10. Derecho de extranjería

Introducción

El que tradicionalmente la condición de extranjero venga definida "de manera negativa", por contraposición a la condición de nacional, no significa ausencia de derechos. Extranjero será, pues, la persona que carece de la nacionalidad del Estado en el que se encuentra.

El Derecho español de extranjería está constituido por el conjunto de normas relativas a la entrada, la permanencia y la salida de los extranjeros del territorio español y a los derechos de los que éstos gozan en España. En la regulación de este Derecho, el Estado ha de tomar en cuenta los condicionantes internacionales, europeos y constitucionales que inciden en la formulación y regulación de dichas normas y derechos.

Incidencia del Derecho de la Unión Europea en la configuración del régimen de extranjería de los Estados miembros

La ciudadanía de la Unión confiere a los nacionales de los Estados miembros la titularidad de determinados derechos. Entre ellos, el derecho a apelar al Defensor del Pueblo Europeo, a iniciar propuestas legislativas, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas y el derecho a la protección diplomática y consular por parte de cualquier Estado miembro fuera de la Unión. Además, los nacionales de los Estados miembros tienen el derecho a circular y residir libremente en todo el territorio de la UE. La consecuencia de esta situación para los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros se plasma en la existencia de dos regímenes jurídicos diferenciados, cuyas características y fuentes se examinan a continuación.

Los regímenes de extranjería en el Derecho español

En Derecho español resulta aceptada la distinción entre un régimen general, aplicable a todos los que carecen de nacionalidad española (extranjeros en general) y un régimen especial aplicable a los nacionales de los Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo. El régimen general se aplica con carácter supletorio, o a los efectos más favorables, a ambas categorías de extranjeros.

Las normas del régimen general son normas europeas en desarrollo de la política común de inmigración. En el régimen especial son normas europeas directamente emanadas de los Tratados, en desarrollo de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión.

La supresión de fronteras internas implica una gestión reforzada de las fronteras externas de la Unión, así como la regularización de la entrada y la residencia de personas nacionales de países extracomunitarios. La política común de asilo e inmigración marca las pautas para la adopción de medidas que la UE adopta para su desarrollo y que los Estados miembros han de incorporar a su Derecho interno.

Derechos y libertades de los extranjeros en España

Configuración e interpretación constitucional: el artículo 13.1 de la Constitución Española

El artículo 13.1 CE establece que: "Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley".

En cuanto a la delimitación del concepto "libertades públicas", el TC entiende que no tiene significado restrictivo. Debe quedar claro que la propia CE nos da las piezas de interpretación de los derechos fundamentales de los extranjeros. El punto de partida son los derechos y libertades consagrados en el Título I. Estos derechos pueden experimentar un desarrollo o una interpretación distinta según hayan de referirse a españoles o a extranjeros.

Condiciones de ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros en la LO 4/2000

El Derecho español de extranjería se encuentra presidido por dos principios básicos, no coincidentes, referidos a los derechos civiles, de una parte, y a las libertades públicas, de otra. Respecto de los primeros, se reafirma la idea de equiparación entre españoles y extranjeros. En relación a las libertades públicas, se admite diferencia de trato.

Centrándonos en las condiciones de ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la LOEx, el legislador español ha seguido el criterio de "residencia o residencia legal" en sus distintas redacciones. El TC analizando el contenido esencial de tales libertades, su conexión con la dignidad humana y la limitación impuesta por el legislador, entendió que, aun siendo constitucionalmente lícito establecer limitaciones, la autorización de estancia o residencia en España para el ejercicio de determinados derechos fundamentales impedía su ejercicio, vulnerando el contenido constitucional de cada libertad concernida. La reforma LOEx 2/2009 incorpora la doctrina del TC y, respecto del ejercicio de determinados derechos y libertades, los reconoce "en las mismas condiciones que a los españoles".

Régimen general

Fuentes normativas y ámbito de aplicación personal

El régimen general se contiene en la LOEx 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su Reglamento de ejecución RD 557/2011.

En cuanto a su estructura, la LOEx se divide en 5 títulos: Disposiciones generales; Derechos y libertades de los extranjeros; Régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros; Infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador; Coordinación de los poderes públicos.

Por su parte, el Reglamento contiene 15 títulos (266 artículos).

La LOEx se circunscribe a todos aquellos que carecen de nacionalidad española, excepto: ciudadanos UE y asimilados; personal diplomático y asimilados; y personas necesitadas de especial protección internacional. La exclusión se fundamenta en el Derecho de la UE y en el Derecho internacional público.

