05. Proceso civil con elemento extranjero y asistencia judicial internacional

Contenidos

  1. 1 Introducción
  2. 2 Las bases del proceso civil internacional
    1. 2.1 Garantías constitucionales
    2. 2.2 La regla Lex Fori Regit Processum
    3. 2.3 Cooperación jurídica internacional y proceso civil con elemento extranjero
  3. 3 Particularidades del proceso civil con elemento extranjero
    1. 3.1 El extranjero ante el proceso
      1. 3.1.1 El extranjero ante el proceso
      2. 3.1.2 Capacidad procesal
      3. 3.1.3 Legitimación y ley aplicable
      4. 3.1.4 Otorgamiento del poder para la representación procesal y defensa
      5. 3.1.5 Utilización de la lengua oficial en el proceso y traducción de la lengua extranjera
    2. 3.2 Las limitaciones del principio constitucional de justicia gratuita en el ordenamiento español
      1. 3.2.1 Desarrollo legislativo del principio constitucional de justicia gratuita y regulación de las tasas judiciales
      2. 3.2.2 La supresión de limitaciones procesales de carácter económico y patrimonial al litigante extranjero
      3. 3.2.3 Las medidas cautelares en el proceso civil con elemento extranjero
    3. 3.3 La prueba en el proceso civil con elemento extranjero y la aplicación del derecho extranjero en el proceso
  4. 4 Asistencia judicial internacional
    1. 4.1 El condicionamiento del Derecho interno español al Derecho de la UE y al derecho convencional
    2. 4.2 Particularidades del régimen reglamentario de la UE y del Derecho convencional
      1. 4.2.1 Información sobre el derecho extranjero
      2. 4.2.2 Notificación de actos en el extranjero
      3. 4.2.3 Obtención de pruebas en el extranjero
      4. 4.2.4 Derecho convencional
      5. 4.2.5 Legalización y apostilla de documentos públicos extranjeros

Introducción

Como punto de partida, conviene suministrar una aproximación conceptual de lo que es el proceso para, una vez internacionalizada, servirnos de ella como guía orientadora de los elementos en que se estructura el sumario de este tema.

Definición de proceso por GIMENO SENDRA: “conjunto de derechos de naturaleza constitucional, obligaciones, posibilidades y cargas, que asisten a los sujetos procesales, como consecuencia del ejercicio de la acción y cuya realización, ante el órgano jurisdiccional, origina la aparición de sucesivas situaciones procesales, desde las que, en un estado de contradicción, examinan las partes sus expectativas de una sentencia favorable y, con ella, la satisfacción definitiva de sus respectivas pretensiones y resistencias”.

La nota de internacionalidad del proceso civil se encuentra en el tipo de relaciones jurídicas de que conozca el órgano jurisdiccional competente, a saber, que se trate de relaciones de tráfico externo y no en función de la vinculación jurídico-política del juzgado o tribunal actuante en un Estado concreto.

Las bases del proceso civil internacional

Las bases del funcionamiento del proceso civil internacional en el marco general de la actividad jurisdiccional del Estado, se encuentran, entre otros, en los dos pilares siguientes que informan la organización democrática de la tradicional división de poderes:

  • la justicia, valor superior del ordenamiento, emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

  • el ejercicio de esa potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde únicamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes y en los tratados internacionales (art. 2.1 de la LOPJ).

La articulación del proceso civil con elemento extranjero es objeto de regulación a nivel interno en la Ley de Enjuiciamiento civil, (Ley 1/2000 de 7 de Enero) y encuentra su complemento jerárquico superior en el derecho convencional ratificado por España. En cuanto a la asistencia judicial internacional, desde hace años se espera la aprobación de una Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, por lo que el eje central de ésta se encuentra dispersa en el derecho convencional del que España es parte.

En consecuencia, el contenido del apartado I, sobre las garantías constitucionales en el proceso civil internacional, el derecho aplicable al proceso y la cooperación jurídica internacional, aspira a cumplir dos finalidades complementarias. Una, la de justificar por qué el artículo 24 CE relativo al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los tribunales, es el elemento en torno al cual se ha de estudiar el proceso civil con elemento extranjero y la asistencia jurídica internacional. Y otra, resultado de la anterior, consistente en que al proceder de la forma indicada, cuanto se expone en ese apartado sirve también de guía introductoria general de este Tema.

Todo el acervo jurídico a que se refiere este Tema sobre el régimen del proceso civil con elemento extranjero y la asistencia judicial internacional, hay que comprenderlo, como señala SILVA, como un conjunto de normas procesales que “no son un fin en sí mismas, sino un medio al servicio de fines más altos, como es la impartición de justicia y el bien común, especialmente en un mundo donde se busca más cooperación y armonía en la solución de los litigios interpartes”.

Debe señalarse que este tema se refiere únicamente al proceso civil con elemento extranjero ante los órganos jurisdiccionales del Estado. No se examinan las peculiaridades procesales que se dan en otros medios de resolución de conflictos, como por ejemplo, el arbitraje, que tiene lugar ante la llamada justicia privada.

Garantías constitucionales

En un Estado de Derecho como el que ha configurado la CE, los derechos fundamentales y libertades públicas de la persona son uno de sus cimientos básicos. Entre ellos, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE). La principal vertiente de este derecho es el de acceso a la jurisdicción; es decir, el derecho de hacer valer en el proceso civil sus pretensiones jurídicas frente a otra persona y alcanzar, al término del proceso, una resolución judicial motivada y fundada en Derecho sobre dichas pretensiones.

No obstante, cuando se trata de un proceso civil en el que el actor es extranjero cabe preguntarse, en atención al art. 13.1 CE, si un extranjero goza o no del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción en iguales términos que los españoles. La respuesta es afirmativa, reconocido en STC, se trata de un derecho aplicable tanto a españoles como a extranjeros. Y según esta decisión, ello es así “no sólo por la dicción literal del precepto (todos), “sino porque a esa misma conclusión se llega si el art.24.1 se interpreta, como exige el art. 10.2 CE, de conformidad con los textos internacionales sobre derechos humanos”.

