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13. La responsabilidad civil por productos defectuosos

Responsabilidad del fabricante o por productos defectuosos

Planteamiento

El régimen general contenido en los arts. 1902 y ss (Responsabilidad extracontractual), y 1.101 y ss. (Responsabilidad en materia contractual) del CC, al aprobarse la LCU, se vio complementado con la regulación establecida en los arts. 25 y ss de dicha Ley General, para concluir en la Ley 22/1994 de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos (LPD).

La TRLCU, en su Libro III, armoniza el régimen de Responsabilidad Civil por los daños causados por productos defectuosos, y las disposiciones sobre responsabilidad contenidas en el Capítulo VIII de la LCU. La armonización implica además en este caso la derogación de ambas Leyes.

La responsabilidad civil por los daños causados por los productos defectuosos

Con la referida Ley 22/1994 LPD se produce la incorporación o transposición al Derecho español de la Directiva 85/374/CEE sobre la misma materia.

La Ley 22/1994, al igual que la Directiva, partió de un criterio de responsabilidad objetiva en su art. 1 “Los fabricantes y los importadores serán responsables, conforme a lo dispuesto en esta Ley, de los daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente, producen o importen”.

Por tanto, el empresario causante del daño no podrá librarse de la responsabilidad mediante la prueba de haber desarrollado un comportamiento diligente. Sobre este criterio conviene hacer un par de observaciones iniciales:

  • Ya en 1984, la redacción originaria de la LCU estableció en este campo un criterio objetivo de responsabilidad respecto de determinados productos y servicios, un régimen más severo.

  • Y en el fondo, el régimen propio de la Ley 22/1994 no es tan objetivo como en un principio pudiera parecer. Los datos normativos que suavizan el régimen son, de manera especial, las causas de exoneración o inimputabilidad, y, en menor medida, la carga probatoria impuesta al perjudicado respecto al carácter defectuoso del producto, teniendo éste que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos.

Ámbito objetivo de aplicación de la LPD: los productos defectuosos

Productos incluidos en el ámbito de la responsabilidad por productos

Bajo la rúbrica de “Concepto legal de productos” se establece en la TRLCU que se considera producto cualquier bien mueble, aún cuando esté unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad.

En cuanto a las materias primas agrarias, ganaderas y de la caza y de la pesca quedan excluidas del ámbito de aplicación siempre y cuando no sean sometidas a un proceso de transformación inicial.

En cuanto a los productos artesanales, sabiendo que debido a su proceso de elaboración personal e individualizada, ajena a la producción mecanizada o en serie, más propensa por tanto a generar riesgos para bienes y personas, quedan también incluidos en el ámbito de responsabilidad.

En cuanto a la sangre y los hemoderivados utilizados con finalidad terapéutica, en tanto son calificados de medicamentos, también son productos y pueden ser defectuosos (ejemplo, la sangre contaminada con un virus).

La calificación de productos defectuosos

Art. 137 TRLCU “1. Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación. 2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie. 3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada”.

Respecto a los defectos de los productos, la doctrina y la jurisprudencia norteamericana han desarrollado la siguiente tipología de defectos (aceptada en Europa):

  • Defecto de fábrica. Se daría cuando el producto no se corresponde con los de su misma serie.

  • Defecto de diseño. Exigiría como factor determinante un fallo en la concepción del producto.

  • Defectos de información. En caso de carencias o informaciones inexactas sobre el consumo, uso o manipulación del producto.

En principio, para calificar el producto como defectuoso, el criterio contenido en el TRLCU se aproxima al referido a las expectativas del consumidor. Es producto defectuoso aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar.

Ámbito subjetivo de aplicación de la responsabilidad por productos: productores y perjudicados

La LPD se caracteriza por plantear la protección de los usuarios con una notoria amplitud, porque se consideran como sujetos protegidos todas las personas que hayan sufrido un daño, sin distinguir si son consumidores o no, profesionales o no, y en sentido antagónico, por reducir drásticamente el elenco de los sujetos responsables porque la figura del responsable se centra fundamentalmente en el fabricante, y a éste se añaden otros responsables por equiparación o analogía, en los supuestos en los que resulta extraordinariamente dificultosa la reclamación frente al fabricante real.

