07. La eficacia extraterritorial sin exequátur

Introducción

Cada Estado en ejercicio de su soberanía delega en sus jueces, notarios, registradores y otras autoridades el ejercicio de ciertas funciones que cristalizan en una variada tipología de documentos eficaces dentro de los límites del Estado. La circulación más allá de esa frontera precisa de la articulación de procedimientos especiales de reconocimiento.

Hay tres modelos de reconocimiento:

  1. el modelo basado en el exequátur

  2. el reconocimiento conflictual, presente en el ámbito registral

  3. el principio de reconocimiento mutuo

Concepto de documento público extranjero

Se consideran documentos públicos extranjeros todos los documentos formalizados ante autoridades extranjeras, que desempeñen funciones similares a las que desarrollan las autoridades españolas. Tal eficacia extraprocesal se materializa en la inscripción del documento extranjero en el correspondiente registro español.

Por otro lado, las decisiones judiciales son constitutivas de una situación nueva, frente a otros documentos que se limitarían a la declaración de un derecho preexistente.

Finalmente, la eficacia de los documentos privados está regulada para supuestos internos en los artículos 324 a 327 LEC 2000, sin que exista previsión específica en cuanto a los documentos privados extranjeros. Tendrán, por tanto, que venir traducidos (art. 144 LEC) y su validez estará supeditada a las previsiones del artículo 11 CC, que utiliza tres criterios de conexión para decidir acerca de la validez de los documentos privados, y entre ellos, la ley del lugar de otorgamiento.

Distintos modelos de eficacia sin exequátur

Las decisiones judiciales y los documentos públicos que llevan aparejado efecto ejecutivo generalmente precisan de exequátur. Esta regla tiene excepciones en ciertos instrumentos europeos.

Cuando se trata de asegurar la eficacia extraterritorial hay modelos que obligan a tener en cuenta, sin necesidad de procedimiento adicional alguno, decisiones y actos contenidos en documentos de otros Estados, facilitando su circulación

Reconocimiento automático de las decisiones judiciales

El reconocimiento automático lo es porque presupone que no hay necesidad de acudir a un procedimiento especial; sin que ello se traduzca en ausencia de control de la resolución judicial.

El Bruselas I refundido viene a potenciar la eficacia extraterritorial de las decisiones dictadas por los tribunales de los Estados miembros de la UE. La regla general es el reconocimiento y la ejecución sin exequátur salvo que la parte, contra la que expide la ejecución, se oponga por algún motivo de los taxativamente previstos (art. 46).

Principio de reconocimiento mutuo: eficacia basada en títulos o certificados europeos

La eficacia extraterritorial puede obedecer al mandato de reconocimiento mutuo de ciertas decisiones judiciales y no judiciales con base en el Derecho europeo. Destacan tres rasgos característicos:

  1. Las decisiones "certificadas" en el país de origen (judiciales o no) se convierten en título sin tener que pasar por otro procedimiento de control en el país de ejecución.

  2. La sede de control se establece en el país de origen, idea central por lo que concierne a la garantía de la tutela del demandado en el proceso principal.

  3. La eficacia extraterritorial de la decisión certificada en el país de origen es un medio alternativo para alcanzar la eficacia de la resolución, pues al demandante en el proceso principal siempre le queda abierta la posibilidad de solicitar el exequátur por los cauces tradicionales.

Materias sobre las que se proyecta

El principio de reconocimiento mutuo se desarrolla en primer término en el R 2201/2003 para la restitución de menores en los supuestos de secuestro internacional.

Es el mecanismo determinante de la eficacia extraterritorial de las decisiones dictadas en el marco de otros tres procedimientos especiales relativos al cobro de cantidad: en el R 805/2004 por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo (TEE) para créditos no impugnados; en el R 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo; y en el artículo 20 del R 861/2007 por el que se establece un procedimiento europeo de escasa cuantía.

También se introduce en los artículos 17 a 21 del R 4/2009 de alimentos, en relación con las decisiones que hayan sido dictadas conforme a normas de conflicto uniformes (Protocolo de la Haya).

Es asimismo un mecanismo alternativo en el R 650/2012 en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo. La sucesión abierta en un Estado miembro y "certificada" es un título ejecutivo en los demás Estados miembros.

Y por último, el reconocimiento mutuo podría ser el principal eje para facilitar la circulación de ciertos documentos públicos extranjeros, particularmente las certificaciones de estado civil, vista la Propuesta de Reglamento 2013/0119, tendente a favorecer la libre circulación de los ciudadanos y las empresas simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la UE.

Funcionamiento: el ejemplo del TEE

Ante un crédito no impugnado y firme en un Estado miembro, con autoridad de cosa juzgada y ejecutorio en el país de origen, el órgano jurisdiccional de origen expedirá el Certificado de Título Ejecutivo Europeo (art. 7.1).

