21. La obligación de alimentos

Introducción

De manera amplia, se entiende por "alimentos" el derecho que tiene una persona (alimentista o acreedor de alimentos) a reclamar a otra persona (alimentante o deudor de alimentos), con la que le une un vínculo de parentesco, matrimonio o afinidad, lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales. Requisitos para la existencia de este derecho: una relación de parentesco, matrimonio o afinidad entre alimentista y alimentante; una situación de necesidad del alimentista (parte débil de la relación jurídica), y suficiente capacidad económica del alimentante que le permita, sin detrimento de su sustento propio, hacer frente a la obligación de alimentos.

Factores que pueden "internacionalizar" el cobro de los alimentos: el aumento cuantitativo de familias cuyos miembros poseen distinta nacionalidad o son doble nacionales; las familias con domicilio o residencia habitual en diferentes países; el incremento de crisis matrimoniales internacionales; las diferentes concepciones jurídicas de la familia o del matrimonio. Además, los desplazamientos transfronterizos pueden representar un obstáculo adicional para el cobro de los alimentos y ser un factor que permita al deudor sustraerse con mayor facilidad de sus obligaciones, lo que justifica una mayor intervención de los poderes públicos en un campo tradicionalmente reservado a la esfera privada familiar.

La necesidad de garantizar adecuadamente el cobro de las deudas alimenticias, y la incidencia que el defecto de pago puede tener no sólo en la familia concernida sino también en el equilibrio social y económico de la colectividad entera, son premisas que justifican, en el plano de las soluciones del tráfico externo, un régimen especial desvinculado de las normas aplicables a la relación familiar que fundamenta tal obligación de alimentos. Los principios informadores de las obligaciones de alimentos, al igual que otras obligaciones del Derecho de familia, velan por la protección de la parte más débil (acreedor de alimentos) y, tratándose de menores, ha de tenerse siempre en cuenta su interés superior.

Este régimen especial viene establecido en la actualidad en: (1) el Reglamento 4/2009 del Consejo (R 4/2009), relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos; (2) el Convenio de La Haya de 2007 (CLH2007) sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia; y (3) el Protocolo de La Haya de 2007 (PLH2007) sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias.

El ámbito de aplicación del Reglamento 4/2009 y sus cláusulas de compatibilidad

El R 4/2009 persigue eliminar barreras jurídicas en el reconocimiento mutuo en el espacio de justicia europeo de resoluciones de alimentos. En este sentido el R 4/2009 proclama como objetivo que el acreedor de alimentos cuente con medios que le permitan obtener fácilmente en un Estado miembro una resolución que tenga automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado miembro, sin ninguna formalidad. Para su consecución, el R 4/2009 aúna las disposiciones sobre los conflictos de jurisdicción, los conflictos de leyes, el reconocimiento, la fuerza ejecutiva, la ejecución de decisiones y la cooperación entre autoridades centrales.

Ámbito de aplicación temporal. El R 4/2009 es de aplicación completa desde 2011.

Mayores dificultades plantea la determinación de su ámbito de aplicación espacial, ello es debido a dos circunstancias. La primera, que no todos los Estados UE participan del R 4/2009 en igual medida, dado que en el espacio de justicia UE la participación del Reino Unido e Irlanda y la de Dinamarca depende del ejercicio de sus opciones, en los términos acordados en sus respectivos Protocolos adicionales al TFUE. En este sentido, mientras que para el Reino Unido e Irlanda son aplicables las disposiciones del R 4/2009 y del PLH2007, Dinamarca, en principio, no participa en la adopción del R 4/2009. Hay que matizar que Dinamarca ha decidido aplicar el R 4/2009, con excepción de las disposiciones relativas a la ley aplicable y a la cooperación de autoridades centrales.

Ámbito de aplicación material. El R 4/2009 se aplica a las obligaciones de alimentos derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad (art. 1.1). El concepto de obligación de alimentos deberá interpretarse de manera "autónoma". En este sentido, y tomando en cuenta las decisiones del TJUE, la obligación de alimentos abarca no sólo las prestaciones legales cuyo objeto sea la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de la persona a partir de una relación de familia, sino también otras prestaciones cualquiera que sea su denominación (pensión, alimentos, deber de socorro, manutención, cargas del matrimonio) o su modalidad (prestaciones periódicas o por importe total).

