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16. El sistema arbitral de consumo

Introducción

La institución del arbitraje es un mecanismo de resolución de litigios o conflictos que los interesados en ellos, de común acuerdo, excluyen del conocimiento de los Jueces y los Tribunales de justicia, por razones de operatividad y rapidez en la decisión. Así, en lugar de existir un auto o sentencia que ponga fin a un procedimiento judicial, existirá una resolución arbitral, llamado laudo, que pone fin al litigio. Cabe afirmar que, voluntariamente, se sustituye la “tutela judicial” por una “justicia privada”.

Regulación normativa

Con carácter general, el arbitraje se encuentra regulado en la Ley de Arbitraje 36/1988. El arbitraje tiene una gran importancia como mecanismo de resolución de conflictos jurídicos en la sociedad actual, y no sólo por su generalizada aplicación en cuestiones de trascendencia económica, sino también por ser aplicado en el ámbito de los consumidores y usuarios.

Por ello, constituyó un acierto de la LCU recurrir al arbitraje, donde según la redacción originaria de su art. 31.1, se establecía el criterio de que el arbitraje siguiera pautas de sencillez y facilidad procedimental (“sin formalidades especiales”), excluyéndose su aplicación en aquellos supuestos particularmente problemáticos y de gravedad (en los que haya de aplicarse el Código Penal o exista un atentado contra la vida o integridad física de las personas).

Otros aspectos de interés regulados por el citado art. 31 de la LCU son:

  • Establece que “el sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.

  • Que “los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las AAPP dentro del ámbito de sus competencias”.

Estas previsiones de la LCU se han mantenido con ligerísimas variantes en la TRLCU, y completadas por otras, en las dos primeras disposiciones adicionales de la Ley 36/1988, y la Ley 60/2003:

  • La primera estableció, que la Ley General sobre el Arbitraje sería de aplicación supletoria al sistema arbitral de consumo, que será gratuito, y que el laudo no tendría por qué elevarse a documento público.

  • La Disposición adicional 2ª delegó en el Gobierno el desarrollo reglamentario del sistema arbitral de consumo; y en su cumplimiento, se promulgó el RD 636/1993 por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

Características del sistema arbitral de consumo

Las notas características del sistema arbitral de consumo son las siguientes:

  • Carácter voluntario. Al igual que ocurre en la Ley General de Arbitraje, en el caso de Arbitraje de Consumo, el sometimiento a arbitraje es de naturaleza voluntaria, lo que ha de constar expresamente por escrito, haciendo la TRLCU una expresa referencia a los medios electrónicos.

  • Carácter vinculante y ejecutivo. Siguiendo también las pautas generales de la Ley de Arbitraje, el art. 11.1 de la Ley 60/2003 establece que el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje “el laudo tendrá carácter vinculante y producirá efectos idénticos a la cosa juzgada”.

  • Simplicidad. Prevé la LCU que el sistema arbitral de consumo debe estar presidido por la idea de simplicidad procedimental, así como por la rapidez en la preparación del laudo, que como máximo, deberá ser dictado en el plazo de 4 meses, a contar desde la designación del colegio arbitral.

  • Gratuidad. Atendiendo a la necesidad de fomentar la protección y defensa de consumidores y usuarios, las disposiciones legales del sistema arbitral de consumo, han resaltado su gratuidad, tanto para los suministradores de bienes y servicios o empresarios, cuanto para los propios consumidores.

Ámbito de aplicación

Dispone el art. 2 del RD 636/1993 “No podrán ser objeto de arbitraje de consumo las siguientes cuestiones:

  • Aquellas sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución.

  • Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición.

  • Las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, deba intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos.

  • Aquellas en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito”.

Las Juntas Arbitrales de Consumo RD 636/1993

Art. 3 “1. Se constituye una Junta Arbitral de Consumo de ámbito nacional, adscrita al Instituto Nacional del Consumo, que conocerá, exclusivamente, de las solicitudes de arbitraje presentadas a través de las asociaciones de consumidores y usuarios cuyo ámbito territorial exceda de una comunidad autónoma, por los consumidores y usuarios que estén afectados por controversias que superen asimismo dicho ámbito. 2. Las Juntas Arbitrales de Consumo, de ámbito municipal, de mancomunidad de municipios, provincial y autonómico, se establecerán por la Administración General del Estado mediante acuerdos suscritos a través del Instituto Nacional del Consumo, con las correspondientes Administraciones públicas”. Siendo el ámbito competencial de los distintos tipos de Juntas Arbitrales de Consumo el correspondiente al ámbito territorial de la propia controversia en litigio.