Pueden ser objeto de TEE las resoluciones judiciales, transacciones judiciales o documentos públicos, otorgados en un Estado miembro (excepto Dinamarca) cuyos efectos ejecutivos se extenderán a todos los países de la UE, sin necesidad de control ni procedimiento alguno en el país donde ha de llevarse a cabo la ejecución.

Se entiende que un crédito no ha sido impugnado:

  • si el deudor lo ha admitido expresamente, o

  • si el deudor no lo ha impugnado en el Estado de origen, o habiéndolo impugnado, no ha comparecido luego en la vista relativa a dicho crédito, debido a su aceptación tácita.

La autoridad que entiende en origen tendrá que respetar los foros exclusivos y el mínimo material uniforme, esto es, las normas relativas al procedimiento de notificación del escrito de incoación; las referentes al deber de información al deudor, con las que se supone que toma la decisión de no personarse; finalmente, se reconoce asimismo a las partes un derecho de revisión en casos excepcionales.

Una vez dictada la decisión y emitido por la autoridad que sea competente el Certificado TEE (operación contra la que no cabe recurso), el TEE es título de ejecución y por tanto puede ser objeto de ejecución en todos los demás Estados miembros. El Reglamento incluye los formularios normalizados TEE que han de ser cumplimentados.

El Estado miembro de ejecución abrirá las posibilidades de recurso al deudor en los supuestos en que exista una decisión inconciliable, con la que se pretende ejecutar en ese Estado o en otro, aunque en ningún caso podrá ser objeto de una revisión de fondo. Cuando España sea país de ejecución otros motivos pueden encontrarse en los artículos 556 y siguientes LEC 2000.

La ejecución tiene que desarrollarse conforme a las exigencias normativas establecidas por la ley del país de ejecución.

En fin, este es el "modelo tipo" aunque experimenta variaciones en otros de los instrumentos que introducen el reconocimiento mutuo de las decisiones. El elemento diferencial consiste en ese "mínimo material uniforme" que asegura la tutela del deudor en el país de origen.

En general, el reconocimiento mutuo presupone dos condiciones: confianza y equivalencia. Confianza en la actuación de las demás autoridades nacionales judiciales. Y equivalencia en cuanto que los estándares procesales nacionales, sobre todo en cuanto a garantías, no han de ser idénticos pero sí similares.

Eficacia extraprocesal de los documentos públicos extranjeros

En DIPr la vinculación del acto o negocio jurídico con dos o más ordenamientos plantea, en primer lugar, la cuestión de la determinación de la validez formal de dichos actos. Y además, la cuestión de la admisión de su eficacia.

Eficacia probatoria y validez del documento: Régimen general

Los documentos públicos extranjeros pueden pretender eficacia en España en un doble plano: judicial y extrajudicial. El artículo 323 LEC 2000 regula "a efectos procesales" la eficacia de los documentos públicos extranjeros como medio de prueba en juicio. Fuera del proceso no hay un régimen para determinar la eficacia probatoria de los documentos públicos extranjeros. De ahí que el artículo 323 LEC 2000 sea el régimen general en la materia.

Eficacia del documento público y eficacia del acto

El artículo 323 LEC 2000 distingue entre la eficacia probatoria del documento y la eficacia del acto que incorpora el documento. La eficacia del documento suscita un problema de prueba de la validez formal o externa del documento público extranjero, y se resuelve en el artículo 323.2 LEC 2000. La eficacia del acto nos sitúa ante la cuestión de la validez del acto que tuvo lugar en el extranjero acreditado por el documento, y es a la que se refiere el artículo 323.3 LEC 2000.

Luego, todo depende de lo que los interesados pretendan alcanzar en España. Si lo que se pretende es que el documento público extranjero sirva como medio de prueba tendrá que cumplir los requisitos contemplados en el apartado 2: la validez conforme a la ley del país de otorgamiento, además de otras exigencias de regularidad como son la traducción y la legalización o en su caso la apostilla.

En cambio, si el documento contiene declaraciones de voluntad y se busca que las autoridades españolas reconozcan la eficacia del acto contenido en tal documento, el apartado 3 añade además otras condiciones relativas a la validez del acto: la capacidad de las partes, validez de la relación en cuanto al fondo (ley rectora del fondo) y regularidad formal (ley rectora de la forma).

Requisitos comunes: conformidad con la ley del lugar de otorgamiento, legalización o apostilla y traducción

La referencia del artículo 323.2.1 LEC 2000 a "los requisitos que se exijan en el país donde se han otorgado", significa que la regularidad formal del documento debe establecerse conforme a lo dispuesto por la ley del país de otorgamiento o lex loci. La lex loci normalmente va a coincidir con la lex auctor o ley de la autoridad interviniente: el documento ha de ser formalmente válido conforme a la ley del país de otorgamiento, que generalmente va a coincidir con la ley de la autoridad que interviene el acto.

Se exige la legalización y la traducción, además de lo que prevean los convenios internacionales en la materia. La legalización consiste en:

  1. certificar la autenticidad de la firma del documento

  2. certificar y especificar la calidad en la que interviene el signatario, y

  3. certificar y especificar la identidad del sello o timbre que el documento ostente.

