01. El Derecho Internacional Privado

Introducción

Noción general y presupuestos del Derecho Internacional Privado

Noción general

La diversidad de ordenamientos existentes en la Sociedad internacional debe constituir el punto de partida para una noción general del Derecho Internacional Privado.

El Derecho Internacional Privado es aquel sector del ordenamiento español que, mediante su apertura a otros sistemas jurídicos, ofrece una respuesta jurídica a dicho pluralismo. Respuesta consistente en la regulación de aquellos supuestos de la vida jurídica de los particulares que no nacen y agotan sus efectos únicamente dentro de la esfera de nuestro ordenamiento, sino que también están vinculados con la esfera de otro o más ordenamientos extranjeros.

Partiendo de esta noción general hay que examinar dos consecuencias vinculadas con este pluralismo jurídico que constituyen los presupuestos generales que justifican la existencia del Derecho Internacional:

El fraccionamiento del derecho como primer presupuesto jurídico de esta disciplina

La diversidad de ordenamientos es consecuencia de la pluralidad de Estados que coexisten en la Sociedad internacional, pues cada uno de ellos posee un sistema jurídico propio. Aunque esa diversidad también puede existir dentro de un mismo Estado (En España existe un derecho civil general y el de algunas Comunidades Autónomas).

Junto a estos ordenamientos jurídicos con un determinado ámbito territorial, existen las ordenaciones jurídicas de ciertas confesiones religiosas que pueden regular, si lo admite el estado, ciertas relaciones jurídicas (como la celebración del matrimonio).

Desde una perspectiva formal, la primera consecuencia de de este pluralismo es, un fraccionamiento del derecho entre diferentes ordenamientos jurídicos.

Desde una perspectiva sustancial más relevante la segunda consecuencia es que aún cuando los hechos o relaciones regulados por los distintos ordenamientos sean esencialmente los mismos, las soluciones jurídicas a un mismo problema, de uno u otro ordenamiento, son frecuentemente divergentes.

De este modo, cuando los hechos o relaciones de la vida jurídica de los particulares están vinculados con dos o más ordenamientos pueden verse afectados negativamente por la diversidad sustancial del Derecho, lo que requiere que en cada uno de los ordenamientos estatales exista un sector de normas que eliminen estas consecuencias negativas, y estas son las normas de Derecho Internacional Privado.

La internacionalidad de la vida jurídica como segundo presupuesto

La diversidad del Derecho de un Estado a otro no justifica por sí sola la existencia del derecho internacional privado.

Es la actividad jurídica de los particulares, más allá de la esfera de su propio ordenamiento, la que constituye el segundo presupuesto para la existencia del Derecho Internacional Privado.

Pues si dicha actividad no está vinculada con los ordenamientos de dos o más Estados no se podrá producir el riesgo de internacionalidad que surge en las situaciones jurídicamente heterogéneas en cuanto a la determinación del Tribunal que puede tutelar el ejercicio de los derechos, del ordenamiento aplicable al fondo de un litigio y de la ejecución en un Estado extranjero de la sentencia que dicte un Tribunal. Es evidente que hoy día la vida jurídica de los particulares con proyección internacional es mucho más compleja que en el pasado, al igual que la actividad de las empresas.

El objeto del DIPr: los supuestos de tráfico jurídico externo

La extranjería de los supuestos

La existencia de una diversidad de ordenamientos con regulaciones contradictorias y de una actividad de las personas con proyección internacional configuran una peculiar categoría: los supuestos del tráfico externo (que son la materia regulada por las normas del Derecho Internacional Privado) son aquellos supuestos de la vida jurídica que trascienden de la esfera personal y espacial de un determinado ordenamiento y están conectados con uno o varios ordenamientos extranjeros. Una conexión que se establece por la presencia en estos supuestos de uno o más elementos de extranjería.

