06. El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras en España

Introducción

Aspectos generales

Hay que distinguir en el estudio del DIP entre aquellas cuestiones que se suscitan cuando el proceso se inicia en España y aquellas otras en las que el proceso se inicia y desarrolla en el extranjero.

Dentro del segundo orden de cuestiones, tenemos que determinar ahora cuál es la eficacia en España de las decisiones judiciales extranjeras, es decir, qué efectos producen en España aquellas decisiones que son resultado de un proceso abierto, desarrollado y concluido fuera de nuestras fronteras.

Aquí no existe conflicto de leyes. Se trata únicamente de estudiar si, conforme al derecho español (autónomo, comunitario o convencional), esas decisiones pueden desplegar ciertos efectos en nuestro país, ser reconocidas o ser ejecutadas.

Las fuentes del sistema español de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras

En la CE están contenidos los principios informadores del sistema que deben servir de guía para su interpretación.

En primer lugar, de forma positiva, el art. 24.1 (derecho a la tutela judicial efectiva) obliga a reconocer y ejecutar decisiones extranjeras. Si nuestros tribunales no son competentes para conocer de todos los litigios han de estar dispuestos a aceptar las resoluciones de los tribunales extranjeros, en caso contrario se incurriría en una denegación de justicia.

En segundo lugar y de forma negativa, los derechos fundamentales incluidos en ella no pueden ser vulnerados por lo que no se reconocerán resoluciones extranjeras que así lo hagan.

En tercer lugar, el art. 93 autoriza la cesión de competencias derivadas de la CE y el art. 96 establece la jerarquía normativa de los Tratados en relación a la ley interna.

Únicamente en el supuesto de no sea aplicable el Derecho comunitario se acude a los Convenios internacionales, y su defecto, se acudirá a las normas internas. Así que, el orden jerárquico de aplicación de las fuentes del sistema español de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras es: Derecho comunitario, Derecho convencional y Derecho autónomo.

En relación al Derecho autónomo, la Disposición Derogatoria Única de la LEC 2000 señala que, “hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil”, se mantienen en vigor los arts. 951 a 958 de la LEC de 1881 sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Posteriormente, con la Ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, mas conocida como “ley de acompñamiento”, se da una nueva redacción al art. 955. Con carácter especial, la Ley de Arbitraje de 1988 contiene el régimen específico para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. En cuanto a las decisiones de nulidad de los tribunales eclesiásticos, habrá que estar al art. 80 del CC en relación con el Art. VI.2 del Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos de 1979.

Respecto al régimen convencional, la Ley de 1881 en su art. 951 da prioridad a los Convenios internacionales sobre el resto de los regímenes que en ella se establezcan, tal como disponen, también, los arts. 95 y 96.1 de la CE. España es parte en gran cantidad de convenios en el sector del reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras cuya finalidad es facilitar la circulación de las mismas, lo que hace de este régimen de reconocimiento uno de los más utilizados.

Respecto al Derecho comunitario, la regulación de este sector se llevó a cabo en principio, mediante Convenios (Bruselas I y II), pero con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, y en virtud de los Art. 61y 65 del TCE, el Reglamento es el instrumento jurídico más utilizado.

Los efectos de las resoluciones extranjeras

Significado de la noción "resolución extranjera"

Precisión del término “resolución”

El término “resolución” se refiere a aquella decisión que emana de una jurisdicción. Respecto de la noción “resolución” deben realizarse varias precisiones:

  • En cuanto a su naturaleza, es necesario distinguir entre las que emanan de la jurisdicción voluntaria (la decisión expresa un acto de voluntad por parte de su autor, como por ejemplo, la adopción), de aquellas que emanan de la jurisdicción contenciosa. El régimen de reconocimiento en el sistema español interno es diferente según estemos ante una u otra.

  • Respecto al objeto de la decisión, sólo se estudia aquí el régimen de las decisiones judiciales en materia de derecho privado (civil, mercantil y laboral), únicas a las que se refiere la LEC, los reglamentos comunitarios y los Convenios sobre la materia ratificados por España. Es la materia, y no el órgano del que han emanado la que delimita el ámbito de las decisiones reconocibles, por tanto, no entran en este tema las resoluciones en materia penal, administrativo o fiscal.

  • Finalmente, cabe precisar que las resoluciones de exequátur (las que tienen por objeto declarar ejecutable una decisión dictada por otro Estado) no se incluyen en la noción “resolución” a estos efectos de reconocimiento. Se trata de impedir el reconocimiento de una sentencia extranjera que a su vez declara ejecutable una sentencia de un tercer Estado. Esta máxima de “exequátur sobre exequátur no vale” es admitida tanto en derecho autónomo español como en el convencional.

