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15. El acceso de los consumidores a la Justicia


Introducción

Cualquier consumidor en defensa de sus derechos e intereses, puede dirigirse a la Administración de Justicia, a través de los procedimientos judiciales previstos en la legislación. Sin embargo, dicha vía se ha presentado claramente insuficiente en las últimas décadas, al ponerse de manifiesto que el entendimiento tradicional del proceso civil y las reglas aplicables, que presuponían la actuación individual y concreta de una persona determinada eran claramente insuficientes.

Por ello, con la utilización de la expresión de acceso de los consumidores a la justicia, se pretende hacer referencia a la superación del esquema clásico del proceso civil y a la desembocadura de acciones colectivas que pudieran ser ejercitadas por los consumidores y usuarios en cuanto grupo y, por las organizaciones y asociaciones nacidas para procurar la defensa de sus intereses.

Hitos europeos en el acceso de los consumidores a la Justicia

Las dos últimas décadas del siglo XX se han caracterizado en la UE por haber desplegado una serie de instrumentos que, en un tiempo récord, han culminado en el reconocimiento de las acciones colectivas a favor de consumidores y usuarios.

Tales iniciativas, desarrollado fundamentalmente por el Comité Económico y Social, culminaron en 1993 en el Libro Verde sobre acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo. Dicho Libro puso de manifiesto la necesidad comúnmente sentida en el conjunto de ordenamientos nacionales, de procurar procedimientos rápidos, baratos y eficaces y sobre todo la necesidad de que las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios pudieran actuar en defensa de los intereses generales.

En base a ello, se ha aprobado de la Directiva 98/27/CE “relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores”, que abre decididamente el camino de la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios.

La legislación española

La evolución y desarrollo de nuestra legislación interna, se ha ido produciendo de la mano del propio desarrollo normativo de la UE.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

El arranque inicial del acceso de los consumidores a la justicia partió de la LCU de forma algo imprecisa, pues en su art. 20.1 establece que las asociaciones de consumidores, entre otras finalidades “pueden representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales de los consumidores y usuarios”. Así la LDCU se caracteriza por una triada de posibilidades:

  1. Ejercicio de acciones en defensa de los asociados. Se trata de una legitimación por sustitución o representación, por cuanto la asociación no alega y defiende sus propios intereses, sino el derecho o interés individual de uno o varios de sus asociados, quienes se dirigirán a ella para que actúe en su nombre.

  2. Ejercicio de acciones en defensa de la asociación. Se trata de que la asociación actúe procesalmente en defensa de sus propios intereses y derechos. En tal caso, la asociación actuará conforme a sus propias reglas y los derechos, intereses o expectativas que legítimamente crea tener, sea frente a terceras personas, sea frente a sus propios asociados.

  3. Ejercicio de las acciones colectivas. Aquí nos referimos a las acciones ejercitadas por la asociación “en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial

La LOPJ 6/1985 estable en su art. 7.3 que “Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión” “se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción”.

Esto es, se dio entrada formal y concreta en nuestro ordenamiento a la protección de los intereses difusos o colectivos, superando la visión individual del anterior paradigma del proceso. Así pues, junto con las personas jurídicas propiamente dichas (asociaciones y corporaciones) se otorga también legitimación a los “grupos sin personalidad”, lo cual representó unas posibilidades de actuación para los consumidores y usuarios que, algunas décadas antes, resultaban absolutamente impensables.

Abierta la nueva vía con carácter general, la legitimación colectiva se siguió abriendo paso en otras disposiciones legislativas.

La Ley General de Publicidad

Una vez abierta la nueva vía con carácter general, no es extraño que la legitimación colectiva se siga abriendo paso enseguida en otras disposiciones legislativas. La primera de ellas es la Ley 34/1988 General de Publicidad, en su art. 25 otorga el derecho a cualquier persona física o jurídica o asociaciones de consumidores, que resultan afectados, y en general, quienes tengan un derecho o interés legítimo, a solicitar del anunciante la cesación o rectificación de la publicidad ilícita.

La Ley de Competencia

La Ley 3/1991 de Competencia, en el ámbito de la competencia desleal, la actuación o legitimación colectiva de las asociaciones de consumidores. Art. 18 “contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones:

  • Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.

  • Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica.

  • Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.

  • Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

  • Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

  • Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico”.

La Ley de Condiciones Generales de la Contratación

La Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación distingue entre acciones individuales y colectivas.