Sujetos responsables: el productor y el equiparable

Art. 138. Concepto legal de productor “1. A los efectos de este capítulo es productor, además del definido en el art. 5, el fabricante o importador en la UE de: a) Un producto terminado, b) Cualquier elemento integrado en un producto terminado; y, c) Una materia prima. 2. Si el productor no puede ser identificado, será considerado como tal el proveedor del producto, a menos que, dentro del plazo de 3 meses, indique al dañado o perjudicado la identidad del productor o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto. La misma regla será de aplicación en el caso de un producto importado, si el producto no indica el nombre del importador, aun cuando se indique el nombre del fabricante”.

El sujeto responsable por excelencia es el productor o fabricante real, con indiferencia de cuál sea la modalidad productiva a la que se dedique; productos terminados o manufacturados, elementos integrantes o componentes que se incorporan.

Se considera responsable ante todo al fabricante, por un lado, porque el fabricante del producto es quien está en mejores condiciones para controlar y verificar el proceso productivo y por tanto, es quien puede evitar la introducción en el mercado de productos potencialmente dañinos, y por otro, porque de cara al aseguramiento del riesgo, igualmente es el sujeto idóneo para contratar el seguro pertinente al mejor precio, y para llevar a efecto la dispersión del riesgo a través del precio del producto final. Además del fabricante real aparecen una serie de sujetos equiparados al productor, aunque en realidad son meros distribuidores.

El fabricante o productor aparente es quien se presenta en el mercado como fabricante sin serlo en realidad. Se le considera responsable porque con ese modo de actuación se constituye en introductor del producto en el mercado, y por tanto, debiera ser garante del mismo (ejemplo, productos con marca del establecimiento distribuidor, en el caso de grandes superficies). También se equipara al productor el importador comunitario. La responsabilidad se impone aquí a un distribuidor, para facilitar la reparación del daño y evitar que el perjudicado quede sometido a regímenes jurídicos menos protectores.

Por último, de manera excepcional, la equiparación puede alcanzar al distribuidor en sentido estricto. La LCU sí consideraba responsable el distribuidor, pero la TRLCU considera que en principio no se puede responsabilizar al distribuidor, ya que su tarea simplemente distribuidora no propicia la manipulación o alteración del producto.

Sujetos protegidos: perjudicados y consumidores

La LPD no protege sólo a los consumidores y usuarios, sino que sus disposiciones atienden también a la eventualidad de que cualesquiera personas se vean dañadas a consecuencia de la utilización o uso de productos defectuosos. En la Exposición de motivos dice “Los sujetos protegidos son, en general los perjudicados por el producto defectuoso, con independencia de que tengan o no la condición de consumidores en sentido estricto”. Así, la Ley parte de un principio universalista, en virtud del cual debe protegerse a todo sujeto perjudicado, aunque su art. 10.1 establece una clara distinción entre la reparación de los daños personales y los materiales.

Se distingue entre daños personales y daños materiales

Los daños personales, consistentes en la muerte y/o las lesiones corporales habrán de ser tenidos en cuenta y resarcidos a favor de cualquier persona, sea consumidor o no.

Respecto de la reparación de los daños materiales, en cambio, se establecen dos requisitos:

  1. Un requisito de carácter objetivo: que la cosa dañada se halle objetivamente destinada al uso o consumo privados.

  2. Y un requisito subjetivo: que la cosa dañada haya sido utilizada principalmente por el perjudicado (art. 129.1 TRLCU).

La razón de este doble requisito es que la protección respecto a los daños materiales queda reservada exclusivamente a los consumidores/destinatarios finales de los bienes.

Causas de exoneración o inimputabilidad

La LPD enumere lo que denomina causas de exoneración de la responsabilidad, y que pueden considerarse también como causas de falta de imputación. La exoneración está referida a la ruptura de la relación de causalidad entre el defecto o el daño.

Por el contrario, es establecen otros supuesto en los cuales, a pesar de cumplirse la relación de causalidad entre el producto defectuoso y el daño, el legislador decide, por criterios de justicia, no imputar la responsabilidad al sujeto que en principio sería responsable por su relación con el producto.