Extranjería de la resolución

Hay que hacer dos precisiones respecto al significado de “extranjería” de la decisión:

  • En primer lugar, hay que destacar que “extranjera” es un concepto relativo, pues lo que es extranjero para un país es nacional para otro, por lo que siempre hay que considerar la extranjería de la decisión en relación al Estado donde se pide el reconocimiento. Es extranjera toda decisión que emana de autoridad judicial de un Estado distinto del que se pide el reconocimiento de cierta resolución.

  • En segundo lugar, la noción “extranjería” de una decisión significa que emana de un Estado y no de una jurisdicción surgida de algún otro órgano internacional o confesión religiosa.

Los efectos de las decisiones extranjeras

Introducción

Al ser la jurisdicción un atributo de soberanía, las decisiones dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado sólo tienen efectos dentro de sus fronteras. Aunque el Derecho internacional público no impone a los Estados la obligación de tomar en consideración las decisiones extranjeras, es deseable que este principio de exclusividad de soberanía sea complementado con la posibilidad de que se dé cierto valor a las resoluciones extranjeras; esto es, que los efectos de estas resoluciones tengan eficacia jurídica en los demás países. Razones de economía procesal, de seguridad jurídica, de armonía de decisiones y de respeto a los derechos adquiridos han conducido a que en todos los Estados existan procedimientos que permitan el reconocimiento o la ejecución de resoluciones extranjeras.

Existen distintos mecanismos que pueden garantizar el cumplimiento de una serie de condiciones, sin las cuales la sentencia extranjera no puede ser reconocida ni ejecutada. La decisión de los órganos encargados del control de esas condiciones se limita a aceptar o rechazar la eficacia de la resolución extranjera en base al cumplimiento o no de dichas condiciones, pero no la revisan en cuanto a fondo, ni en la apreciación de los hechos, ni en la aplicación del derecho que el Juez de origen haya realizado.

Sin entrar en el problema de la naturaleza jurídica de la decisión extranjera, se pueden analiza algunas cuestiones importantes:

  1. Sin pasar los controles o procedimientos previstos en el ordenamiento donde se pide el reconocimiento o la ejecución, cualquier resolución dictada por otro Estado sólo producirá los efectos que se derivan de un documento público (prueba), o de dato o hecho jurídico.

  2. Se puede iniciar en España una acción sobre el mismo asunto en tanto no se haya procedido al reconocimiento de la decisión (salvo supuestos en los que un Reglamento comunitario o convenio internacional prevea el reconocimiento de “pleno derecho”, en cuyo caso se podrá oponer en el nuevo proceso la excepción de cosa juzgada).

  3. Si a la resolución se le ha denegado el exequátur, este hecho no impide una acción nueva en España sobre la misma cuestión.

  4. Los efectos de estas resoluciones, una vez pasado el control exigido por el Estado requerido, se entiende desplegado desde la fecha de sentencia en origen y no desde que se otorgó el reconocimiento. De ahí la importancia de la elección entre pedir el exequátur de la decisión extranjera o emprender una acción nueva en España.

Efectos pretendidos e instrumentos de realización

Los efectos que se pretenden de una decisión extranjera pueden ser de muy diferentes clases:

  • Unas veces se pretenderá la ejecución de condena,

  • Otras, la seguridad que otorga la declaración de “cosa juzgada” material (al impedir un nuevo proceso en España sobre el mismo objeto y vincular al juez en procesos posteriores con distinto objeto).

  • En otras ocasiones, puede necesitarse la inscripción registral de una resolución,

  • Puede ser que únicamente se quiera conseguir que la resolución sea considerada como medio de prueba, ante Tribunales o fuera del ámbito procesal.

No todos los efectos necesitan los mismos instrumentos para su realización, ya que dependiendo del efecto pretendido y del alcance con que se pretenda, puede ser o no necesario un control de regularidad y, en el caso de que lo sea, son distintos los instrumentos para ejercerlo. De tal modo que podemos dividir los efectos de las decisiones extranjeras distinguiendo entre:

  • Aquellos que pueden necesitar de la comprobación de su regularidad, bien a través del proceso de exequátur o mediante el control de ciertas condiciones;

  • Aquellos otros efectos que se producen con independencia de la comprobación de la regularidad.

Efectos que necesitan control de regularidad. Las fórmulas de control: comprobación de ciertas condiciones o procedimiento especial

La plena eficacia de una decisión extranjera exige su reconocimiento y, si se pretende la ejecución de la misma, se exige también, la declaración de ejecutabilidad por parte de los órganos competentes del Estado requerido. Hay que distinguir reconocimiento de ejecución:

El “reconocimiento” supone que el Estado requerido hace suya, integra en su ordenamiento la situación jurídica que esa decisión consagra. Pero hay que determinar qué ordenamiento jurídico decide cuales son los efectos de la resolución.