Así, la LOEx no se aplica a los ciudadanos de la UE ni a aquellos a quienes sea de aplicación el régimen europeo. Estas personas se regirán por el RD 240/2007 siéndoles de aplicación la LOEx en aquellos aspectos más favorables. Tampoco se aplica a diplomáticos y asimilados pues estas personas están exentas de su inscripción como extranjeros y de la obtención de autorización de residencia. Y, en fin, tampoco se aplica a refugiados, asilados o apátridas, pues son las normas del Derecho internacional las que regulan su estatuto jurídico.

La entrada en territorio español

El extranjero que quiera acceder al territorio español deberá cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, realizar la entrada por puesto habilitado y no estar sujeto a prohibiciones de entrada. Asimismo, deberá acreditar su identidad, presentar un visado, justificar medios económicos suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España y probar, mediante documentos u otra prueba, la verosimilitud del motivo invocado para la entrada.

Cuando existan razones de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España, se podrá autorizar la entrada sin reunir alguno de los requisitos. En estos casos, el extranjero deberá recibir una resolución acreditativa de la autorización de entrada para una estancia máxima de tres meses en un período de seis.

Si el extranjero que accede al territorio español procede de un Estado con el que España haya firmado un acuerdo de supresión de controles fronterizos, deberá declarar la entrada ante las autoridades policiales españolas en el momento en que se efectúa, o en el plazo máximo de 3 días hábiles.

Cuando se incumplan los requisitos exigidos para la entrada, los funcionarios responsables del control fronterizo denegarán la entrada. La denegación de entrada se conoce como rechazo en frontera y su consecuencia es el retorno (que no procederá si solicita acogerse al derecho de asilo). El incumplimiento no constituye un acto sancionable administrativamente y, por lo tanto, no determina una "prohibición de entrada" a futuro. Si el extranjero ya hubiere sido retornado, podrá interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes.

Las situaciones administrativas de los extranjeros en España

A tenor del artículo 29 LOEx, los extranjeros podrán encontrarse en las situaciones de estancia o residencia que podrá ser temporal o permanente.

Se encuentra en estancia los extranjeros que no permanecen en España por un período superior a noventa días y es que, ese es el tiempo previsto en los acuerdos sobre la supresión del visado de entrada.

Transcurridos tres meses el extranjero deberá solicitar bien un permiso de residencia, bien una prórroga de estancia. En este último caso se distinguen los supuestos de entrada con visado en que la prórroga "en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un período de seis meses", de los supuestos de entrada sin visado en los que, en circunstancias excepcionales, "podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses arts. 30.3 y 4 LE

El acceso a la situación de residencia temporal, por un período superior a noventa días e inferior a cinco años, se rodea de varias exigencias:

De carácter económico, es que el extranjero ha de acreditar que dispone de medios de vida suficientes; ello implica que si para obtenerlos ha de desarrollar una actividad lucrativa deberá, bien haber solicitado las licencias o permisos correspondientes para realizar la actividad económica por cuenta propia que se proponga desarrollar, bien tener una oferta de contrato de trabajo, a no ser que sea beneficiario del derecho a la reagrupación familiar.

Mayor alcance tiene la posibilidad de acceder a residencia temporal que se abre a los extranjeros que en un momento anterior obtuvieron un permiso de residencia así como a los que acrediten arraigo (laboral y social) en territorio español en los términos fijados en el art. 45 del Reglamento al que remite el art. 31.3 de la Ley. El mismo artículo prevé los supuestos de concesión de un permiso de residencia temporal "cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo". El RD 1325/2003 por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, ha modificado los apartados a yb del art. 41.3 del Reglamento de 2001 (referidos a las personas necesitadas de especial protección) para incluirlos en su ámbito de protección (temporal por razones humanitarias).

El cualquier caso, para autorizar la residencia temporal se requiere otra exigencia referida a la conducta anterior del solicitante que no debe tener antecedentes penales ni en España, ni en los países de su residencia anterior, además de no figurar como rechazable en el espacio territorial de "países con los que España tenga firmado un convenio en tala sentido". Se valorará en cada caso la posibilidad de renovar el permiso de residencia de quienes haya cumplido la condena, hayan sido indultados o estén en situación de remisión condicional de la pena.

En cuanto a la residencia permanente "es la situación que autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles". En principio tendrán derecho al permiso que ampara tal situación los extranjeros que hayan tenido residencia temporal durante cinco años, frente a los seis que de manera general exigía el Reglamento de ejecución de 1996. Además, el Reglamento en su art. 72.3 fija los criterios que excepcionalmente determinan que no se exija el citado plazo en supuestos de especial vinculación con España.