La legalización no se exige para las certificaciones europeas ni en algunos de los convenios bilaterales que tiene suscritos España. Fuera del ámbito UE el avance resulta patente en el Convenio 17 CIEC, sobre dispensa de legalización, por el que se suprime en todos los Estados contratantes la necesidad de legalización o de cualquier otra formalidad, tanto para los documentos relativos al estado civil, capacidad o situación familiar, nacionalidad, domicilio, residencia, como para cualquier otro documento que haya sido extendido para la celebración de matrimonio.

Cabe que el documento o la decisión judicial extranjera se refiera a un tipo de acto que tenga que desplegar eficacia extraprocesal (y probatoria), o simplemente un efecto ante terceros, la idea central es que basta que cumplan los requisitos del artículo 323 LEC 2000 a falta de régimen jurídico propio. Esto es, validez conforme a la ley del país de otorgamiento, más legalización (o apostilla) y traducción, necesarios para su autenticidad en España.

Eficacia registral

La regulación del acceso al Registro español de documentos públicos extranjeros está subordinada, en primer término, al Derecho convencional y al Derecho de la UE. En segundo lugar, los convenios bilaterales sobre asistencia judicial y reconocimiento de decisiones judiciales que vinculan a España, han de ser tenidos en cuenta por el Encargado del Registro. En tercer lugar, sobre el derecho interno prima el Derecho de la UE y en particular, en materia de Registro Civil, el R 2201/2003.

En cuanto al régimen interno, la Ley 20/2011 del Registro Civil (LRC 2011) introduce por vez primera una regulación sistemática, clarificando enormemente el panorama legislativo.

Consideraciones generales

En principio son títulos de acceso al Registro las resoluciones judiciales extranjeras, los documentos públicos extranjeros y las certificaciones registrales expedidas por autoridades extranjeras. En cuanto al acceso al Registro Civil, son inscribibles: hechos o actos acaecidos en España cuando afecten a un español o a un extranjero. Si acontece fuera de España y afecta a un español debe acceder al RC.

El reconocimiento incidental (o previo) facilita que la sentencia o el documento o la certificación registral extranjera se convierta en título de inscripción en el Registro. La LRC 2011 asimila en el tratamiento las sentencias y las certificaciones registrales extranjeras.

Tras la declaración de reconocimiento, el acceso al Registro los dota de una eficacia limitada al marco registral en el que el título se hace valer. Lo que hace el RC es establecer la prueba de lo que allí se refleja.

Particularidades de los distintos títulos inscribibles:

  • Resoluciones judiciales extranjeras: la regla general es la exigencia de exequátur para el acceso al RC. No obstante, el propio TS ha afirmado que sólo las sentencias que contengan pronunciamientos de ejecución deben ser objeto de exequátur. El modelo que se va imponiendo paulatinamente es el reconocimiento sin exequátur, por vía incidental (esto es, sin necesidad de acudir con carácter previo al Juzgado de 1ª instancia). La decisión extranjera, que ha de ser definitiva, se hace valer directamente ante las autoridades registrales del Estado receptor. Una vez inscrita la decisión, vincula, aunque sin fuerza de cosa juzgada, a los intervinientes y a terceros. Lo cual no excluye que puedan alcanzar eficacia por exequátur. El control por exequátur presenta la ventaja de dotar a la decisión judicial extranjera de una eficacia general, no limitada al ámbito registral.

  • Documentos autorizados en el extranjero: no tienen fuerza ejecutiva, y deben observar los requisitos establecidos por el artículo 323 LEC 2000, a falta de régimen particular.

  • Certificaciones expedidas por autoridades registrales extranjeras: cuentan con dos cauces de acceso al RC:

    • Inscripción directa: por transcripción literal de la certificación del asiento extendido en el registro extranjero. No hay necesidad de expediente.

    • Inscripción indirecta: se promueve el oportuno expediente tras el reconocimiento incidental.

Condiciones para el acceso al Registro Civil español

Requisitos que ha de verificar el Encargado del Registro conforme a la LRC 2011:

  • Autenticidad: Legalización o apostilla, y traducción.

  • Firmeza: tratándose de decisiones judiciales extranjeras se exige la firmeza de la resolución o su carácter definitivo si se trata de sentencias judiciales dictadas en procesos de jurisdicción voluntaria.

  • Regularidad formal: los documentos presentados deben cumplir: los términos del artículo 323.2 LEC 2000; conformidad con la ley del lugar de otorgamiento; traducidos; y legalizados o apostillados.

  • Autoridad competente

  • Valoración de la intervención de la autoridad extranjera

  • Control de la ley estatal aplicada

Regímenes particulares

Siendo éste el régimen general para el reconocimiento incidental de las decisiones judiciales extranjeras, existen otros, forjados en atención a las singularidades de los problemas subyacentes en ciertas decisiones pertenecientes al ámbito de la jurisdicción voluntaria, aunque utilicen casi idénticos criterios de control.