Los efectos pretendidos a través del reconocimiento pueden ser varios, ya que dependiendo de los que se quieran obtener y de su alcance, el sistema utilizado para el control de la regularidad de la decisión, habrá de ser uno u otro.

Puede tratarse de efectos de cosa juzgada (positivos o negativos) con alcance general en el estado requerido. En tales casos, únicamente se alcanza el efecto pretendido cuando el reconocimiento se ha invocado a título principal y el control de regularidad se ha llevado a cabo mediante un procedimiento especial (exequátur).

Este procedimiento puede ser el previsto en nuestro derecho autónomo, o en Reglamentos comunitarios o en algún convenio ratificado por España.

Si los efectos pretendidos se limitan a la eficacia de una decisión extranjera en un juicio pendiente en España, nos hallamos ante el “reconocimiento incidental” (constituye un incidente en el proceso en curso). La decisión extranjera producirá efectos sólo en el proceso en que se plantea.

Otras veces lo que se interesa es la invocación de la decisión extranjera ante una Autoridad no judicial (ej. inscripción registral).

En estos dos últimos casos el reconocimiento puede producirse sin necesidad de exequátur, y los efectos son limitados y provisionales.

La no necesidad del procedimiento especial (exequátur) no implica que no pueda existir un control de regularidad a cargo de la autoridad nacional ante la que se presenta la resolución.

La “ejecución” supone un paso más: hacer cumplir esa decisión. Por tanto, implica un poder coactivo que únicamente corresponde al Estado. Es evidente que algunas decisiones (ej. condena al pago de una cantidad) necesitan no sólo el reconocimiento sino también la ejecución.

El ejercicio de la coacción por parte del Estado no puede ser ejercido por Autoridades extranjeras y, por lo tanto corresponde al Estado donde tal ejecución haya de llevarse a cabo.

Así como en el reconocimiento pueden existir diferentes sistemas 8reconocimeinto automático o procedimiento especial), para proceder a la ejecución será siempre necesario el procedimiento especial (con la excepción de la ejecución prevista en algunos Reglamentos comunitarios).

Dado que el reconocimiento que se invoca a título principal y la declaración de ejecutabilidad están estrechamente unidos, es lógico que el procedimiento sea el mismo y se someta a las mismas condiciones para evitar soluciones contradictorias. A través de éste (exequátur de nuestro derecho autónomo u otros procedimientos de ejecución previstos en los reglamentos comunitarios o en los Convenios) se procede, no sólo al reconocimiento sino también a la “declaración de ejecutabilidad” de la decisión y, una vez obtenida la ejecución, como acto procesal distinto del anterior, se llevará a cabo mediante los mecanismos de ejecución propios del país donde ésta se lleva a cabo.

Efectos que no necesitan de control de regularidad

El sistema autónomo español desconoce el “reconocimiento automático”, es decir, aquel que produce plenos efectos sin necesidad de procedimiento alguno. Generalmente en los sistemas autónomos (el español entre ellos) al prever únicamente el procedimiento de exequátur para dar eficacia a las decisiones extranjeras, no regulan los efectos de las decisiones que no han pasado por dicho control.

Sin embargo, se admite que las decisiones extranjeras desplieguen efectos, tanto en el ámbito de un proceso seguido en España, como fuera de él, sin necesidad de su reconocimiento (Postura apoyada por la jurisprudencia). La sentencia extranjera, como documento público que es, puede alegarse como medio de prueba en un proceso en España o fuera del ámbito procesal, lo que significa que puede aportarse como prueba no sólo de su propia existencia, fecha y autenticidad (fuerza probatoria intrínseca) sino también como prueba de los hechos que en ella se contienen y han sido verificados por el Juez en el mismo proceso. El juez también puede tomarla en consideración, por ejemplo para adoptar medidas provisionales o embargos preventivos. Incluso puede alegarse como un hecho jurídico producido que, como hecho que es, queda a la apreciación de los Tribunales.

La doctrina no coincide en una clasificación de estos efectos ni en su alcance. La jurisprudencia admite los efectos de prueba, pero es confusa en algunos puntos, pues podría deducirse que contrapone reconocimiento y ejecución exigiendo el exequátur únicamente para esta última, y en las sentencias constitutivas a través de la consideración como prueba se realiza un reconocimiento incidental.

La jurisprudencia ha admitido en determinados caso efectos a una sentencia extranjera sin necesidad de exequátur, Pero en cualquier caso, para que ésta produzca dichos efectos habrá de cumplir los requisitos exigidos en el art. 323 de la LEC 2000 para que los documentos extranjeros sean considerados documentos públicos a efectos procesales. Puede entenderse que estos requisitos se extenderán a la eficacia extraprocesal de los mismos (generalmente inscripción en el Registro Civil).