Junto al sistema general descrito, la Ley establece, en los arts. 34 y 35, regímenes especialmente favorables para apátridas, indocumentados y refugiados, así como para los menores tutelados por una Administración pública, ya que los menores sujetos a patria potestad o tutela tienen derecho a que se les extienda el permiso de residencia de que disfrute el adulto titular de una u otro, por razones de reagrupación familiar . La propia Ley admite que los estudiantes extranjeros podrán ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración determinada; también se establece una regulación específica de los trabajos “ou pair”, de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales (Convenio Europeo sobre definición y armonización de las condiciones que rigen la colocación “au pair” de 24/11/69, ratificado por España el 24 de junio de 1988).

Las autorizaciones de trabajo: régimen general y regímenes especiales

El derecho al ejercicio de una actividad remunerada por cuenta ajena o propia, así como al sistema de la Seguridad Social, se reconoce a los extranjeros que cumplan los requisitos previstos en la Ley y en sus normas de desarrollo (artículo 10 LOEx).

La política de inmigración en relación a las autorizaciones de trabajo gira en torno al principio de "preferencia nacional", que se materializa en una serie de mecanismos de control. Estas medidas controlan la contratación individual, la actividad a desarrollar, el lugar de desempeño, y el cupo de trabajadores admisibles, en función de las necesidades del mercado laboral nacional.

En cuanto al régimen general de las autorizaciones de trabajo, señala la LOEx que: para ejercer en España una actividad lucrativa, laboral o profesional, el extranjero, mayor de 16 años, deberá obtener con carácter previo una autorización administrativa para residir y trabajar (art. 36.1). La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de residencia. La solicitud de esta autorización corresponde al empleador, en caso de trabajo por cuenta ajena, o al trabajador extranjero, si es por cuenta propia. La eficacia de esta autorización se condiciona al alta del trabajador en la SS. Cuando el extranjero pretenda trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión que exija titulación, la concesión de autorización se condicionará a la tenencia y homologación del título.

En relación a los regímenes especiales, cabe hablar de cuatro supuestos:

  • Actividades de investigación y profesionales altamente cualificados.

  • Trabajadores de temporada.

  • Trabajadores transfronterizos y en régimen de prestación transnacional de servicios.

  • Régimen de contratación en origen.

El régimen sancionador

El incumplimiento de la normativa de extranjería puede dar lugar a la comisión de infracciones administrativas de carácter leve, grave o muy grave. Estas infracciones se sancionan con multas que oscilan entre los 500€ y los 100.000€. Atendiendo a la gravedad, la sanción puede consistir en la expulsión del territorio español. La expulsión procede en supuestos tasados y no puede ser aplicada junto con la sanción de multa. La expulsión lleva consigo la prohibición de entrada en España por un periodo que no podrá exceder de 5 años, con carácter general, o excepcionalmente hasta 10 años.

En cuanto al procedimiento sancionador es distinto según sea el tipo de infracción. El Reglamento distingue entre procedimiento preferente (art. 234-235) y procedimiento simplificado (art. 239).

Frente al sistema general de entrada, permanencia y salida de los no nacionales, existe un régimen especial más favorable para los ciudadanos de la UE o del Espacio Económico Europeo.

Régimen especial de los ciudadanos de la Unión Europea y de los nacionales del espacio económico europeo

Fuentes y ámbito de aplicación personal

Tratado de Roma: recoge el germen del principio de libre circulación; “En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad”.

Tratado de Maastricht: reconoce a todos los ciudadanos europeos el dº a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con las limitaciones previstas en el propio Tratado y en las disposiciones que se adopten para su aplicación. (los Tratados originarios sólo reconocían éste dº a quienes ejercieran una actividad productiva ,es decir, a trabajadores, por lo que se extendió a todos los ciudadanos).

Sin embargo, esto no supuso, de entrada, la plena identificación de unos y otros, como probaba el distinto procedimiento a que se sujetó la actuación del Consejo en el marco del art. 18. Es decir, permanece la diferencia trabajadores-ciudadanos en las actuaciones del Consejo:

  • ciudadanos en general

    • se exigía la actuación del Consejo por «unanimidad»(art.18)

  • trabajadores

    • procedimiento de codecisión del art. 251 (por mayoría cualificada), sin requisitos adicionales, (art. 39).

Tratado de Niza (en vigor desde 1-02-2003)

  • desaparece la necesidad de unanimidad del art.18.

El régimen jurídico vigente aplicable a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión se encuentra regulado en Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europa y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Este régimen se extiende a todos los nacionales de l Estados miembros de la Unión Europea y a sus familiares así como a los nacionales de los Estados partes en el Acuerdo.