Composición

Las Juntas Arbitrales de Consumo son organismos administrativos de distinto ámbito territorial, integrados en la correspondiente Administración Pública y, dependiente de ella a todos los efectos. Están compuestas por un Presidente y un Secretario, cargos que recaen en personal al servicio de las AAPP y que son designados por la Administración de la que dependa, publicándose su nombramiento en el Diario Oficial correspondiente.

Funciones

Art. 4. Las Juntas Arbitrales de Consumo desempeñarán las siguientes funciones: a) El fomento y la formalización de convenios arbitrales, entre consumidores y usuarios y quienes produzcan, importen o suministren o les faciliten bienes o servicios, b) Actuaciones de mediación respecto de las controversias derivadas de las quejas o reclamaciones de consumidores y usuarios, c) Confeccionar y actualizar el censo de las empresas que hayan realizado las ofertas públicas de adhesión al sistema arbitral de consumo, en su ámbito territorial, con expresión del ámbito de la oferta. Este censo será público; y, d) La elaboración y puesta a disposición de los interesados de los modelos de convenio arbitral, en los que se reflejarán las cuestiones que no puedan ser sometidas al sistema arbitral de consumo.

Formalización del convenio arbitral

El RD 636/1993 regula la formalización del convenio arbitral partiendo de la base de que el demandante es siempre el consumidor y, el empresario o suministrador de bienes y servicios es el demandado.

Según el art. 5 del RD 636/1993 “los consumidores y usuarios presentarán personalmente o a través de asociaciones de consumidores y usuarios, las solicitudes de arbitraje, ante la Junta Arbitral de Consumo que corresponda, por escrito o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que se garantice su autenticidad”.

Solicitado el arbitraje por el consumidor, la Junta Arbitral de Consumo receptora, en cuanto dinamizadora del proceso arbitral, debe notificarla al demandado, que puede encontrarse en una de las siguientes situaciones:

  • Puede encontrarse adherida o, voluntariamente sometida al sistema arbitral de consumo, en cuyo caso, seguirá adelante el procedimiento arbitral, pues se entiende que el reclamado es conforme con que el convenio arbitral quedará formalizado con la presentación de la solicitud de arbitraje por el reclamante, siempre que dicha solicitud coincida con el ámbito de la oferta.

  • En cualquier otro caso, la Junta Arbitral de Consumo notificará la solicitud de arbitraje al reclamado, que deberá aceptarla o rechazarla por escrito o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde su recepción. Si el reclamado no contestase en dicho plazo, la Junta Arbitral de Consumo ordenará el archivo de las actuaciones, notificándolo al reclamante, quedando expedita la vía de la jurisdicción ordinaria.

Procederá igualmente la vía judicial cuando, por tratarse de algunas de las cuestiones excluidas del sistema arbitral de consumo, art. 2.2 del RD 636/1993, en dicho caso el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo competente declarará el archivo de la correspondiente solicitud, que habrá de notificar a los interesados.

Procedimiento arbitral

Art. 10. 1. El procedimiento arbitral de consumo comenzará con la designación del colegio arbitral, ajustándose en todo caso a lo dispuesto en este RD 636/1993, con sujeción a los principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad. 2. Las partes podrán actuar por sí o debidamente representadas. El colegio arbitral apreciará en este caso la suficiencia de la representación. 3. La inactividad de las partes en el procedimiento arbitral de consumo no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de eficacia.

El Colegio Arbitral

Los árbitros en la Ley de Arbitraje

Con carácter general, el título III de la Ley de la Ley de Arbitraje, 36/1988, (Art. 12 a 20), está dedicado íntegramente a la regulación de los árbitros, personas naturales que se hallen, desde su aceptación, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, que simultáneamente no “ejerzan funciones públicas retribuidas por arancel, ni sean Jueces, Magistrados y Fiscales en activo.