Finalmente, ni en los Reglamentos comunitarios ni en los Convenios se regulan estos efectos, independientes de la regularidad de la decisión, por lo que habrá de acudir a los derechos internos para saber el valor que se les atribuye.

El Derecho europeo

Consideraciones generales

Los reglamentos comunitarios que vamos a estudiar tienen como finalidad facilitar el reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales extranjeras entre los Estados miembros. Por tanto, y hasta el momento, sólo serán aplicables cuando la resolución provenga de un país comunitario, en otro caso se aplicaría el régimen convencional o el derecho interno.

Los Reglamentos que contienen reglas sobre reconocimiento o ejecución de decisiones son 6:

  • Reglamento 40/94 sobre marcas comunitaria.

  • Reglamento 2100/94 sobre obtenciones vegetales.

  • Reglamento 805/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de 21-04-2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.

  • Reglamento 2201/2003 relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia matrimonia.

  • Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia.

  • Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

El reglamento UE 1215/2012 de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

Consideraciones generales

Una condición necesaria para facilitar la “libre circulación de decisiones” en el espacio judicial europeo es la simplificación de las formalidades exigidas para el reconocimiento y ejecución de resoluciones.

Por ello, el Reglamento no se limita a regular el reconocimiento y la ejecución, sino que ha sido concebido como un instrumento “doble”, es decir, que regula tanto la competencia, como el reconocimiento y ejecución de decisiones, haciendo innecesario el control de la competencia del juez del Estado de origen por parte del juez del Estado requerido y favoreciendo así el reconocimiento.

La finalidad del Reglamento de simplificar el reconocimiento y la ejecución de resoluciones se pone de manifiesto:

  • Por un lado, en la posibilidad de un reconocimiento automático, sin necesidad de acudir a procedimiento alguno

  • Por otro lado, cuando se recurre al procedimiento especial diseñado por el Reglamento cuyo mecanismo es sencillo y rápido

  • Por último, se prevén escasos motivos para rechazar el reconocimiento de una resolución.

Decisiones reguladas

Por resolución a efectos del Reglamento se entiende cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro (independientemente de su denominación), así como el acto por el que el Secretario Judicial liquida las costas del proceso (art. 32).

Respecto al origen de la decisión, dos son las condiciones:

  • Que provenga de un órgano jurisdiccional

  • Que éste ejerza su función en nombre de un Estado miembro. Así, el presupuesto de aplicación del sistema de reconocimiento del Reglamento es que la resolución emane de una jurisdicción de un Estado miembro. Cualquier decisión emanada de una jurisdicción de un Estado miembro de la UE será reconocida o ejecutada según los mecanismos previstos en el Reglamento. Y esto es así, aunque la competencia del tribunal de origen no se hubiera fundamentado en los foros de competencia previstos en el mismo Reglamento.

El objeto de la decisión ha de entrar en el ámbito de aplicación material del Reg. que se circunscribe a la materia civil y mercantil, incluyendo también la laboral. En cuanto a las medidas provisionales o cautelares, también pueden ser reconocidas a través del Reg. Sin embargo, hay que hacer dos precisiones respecto a la interpretación del ámbito de aplicación material del Reg. en relación al reconocimiento:

  • La primera es que, si bien en un primer momento corresponde al Juez de origen la interpretación de la noción civil o mercantil o de los conceptos incluidos, no está claro si en el momento del reconocimiento, el juez requerido está vinculado a tal interpretación. En consecuencia puede darse el caso de que el Juez del Estado donde se pide el reconocimiento no aplique el sistema del Reglamento por entender que la materia no entra en su ámbito de aplicación.

  • La segunda se refiere a la posibilidad de que aunque la sentencia a reconocer resuelva sobre una materia excluida del ámbito de aplicación del Reglamento, si entre sus pronunciamientos se encuentra alguno incluido en ese mismo ámbito, éste podrá ser reconocido o ejecutado a su amparo (reconocimiento o ejecución parcial), (art. 48).

En lo que se refiere a la naturaleza de las decisiones del Reglamento, señalar que tanto las contenciosas como las de jurisdicción voluntaria son objeto del mismo. No es necesario que la decisión tenga efectos de cosa juzgada para ser reconocida a través del Reglamento.

Finalmente, destacar que los arts. 57 y 58 del Reglamento prevén un control especial de regularidad en relación a la ejecución de las actas autenticas y de las transacciones judiciales.

Reconocimiento y ejecución

El Reglamento introduce el principio de reconocimiento automático o de pleno derecho de las resoluciones judiciales en cualquiera de los Estados miembros, pero ello no significa ausencia de control de regularidad en algunos casos.

Si se pretende la ejecución de la resolución, o un reconocimiento a título principal (definitivo y con alcance general en todo el Estado, a través de exequátur), o un reconocimiento con carácter incidental (es decir, provisional y con carácter limitado), se ha de proceder –en algunos casos-, a declarar la regularidad de la decisión extranjera.