Consideraciones de carácter general de este Real Decreto:

Su ámbito de aplicación ratione personae no se limita a los ciudadanos de los Estados citados, sino que se extiende también a las personales vinculadas con ellos por una relación de parentesco, aunque sean nacionales de terceros países. Según la Directiva 2004/38/CE se consideran familiares, el cónyuge, la pareja con la mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público, los descendientes y los de su cónyuge o pareja registrada menores de 21 años, los mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces y los ascendientes propios y los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo. Se excluye a los cónyuges si hubiera acuerdo o declaración de nulidad, divorcio o separación legal, o se haya cancelado la inscripción registral de la pareja.

En cuanto al ámbito de ratione materiae, el Real Decreto no se limita a regular la entrada, estancia y residencia, sino que incide también sobre la normativa genérica en materia de expulsión.

En España: Para la entrada en territorio español bastará con la presentación de DNI o pasaporte en vigor en que conste la nacionalidad del titular. En el caso de familiares de un tercer país necesitarán, además el correspondiente visado de entrada, cuando así lo disponga el Reglamento 539/2001 de 15 de marzo. Si esta persona estuviera en posesión de una “tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión” expedida por un Estado que aplica plenamente el Acuerdo de Schengen, quedará exenta de la obligación de obtener el visado, bastando con la presentación de la tarjeta. Tras diversos reales decretos (1986, 1992, 1995 y 1997), y después de la declaración de Marsella (2000) que suprime la necesidad de tarjeta en ciertos supuestos, se dicta el RD 178/2003, derogado por RD 240/2007, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Acogiéndose a las limitaciones a la libre circulación que el propio D. comunitario autoriza, por razones de orden público, seguridad pública, o salud pública, pueden determinar que también a estas personas se les impida la entrada en España (art. 15). En principio, estas prohibiciones de entrada, tanto en sus causas como en su procedimiento se rigen por la normativa general sobre orden público y extranjería.

No obstante el Real Decreto matiza el régimen aplicable. Se excluyen causas como “las que obedezcan a fines económicos”, debiendo además estar fundadas “exclusivamente en el comportamiento personal de quien se objeto de las mismas” (art. 15.5). Y las únicas dolencias o enfermedades que pueden justificar la prohibición de entrada son las contempladas en los instrumentos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (art. 15.9).

La entrada en territorio español y las situaciones de estancia y residencia

Entrada: pasaporte o documento de identidad válido y en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular.

Los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea necesitarán además, el correspondiente visado de entrada.

En los supuestos en los que una persona “sujeta” o un miembro de su familia, no dispongan de los documentos de viaje necesarios para la entrada en territorio español, o del visado, las Autoridades responsables del control fronterizo darán a estas personas, antes de proceder a su retorno, las máximas facilidades para que puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos necesarios, o para que se pueda confirmar o probar por otros medios que son beneficiarios del ámbito de aplicación del presente Real Decreto, siempre que la ausencia del documento de viaje sea el único motivo que impida la entrada en territorio español.

Derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio español Las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, exceptuando a los descendientes mayores de veintiún años que vivan a cargo, y a los ascendientes a cargo tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles.Para la estancia inferior a tres meses solo será necesario el documento en virtud del cual se efectuó la entrada en territorio español (art. 6)Los que pretendan permanecer o fijar su residencia en España durante más de tres meses (art. 7) esta última estará condicionada a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros que deberá efectuarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en España. Si se trata de los familiares no comunitarios, serán documentados con una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, de 5 años de vigencia, o bien por un período inferior si la duración de la residencia de la persona de quien depende es menor a cinco años.

En todo caso, el periodo inicial de 5 años, exigido para la obtención de la residencia permanente, puede reducirse si concurren determinadas circunstancias vinculadas al cese de una actividad laboral (por cuenta propia o ajena) desarrollada por un determinado tiempo en España.

Residencia permanente. Es una situación definitiva que adquieren las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del RD 240/2007, cuando hayan residido en España durante un periodo continuado de 5 años. Solo podrá perderse por ausencia durante más de dos años consecutivos. En ocasiones, la residencia permanente se puede adquirir antes de que finalice dicho periodo.

El ejercicio de actividades laborales y sus límites

Como ya se indicó, la adhesión española a las Comunidades Europeas implicó la aceptación por nuestro país de que ha de poner en común con los restantes miembros los principales factores que intervienen en la formación del mercado. Entre ellos, el factor trabajo.