La segunda cuestión es la de saber si éstos, ya sean demandantes o demandados, gozan en el proceso civil de otros derechos fundamentales reconocidos por la constitución. La respuesta es igualmente afirmativa, pues junto a la cláusula general proscribiendo la “indefensión” del apartado 1 del art. 24 CE, el apartado 2 de este precepto ha consagrado asimismo un “haz de derechos” de carácter procesal que son aplicables tanto a españoles como a extranjeros en el proceso civil.

Una extensa jurisprudencia del TC sobre estos derechos ha establecido, en particular, los siguientes:

  • Derecho a ser juzgado por un Juez imparcial imparcial y legalmente predeterminado.

  • Derecho a se comunique al demandado, en tiempo y forma, la apertura del proceso y la demanda, para no producirle indefensión.

  • Derecho a la defensa y a la asistencia letrada.

  • Derecho a un proceso con todas las garantías y plena “igualdad de armas” entre demandante y demandado.

  • Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes.

  • Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

  • Derecho a los recursos legalmente previstos

  • Derecho a una resolución judicial congruente con las pretensiones de las partes, motivada y fundada en derecho.

Desde que el proceso civil se abre con la presentación de la demanda hasta que termina con una resolución judicial firme, son muchas las exigencias constitucionales que han de ser respetadas por los órganos jurisdiccionales. Pero si así no ha sido el caso y se ha producido una lesión de uno o varios de los derechos antes mencionados que es imputable al órgano jurisdiccional, los extranjeros en el proceso civil que se ha seguido en España podrán, una vez agotados los recursos legales existentes ante la jurisdicción ordinaria, acudir en solicitud de amparo al Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 41 y siguientes de su LO 2/1979, de 3 de octubre. Y si tampoco obtuvieran reparación en esta instancia, presentar demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de conformidad con el Convenio de Roma de 1950, enmendado por el Protocolo nº 11, de 11 de mayo de 1994.

La regla Lex Fori Regit Processum

La regla lex fori processum designa a la ley del foro (del juzgado o tribunal que conoce del asunto) como rectora del proceso. Es una de las múltiples manifestaciones del principio de soberanía del Estado en relación con el elemento espacial o principio de territorialidad.

Esta regla convive con las normas del Derecho internacional privado que hacen posible la aplicación sustantiva del derecho extranjero para regular el fondo del asunto. Es importante diferenciar, en materia de ley aplicable en cuanto a los aspectos adjetivos y sustantivos, en cuanto a las cuestiones relativas a la forma y al fondo, sin confundir estos ámbitos.

Así está formulada en el vigente Derecho internacional privado la regla lex fori processum en el art. 3 LEC. (“con las solas excepciones que pueden prever los Tratados y Convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales españolas”).

Desde una perspectiva normativa tal principio se explicita por primera vez en el derogado art. 8.2 C. civil de 1974. Se pueden encontrar unos claros precedentes en lo dispuesto en la LEC 1881, así como en el art. 4 in fine de la actual LOPJ. En ellos se hace mención a la imperatividad de la norma establecida y ordenada por la CE y la ley, en referencia a la actividad jurisdiccional.

Y como antecedente jurisprudencial en la materia importa destacar algunas sentencias, como la STS de 31 de enero de 1921 y corroborando esa jurisprudencia la STS de 19 de diciembre de 1930.

Cuatro son las características esenciales del art. 3 LEC:

  1. su formalización genérica y exclusiva, que hoy día resulta poco justificable;

  2. se trata de una norma que contiene una rigidez inadecuada para los tiempos en que ha sido aprobada, en los que la flexibilidad ha de tenerse particularmente en cuenta para encauzar nuevas orientaciones a la problemática derivada de la complejidad del tráfico externo en el marco de la globalización;

  3. al incluirse esta norma en la LEC se ha dado un paso, aunque modesto, en una saludable desconflictuación del sistema de Derecho internacional privado español, como en tantas ocasiones ha repetido la doctrina española, entre cuyos autores cabe destacar ORTIZ-ARCE y CALVO CARACAVA.

  4. sigue siendo válida la aguda afirmación que en su día señaló CORTÉS DOMINGUEZ respecto al derogado art. 8.2 C.civil, en el sentido de que la formulación dada a la regla lex fori processum en el art. 3 LEC también “determina o explica que el Estado español concede la tutela jurídica con independencia de la nacionalidad y, por tanto, en las mismas condiciones a los nacionales que a los extranjeros”.

Como se desprende de cuanto queda expuesto, probablemente lo más acertado sería la no explicitación de la regla lex fori processum en ningún texto normativo, solución que no impediría su aplicación, como ocurre en la mayoría de los ordenamientos jurídicos.

Cooperación jurídica internacional y proceso civil con elemento extranjero

La cooperación jurídica internacional siempre ha sido una de las bases y una de las finalidades del Derecho internacional privado, pero nunca como a partir de la década de los años ochenta del siglo XX, se había manifestado con tanta intensidad, debido al aumento progresivo del tráfico externo como consecuencia de: a) el acceso y utilización generalizada de los medios de transporte y comunicación; b) el avance y desarrollo técnico de estos medios; c) la codificación interna e internacional de las normas que lo regulan; d) el incremento del número de casos de esta especialidad jurídica sometidos a decisión de órganos jurisdiccionales; e) los avances de los procesos de integración y en especial del desarrollo de la UE; y f) respecto a España, su apertura hacia el exterior como consecuencia de la implantación de la democracia y de la CE 1978, después de tantos años de aislamiento generalizado.

Desde la perspectiva del Derecho internacional privado y, en particular, del proceso civil con elemento extranjero, el principio de cooperación jurídica internacional tiene su centro de actividad más acusado en torno a la tradicional asistencia judicial, con los siguientes puntos básicos de referencia normativos:

  • Derecho interno:

    • Art. 276, 277 y 278 de la L.O.P.J. y art. 177 de la LEC.

  • Derecho convencional del que es parte España:

    • Organización de las Naciones Unidas: convenio sobre obtención de alimentos en el extranjero, hecho en Nueva York el 20 de junio de 1956.

    • Conferencia de La Haya de D. Internacional Privado: varios convenios.