En el primer caso, si lo que se invoca es el reconocimiento a título principal o la ejecución (declaración de ejecutabilidad), el Reglamento contempla en su procedimiento de exequátur la posibilidad de que el demandado pueda interponer un recurso contra el reconocimiento o la ejecución ya otorgada si considera que no se cumplen las condiciones del art. 34.

Y, si lo que se invoca es el reconocimiento a título incidental, no es necesario ningún procedimiento porque es la Autoridad ante la que se invoca la que va a controlar esas condiciones. Tanto un reconocimiento como otro requieren las mismas condiciones, al igual que la ejecución; si bien en este último caso se exige además, que la ejecución sea ejecutiva en el Estado de origen. En lo que si difiere, es en la forma de control de esas condiciones.

Motivos de denegación del reconocimiento

El Reglamento parte de la presunción de que las decisiones han de ser reconocidas y, en su caso, ejecutadas. En base al principio de la confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE la presunción es favorable al reconocimiento; por lo que las condiciones o los motivos para rechazar el reconocimiento de una decisión de un Estado miembro son pocas, ya sea por el juez que está conociendo de una cuestión incidental dentro de un proceso, ya sea por el juez que está conociendo en el proceso de exequátur del recurso interpuesto por la parte perjudicada por una decisión positiva.

Motivos expresamente rechazados

En ningún caso el juez requerido puede revisar la decisión extranjera en cuanto al fondo.

Motivos de aplicación excepcional

Entre los motivos de rechazo del reconocimiento que están en principio prohibidos pero que pueden admitirse en determinados supuestos, está el control de la competencia del juez de origen. El principio de base es la prohibición de control de la competencia de las resoluciones provenientes de un país miembro determinados supuestos, pero hay unas excepciones que, son las siguientes:

El Juez requerido va a controlar:

Para reconocer una decisión, que se han tenido en cuenta los foros de seguros, consumidores y competencias exclusivas. Si no se han utilizado dichas normas de competencia –protección y exclusividad-, el juez requerido impedirá el reconocimiento tanto de las decisiones emanadas de un país comunitario como de uno que no lo sea.

Para no reconocer una decisión, que la competencia del juez de origen no esté basada en los foros del Convenio por el que se obliga a no reconocer aquellas sentencias que estén basadas en los foros exorbitantes del art. 3 del Convenio; por ello el juez ha de comprobar tal extremo.

En ambos casos el tribunal del Estado requerido puede controlar la competencia judicial del tribunal del Estado miembro de origen de la decisión, pero ha de atenerse a las apreciaciones de hecho en las que éste fundamentó su competencia.

Respecto al control de la ley aplicada, impera también el principio de prohibición de revisión ya que el Juez requerido no puede entrar a controlar la ley aplicada por el Juez de origen. Este control ha desaparecido también de los derechos nacionales (entre ellos del español), y en el Reglamento tampoco existen excepciones al mismo. La excepción a esta regla está recogida en el art. 27.4 del Convenio de Bruselas (sólo aplicable a Dinamarca). Según este artículo el juez requerido puede controlar la ley aplicable cuando, para resolver la cuestión principal, el juez de origen haya tenido que decidir previamente sobre otra cuestión que afecte al estado o capacidad de las personal físicas, regímenes matrimoniales, testamentos o sucesiones. Será la ley aplicada a esta cuestión incidental la que puede ser controlada por el juez requerido, que puede rechazar el reconocimiento de la principal si a aquélla no se le aplicó la ley que hubiera aplicado éste según sus normas de DIPr, o alguna que llegue al mismo resultado.

Motivos de aplicación general

El rechazo del reconocimiento de una decisión comunitaria se da siempre por los motivos enumerados en el art. 34 y son los que siguen:

  1. Que la decisión sea manifiestamente contraria al orden público del Estado requerido. La contradicción ha de resultar no de la decisión en sí, sino del resultado concreto que tenga tal reconocimiento en el Estado requerido en el momento en que éste se pide.

  2. Relativo a los derechos de la defensa y se limita a los casos en que la decisión se hubiera dictado en rebeldía del demandado, con dos condiciones: que la cédula de emplazamiento o documento equivalente le hubiera sido notificado en forma “tal”; y con tiempo suficiente para defenderse. La condición previa para que entre en juego este ar. Es que la decisión haya sido recurrida en el país de origen si el demandado “hubiera podido hacerlo”. Este art. Convierte los derechos de la defensa en los derechos más protegidos por el Reglamento, pues no se limita as suplementar el art. 26 (que protege al demandado rebelde), sino que duplica las garantías otorgadas a éste, de tal manera que abre un cauce, para la denegación del reconocimiento o la ejecución de las decisiones comunitarias.