Además, en caso de tratarse de arbitraje de Derecho es requisito complementario que los árbitros sean Abogados en ejercicio.

Se habla de árbitros, en plural, porque el colegio arbitral se encuentra compuesto por tres personas, designadas una por cada una de las partes y la tercera por consenso de ambas. Sin embargo, la exigencia legal es únicamente que el número de árbitros debe ser impar; por tanto, con la Ley en la mano, cabe designar un árbitro único o un colegio arbitral más amplio. No obstante, la Ley establece como regla supletoria que “a falta de acuerdo, los árbitros serán tres”.

El Colegio Arbitral de Consumo

La regla supletoria de la Ley de Arbitraje de que los árbitros sean tres, es de obligado cumplimiento conforme al RD 636/1993, uno en representación de los consumidores, otro en representación de los sectores y finalmente, el Presidente del colegio arbitral. Y serán designados del siguiente modo:

  • Como regla general “el Presidente será designado por la Junta Arbitral, entre personal al servicio de las AAPP, licenciados en Derecho, previamente nombrado al efecto por la Administración de la que dependa dicha Junta”; asumiendo así la Administración el papel mediador en el arbitraje. Además, para los supuestos en que las partes decidieran que el laudo se dictara conforme a derecho y no en equidad, “los miembros del colegio arbitral deberán ser abogados en ejercicio, salvo el Presidente designado según lo previsto con anterioridad”.

  • Resulta posible que la facultad de designar al Presidente del colegio recaiga en las partes, cuando éstas lo soliciten de mutuo acuerdo, atendiendo a la especialidad del objeto de la reclamación. La solicitud, será resuelta no obstante por el Presidente de la Junta Arbitral.

  • Para los casos en que la reclamación se dirija contra una entidad pública vinculada a la Administración pública de la que dependa la Junta Arbitral, las partes podrán elegir de mutuo acuerdo al Presidente del colegio arbitral, pudiendo tratarse en este caso de una persona ajena a la Administración pública.

La designación de representantes de los consumidores se efectuará de la forma siguiente: Cuando la reclamación se formule a través de una organización de consumidores, el representante será el designado por la misma. Si se presenta directamente en la Junta Arbitral, la designación se hará de oficio entre los representantes propuestos previamente por las asociaciones de consumidores y usuarios.

El representante de los sectores empresariales será el designado por éstos en la Junta Arbitral, cuando el reclamado forme parte de una organización adherida al sistema arbitral. En los demás casos, lo será el designado de oficio entre los propuestos previamente por las organizaciones empresariales que se hayan adherido a la misma.

Las reglas procedimentales

Nombrados los árbitros, el colegio arbitral se completará con el Secretario de la Junta Arbitral de Consumo, quien actuará como tal también en el colegio arbitral, con voz pero sin voto, facilitando el oportuno soporte administrativo y siendo el responsable de las notificaciones.

Constituido el colegio arbitral, tras haber manifestado los árbitros la aceptación del cargo, comenzará el procedimiento arbitral propiamente dicho, que es sumamente sencillo y privado, y en el plazo máximo de 3 meses, los árbitros darán audiencia a las partes. La audiencia podrá realizarse verbalmente o por escrito, pudiendo las partes presentar los documentos y hacer las alegaciones que consideren necesarias para la mejor defensa de sus derechos, de manera tal que los árbitros puedan de las respectivas pretensiones de las partes, intentar la conciliación entre ellas, y, en caso negativo, comenzar a formular el enjuiciamiento de las cuestiones controvertidas.

Tras la fase alegatoria, se entra en período probatorio. El colegio arbitral acordará la práctica de las pruebas pertinentes, citando para ello a las partes, las cuales podrán intervenir por sí mismas o debidamente representadas. Las pruebas pueden ser acordada por el colegio arbitral o practicadas a instancia de parte:

  • Las acordadas de oficio serán costeadas por la Administración de la que dependa la Junta de Consumo, en función de sus disponibilidades presupuestarias.

  • Los gastos ocasionados por las pruebas practicadas a instancia de parte serán sufragados por quienes las propongan y las comunes por mitad, salvo que el colegio arbitral aprecie, en el laudo, mala fe en alguna de las partes, en cuyo caso podrá distribuir en distinta forma el pago de los mismos.