    • Consejo de Europa: varios convenios.

    • Conferencia Interamericana sobre D. Internacional Privado: varios.

    • Convenios bilaterales con varios países.

  • Unión europea (UE):

    • varios reglamentos.

Queda patente que la tradicional noción de asistencia judicial internacional concebida como el auxilio que entre sí se otorgan los órganos jurisdiccionales en y para el desarrollo del proceso, ha ampliado su campo de acción y se han introducido elementos que la convierten en una materia particularmente compleja. Los efectos de la vigencia de la soberanía estatal y de su principio de territorialidad, se han visto atemperados gracias a la acción de la cooperación internacional, con un particular reflejo en el ámbito del proceso civil internacional, y, en alguna medida, significativa también en el ámbito de la UE.

Esa cooperación internacional que tanto desarrollo ha adquirido en el plano convencional de la regulación de proceso civil con elemento extranjero, puede y ha de propiciarse, según los casos, entre autoridades administrativas, entre Autoridades Centrales, entre autoridades judiciales y entre todas o algunas de ella entre sí.

Particularidades del proceso civil con elemento extranjero

El extranjero ante el proceso

El extranjero ante el proceso

Toda persona, con independencia de sus nacionalidad y sin discriminación de ningún tipo, tiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los tribunales y el derecho al proceso en general (arts. 24 en relación con el 10.2 y 14 CE y art.3 LEC).

En las normas que regulan el proceso civil internacional en España no se podrá encontrar nada que rompa ese trato de igualdad, salvo las particularidades que contribuyan a salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los tribunales. Lo contrario, seria inconstitucional.

Toda persona tiene, en general, por el hecho de serlo, capacidad para ser parte (in genere) en el proceso civil internacional.

Capacidad procesal

En un estadio diferente se encuentra la ya tradicionalmente llamada capacidad para comparecer en juicio o capacidad de obrar procesal que, para el proceso civil con elemento extranjero, tiene su referencia normativa básica en los arts. 6 y 7 de la LEC, expresamente concebidos para el proceso interno y que hay que aplicar al proceso civil con elemento extranjero que no por ello deja de ser proceso interno (ver arts. 6 y 7 LEC).

Según el art. 6 de la LEC tienen capacidad para ser parte en los procesos civiles las personas físicas, el concebido no nacido para los efectos que le son favorables y las personas jurídicas. También, con ciertas particularidades, las masas patrimoniales o patrimonios separados que transitoriamente carezcan de titular o éste haya sido privado de sus facultades de disposición y administración, entidades sin personalidad jurídica y los grupos de usuarios afectados por un hecho dañoso.

Según el art. 7 de la LEC, sólo podrán comparecer en juicio los que estén el pleno ejercicio de sus derechos civiles y, si no lo están, mediante la representación, asistencia, autorización, habilitación o defensor exigidos por la ley.

Por tanto, la determinación de la capacidad procesal de los extranjeros para comparecer en juicio en España ha de establecerse, para las personas físicas conforme al art. 9.1 del Código civil, y para las personas jurídicas conforme al art. 9.11 del mismo cuerpo legal, en ambos casos siguiendo los dictados de su ley nacional. Sólo así se podrán realizar actos válidos en el proceso. En consecuencia, se está ante una excepción del principio general contenido en el art. 3 de la LEC que materializa la lex fori regit processum.

Legitimación y ley aplicable

En cuanto a la legitimación activa y pasiva del extranjero en el proceso civil internacional, hay que convenir con De La Oliva Santos cuando nos habla de esta figura jurídica procesal con relación al derecho interno, también referible al tráfico externo, que no constituye un presupuesto del derecho al proceso como la capacidad para ser parte o la capacidad procesal, “es decir, del derecho a una sentencia sobre el fondo, sino un presupuesto de la acción, esto es, uno de los elementos necesarios para tener derecho a una tutela judicial concreta”.

En el plano de la ley aplicable a la legitimación en el proceso civil internacional, habrá que aplicar la ley designada a tal efecto para regir el fondo. En tal sentido se viene pronunciando, unánimemente la doctrina internacional privatista al considerar que, como señala al respecto CALVO CARAVACA, “dada la conexión existente entre la titularidad del derecho subjetivo y legitimación , la ley aplicable a la legitimación procesal es la lex causae, esto es, la ley rectora del fondo del asunto, y no la ley del foro”.

Estamos pues ante otra excepción a la regla lex fori regit processum del art. 3 LEC.

Pero este principio general también puede quebrar a favor de la lex fori siempre que el interés a proteger así lo demande para lograr la realización de la justicia y la efectividad de la tutela judicial, si bien se parte de una aplicación restrictiva de tal excepción.

Otorgamiento del poder para la representación procesal y defensa

En todo lo relativo a la representación procesal y la defensa técnica de las partes en el proceso civil con elemento extranjero, habrá que estar a la aplicación de la lex fori, conforme a las previsiones del art. 3 de la LEC y, en particular, a las normas específicas en esta materia establecidas en el Capítulo V del Libro I de la LEC. El derecho procesal español establece como norma general, que la actuación como parte en el proceso ha de realizarse necesariamente mediante la representación de procurador de los tribunales y la defensa de abogado, con escasas excepciones, es decir, no se puede actuar como parte directamente por los interesados con vistas a obtener un mayor grado de seguridad y garantías jurídicas en el proceso.

Las cuestiones relativas a la capacidad del otorgante del poder han de resolverse cumpliendo las previsiones de su ley nacional y, en el caso de otorgarse en el extranjero, su validez formal estará supeditada al cumplimiento de la lex loci celebrationis o a cualquier otra de las contempladas en el art.11 Ccivil y su contenido ha de regirse por la ley designada en el art. 10.11 Ccivil.

Otra cosa distinta es que para hacer valer ante los órganos jurisdiccionales españoles los poderes válidamente otorgados en el extranjero habrá de observar, además, los requisitos del art 323 LEC (ver art.) que sustituye a los arts. 600 y 601 de la LEC de 1.881, y, en tal sentido, habrá que tener particularmente en cuenta la aplicación del derecho convencional, entre cuyos instrumentos cabe destacar como ejemplo el Convenio de la Haya, suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros.