  3. El tercer y cuarto motivo de rechazo del reconocimiento de una decisión están contenidos en los arts. 34-3 y 34-4 del Reglamento y ambos se refieren a la inconciabilidad de decisiones. La finalidad es evitar que se reclame en el Estado requerido el reconocimiento o ejecución de decisiones contradictorias. El art. 34.3 prohíbe el reconocimiento de una decisión dictada por un Estado miembro entre las mismas partes, cuando ésta sea inconciliable con otra dictada en el Estado requerido. Las condiciones son pues: identidad de partes y la existencia de dos decisiones inconciliables (ya dictadas aunque conlleven o no la eficacia de cosa juzgada y con independencia de cual sea el momento, anterior o posterior, de una respecto a la otra en que se dictaron). El art. 34.4 rechaza el reconocimiento de una decisión emanada de un Estado miembro (recordemos que las emanadas de un Estado no miembro no son objeto de reconocimiento a través del Reglamento) cuando fuera inconciliable con otra dictada con anterioridad, bien en un tercer Estado, bien en un Estado miembro, con identidad de partes, objeto y causa y susceptible de ser reconocida en el Estado requerido.

El régimen convencional

Aspectos generales

El número de Convenios internacionales que forman parte del ordenamiento español en el sector de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras es muy amplio. Es el propio Convenio el que va a regular el reconocimiento y la ejecución de la decisión que se solicite a su amparo.

Convenios por los que España está obligada

En cuanto a los Convenios multilaterales hay que citar, en primer lugar, el Convenio de Lugano del 16 de septiembre de 1988, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil. Dicho Convenio extiende el sistema de Bruselas a los países de la Asociación Europea de Libre Cambio.

España es parte en Convenios multilaterales sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en materias específicas y además se encuentra vinculada con 17 países por tratados bilaterales sobre el tema, algunos de ellos muy antiguos como los firmados con Suiza (19-11-1896) y con Colombia (30-05-1908)

Todos estos Convenios se caracterizan por su heterogeneidad, manifestada en varios aspectos:

  • Materias que contemplan. Estos convenios bilaterales se refieren fundamentalmente a la materia civil y comercial aunque las materias incluidas varían de uno a otro

  • Régimen que utilizan para el reconocimiento y ejecución. Algunos de ellos contemplan el reconocimiento automático mientras que otros exigen un procedimiento especial.

  • Autoridades competentes para otorgarlos. Unos designan a los Tribunales de Primera Instancia, mientras que otros, al no contemplar expresamente la Autoridad competente, se entiende que ésta será, como en el derecho autónomo, el Tribunal Supremo.

  • Principio del reconocimiento más favorable. Algunos contemplan la posibilidad de acudir al derecho interno, mientras que otros remiten expresamente al derecho convencional en el caso de que éste sea más favorable.

  • Exigencia o no del control sobre la ley aplicable. Lo exigen algunos convenios.

  • Finalmente, disposición expresa sobre la incompatibilidad de decisiones como causa de no reconocimiento se contempla en muchos convenios. También es motivo de no reconocimiento, en muchos Convenios, la existencia de litispendencia.

Relaciones entre Convenios

En el sector específico del reconocimiento, el art. 71.2 b) del Reglamento 44/2001, declara aplicable su sistema de reconocimiento y ejecución a aquellas decisiones dictadas por un Tribunal de un Estado miembro basadas en los foros de competencia de un convenio relativo a una materia particular. Y, en el supuesto de que en un Convenio de esa naturaleza, ratificado por el Estado de origen y el Estado requerido, se contemplen las condiciones para el reconocimiento o la ejecución, éstas pueden ser utilizadas (art. 71). En todo caso, se puede utilizar el reglamento 44/2001 en lo referente al procedimiento de reconocimiento o ejecución.

El régimen autónomo español

La reciprocidad

El art 952 de la LEC 1881 aun en vigor dispone que: “Si no hubiere Tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España”. Y, por su parte, el art. 953 establece que: “Si la ejecutoria procediera de una nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a las dictadas por los tribunales españoles, no tendrán fuerza en España”.

Estos dos artículos definen el régimen de reciprocidad existente en nuestro ordenamiento: positiva en el primero y negativa en el segundo. Se trata de que las sentencias de un Estado extranjero reciban en España el mismo trato que las españolas en ese Estado. Este régimen apenas es utilizado: en el caso de reciprocidad negativa, la referencia a la misma ha quedado prácticamente como un residuo plasmado en una cláusula de estilo. En caso de reciprocidad positiva, la dificultad de su prueba (ha de ser bilateral y actual en el tiempo) y que en cualquier caso la sentencia ha de cumplir los requisitos del art. 954, han prodigado su desaparición. Y por tanto, en ausencia de norma de Derecho comunitario o de Tratados específicos, será aplicable el régimen general de condiciones del art. 954 de la LEC 1881.