Las relaciones de tráfico jurídico externo

Para precisar la noción de tráfico jurídico externo es conveniente considerar tres extremos:

  1. Elemento de extranjería. La conexión de supuesto con un ordenamiento extranjero puede producirse bien en atención a las personas que en ellos intervienen (distinta nacionalidad, domicilio, etc.), bien por el objeto de la relación (un inmueble situado en otro Estado) o al lugar donde se produce el hecho (fallecimiento en otro Estado) o se establece la relación (contrato celebrado en el extranjero). Lo que supone, que los elementos o circunstancias de extranjería pueden ser bien personales, relativos al objeto de la relación o al lugar donde se producen los hechos o negocios jurídicos.

  2. El tiempo. Puede modificar la naturaleza de una relación. Pues aún cuando el elemento de extranjería no esté presente en el momento en que se establece, puede surgir en un momento posterior. Como sería el caso, por ejemplo, de dos españoles que celebran el matrimonio en España y aquí fijan su residencia habitual, estableciendo una relación puramente interna, pero puede ocurrir que los dos españoles trasladen años más tarde su residencia habitual a Argentina, donde fallecen dejando una herencia con bienes inmuebles sitos en aquel país.

  3. La intensidad y la internacionalidad de la relación. Respecto a los supuestos de tráfico externo hay que tener presente dos características:

    • El grado de internacionalidad de la relación que puede ser menor o mayor si en ella sólo está presente una única circunstancia o elemento de extranjería o en cambio, varios elementos conectados con ordenamientos extranjeros.

    • Por otro lado la intensidad de estas relaciones, dado que pueden ser sólo ocasionales o duraderas.

Contenido y problemas del DIPr

Introducción

Las relaciones de tráfico jurídico externo están conectadas con dos o más ordenamientos y cuando éstos son los de Estados distintos cabe entender que son relaciones internacionales dado que se proyectan en el marco de la sociedad internacional, lo que suscita la necesidad de que el Derecho internacional privado dé una respuesta jurídica a los diferentes problemas de esas relaciones en atención a esa proyección internacional.

Cabe distinguir, al menos, tres grupos de problemas. De un lado, los relativos al estatuto de las personas en las relaciones privadas internacionales. Nos conduce a la distinción tradicional entre “nacionales” y “extranjeros” respecto a un determinado Estado, en nuestro caso, España. La respuesta se encuentra en el régimen jurídico tanto de la nacionalidad como de la extranjería que ha establecido el legislador, pues sólo a él le corresponde determinar quienes son nacionales y de que derechos pueden gozar los extranjeros en España.

De otro lado, los relativos a la tutela judicial y el ejercicio de los derechos de los particulares en las relaciones privadas internacionales. Dado que los Tribunales de dos o más Estados pueden conocer de los litigios derivados de estas relaciones, hay que determinar si los Tribunales propios poseen o no competencia judicial internacional en una determinada materia y, consiguientemente, si los particulares tienen acceso a la jurisdicción para lograr la tutela judicial de sus derechos.

Cuando se trata de ejercitar un derecho derivado de una relación privada internacional, hay que determinar cuál es el sistema jurídico que debe aplicar el juez es decir, el problema del derecho aplicable.

Si un Tribunal extranjero ha conocido del litigio y ha dictado sentencia, será preciso determinar, para que el ejercicio de los derechos en ella reconocidos sea efectivo en las relaciones privadas internacionales, cual es la eficacia de esa sentencia extranjera en España.

En tercer lugar, el DIPr ha de hacer frente también a los problemas relativos a la tutela judicial y al ejercicio de los derechos de los particulares en las relaciones privadas internacionales. En primer lugar, ha de determinar si los tribunales propios tienen o no competencia judicial internacional para conocer de un supuesto. En segundo término, la presencia de un elemento de extranjería en el proceso determinará la necesidad de adaptar algunas de las normas del proceso en el orden interno. Por último, también le corresponde determinar cuál es la eficacia en España de una resolución extranjera.

Contenido y problemas

Los problemas relativos al estatuto internacional de las personas: nacionalidad y extranjería

Son dos los problemas que suscita el estatuto internacional de las personas en las relaciones privadas internacionales.

La nacionalidad de los españoles

Al ser la nacionalidad el vínculo jurídico que establece la pertenencia de una persona a una determinada comunidad estatal, corresponde a cada Estado determinar quiénes son sus nacionales, ya se trate de personas físicas o jurídicas.