Concluida la fase probatoria y practicadas las pruebas, comienza la fase decisoria, que culminará cuando el colegio arbitral dicte el correspondiente laudo, pero si los árbitros lo consideran conveniente, antes de entrar en la fase decisoria, pueden acordar la convocatoria de las partes para oírlas nuevamente.

El laudo arbitral

Una vez concluido el procedimiento arbitral, los árbitros ponen fin a la controversia sometida a su conocimiento mediante una decisión que recibe el nombre de laudo, que tiene el mismo valor y eficacia que una sentencia, produciendo por tanto efectos de cosa juzgada (art. 37 de la Ley de Arbitraje y el art. 17.1 del RD 636/1993).

RD 636/1993, art. 16.1, el laudo deberá dictarse por escrito, expresará al menos:

  • Lugar y fecha en que se dicte.

  • Nombres y apellidos de los árbitros y de las partes o, en su caso, razón social.

  • Los puntos controvertidos objeto del arbitraje.

  • Relación sucinta de las alegaciones formuladas por las partes.

  • Las pruebas practicadas, si las hubiere.

  • La decisión sobre cada uno de los puntos controvertidos.

  • El plazo o término en que se deberá cumplir lo acordado en el laudo.

  • El voto de la mayoría y el voto disidente, si lo hubiere.

  • La firma de los árbitros.

El RD 636/1993 establece que “El laudo arbitral deberá dictarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la designación del colegio arbitral”. El plazo establecido, tiene carácter preclusivo, salvo que antes de haber expirado las partes concedieran a los árbitros una prórroga. Por otro lado, su transcurso sin haberse dictado el laudo determina, aparte de la responsabilidad de los árbitros, la absoluta ineficacia del convenio arbitral, dejando expedita la vía judicial.

En relación con la “notificación, corrección y aclaración de términos, así como la anulación y ejecución de los laudos” establece el artículo el Real Decreto 636/1993 que se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Arbitraje.

Recursos contra el laudo

Dictado, el laudo arbitral vincula y sujeta a las partes a la propia decisión de haber sometido sus controversias al procedimiento arbitral. Ello restringe al máximo las posibilidades de impugnación del laudo, otorgando a las partes únicamente dos recursos posibles: el recurso de anulación del laudo y el recurso de revisión.

Recurso de anulación del laudo

Habrá de ser interpuesto ante la Audiencia Provincial del lugar donde se hubiera dictado el laudo, dentro del plazo de los 10 días siguientes a la notificación de aquél, exponiéndose en el escrito los fundamentos que sirvan para apoyar el motivo de anulación invocado y proponiéndose la prueba que sea necesaria. La Ley plantea dicho recurso como un procedimiento sumario y establece, para evitar la continua litigiosidad sobre la validez o posible anulación del laudo, que contra la sentencia finalmente dictada por la Audiencia provincial “no cabrá ulterior recurso”. Las causas de anulación, art. 45 LA son:

  • Cuando el convenio arbitral fuese nulo.

  • Cuando no se hayan observado las normas imperativas propias del procedimiento arbitral.

  • Cuando el laudo se hubiere dictado fuera de plazo.

  • Cuando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o que, aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje.

  • Cuando el laudo fuese contrario al orden público.

El carácter taxativo de tales causas es numerus clausus de causas de anulación.

Recurso de revisión

El art. 37 de la Ley otorga igualmente a las partes la posibilidad de entablar el recurso de revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes. En la LEC-2000, el recurso de revisión, claramente excepcional, debe ser planteado ante la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo, por causa de aparición de nuevos documentos de carácter decisivo, fraude o falsedad en la emisión del laudo.

Ejecución del laudo

Una vez dictado, el fallo contenido en el laudo puede ser ejecutado por las partes de forma voluntaria y sin intervención de autoridad jurisdiccional alguna. Si fuere necesario acudir a la ejecución forzosa, las partes podrán obtenerla del Juez de 1ª Instancia del lugar en que aquél hubiere sido dictado, “por los trámites establecidos para la ejecución de sentencias firmes, pues el laudo es un título ejecutivo; no obstante, la Ley prevé ciertas especialidades respecto del proceso de ejecución general.

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