El régimen general de condiciones del artículo 954 LEC de 1881

Se necesitan tres presupuestos para acudir a este artículo y proceder al reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras:

  1. Que la resolución provenga de un tribunal estatal extranjero (ni religioso, ni arbitral, ni supranacional ni internacional)

  2. Que la materia objeto de la resolución sea de derecho privado (civil, mercantil o laboral)

  3. Que la resolución sea firme en el país de origen.

Cualquier resolución en la que concurran estos presupuestos es susceptible de ser reconocida y ejecutada a través del sistema de la LEC 1881. Pero no todas serán objeto de reconocimiento o ejecución, sino que han de pasar por el procedimiento llamado de exequátur, para comprobar si cumplen una serie de condiciones. El órgano competente para conocer este procedimiento son los Juzgados de 1ª instancia (art. 955 LEC), sin perjuicio de lo dispuestos en los Tratados y otras normas internacionales. Su labor se limita a comprobar que se cumplen los requisitos, sin entrar en la revisión del fondo de la resolución.

Estas condiciones para otorgar el reconocimiento son las recogidas en el art. 954 LEC de 1881:

  1. “Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal”. Excluye las acciones reales sobre bienes inmuebles que son competencia exclusiva de los tribunales españoles conforme a la LOPJ.

  2. “Que no haya sido dictada en rebeldía”. La simple incomparecencia no significa rebeldía. Sólo se considera rebelde si el demandado fue citado regularmente y tuvo oportunidad de defenderse y pese a ello no compareció en juicio.

  3. “Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España . Es decir, conforme al orden público según la jurisprudencia del TS y los principios y valores defendidos por el orden público son los del foro y muy especialmente los consagrados en la CE como derechos fundamentales y libertades públicas.

Tres características de orden público convergen en el reconocimiento o ejecución de sentencias extranjeras:

  • Excepcionalidad, es decir, su utilización será restrictiva

  • Relatividad, sólo podrá utilizarse frente a los efectos concretos que produzca la resolución. No es por tanto la sentencia en sí la que pueda ser considerada contraria a nuestros principios, sino los resultados que su reconocimiento pueda causar en el foro.

  • Actualidad, su utilización únicamente está permitida cuando en el momento del reconocimiento los principios fundamentales del ordenamiento chocan contra los efectos que la resolución extranjera producen.

Se refiere a las “garantías formales”: autenticidad de la misma en la nación en que se dictó, y las requeridas por la legislación española para que haga fe en España. (estos requisitos referentes a documentos públicos extranjeros están contemplados en el Art. 323 de la LEC 2000).

Junto a estas condiciones recogidas en la LEC 1881, el TS en jurisprudencia constante añadió otras dos:

  1. El control de la competencia del tribunal de origen de la decisión, control que se ejerce exigiendo una relación entre el litigio y ese tribunal. No se reconocerán resoluciones dictadas por tribunales que hayan basado su competencia en foros que nuestra LOPJ considera exclusivos.

  2. La inexistencia de contradicción con una sentencia española o un proceso en trámite ante los tribunales españoles.

La firmeza de la sentencia es exigible en todos los casos.

El proceso de exequátur en el Derecho autónomo español

La LEC 1881 (arts. 955 y ss) utiliza un mismo procedimiento para obtener el reconocimiento y la declaración de ejecutabilidad. En este proceso (proceso de exequátur) los juzgados de primera instancia verificarán únicamente si la resolución extranjera cumple las condiciones exigidas, sin entrar a analizar el fondo de la decisión. Al tratarse de un proceso de homologación, la revisión del fondo está prohibida. Serán estos juzgados de 1ª Instancia, siempre y cuando los Convenios o los Reglamentos comunitarios que sean aplicables al caso, no dispongan otra cosa.

Están legitimados para solicitar el exequátur, asistidas por abogado y procurador, las partes en un proceso extranjero, sus causahabientes, y cualquier persona que acredite interés legítimo. Es necesaria la intervención del Ministerio Fiscal.

La demanda debe acompañarse de la resolución legalizada y traducida. La legalización se sustituye por una “apostilla” para las resoluciones provenientes de países que hayan rarificado el Convenio de Haya de 1961, sobre la supresión de legalización de documentos públicos extranjeros.

Se emplaza a la parte contraria para que comparezca en el plazo de 30 días. Si comparece, sólo podrá oponerse al exequátur alegando que no se cumple alguna de las condiciones exigidas. Si no comparece, el proceso continúa transcurridos los 30 días. Éste termina por auto que otorga o deniega el exequátur y contra el que no cabe recurso (art. 956).