Acciones individuales

La LCGC sanciona con nulidad las cláusulas generales no ajustadas a la Ley y determina la ineficacia por no incorporación de las cláusulas que no reúnen los requisitos exigidos para que puedan ser incorporados al contrato. Esta nulidad, al igual que la contravención de cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, podrá ser invocada, en su caso, por los contratantes conforme a las reglas de la nulidad contractual, sin que puedan confundirse tales acciones individuales con las acciones colectivas de cesación o retractación reconocidas con carácter general a las entidades o corporaciones legitimadas para ello en el capítulo IV y que tienen un breve plazo de prescripción.

Acciones colectivas

Están encaminadas a impedir la utilización de condiciones generales que sean contrarias a la Ley, como pueden ser:

  • La acción de cesación, dirigida a impedir la utilización de tales condiciones generales.

  • La acción de retractación, dirigida a prohibir y retractarse de su recomendación, siempre que en algún momento haya sido efectivamente utilizadas, y que permite actuar no sólo frente al disponente que utilice condiciones generales nulas, sino también frente a las organizaciones que las recomiendan.

  • La acción declarativa, dirigida a reconocer su cualidad de condición general e instar la inscripción de las mismas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar las acciones individuales de nulidad conforme a las reglas comunes de nulidad contractual o la de no incorporación de determinadas cláusulas generales.

La Ley de Enjuiciamiento Civil

La LEC 1/2000 ha venido a modificar el texto originario de los artículos relativos a las acciones colectivas, da carta de naturaleza a dichas acciones en cuanto mecanismo de protección de los intereses colectivos o difusos, barriendo buena parte de los preceptos a ellas dedicados en la LCGC.

La Ley 39/2002

Finalmente tiene una extraordinaria importancia la Ley 39/2002 de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, pues viene a modificar la siguiente tríada legislativa:

  1. La LEC 2000

  2. La LCGC

  3. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Además de:

  • La Ley 26/1991 sobre Contratos celebrados Fuera de los Establecimientos Mercantiles

  • La Ley 21/1995 Reguladora de Viajes Combinados.

  • La Ley 42/1988 sobre Derechos de Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.

  • La Ley 34/1988 de General de Publicidad.

  • La Ley 7/1995 de Crédito al Consumo.

El Texto Refundido de la LCU

Finalmente, la Ley 44/2006 de Mejora de la Protección de los Consumidores, debemos considerar la promulgación del RDL 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCU.

Las acciones colectivas

La acción de cesación

La acción de cesación, en la LCGC se encontraba dirigida, en lo fundamental, a luchar contra las estipulaciones y condiciones generales que hayan sido declaradas nulas (art. 12.2), pero en la actualidad su sentido y funcionalidad propios se ha expandido generosamente, por obra de varias Directivas, sobre todo, por su transposición a través de la Ley 39/2002.

Esta última Ley ha incorporado a la LCU una nueva Disposición Adicional 3ª intitulada “acciones de cesación” como mecanismo de protección de los intereses colectivos de manera general, y no sólo frente a las condiciones generales de contratación.

Por su parte, la TRLCU en su art. 53.1 dice “La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizada al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato”.

La acción de retractación

Conforme a la redacción del art. 12.3 de la LCGC por la nueva LEC “La acción de retractación tendrá por objeto obtener una sentencia que declare e imponga al demandado, sea o no el predisponente, el deber de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas, y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro”.

La acción declarativa

La acción declarativa “se dirigirá a obtener una sentencia que reconozca una cláusula como condición general de la contratación y ordene su inscripción cuando ésta proceda, conforme a lo previsto en el art. 11.2” (art. 12.4 LCGC).

Normas procesales

Actualmente, la acción en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios se ventilará en juicio verbal (art. 250.1.12º LEC). Todas las restantes acciones colectivas consideradas se decidirán en juicio ordinario contemplado en el art. 250 LEC.

La legitimación activa en relación con las acciones colectivas, regulada en el art. 16 LCGC, ha sido objeto de nueva redacción por parte de la Ley 39/2002, ésta igualmente a modificado el art. 19 LCGC, regulador de la prescripción de las acciones colectivas, en el sentido de establecer tendencialmente la imprescriptibilidad de los tres grupos de acciones consideradas, si bien dicha regla se rompe en relación con la acción de cesación y la acción de retractación, atendiendo a la circunstancia de que las condiciones generales de la contratación hayan sido objeto de depósito e inscripción en el Registro General de Condiciones Generales de la Contratación, pues en tal caso el plazo prescripción se reduce a 5 años, como regla general. La TRLCU, por su parte, mantiene dicha imprescriptibilidad.

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