En el art. 323 LEC concurre una coherencia normativa en relación con la ya comentada ley aplicable a la capacidad para otorgar el poder, así como con la designación de la ley para considerar la validez formal del otorgamiento en el supuesto de que aquél se otorgue en el extranjero, que como también se ha expuesto, habrá que estar a lo que establezca la lex loci celebrationis o a cualquier otra de las contempladas en el art. 11 Cc. Similar coherencia mantiene el precepto expresado en la LEC con el art. 10.11 Cc. En cuanto a la ley rectora del contenido , que será la reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y respecto a la representación voluntaria, de no mediar consentimiento expreso, que se regirá por la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas.

Utilización de la lengua oficial en el proceso y traducción de la lengua extranjera

El art. 143.1 LEC dispone que el tribunal podrá habilitar por medio de providencia “como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndole juramento o promesa de fiel traducción”. Esa norma general concebida para el proceso interno, se ha de garantizar también cuando se sustancie el proceso con elemento extranjero.

Las limitaciones del principio constitucional de justicia gratuita en el ordenamiento español

Desarrollo legislativo del principio constitucional de justicia gratuita y regulación de las tasas judiciales

El punto de partida del principio de justicia gratuita se encuentra en el art. 119 CE (“la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”). Este precepto se tuvo en cuenta en la LOPJ que en su art. 20 lo reitera y en el 440.2 contempla la defensa de oficio gratuita.

En la actualidad el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los tribunales en lo que afecta a la asistencia jurídica gratuita cuando se acredite insuficiencia de recursos para litigar, está contenido en los preceptos antes citados de la LOPJ, en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y en la Directiva 2002/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso al a justicia gratuita en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios, completada por la Decisión de la Comisión de 26 de agosto de 2005, por la que se establece un formulario para la transmisión de las solicitudes de justicia gratuita en aplicación de la Directiva 2002/8/CE del Consejo.

En la Ley 1/1996 de 10 de enero ha quedado garantizado en España el derecho a la justicia gratuita no sólo a los españoles y a los ciudadanos de la UE, sino también a todos los extranjeros sin discriminación de ninguna clase.

En el orden jurisdiccional penal y en los asuntos relativos al asilo, se reconoce el derecho a la justicia gratuita de los extranjeros no residentes legalmente en España.

La Directiva 2002/8/CE del Consejo, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios, supone un paso importante para reforzar el principio de justicia gratuita en el proceso civil internacional y, por tanto, del derecho fundamental a la tutela efectiva de los tribunales. En términos generales se establecen en la citada Directiva, entre otros los siguientes parámetros:

  • Se aplicará a todo litigio transfronterizo en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, entendiendo por tal litigio aquel en que la parte que solicita la justicia gratuita está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro donde se halle el tribunal o en el que deba ejecutarse la resolución.

  • El derecho a la justicia gratuita comprende todos aquellos elementos que en los mencionados procesos pueden afectar a los derechos de la parte (asesoramiento previo, asistencia jurídica, representación) sobre la base del respeto a la no discriminación entre los ciudadanos de la UE y también respecto de los nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros.

  • Se facilita la justicia gratuita para los servicios de interpretación, traducción e incluso la posibilidad de alcanzar la cobertura de los gastos de desplazamiento vinculados directamente al proceso.

  • Será concedida o denegada por la autoridad competente del Estado miembro donde se halle el tribunal.

  • Se establece la obligación para los Estados miembros de designar la autoridad o autoridades competentes para remitir y para recibir las solicitudes de gratuidad, para lo cual se prevé el establecimiento de un formulario normalizado.

  • Obliga a las autoridades nacionales competentes a la cooperación con el fin de informar a quien lo solicite sobre los diferentes sistemas de justicia gratuita. No impide que los estados miembros establezcan disposiciones más favorables que la Directiva y establece su primacía sobre los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes entre los Estados miembros.

Esta Directiva se vio completada por la Decisión de la Comisión de 26 de agosto de 2005 que establece un formulario para la transmisión de las solicitudes de justicia gratuita.

Lamentablemente y a pesar del avance que sin duda supone la Directiva, la UE sigue expresando reticencias a la garantía de los derechos que asisten a todos los nacionales de terceros países que residen o viven en el territorio de la Unión.

El planteamiento general del sistema de justicia gratuita del ordenamiento jurídico español, tan aparentemente generoso y respetuoso con los derechos fundamentales de la persona, aunque no tanto con todos los extranjeros, ha hecho que en ocasiones sea objeto de críticas.

La supresión de limitaciones procesales de carácter económico y patrimonial al litigante extranjero

En el ordenamiento español se ha procedido a la supresión a la progresiva supresión de dos limitaciones de carácter económico y patrimonial que existían en la LEC de 1881, para el litigante extranjero en el proceso civil internacional, además de la relativa a la justicia gratuita. Estas dos limitaciones de distinta naturaleza jurídica eran la cautio judicatum solvi del art. 534 de la de 1881 y el embargo preventivo por deudas en especio o en metálico del art. 1400 de la misma ley.

La desaparición de la "Cautio Judicatum Solvi" en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil

El art. 534 de LEC 1881 disponía literalmente: “Si el demandante fuere extranjero, será también excepción dilatoria la del arraigo del juicio, en los casos en la forma que en la nación a que pertenezca se exigiere a los españoles”. Este precepto suponía una clara discriminación del extranjero. Su pretendida vigencia era contraria a la tutela judicial efectiva de los tribunales garantizada a toda persona en el art. 24 de la CE, y por tanto, estábamos ante3 un precepto que había de entenderse derogado por inconstitucional.

La actividad jurisprudencial de los tribunales en el ámbito interno, internacional y en el de la UE aportaron mucha luz en cuanto a la discriminación que suponía la existencia de la cautio judictum solvi.

La derogación del art. 1400 de la LEC de 1881 relativo al embargo preventivo por deudas en especie o en metálico, por la LEC de 2000

Con la vigente LEC desaparece de nuestro ordenamiento jurídico el denostado embargo preventivo del art. 1400 de la Ley procesal de 1881.