En el procedimiento de exequátur se solicita el reconocimiento o ejecución de una resolución extranjera.

El sistema español no prevé la solicitud de que ”no se reconozca” o “no se ejecute” una resolución procedente del extranjero, por ejemplo, el supuesto en que una parte haya obtenido una sentencia desfavorable en el extranjero y considera que l a misma no podrá reconocerse en España al no reunir las condiciones del art. 954 LEC ¿Cómo deberá proceder entonces? La única solución que le queda, al no existir cauce procesal para anticiparse al no reconocimiento es esperar a que el exequátur sea instado por la contraparte, y entonces oponerse a él.

Otorgado el exequátur el Juzgado de Primera Instancia despachará la ejecución.

Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros

Al igual que las resoluciones judiciales, los laudos arbitrales extranjeros también pueden ser reconocidos y ejecutados en España. También son predicables las mismas razones de economía procesal, seguridad jurídica, armonía de decisiones y de respeto a los derechos adquiridos que aconsejan a los Estados reconocer resoluciones judiciales extranjeras son predicables respecto de los laudos arbitrales.

Las fuentes del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros

El marco legal donde se regula el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales es complejo. Así junto a las disposiciones propias de nuestro derecho autónomo - Título IX de la Ley de Arbitraje de 1988 (LA)- existen una serie de Convenios tanto multilaterales (Convenio de Nueva Cork de 1958, Convenio de Ginebra de 1961) como bilaterales (Convenio con Suiza, con Francia, con Italia, etc.) ratificados por España.

Las normas del Título IX de la Ley de Arbitraje (LA) sólo son de aplicación en defecto de Convenio, y puesto que el Convenio de Nueva York de 1958 es –para España- de aplicación erga omnes, será difícil que las normas de este título puedan llegar a ser aplicadas.

Pero el carácter erga omnes del Convenio de Nueva York no impide que se tengan en cuenta otras normas de reconocimiento y ejecución ya que éste recoge el principio de la norma más favorable.

Según su art VII, el demandante en un proceso de exequátur de un laudo arbitral podrá solicitar ante un tribunal competente la aplicación de la norma (Convenio bilateral o multilateral o Título IX de la LA) que considere más favorable a su pretensión. Pero, no es posible la invocación de normas aisladas de cuerpos legales diferentes, sino la remisión en bloque a un sistema determinado.

El sistema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros

En nuestro país, el sistema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeras, que impone menos condiciones para otorgar el exequátur, es el Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 (CNY).

El Convenio se aplica al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

En dicho Convenio el término extranjero es interpretado de forma amplia, pues comprende tanto los laudos dictados en el territorio de un Estado distinto de aquél en que se pide el reconocimiento y ejecución, como de aquellos otros considerados “no nacionales” en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución. En el ordenamiento español, extranjero es el laudo que no se haya pronunciado en España.

A diferencia de los Reglamentos comunitarios, el convenio no establece un sistema de reconocimiento y ejecución, remitiéndose a las normas vigentes en el territorio donde el laudo sea invocado, art. III del Convenio de Nueva York (en España arts 955 y ss LEC 1881).

Pero aunque el procedimiento se sustancie en virtud de las normas procesales de la LEC 1881, tanto los documentos que debe presentar la parte demandante en el proceso de exequátur, como las condiciones del reconocimiento y ejecución, serán, exclusivamente, las recogidas en el propio Convenio.

Los documentos que el demandante debe presentar junto con la demanda de reconocimiento o ejecución son:

  • El original debidamente autenticado del laudo o copia del mismo que reúna las condiciones de autenticidad

  • El original del convenio o copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

Ambos documentos se presentaran traducidos y dicha traducción deberá ser certificada por un traductor jurado o por un agente diplomado consular.

En cuanto a los motivos de la denegación éstos se encuentran recogidos en el art. V del texto y constituyen una lista cerrada, lo que impide que los Estados puedan exigir otros motivos previstos en su derecho interno. Se dividen en dos grupos:

  • Aquellos que pueden ser invocados por la parte demandada: invalidez del convenio arbitral, vulneración de los derechos de defensa, incongruencia entre el contenido del laudo y el convenio arbitral, irregularidades en la composición del tribunal arbitral y/o en el procedimiento arbitral y que el laudo no sea aún obligatorio para las partes o que haya sido anulado o suspendido por autoridad competente.

  • Aquellos que son apreciables de oficio por el Tribunal: la no arbitrabilidad de la controversia y la contrariedad con el orden público del Estado requerido

El exequatur es una de las formas que existen en derecho español para reconocer efectos a una decisión judicial dictada en el extranjero.

La necesidad de reconocer una decisión judicial extranjera surge cuando, habiendo obtenido una sentencia, auto, etc., en un país extranjero deseamos que ésta despliegue sus efectos en España.