La TRLCU prevé en su art. 140 una serie de causas de exoneración o inimputabilidad, debiéndose tener en cuenta que cada una de estas circunstancias debe ser probada por el productor o importador, sin que pueden ser nunca presumidas: “1. El productor no será responsable si prueba: a) Que no había puesto en circulación el producto, b) Que dadas las circunstancias del caso es posible presumir que el defecto no existía en el momento en que se puso en circulación el producto, c) Que el producto no había sido fabricado para la venta o cualquier otra forma de distribución con finalidad económica, ni fabricado, importado, suministrado o distribuido en el marco de una actividad profesional o empresarial, d) Que el defecto se debió a que el producto fue elaborado conforme a normas imperativas existentes; y, e) Que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto. 2. El productor de una parte integrante de un producto terminado no será responsable si prueba que el defecto es imputable a la concepción del producto al que ha sido incorporado o a las instrucciones dadas por el fabricante de ese producto.

La reparación del daño

La obligación indemnizatoria nacida de la responsabilidad por productos no se sujeta al llamado principio de resarcimiento integral, según el cual es sujeto responsable deberá indemnizar todos los daños que sean objetivamente imputables a su conducta o actividad, tanto el daño patrimonial como el moral, el daño emergente y el lucro cesante.

La consecuencia inmediata de ello es que los daños no cubiertos pasan a caer bajo el ámbito de aplicación de las normas generales de la responsabilidad civil, como establece el art. 128.2 TRLCU “Las acciones reconocidas en este libro no afectan a otros derechos que el perjudicado pueda tener a ser indemnizado por daños y perjuicios, incluidos los morales, como consecuencia de la responsabilidad contractual, fundada en la falta de conformidad de los bienes o servicios o en cualquier otra causa de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, o de la responsabilidad extracontractual a que hubiere lugar.

Daños Personales

Respecto de los daños personales, la protección abarca a todo tipo de sujetos perjudicados, sean consumidores o no. Con la salvedad de los daños morales, remitidos expresamente a la legislación civil general, la reparación comprende tanto el dañó emergente como el lucro cesante.

Ni la Ley ni la Directiva resuelven el problema de la titularidad de las indemnizaciones en caso de muerte, pero aplicando la doctrina y jurisprudencia, están legitimados, por derecho propio, quienes hayan sufrido personalmente los perjuicios por el fallecimiento (criterio de la dependencia económica o de los lazos afectivos).

Límite de responsabilidad. La responsabilidad civil global del productor por muerte y lesiones personales causadas por productos idénticos que presenten el mismo defecto tendrá como límite la cuantía de 63 millones de euros.

Daños materiales

En cuanto a daños patrimoniales la cobertura es mucho más reducida. No quedan comprendidos los daños causados al propio producto defectuoso, afirma el art. 142 TRLCU “Los daños materiales en el propio producto no serán indemnizables conforme a lo dispuesto en este capítulo, tales daños darán derecho al perjudicado a ser indemnizado conforme a la legislación civil y mercantil”.

Finalmente se establece en el art. 141 TRLCU un límite de responsabilidad por daños materiales una franquicia de 360,66 euros ¿se trata de una franquicia simple o absoluta?

Daños morales: remisión

Los daños morales están excluidos del ámbito de aplicación de la LPD, tanto en relación con los daños personales como con los materiales. Expresamente se realiza una remisión a la legislación civil general.

Cláusulas exonerativas de la responsabilidad

El art. 130 TRLCU declara la ineficacia de las cláusulas contractuales de exoneración o limitación de la responsabilidad por productos.

La intervención de tercero

El art. 133 desarrolla el supuesto de la intervención de un tercero en la producción del daño “La responsabilidad prevista en este libro no se reducirá cuando el daño sea causado conjuntamente por un defecto del bien o servicio y por la intervención de un tercero. No obstante, el sujeto responsable que hubiera satisfecho la indemnización podrá reclamar al tercero la parte que corresponda a su intervención en la producción del daño.” En protección del perjudicado, no hay liberación de responsabilidad directa del fabricante o importador por la colaboración de un tercero en la producción del daño, pero sí que se produce la liberación indirecta parcial al reconocerse un derecho de repetición frente a ese tercero. Por supuesto que habría liberación de responsabilidad del fabricante si el único culpable fuese el tercero, aquí procedería la aplicación de las reglas generales de la responsabilidad civil.

La culpa del perjudicad

El art. 145 TRLCU relativo a la culpa del perjudicado, sí libera, parcial o totalmente, pero de manera indirecta al responsable según la Ley “La responsabilidad prevista en este capítulo podrá reducirse o suprimirse en función de las circunstancias del caso, si el daño causado fuera debido conjuntamente a un defecto del producto y a culpa del perjudicado o de una persona de la que éste deba responder civilmente.”