La limitación procesal en cuestión establecía que para decretar el embargo por deudas o en especie será necesario, además de acreditar la deuda, que el deudor, entre otros supuestos, sea extranjero no naturalizado en España.

En el derecho convencional del que España forma parte y que regula específicamente esta materia del embargo preventivo, se encuentra también una base jurídica sólida que rompía ya entonces con la mencionada discriminación, en la medida en que entre los Estados parte las relaciones jurídicas reguladas están situadas en plano de igualdad y, en consecuencia, no cabe la existencia de discriminación.

Este Derecho convencional ha contribuido sin duda a que en el derecho español se proceda a la supresión de la discriminación relativa al embargo preventivo de la LEC 1881.

Las medidas cautelares en el proceso civil con elemento extranjero

El art. 722 LEC, admite la posibilidad de solicitar medidas cautelares en España, conforme a los Tratados y Convenios que sean de aplicación, por “quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga en país extranjero, en los casos en que para conocer del asunto principal no sean exclusivamente competentes los tribunales españoles”.

También importa tener en cuenta en esta materia, el art. 727 .1 LEC que no diferencia entre nacional y extranjero, es decir, que no discrimina por razón de la nacionalidad cuando dispone que el tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación directa o indirecta que reúna entre otras, las siguientes características: “ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que puede otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente”.

Las expresadas medidas cautelares de la LEC están concebidas, como ya se ha expuesto para el proceso civil interno, cuya regulación es la misma que para el proceso civil con elemento extranjero.

La prueba en el proceso civil con elemento extranjero y la aplicación del derecho extranjero en el proceso

La sentencia del TC 54/1989, de 23 de febrero, estableció que “entre las garantías del art. 24 de la CE, sin duda se incluye la de que, las decisiones judiciales que resuelven el fondo del asunto, han de contener los hechos en que se basa la decisión y que esos hechos hayan sido objeto de prueba suficiente”. En resumen, nos viene a decir que la prueba se nos presenta como elemento clave del proceso general y, por tanto, del proceso civil internacional. En consecuencia, la prueba en el proceso civil interno o con elemento extranjero guarda una directa y estrecha relación con la tutela judicial que se pretende obtener ante los órganos jurisdiccionales (art. 281.1 LEC) y por ello recibe una particular protección con base en lo dispuesto en el citado art. 24 CE.

Podemos aplicar a la prueba en el proceso civil internacional la definición que facilita DE LA OLIVA SANTOS, en el sentido de que es “aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para que éste adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso”.

Las pruebas corresponde proponerlas y normalmente también practicarlas a las partes y sólo excepcionalmente corresponderá la iniciativa probatoria al órgano jurisdiccional (a tenor de los dispuesto en los arts. 281 y 282 en relación con el 435 de la LEC).

Para el examen de la prueba en el proceso civil internacional en España conviene diferenciar en todo momento estos tres planos:

  • la práctica de la prueba en el proceso civil internacional ordinario;

  • la obtención de pruebas en el extranjero para ser utilizadas en el proceso que se celebra en España;

  • el tratamiento que recibe la aplicación del derecho extranjero en el proceso mediante su consideración como “hecho” y no como “derecho” en el aconstitucional art. 281.2 LEC.

Las bases jurídicas de estos tres planos diferentes se encuentran también en el hecho de que, el proceso civil internacional se rige también en cuanto a la prueba por los mismos preceptos del proceso civil interno, que parte de la base de que la iniciativa de la actividad probatoria tiene lugar a instancia de parte, sin perjuicio de que el tribunal puede acordar de oficio la práctica de determinadas pruebas. Bajo el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, las normas de la prueba se regirán por la ley del foro (art. 3 LEC), salvo algunas particularidades y matices derivados de la naturaleza jurídica del tráfico externo.

Señalar que resulta ya tradicional en la doctrina internacional privatista española, centrar la problemática del examen de la prueba en el proceso civil internacional desde la perspectiva de la ley aplicable a los siguientes presupuestos y con las soluciones que también se indican a continuación.

A la admisibilidad de los medios probatorios y a la fuerza probatoria que aquellos le atribuyan, se les tendrá que aplicar la lex fori en cumplimiento del art.3 LEC, si bien cabe admitir excepciones:

  • las pruebas preconstituidas (documentales) en el extranjero cuando cumplan los requisitos del art. 323 LEC.

  • aquellos supuestos en los que la estricta aplicación de la lex fori impida el cumplimiento debido de las previsiones contenidas en la ley aplicable al fondo.

En cuanto al objeto y carga de la prueba habrá que tener en cuenta dos aspectos:

  • deberán regirse por la ley aplicable al fondo (lex causae), incluida la presunción iuris tantum y, sobre todo, la iuris et de iure. Como hace tiempo puso de manifiesto DE ANGULO RODRIGUEZ en relación con las presunciones citadas, la ley que resulta aplicable a la relación o situación jurídico-material contiene disposiciones “cuya innegable aplicabilidad tiene por efecto el invertir lo preceptuado por el Derecho del foro sobre la carga de la prueba”.

  • a sensu contrario de las soluciones dadas a los dos ejemplos mencionados como excepción a la ley aplicable al objeto y carga de la prueba, podría recabarse en este caso la aplicación excepcional de la lex fori y no de la lex causae.

La cuestión de la aplicación del derecho extranjero en el proceso se ha visto agravada por la regulación que esta materia ha recibido en el aconstitucional art. 281.2º de LEC 1/2000 al establecer que “el derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesario para su aplicación”. Es decir, que el mencionado precepto considera que el derecho extranjero no es derecho sino un “hecho” que ha de probarse, rompiendo así con el principio iura novit curia, y en definitiva, se impone así una carga exorbitante a las partes que implica una clara restricción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los tribunales. Además, relegar a cuestión de prueba la aplicación del derecho extranjero en el proceso, como si de un hecho se tratase vulnera el principio constitucional de sometimiento del juez al imperio de la ley, deroga el sistema de fuentes del derecho y, en consecuencia, supone una inconstitucional restricción de la tutela judicial efectiva.

