivas consideradas.

  • Y que en todo caso, se trata de una lista gris, como se deduce claramente del párrafo que encabeza el precepto.

La noción general de cláusulas abusivas

El precepto en el que se establecen las pautas generales sobre las cláusulas abusivas, se encuentra en el primer párrafo del art. 10 bis LCU, conforme a la redacción de la Ley 7/1998, del cual se desprende. La cláusula abusiva requiere la predisposición y la falta de negociación individual, así como la falta de equidad contractual. En efecto, dicho equilibrio en el contenido contractual al que alude el precepto, por el hecho de haber predispuesto unilateralmente el profesional su contenido, tiene por objeto “abusar” de su posición de supremacía económica y de su capacidad de iniciativa contractual, para así aligerar sus obligaciones e incrementar sus prerrogativas, mientras que el consumidor es colocado precisamente en la perspectiva contraria.

Por tanto, cualquiera de las cláusulas relacionadas en la nueva Disposición adicional LCU es, sin duda, abusiva, por así declararlo el legislador, pero lo es igualmente cualquier otra que, sin haber sido objeto de negociación individual, implique, en caso de llegar a ser aplicada, un desequilibrio en las contraprestaciones de las partes contratantes.

La nulidad parcial del contrato

En caso de existencia de cláusulas abusivas “procede tenerlas por no puestas”, manteniendo la eficacia general del contrato celebrado, conclusión que sigue la doctrina jurisprudencial española, que siempre ha mantenido que la parte válida del contrato no debe verse viciada por la abusiva o nula. Y en tal sentido, se pronuncia con toda claridad el art. 10 bis LCU conforme a su nueva redacción.

Condiciones generales y cláusulas abusivas en el texto refundido

Las modificaciones introducidas en la Ley de mejora (Ley 44/2006, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios), dirigidas a distinguir entre acciones colectivas y acciones individuales, han sido objeto de refundición en el Título II del Libro II de la RDL TLRCU:

Art. 85. Cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario.

Las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario serán abusivas y, en todo caso, las siguientes:

  1. Las cláusulas que reserven al empresario que contrata con el consumidor y usuario un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida.

  2. Las cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor y usuario no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor y usuario manifestar su voluntad de no prorrogarlo.

  3. Las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato. En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el empresario se reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, así como el importe de otros gastos relacionados con los servicios financieros, cuando aquéllos se encuentren adaptados a un índice, siempre que se trate de índices legales y se describa el modo de variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el empresario esté obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y éstos puedan resolver inmediatamente el contrato sin penalización alguna. Igualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de servicios financieros de duración indeterminada por los motivos válidos expresados en él, siempre que el empresario esté obligado a informar al consumidor y usuario con antelación razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso, rescindir unilateralmente, sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el empresario informe de ello inmediatamente a los demás contratantes.

  4. Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable. Lo previsto en este párrafo no afecta a las cláusulas en las que se prevea la resolución del contrato por incumplimiento o por motivos graves, ajenos a la voluntad de las partes, que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del contrato.

  5. Las cláusulas que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario al contrato aún cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones.

  6. Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.

  7. Las cláusulas que supongan la supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor y usuario se le haya exigido un compromiso firme.

  8. Las cl1áusulas que supongan la consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la voluntad del empresario.

  9. Las cláusulas que determinen la exclusión o limitación de la obligación del empresario de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades.

  10. Las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas y sin reconocer al consumidor y usuario el derecho a resolver el contrato si el precio final resulta muy superior al inicialmente estipulado. Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la adaptación de precios a un índice, siempre que tales índices sean legales y que en el contrato se describa explícitamente el modo de variación del precio.

  11. Las cláusulas que supongan la concesión al empresario del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.

Art. 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario. En cualquier caso serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones que prevean:

  1. La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor y usuario por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario. En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor y usuario, las normas legales sobre conformidad con el contrato de los bienes o servicios puestos a su disposición o limiten el derecho del consumidor y usuario a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por dicha falta de conformidad.

  2. La exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél.

  3. La liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste.

  4. La privación o restricción al consumidor y usuario de las facultades de compensación de créditos, retención o consignación.

  5. La limitación o exclusión de la facultad del consumidor y usuario de resolver el contrato por incumplimiento del empresario.

  6. La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la operación.

  7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario.

Art. 87. Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad. Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular:

  1. La imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos.

  2. La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario.

  3. La autorización al empresario para resolver el contrato discrecionalmente, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad.

  4. La posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el contrato.

  5. Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los bienes o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva. En aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente unido un coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, no se considerará abusiva la facturación por separado de tales costes, cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado.

  6. Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, así como la obstaculización al ejercicio de este derecho a través del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposición de formalidades distintas de las previstas para contratar o la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribución al profesional de la facultad de ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados.

Art. 88. Cláusulas abusivas sobre garantías. En todo caso se consideraran abusivas las cláusulas que supongan:

  1. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. Se presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa específica.

  2. La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante.

  3. La imposición al consumidor de la carga de la prueba sobre el incumplimiento, total o parcial, del empresario proveedor a distancia de servicios financieros de las obligaciones impuestas por la normativa específica sobre la materia.

Art. 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato. En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas:

  1. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato.

  2. La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables.

  3. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario. En particular, en la compraventa de viviendas:

    • La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación),

    • La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación,

    • La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario; y,

    • La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.

  4. La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.

  5. Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresado con la debida claridad o separación.

  6. La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del empresario, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de reclamación.

  7. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el art. 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.

  8. La previsión de pactos de renuncia o transacción respecto al derecho del consumidor y usuario a la elección de fedatario competente según la ley para autorizar el documento público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.

Art. 90. Cláusulas abusivas sobre competencia y derecho aplicable. Son, asimismo, abusivas las cláusulas que establezcan:

  1. La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto específico.

  2. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si éste fuera inmueble.

  3. La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor y usuario emita su declaración negocial o donde el empresario desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.

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