En cuanto a las reglas de complementariedad, el CLH2007 y el PLH2007 van a tener que ser considerados en su relación con el R 4/2009 en los apartados relativos a reconocimiento y a la ley aplicable, respectivamente. El R 4/2009 no afectará a la aplicación de los convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales de los que sean parte uno o más Estados UE y que se refieran a las materias reguladas por él (art. 69.1). Ahora bien, el R 4/2009 prevalecerá sobre los convenios o acuerdos referidos a su ámbito material y de los que sean parte los Estados UE (art. 69.2), sin perjuicio de la aplicación de la aplicación del Convenio entre Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega.

La competencia judicial internacional

Las reglas de competencia judicial del Reglamento 4/2009

Irrelevancia del domicilio del demandado en un tercer Estado a efectos de aplicación de los foros del Reglamento 4/2009

El R 4/2009 cubre un amplio espectro de situaciones, se dice que presenta "vocación de plenitud".

En relación al criterio de aplicación personal, el R 4/2009 se aparta del R 1215/2012 así como de su antecesor R 44/2001 (domicilio del demandado en un Estado miembro), y deberá aplicarse aunque el demandado tenga su residencia habitual en un tercer Estado.

En el esquema de las reglas de la competencia se distinguen:

  1. Los foros generales de competencia judicial;

  2. La posibilidad de electio fori;

  3. El establecimiento de unos foros espaciales de competencia; y

  4. Otros problemas de la competencia judicial.

Soluciones generales para la determinación de la competencia judicial

El R 4/2009 establece como foros generales de competencia (art. 3) el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual o el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandante tenga su residencia habitual.

Mantiene el foro por accesoriedad a la acción relativa al estado civil, aclarando que, si la demanda de alimentos es accesoria a una acción en materia de responsabilidad parental, el órgano jurisdiccional que conozca de esta demanda será competente para pronunciarse también sobre la reclamación de alimentos, con la salvedad de que, si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes, este foro no operará.

Posibilidad de electio fori

El artículo 4 prevé la posibilidad de elección del foro limitada a unos tribunales determinados (los del Estado miembro en el que una de las partes tenga su residencia habitual o los del Estado miembro del que sea nacional una de las partes), estableciendo que dicha elección no podrá operar cuando se refiera a alimentos respecto de un menor de edad (<18 años). Asimismo, prevé la posibilidad de elección de foro respecto de las obligaciones de alimentos entre cónyuges y excónyuges. El mencionado precepto fija las condiciones de validez del convenio de elección de foro y el carácter exclusivo de la competencia así atribuida, salvo pacto en contrario.

Otros foros de competencia judicial

Se prevé la competencia basada en la sumisión tácita (art. 5). Una competencia subsidiaria se establece en el artículo 6 según la cual, cuando ningún Estado UE resulte vinculado ni por el R 4/2009, ni por el Convenio de Lugano, serán competentes los tribunales del Estado UE de la nacionalidad común de las partes. El artículo 7, a su vez, incluye un foro de necesidad de carácter excepcional, a favor de los órganos jurisdiccionales de cualquier Estado UE, cuando ningún otro Estado UE sea competente de acuerdo con lo establecido en los artículos 3, 4, y 5 y siempre que el procedimiento no pueda razonablemente introducirse o llevarse a cabo en un Estado tercero con el que el litigio tenga una estrecha relación. También se prevé una norma específica en materia de medidas provisionales (art. 14).

Otros problemas procesales de la competencia judicial

El R 4/2009 se ocupa de los problemas procesales, en concreto, las cuestiones relacionadas con el momento temporal en que ha de entenderse que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio de alimentos (art. 9), la verificación de la competencia (art. 10), la verificación de la admisibilidad (art. 11), la litispendencia (art. 12) y la conexidad (art. 13).

El artículo 8 referido a los límites del procedimiento, no permite al deudor, cuando se haya dictado una resolución en un Estado UE o en un Estado parte del CLH2007, la iniciación en otro Estado UE de un procedimiento de modificación de la resolución o de adopción de una nueva resolución, mientras el acreedor continúe residiendo habitualmente en el Estado en que se dictó la primera resolución. Garantiza que una demanda de modificación o de obtención de una nueva resolución será conocida en el mismo Estado en que se dictó la primera.

La ley aplicable a las obligaciones de alimentos

El artículo 15 del R 4/2009 es el precepto que determina la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. El artículo 15 incorpora, por referencia, las soluciones contenidas en el PLH2007, limitándolas a los Estados UE que estén vinculados por el PLH2007.

Habiendo sido aprobado el PLH2007 en virtud de Decisión del Consejo en 2009, puede afirmarse que su ratificación por la UE hace que le PLH2007 sea aplicable (excepto en Dinamarca), sin necesidad de manifestación de voluntad adicional.