El TS y la mayor parte de la doctrina española, se resiste a aceptar la aconstitucionalidad del art. 281.2.

Asistencia judicial internacional

El condicionamiento del Derecho interno español al Derecho de la UE y al derecho convencional

En términos generales recordar que se concibe la asistencia judicial internacional como el auxilio que entre sí se otorgan los órganos jurisdiccionales en y para el desarrollo del proceso.

España forma parte de los convenios internacionales más relevantes en la materia y, además, como Estado miembro de la UE, es receptora de la normativa europea aprobada al respecto.

La regulación interna en la materia está contenida en los siguientes preceptos: Arts. 276 (cooperación judicial internac. Ad extra), 277 (cooperación judicial internacional ad intra) y 278 (causas de denegación) LOPJ; y art. 177 LEC.

Este régimen de asistencia judicial internacional se aplicará de forma subsidiaria al derecho convencional.

En cuanto a la asistencia judicial ad extra, la que solicita el órgano jurisdiccional español al extranjero para la práctica de actuaciones judiciales, los despachos correspondientes han de cursarse conforme a lo establecido en los Tratados internacionales en que España sea parte y, en su defecto, en la legislación interna que resulte aplicable. De acuerdo con la expresada legislación interna, los despachos se remitirán al Ministerio de Justicia por medio del Presidente Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia, que a su vez lo hará al órgano requerido por vía consultar o diplomática (art. 276 LOPJ).

En relación con la asistencia judicial ad intra, cuando las solicitudes provengas de autoridades judiciales extranjeras, se tramitarán también conforme a las normas a que alude el art. 177.1 LEC.

De acuerdo con los arts. 277 y 278 LOPJ , la asistencia judicial interesada ha de prestarse siempre que se acredite por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, la existencia de reciprocidad o ésta se ofrezca por el Estado requirente y, en cualquier caso, podrá denegarse cuando:

  • el proceso de que derive sea de la exclusiva competencia de los juzgados y tribunales españoles.

  • el órgano requerido no tuviese atribuciones para practicar el auxilio solicitado, en cuyo caso, se dará traslado del mismo a la autoridad que corresponda, informando de ello al requirente.

  • cuando el documento de solicitud no reúna los requisitos formales de autenticidad o no esté redactado en castellano.

  • cuando el objeto de la cooperación sea manifiestamente contrario al orden público español.

La importancia de este régimen interno de asistencia judicial internacional queda condicionada a la solidez de los convenios multilaterales que sobre la materia forma parte España y, también, a la multiplicación de los efectos de la cooperación internacional general, en particular en los esfuerzos de integración regional europea y los derivados de la labro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Particularidades del régimen reglamentario de la UE y del Derecho convencional

Información sobre el derecho extranjero

La información sobre el derecho extranjero se ha convertido en uno de los elementos de mayor trascendencia práctica de la asistencia judicial internacional en el marco general de la cooperación y todo ello en particular, gracias a dos convenios internacionales de los que España es parte:

  • Convenio acerca de la información sobre el derecho extranjero, hecho en Londres el 7 de junio de 1968.

  • Convención sobre prueba e información acerca del derecho extranjero hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979.

Ambos convenios utilizan similar procedimiento de asistencia judicial para la obtención de la información sobre el derecho extranjero que se expone a continuación:

  • se acude a la técnica de la cooperación entre Autoridades Centrales aunque el convenio de la CIDIP utiliza los términos de órgano de transmisión y órgano de recepción al referirse a dichas autoridades. En España, al igual que los demás convenios que utilizan esta técnica de cooperación, la Autoridad Central inicialmente designada fue la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia que con los cambios de estructura orgánica paso a ser, posteriormente, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional;

  • el objeto de la solicitud de información es el derecho de un Estado parte (texto, vigencia, alcance y contenido);

  • el órgano jurisdiccional solicitante podrá dirigir su petición de información directamente a la Autoridad Central del Estado requerido o hacerlo por medio de su Autoridad Central que haría las veces de autoridad requirente;

  • la respuesta a la solicitud de información, ha de darse sin dilaciones indebidas por la autoridad requerida a la autoridad requiriente, aunque en el Convenio del Consejo de Europa se prevé la posibilidad de que tal respuesta se dirija directamente al órgano jurisdiccional requiriente si este formuló su petición directamente sin utilizar la intervención de la Autoridad Central de su Estado.

Es fácil entender como esta modalidad de Asistencia Judicial Internacional incide directament en el alcance jurídico de la polémica regulación que recibe en España el tema de alegación y prueba del derecho extranjero, y por tanto, se robustece el cumplimiento del principio iura novit curia en el proceso civil con elemento extranjero. Por otra parte, nótese que nada impide a las partes interesar del órgano jurisdiccional, en debida forma y en el momento procesal oportuno, que se solicite la información que necesiten sobre el derecho extranjero relacionado con el caso, aunque, eso sí, el juzgado o tribunal competente podrá estimar o no, según también proceda, dicha petición.

Notificación de actos en el extranjero

La notificación de actos en el extranjero en el proceso civil internacional es otra de las más destacables actividades de la asistencia judicial en el marco general de la cooperación internacional. Por lo que España se refiere hay que destacar que, como Estado miembro de la UE se aplica de forma prioritaria el Reglamento Nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13-111-2007, relativo a la notificación y al traslado de los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, aplicable desde 13-11-2008 de forma prioritaria sobre el derecho convencional bilateral y multilateral del que España es parte (en particular el art. IV del Protocolo anjeo al Convenio de Bruselas de 1968 y el Convenio de La Haya de 15-11-1965) y por el que se deroga el Reglamento 1348/2000. El Reglamento 1393/2007 tiene como finalidad mejorar y acelerar la transmisión entre los Estados miembros (por medio de los organismos transmisores, organismos requeridos y la cooperación de las entidades centrales de cada Estado miembro), de los documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, a efectos de notificación y traslado, que se efectuará directamente y por medios expeditivos, mediante las autoridades que los Estados miembros designen (En España, son los organismos transmisores los Secretarios Judiciales de los distintos Juzgados y Tribunales y la entidad central la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Reglamento 1393/2007

Será de aplicación en materia civil y mercantil cuando un documento judicial o extrajudicial deba transmitirse de un Estado miembro a otro para ser notificado o trasladado a este último y no se aplicará, en particular a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativo, o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperio).