De manera que esa regulación posee un carácter unilateral, pues en el caso de España, su objeto solo es el régimen de la nacionalidad española.

Las normas sobre la nacionalidad regulan los supuestos de adquisición (por nacimiento o con posterioridad), pérdida (voluntaria o como sanción) y recuperación, doble nacionalidad, etc. Esta normativa es aplicable por los jueces y autoridades españolas tanto si uno de estos aspectos es objeto de la pretensión de un particular como en relación con otros problemas.

La condición jurídica de los extranjeros en España

El legislador español regula con carácter unilateral dos grupos de cuestiones de distinto carácter:

  1. Los requisitos que han de cumplirse para la entrada, la permanencia y la salida de los no nacionales del territorio español. Una ordenación de carácter administrativo determina si un extranjero se halla en España en situación regular o irregular, Ley Orgánica 4/2000, modificada por Ley 8/2000).

  2. Los derechos de los que puede ser titular un extranjero en nuestro país (políticos, civiles, laborables, etc.), ya que el legislador puede establecer por ejemplo, la igualdad de trato entre nacionales ye extranjeros en cuanto al disfrute de los derechos civiles, también puede restringir el goce de ciertos derechos por parte de los extranjeros, por ejemplo, condicionándolo a la reciprocidad de trato, o bien exigiendo una autorización previa para que el extranjero pueda realizar determinadas actividades en España (permiso de trabajo) Esta caracterización del régimen de la extranjería debe ser matizada teniendo en cuenta dos datos: Respecto a los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución española, pues el artículo 13.1 reconoce el goce por los extranjeros de tales derechos y libertades; y en relación con las normas de Derecho comunitario, pues pese a que el nacional de los otros Estados miembros de la Unión Europea sea un extranjero para el ordenamiento español, sin embargo ostenta al mismo tiempo la "ciudadanía europea" al igual que los españoles. Lo que configura un status de dichas personas que viene a modificar sensiblemente su condición de extranjero, tanto en lo que respecta a su derecho de entrada y residencia en España, como en lo relativo al ejercicio de los derechos y libertades que el derecho comunitario le atribuye.

La tutela judicial y el ejercicio de los derechos

En este segundo problema que mencionamos en la introducción relativa a los hechos y relaciones privadas internacionales, son tres los problemas cuya regulación corresponde al Derecho Internacional Privado.

En primer lugar, la determinación de la competencia judicial internacional de los órganos jurisdiccionales españoles respecto a los litigios que pueden surgir en las relaciones de tráfico externo. Pues ha de tenerse en cuenta, de un lado, que la vinculación del supuesto con dos o más ordenamientos hace posible que puedan conocer del mismo los órganos jurisdiccionales de dos o mas Estados, pero también, de otro lado, que el ámbito de la jurisdicción estatal no es ilimitado, ni tampoco lo es, en correspondencia, el derecho de acceso de los nacionales y extranjero al proceso para la tutela de sus derechos e intereses legítimos que el art. 24.1 de la CE reconoce. Pues, la jurisdicción se ejerce “según las normas de competencia y procedimiento” establecidas en las leyes.

La extensión y límites de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles se regula en los artículos 21 a 25 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, concretando aquellos litigios derivados del tráfico externo, cuyo conocimiento corresponde a órganos jurisdiccionales españoles.

Esta atribución de competencia se fundamenta, en general, en la existencia de circunstancias objetivas que establecen una vinculación o proximidad de los elementos esenciales del litigio (las partes y su objeto) con la esfera personal o territorial de nuestro ordenamiento. Y también, bajo ciertos límites, en la voluntad de las partes de someter el litigio a los Tribunales españoles.

La ordenación de la competencia judicial por el legislador español es pues, de carácter unilateral, pues sólo establece los supuestos en que los Juzgados y Tribunales españoles pueden conocer de un litigio derivado de relaciones de tráfico externo. De suerte, que si no son competentes, para saber si lo son los de otro estado habrá de estarse a las normas de competencia judicial de éste.

Una ordenación que se lleva a cabo mediante el establecimiento de ciertos criterios o foros de competencia judicial que expresan la vinculación del litigio con el ordenamiento español. Al igual que se ha establecido una ordenación de la competencia judicial en el ámbito de la Comunidad Europea, mediante Reglamentos comunitarios dictados con base en los art. 61 c a 65 del Tratado constitutivo de dicha Comunidad.