La norma recoge tanto el supuesto de culpa exclusiva de la víctima como de concurrencia de culpas. En el primer caso, cabe la supresión de la responsabilidad del fabricante o importador; en la concurrencia de culpas se produce una reducción de la cuantía de la indemnización.

Plazos de ejercicio de las acciones

Extinción de la responsabilidad. TRLCU art. 144. “Los derechos reconocidos al perjudicado en este capítulo se extinguirán transcurridos 10 años, a contar desde la fecha en que se hubiera puesto en circulación el producto concreto causante del daño, a menos que, durante ese período, se hubiese iniciado la correspondiente reclamación judicial”.

Para muchos autores la norma permite la circulación en el mercado de productos con potencial dañino sin estar sujetos a la Ley. A favor de ella, se han alegado razones de asegurabilidad, de distanciamiento entre la producción y el daño.

Prescripción de la acción, art. 143 “1. La acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en este capítulo prescribirá a los 3 años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio. La acción del que hubiese satisfecho la indemnización contra todos los demás responsables del daño prescribirá al año, a contar desde el día del pago de la indemnización. 2. La interrupción de la prescripción se rige por lo establecido en el CC”.

Los daños causados por otros bienes y servicios

Criterios de imputación de responsabilidad

Régimen general de responsabilidad, art. 147 “Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio”.

Régimen especial de responsabilidad, art. 148 “Se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor y usuario. En todo caso, se consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los servicios sanitarios, los de reparación y mantenimiento de electrodomésticos, ascensores y vehículos de motor, servicios de rehabilitación y reparación de viviendas, servicios de revisión, instalación o similares de gas y electricidad y los relativos a medios de transporte. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las responsabilidades derivadas de este artículo tendrán como límite la cuantía de 3.005.060,52 euros.”

En este caso el criterio de imputación de la responsabilidad es un criterio objetivo por la simple producción del daño, no es posible la liberación por el comportamiento diligente del empresario, salvo mediante la aplicación de la cláusula general de exoneración de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

Indemnización y límite indemnizatorio

Art. 148 “Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las responsabilidades derivadas de este artículo tendrán como límite la cuantía de 3.005.060,52 euros.” En cuanto al objeto de la indemnización, las normas aquí comentadas a diferencia de las que regulan la responsabilidad por productos, no establecen ninguna limitación al respecto, por tanto, caben aquí todos los daños que el consumo o uso le ocasione al consumidor o usuario, daños corporales, materiales y morales, y tanto daño emergente como lucro cesante, así como el deterioro del propio bien defectuoso.

Prescripción de la acción de reparación

Ni en la LCU ni en la TRLCU se establece un plazo de prescripción para el ejercicio de la acción judicial, generando así la consiguiente discusión entre los valedores del plazo anual (art. 1968.2 CC), y los defensores del plazo quindenial (art. 1.964 CC). El primero demasiado corto y el segundo demasiado largo.

Recapitulación: la regulación general del CC

Después de la promulgación de las leyes especiales sobre responsabilidad civil del fabricante o responsabilidad por productos (LCU y LPD), el régimen general del CC ha de asumir una función supletoria, que se desarrolla en dos facetas de extraordinaria importancia; de un lado, permitiendo la satisfacción del principio de reparación íntegra, limitado ciertamente en los regímenes especiales; y por otro lado, dando cobijo a los supuestos excluidos de los ámbitos de aplicación de las Leyes de consumidores y productos defectuosos.

El mantenimiento de la importancia del principio de íntegra reparación del daño se manifiesta especialmente en relación con la responsabilidad por productos. Así sucede con los daños causados en el propio producto defectuoso; con los daños en bienes no destinados al consumo y usados preferentemente para este fin; con los daños materiales inferiores a € 390,66; respecto de los daños morales en general, y finalmente en relación con los eventuales daños personales que superen el límite de los 63 millones de euros contemplado para la responsabilidad por productos.

Por lo que se refiere a la LCU y la TRLCU, el régimen del CC sirve fundamentalmente para conseguir la íntegra reparación de los daños sufridos, superando el límite indemnizatorio de 3 millones de euros establecido en la LCU y la TRLCU.

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