Estamos ante un Reglamento que utiliza el mecanismo de cooperación internacional de autoridades y en particulares de Autoridades Centrales mediante las llamadas Entidades Centrales, que regula detalladamente en su Capítulo II los actos de la transmisión y notificación o traslado de documentos judiciales (en términos generales contempla el plazo de un mes para que la notificación y traslado se efectúe, a contar desde la recepción por el organismo receptor), la lengua y en su caso traducción en que han de estar redactados los referidos documentos y las formalidades de su recepción, así como la negativa a aceptar el documento y la fecha a tener en cuenta la notificación o traslado, en términos generales conforme al derecho interno del Estado requerido.

También contempla la facultad de cada Estado para, excepcionalmente, realizar la transmisión, notificación o traslado de documentos judiciales por vía diplomática o consular, a los organismos receptores o entidades centrales de otro Estado (art. 12 y 13) miembro así como la posibilidad de hacerlo directamente por correo alas personas que residan en otro Estado miembro mediante carta certificada con acuse de recibo o equivalente (art. 14). También permite que cualquier persona interesada en un proceso judicial pueda efectuar la notificación o traslado de documentos judiciales directamente por medio de los agentes judiciales, funcionarios o personas competentes el Estado miembro requerido siempre que así lo permita el derecho de ese Estado miembro (art. 15). Igual tratamiento reciben los documentos extrajudiciales.

El Reglamento contiene en sus Disposiciones Finales:

  • Tratamiento de la posible incomparecencia del demandado en los actos de notificación y traslado, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa y a la posibilidad de que, en estos supuestos y en caso de urgencia, el juez ordene cualquier medida provisional o cautelar (art. 19).

  • Propiciar en alguna medida la tendencia a la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que se acepta la imposición del pago de una tasa fija para cubrir los gastos ocasionados, siempre que el Estado requerido la tuviese establecida con anterioridad, y respete los principios de proporcionalidad y no discriminación.

  • La protección de la información transmitida (art. 22).

El Reglamento contiene en las diferentes lenguas oficiales de la UE, los siguientes formularios normalizados: Solicitud de notificación o traslado de documentos (art. 4) e Información al destinatario sobre el derecho a negarse a aceptar un documento (art. 8).

Conferencia de la Haya

En la Conferencia de la Haya se aprobaron en su día dos instrumentos internacionales sobre la materia de los que forma parte España: El Convenio relativo al procedimiento civil de 1 de marzo de 1954 y el Convenio sobre notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial de 15 de noviembre de 1965.

Conferencia Interamericana sobre derecho internacional privado (OEA, CIDIP)

Se aprobó un convenio al que se adhirió España: Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, en Panamá el 30 de enero de 1975.

Por lo tanto, son 3 los espacios judiciales que se ven afectado por el citado conjunto normativos; de una parte, el regional de la UE cuya aplicación es prioritaria conforme a lo establecido en el Reglamento 1393/2007; de otra parte, el de carácter universal (Conferencia de La Haya); y por último el regional americano de la OEA-CIDIP, del que España es Estado observador. Por ello habrá que poner un especial cuidado en la materia para respetar ese conjunto normativo, y aplicarlo conforme a todas sus previsiones en orden a garantizar y facilitar el funcionamiento del proceso civil internacional en España.

La dificultad más relevante de los problemas de complementariedad de los dos Convenios de La Haya, estriba en saber cuál de ambos es aplicable y si está en vigor en relación con el supuesto en cuestión.

Los problemas se resumen en dos:

  • que no coinciden los Estados que son partes en uno y en otro instrumento.

  • que el art. 22 del Convenio de 1965 sustituyó a los art. 1 a 7 sobre notificación de actas judiciales y extrajudiciales del Convenio de 1954 en las relaciones entre los Estados que fuesen parte en ambos.

El régimen de cada Convenio

El Convenio de 1954 establece el principio general de que las notificaciones convencionales se practicarán mediante la autoridad consular, a no ser que los estados parte acuerden que lo sea por vía diplomática, que no podrá denegarse salvo que resulte atentatorio a la soberanía o seguridad del Estado requerido y, aunque se parte del Principio de gratuidad del procedimiento, el Estado exhortado podrá resarcirse del Estado exhortante por intervención de funcionario público o por empleo de una forma especial de notificación conforme al art. 3.

El Convenio de 1965 establece el sistema de cooperación entre Autoridades centrales. La autoridad judicial requirente se dirigirá directamente a la Autoridad Central del Estado requerido, mediante una fórmula modelo, para darle curso y también está obligada a responder. Se exime la legalización u otras formalidades de los documentos a transmitir, aunque la autoridad requerida podrá interesar que el documento se redacte y traduzca a la lengua o a alguna de las lenguas oficiales de su territorio. La Autoidad Central del Estado requerido expedirá una certificación conforme a la fórmula modelo del Convenio en la que se dejará constancia de la práctica de la notificación o en su caso los motivos de su incumplimiento y, por último, mientras se tramita la notificación, se establece como punto de partida que, bajo el principio de evitar dilaciones indebidas, aguarde la prosecución de expediente judicial que dio origen a la aplicación del Convenio.

El Convenio de la CIDIP sigue similares pautas en la regulación del tema, y además de a los actos procesales de mero trámite (notificaciones, citaciones, emplazamientos), se aplicará también en materia de recepción y obtención de pruebas en el extranjero. Su característica más destacable consiste en que la transmisión de los exhortos o cartas rogatorias, podrá realizarse al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la Autoridad Central del Estado requirente o requerido según el caso.

Obtención de pruebas en el extranjero

Sobre la obtención de pruebas en el extranjero también hay que diferenciar los dos planos normativos que se exponen a continuación: a) el relativo al ámbito Geográfico de la UE; b) el correspondiente al derecho convencional.