Para alcanzar el mercado común de trabjao, el Derecho comunitario consagra la libre circulación de trabajadores (art. 39 TCE futuro art. 45 TFUE), la libertad de establecimiento (referida a las actividades no asalariadas y a su ejercicio) y la libre prestación de servicios, es decir, actividades no asalariadas que no implican desplazamiento de la persona que las realiza al país donde presta el servicio.

En lo que se refiere a las actividades relativas a las profesiones liberales, son de aplicación las Directivas existentes sobre libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios para médicos, enfermeras, matronas y asistentes obstétricos, farmacéuticos, arquitectos y veterinarios, así como sobre la libre prestación de servicios de los abogados. Respecto a las profesiones tituladas, la Directiva 89/48/ CEE establece un sistema de “reconocimiento de convalidación” de diplomas de enseñanza suprior de una duración mínima de 3 años y a tener en cuenta la Directiva 98/5 destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquél en que se haya obtenido el título.

Dos consideraciones generales respecto a la normativa:

  • sólo quedan excluido del mismo los empleados de las Administración Pública y las actividades que estén relacionadas con el ejercicio del poder público.

  • Las limitaciones a libre circulación de los trabajadores y el derecho de establecimiento basadas en razones de orden público, seguridad y salud públicas han de justificarse según la interpretación que hacen las normas comunitarias de estos conceptos.

La regla de base aplicable e España a las personas comprendidas en el ámbito ratione personae del RD 240/2007. Por lo que en congruencia con el principio de igualdad de trato, la norma vigente elimina todo trámite previo y condiciones en el acceso al mercado laboral que subsistían respecto de ciertas situaciones residuales. Y así lo señala el art. 3.2 del RD: “tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de la limitación establecida en el art. 39.4 del tratado Constitutivo de la Comunidad Europea”.

Subsisten medidas especiales respecto de los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Estados miembros de la Unión Europea a los que se apliquen medidas transitorias. Ejemplo, el grupo de Estados incorporados a la UE en 2004 (República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia), para los que se previó un periodo transitorio de hasta 7 años, susceptibles de ser distribuidos en varias fases.

España fijó un periodo transitorio de 2 años, que finalizó en mayo de 2006, con dos excepciones: Chipre y Malta, y excluyó del periodo transitorio, a quienes le resultó aplicable en su totalidad y de manera inmediata a Bulgaria y Rumania.

Restricciones a la libertad de circulación: orden público, seguridad y salud pública

La prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad implica que los ciudadanos comunitarios gozan de las mismas libertades y servicios públicos que los españoles.

Este mismo principio actúa en el ámbito de los derechos privados de los ciudadanos comunitarios, de tal modo que afectará alas normas de nuestro ordenamiento que configuran discriminaciones hacia los extranjeros.

En cuanto a los derechos políticos al ciudadano europeo le corresponde, en lugar destacado, el de elegir y ser elegido en las elecciones municipales del lugar de su residencia.

El Tratado de Maastricht estableció el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea, que residan en un Estado miembro del que no sean nacionales, a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en que residan, así como en las elecciones al Parlamento Europeo. Ante la posible contradicción entre el texto constitucional y el Tratado, el Gobierno solicitó al T. Constitucional que se pronunciase.

El Tribunal estimó que el texto del Tratado era contrario al art. 13.2 de la Constitución, lo que exigía su reforma con carácter previo a la ratificación del Tratado, Reforma que se produjo el 27 de agosto de 1992, a cuyo tenor el art. 13.2 de la CE queda redactado como sigue: "Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales".

Los ciudadanos comunitarios disfrutan de un régimen especial. La Comisión de la Comunidad Europea emprendió acciones tendentes a que los Estados miembros eliminen las restricciones basadas en la nacionalidad para el acceso a ciertos puestos de trabajo calificados como pertenecientes al sector público por algunos Estados; se trata, de los organismos de gestión de servicios comerciales, operativos de la sanidad pública, de la enseñanza en centros públicos y de la investigación con fines civiles en establecimientos públicos.

La adaptación de nuestro ordenamiento a los presupuestos comunitarios en la materia se produjo por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la CE, desarrollada por RD 800/1995 de 18 de mayo, y en la actualidad, el RD 543/2001 que lo derogó. El art. 1.1 de la Ley dispone que <<Los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad europea podrán acceder en idénticas condiciones que los españoles a la función pública investigadora, docente, de correo, sanitario de carácter asistencial a los demás sectores de la función pública a los que, según el derecho comunitario, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores>>. En el mismo artículo se prevé, que tales puestos de trabajo, cuando impliquen el ejercicio de potestades públicas o de responsabilidad en la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas, queden reservados a los funcionarios con nacionalidad española, correspondiendo a cada Administración la determinación concreta de cuales sean dichos.