Junto a la ordenación de la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles, el legislador ha establecido para los supuestos en que éstos sean competentes, el régimen del proceso con elemento extranjero mediante ciertas previsiones en la LEC.

En los casos en que un acto procesal (práctica de la prueba) debe ser realizado en un Estado extranjero, el legislador ha establecido el régimen de la asistencia o cooperación jurídica internacional.

En segundo lugar, la determinación del derecho aplicable por el Juez para resolver sobre las pretensiones de las partes derivadas de una relación de tráfico externo.

Al estar conectada con dos o más ordenamientos jurídicos, para poder dictar una resolución judicial fundada en Derecho sobre el fondo del litigio, el Derecho internacional privado debe establecer si ha de aplicarse bien el ordenamiento del juez que conoce del mismo o las normas de un Derecho extranjero con el que también está vinculada dicha relación.

Para determinar el Derecho aplicable el legislador pondera los objetivos, los valores jurídicos y los intereses presentes en cada materia. Y tras esta ponderación, establecerá una norma de Derecho internacional privado. De este modo el legislador puede:

  • Utilizar técnicas de localización espacial de la relación mediante “normas de conflicto”, multilaterales o unilaterales, para determinar aquel ordenamiento que posea una proximidad más estrecha con dicha relación.

  • Tener en cuenta objetivos propios del Derecho material, y designar aquel ordenamiento que mejor asegure la protección de los intereses de la parte más débil en la relación.

  • Tener en cuenta elementos externos a la relación pero orientados a la protección de los intereses generales del Estado, como las normas que prohíben la exportación de bienes culturales de España.

  • Permitir, en ciertas materias, que las partes designen el derecho que ha regir su relación.

Por último, el Derecho internacional privado regula el reconocimiento y ejecución en España de las resoluciones judiciales extranjeras. La tutela judicial, para ser efectiva, requiere que las sentencias y demás resoluciones judiciales se cumplan en sus propios términos. Ahora bien, si la resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional español despliega efectos jurídicos en España (cosa juzgada en sentido formal y material y fuerza ejecutiva), cuando se trata de la dictada por el Tribunal de otro Estado esta resolución, por ser el acto de una autoridad extranjera, no producirá por si mismo esos efectos en nuestro país. Para que la resolución extranjera tenga eficacia en España será necesario, en principio, un acto de reconocimiento por parte de un Tribunal español.

Ello implica que la solicitud de reconocimiento y ejecución de una resolución judicial extranjera da lugar a la apertura de un procedimiento en España, el exequàtur, por el cual el órgano jurisdiccional español competente (en principio, el juzgado de primera instancia) deberá apreciar si la resolución extranjera cumple o no con los requisitos previstos en nuestro ordenamiento para que pueda producir los efectos antes indicados. Esto es, la firmeza y el carácter motivado de la resolución, la competencia del Tribunal extranjero, la regularidad de las notificaciones, la no contrariedad del fallo con el orden público español y la no vulneración de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución española.

Si el órgano jurisdiccional español otorga el reconocimiento, acordará la ejecución de la resolución judicial extranjera en España por el Juzgado que sea competente y según las previsiones de la legislación española.

A lo que hay que añadir, por último que a los fines del reconocimiento y ejecución, es extranjera la resolución dictada por un órgano judicial de otro Estado. Lo que es aplicable a las resoluciones de los Tribunales eclesiásticos y los laudos o sentencias dictados en otros Estados por un Tribunal arbitral.

La determinación del Derecho aplicable

La determinación del Derecho aplicable a las situaciones y relaciones jurídicas de tráfico externo se conoce tradicionalmente por la doctrina como el problema del "conflicto de leyes".

Cuando una ley extranjera resulte aplicable, ésta nunca contendrá toda la respuesta jurídica al tema planteado, ya que normalmente habrá de articularse con el propio Derecho en aspectos, como los procesales o registrales, indeclinablemente regidos por el Derecho del foro.