Unión Europea

Esta materia ha sido objeto de regulación mediante el Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.

Es una expresión de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza del que habla el art. 65 del mencionado Tratado, para lograr el buen funcionamiento del mercado interior.

Inspirado en el derecho convencional sobre la materia de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

Los parámetros básicos dl Reglamento 1206/2001 del consejo de 28 de mayo de 2001 son:

  • tiene como objetivo facilitar la solicitud de la práctica de diligencias de obtención de pruebas de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la CE a otro órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, así como la realización de diligencias de obtención de pruebas directamente en otro Estado miembro;

  • se abren dos vías de comunicación para alcanzar los objetivos antes señalados: de una parte la remisión directa de la solicitud de obtención de pruebas del órgano jurisdiccional requirente al órgano jurisdiccional requerido y, de otra parte, la cooperación entre autoridades centrales del derecho convencional;

  • adjunta varios formularios para unificar la actividad de cooperación, contiene diferentes disposiciones para garantizar los derechos fundamentales en el proceso relativos a la práctica de obtención de pruebas;

  • regula los supuestos en que podrá denegarse la ejecución de una solicitud cuando de alguna manera quiebren o resulten impracticables las previsiones del Reglamento;

  • fija su prevalencia normativa respecto a todo el derecho convencional, bilateral y multilateral, que vincule a los Estados miembros de la Comunidad Europea y en particular respecto a los dos anteriormente citados Convenios de la Conferencia de La Haya.

Derecho convencional

España forma parte de los siguientes y ya mencionados convenios internacionales de carácter multilateral, que se aplicarán siempre de forma jerárquica prioritaria al régimen interno de la LOPJ y LEC.

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado: convenio sobre procedimiento civil de 1 de marzo de 1954 y Convenio sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil de 18 de marzo de 1970.

Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP): Convención sobre exhortos o cartas rogatorias, hecha en panamá el 30 de enero de 1975.

CIDIP, sigue siendo un buen acicate para una futura y deseable aproximación de Europa a América por medio de la CIDIP, tan necesaria en sus propias funciones regionales como compatible con la labor de la Conferencia de La Haya y otros foros de unificación del derecho internacional privado.

En relación con el régimen convencional de la Conferencia de La Haya, lo primero que hay que expresar, es la dificultad de concretar cuál de los dos convenios es el aplicable ya que ambos están en vigor.

El Convenio de 1954 establece que la autoridad judicial de un Estado parte podrá dirigirse mediante comisión rogatoria, y conforme a su legislación, a la autoridad competente de otro Estado contratante, interesando que ejecute dentro de su jurisdicción un acto judicial. La comisión rogatoria se remitirá por el cónsul del Estado exhortante a la autoridad que designe el Estado exhortado y ésta última autoridad enviará al Cónsul el documento acreditativo del cumplimiento de la comisión o, en su caso, la justificación del incumplimiento. Cada Estado parte podrá declarar que las comisiones rogatorias que se cumplimenten en su territorio se remitan por vía diplomática o, entre varios Estados, podrá acordarse de que las mismas se remitan directamente entre las autoridades respectivas.

El cumplimiento de la comisión rogatoria sólo podrá denegarse:

  • si no está comprobada la autenticidad del documento;

  • si en el Estado exhortado la diligencia interesada no está contemplada en las atribuciones del poder judicial;

  • si resulta atentatoria a la soberanía o seguridad del Estado exhortado.

Si la autoridad exhortada fuera incompetente para atender la comisión rogatoria, ésta la remitirá de oficio a la autoridad competente conforme a la legislación del estado a que corresponda.

La autoridad judicial que dé cumplimiento a la comisión rogatoria, aplicará las leyes de su país en lo que se refiere a las formas.

El Convenio de 1970 parte de la base de que no se podrán obtener pruebas que no estén destinadas a su utilización en un procedimiento ya en curso o futuro y acude al mecanismo de la cooperación entre Autoridades Centrales en el que España tiene designada como tal a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia.

Este convenio utiliza una filosofía procesal similar al de 1954; agiliza los trámites y garantiza en mejor medida la seguridad jurídica de este tipo de asistencia judicial internacional. Interesa destacar las siguientes novedades que introduce en su articulado: de una parte, incorpora la posibilidad de la obtención de pruebas por comisarios (persona designada en debida forma) además de la vía diplomática o consular. De otro lado, España formuló reserva por la que rechazó aceptar las comisiones rogatorias derivadas del procedimiento pre-trial discovery of document conocidos en los países de Common Law, por lo demás poco acorde con las garantías constitucionales aplicables al proceso civil internacional en España.

En fin, este Convenio de 1970 es un exponente más del auge de la cooperación internacional entre autoridades judiciales, administrativas y, por tanto, también Autoridades Centrales.

Contribuye a garantizar la importante función del proceso civil internacional para la consecución de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE) y refuerza la tradicional figura de la asistencia judicial internacional.

Legalización y apostilla de documentos públicos extranjeros

Sin perjuicio de que en el ámbito del Derecho de la UE y del Derecho convencional general se encuentran supuestos de exención del trámite de legalización de documentos públicos, con frecuencia los documentos públicos han de someterse al trámite costoso por burocrático y lento de su legalización, cuya norma general en los derechos internos no es otra que la de someterlos a una cadena de sucesivos reconocimientos, primero en el Estado de origen del mismo y, después, en el Estado donde se quiere hacer valer.

Para evitar esa cucaña jurídica que en ocasiones se hace interminable y costosa a los interesados, existe el Convenio de la Conferencia de La Haya suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, sobre la "apostilla", del que forma parte España. Conforme a este Convenio, el documento ha de presentarse ante la autoridad designada por el Estado de origen para su "apostilla", sello que se estampa con la firma de la citada autoridad y, cumplido ese trámite, queda legalizado y adquiere plena validez formal en todos los Estados miembros del Convenio.

En el ámbito del proceso civil con elemento extranjero, comprobado que el Estado de origen y el Estado de destino forman parte del Convenio, basta obtener la "apostilla" en el Estado de origen para poderlo presentar con todos sus efectos como prueba ante el órgano jurisdiccional del otro Estado.