Planteamiento de los problemas

Expuestos los problemas objeto del DIPr, es conveniente indicar como pueden plantearse en un supuesto de tráfico externo. A cuyo fin hay que tener en cuenta algunos aspectos.

En primer lugar, si bien los problemas han sido expuestos desde una perspectiva judicial, en la práctica también se produce una aplicación extrajudicial del Derecho internacional privado. Pues cabe observar, que las exigencias de previsión y de seguridad jurídica pueden llevar a las partes antes de celebrar un contrato conectado con un Estado extranjero, a determinar cuál es el Tribunal que sería competente si surgiera una controversia y qué Derecho sería el aplicable. Además, los problemas propios del Derecho internacional privado pueden suscitarse ante autoridades no judiciales, como las administrativas, por ejemplo, el encargado del Registro Civil.

En segundo lugar, es importante reparar en el orden en que deben ser examinados los problemas objeto del Derecho internacional privado, ya se trate de una aplicación judicial o extrajudicial de sus normas. Si el proceso se suscita ante Juez o autoridad española, la cuestión que ha de considerarse en primer lugar es la relativa a la competencia judicial internacional para conocer el litigio, pues sólo si se posee ésta según las normas españolas será posible conocer del litigio. Si el proceso se ha seguido en el extranjero el problema será el reconocimiento y ejecución en España de dicha sentencia dictada en el extranjero.

Por último, para resolver cualquier problema, habrán de aplicarse las normas de Derecho internacional privado del Juez, ante el que se plantea un litigio o el de la autoridad ante la que se formula una pretensión. Lo que refuerza el carácter determinante de la cuestión relativa a la competencia internacional de los Tribunales, dado que si éstos son españoles, el Juez o la Autoridad se declarará competente o no según las previsiones del DIPr español; si ha estimado que es competente, determinará el ordenamiento aplicable para resolver sobre la pretensión según las normas del DIPr español, así como respecto a las demás cuestiones conexas. Y por último, si el proceso se ha seguido en el extranjero, serán las normas del DIPr español las que determinen si una sentencia extranjera puede o no tener eficacia en España.

Naturaleza y concepto del DIPr

Naturaleza del DIPr

Aunque la expresión “Derecho Internacional Privado” goza de una aceptación general, suele admitirse que es una expresión equívoca en atención a los dos adjetivos que sirven para calificar este sector del Derecho. Lo que afecta a la precisión de su naturaleza jurídica.

El adjetivo “internacional” es equívoco porque parece indicar que este sector del Derecho forma parte del Derecho internacional, cuando en realidad pertenece al Derecho interno de cada Estado dado que sus normas han sido establecidas por el legislador estatal.

El adjetivo “privado” indica que en las relaciones de tráfico externo puede intervenir personas físicas y jurídicas y también entes públicos, cuando éstos no actúan desde una posición de imperio, sino en relaciones de Derecho privado.

De otro lado, las relaciones de tráfico externo se establecen predominantemente entre particulares sometidos al Derecho privado, pero también pueden desbordar este ámbito, por ejemplo, en materia penal, fiscal, económico- administrativa, etc.

Por último, cabe agregar que las normas del Derecho internacional privado llevan a cabo una función específica, la apertura de nuestro ordenamiento a otros extranjeros en los supuestos de tráfico externo.

Concepto del DIPr

El Derecho internacional Privado puede definirse como “el sector del derecho que en cada sistema estatal regula aquellas relaciones o situaciones de los particulares cuya formación, desarrollo o extinción, transciende de la esfera personal y espacial de un solo ordenamiento y están conectados con otro u otros sistemas por la presencia de uno o varios elementos de extranjería”. Dicho de forma más breve: el sector del Derecho español que regula las relaciones o situaciones de tráfico externo.

De ello se desprende que es la materia regulada por sus normas, las relaciones o situaciones de tráfico externo, la que diferencia al DIPr de otros sectores del Derecho español y le atribuye una autonomía científica. De otro lado, las normas de DIPr español expresan la apertura de nuestro sistema a otros ordenamientos extranjeros y, asimismo, la concepción de la Justicia que informa nuestro ordenamiento en al regulación de los supuestos de tráfico externo.