El PLH2007 tiene la finalidad de garantizar una mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los acreedores y deudores de pensiones alimenticias. Su objeto es la concreción de la ley aplicable a las obligaciones que deriven de una relación de familia, filiación, matrimonio o afinidad, incluyendo las obligaciones alimenticias a favor de un niño con independencia de la situación conyugal de sus padres. Coincide con el ámbito material del R 4/2009.

El PLH2007 no admite reservas a sus disposiciones (art. 27). Se aplica incluso si la ley aplicable es la de un Estado no contratante (art. 2), con la matización de los CLH1973 y CLH1956 que seguirán estando en vigor para los Estados que no se encuentren a su vez vinculados por el PLH2007.

Soluciones para la determinación de la ley aplicable

Regla general para determinar la ley aplicable

El PLH2007 establece un sistema de conexiones que va especializándose en función de la relación familiar de que se trae causa la obligación de alimentos, buscando la concreción del principio favor creditoris. La regla general establece la aplicación de la ley de la residencia habitual del acreedor, salvo que el propio texto normativo disponga lo contrario. En caso de cambio de residencia, se aplicará la ley del Estado de la nueva residencia desde el momento en que se produce el cambio (art. 3). El PLH2007 establece una única conexión general y, a continuación, señala unas normas especiales a favor de determinados acreedores.

Normas especiales a favor de determinados acreedores

La lex fori no va a operar en defecto de la ley de la residencia habitual, sino sólo cuando el resultado perseguido (obtención de los alimentos) no se consiga mediante la primera conexión. Los supuestos en que se aplicará la ley del foro son (art. 4): obligaciones alimenticias de los padres a favor de los hijos, obligaciones alimenticias de otras personas distintas a los padres a favor de personas que no hayan alcanzado la edad de 21 años y obligaciones de los hijos a favor de los padres.

El PLH2007 establece otro supuesto de aplicación de la lex fori: cuando el acreedor de los alimentos hubiere acudido en reclamación ante las autoridades competentes del Estado de la residencia habitual del deudor. En este caso, sólo podrá aplicarse la ley de la residencia habitual del acreedor (conexión general) si éste no puede obtener alimentos del deudor en virtud de la ley del foro (ley de la residencia habitual del deudor). Lo que significa que si el acreedor no quiere que se le aplique la ley de la residencia habitual del deudor (demandado) no deberá interponer la acción ante los tribunales antedichos, que vendrían obligados a aplicar la lex fori (en este caso, ley de la residencia habitual del deudor, con la salvedad indicada).

Por último incluye, como conexión de cierre, la ley de la nacionalidad común del acreedor y del deudor, si es que existe. Esta conexión se aplicará en todos los casos (supuesto general del artículo 3 y supuestos especiales del art. 4.2 y 4.3), pero solo si el acreedor no puede obtener alimentos en virtud de las anteriores conexiones -conexión orientada a la protección del acreedor (favor creditoris)-.

Normas especiales referidas a cónyuges y excónyuges

A las obligaciones alimenticias entre cónyuges y excónyuges no se les aplicará la ley de la residencia habitual del acreedor, si una de las partes se opone y siempre que la ley de otro Estado presente una vinculación más estrecha con el matrimonio. En este supuesto, se aplicará la ley de ese otro Estado. El artículo 5 funciona como cláusula de escape, previendo la aplicación de una ley previsiblemente más próxima o estrecha al matrimonio que la de la residencia habitual del acreedor de alimentos (conexión general), y sólo operará si se dan dos circunstancias acumulativas: que una de las partes (acreedor o deudor) se oponga a la aplicación de la ley designada por la conexión general, y siempre que la ley de otro Estado presente una vinculación más estrecha con el matrimonio.

Juego de la autonomía de la voluntad

El PLH2007 da entrada a la autonomía de la voluntad de las partes al permitir la designación de la ley aplicable en dos situaciones y solo respecto de un conjunto de leyes predeterminadas. Esta posibilidad no se aplica a las obligaciones a favor de menores de 18 años. De una parte, cabe la designación de ley aplicable a los efectos de un procedimiento específico que se abra en un determinado Estado siendo solo la ley de dicho Estado la que las partes pueden elegir (se permite descartar así la ley de la residencia habitual). Y de otra parte, cabe la elección de ley (no limitada a un procedimiento específico) pudiendo, acreedor y deudor, designar como aplicable a una obligación alimenticia: la ley de un Estado del cual alguna de las partes sea nacional en el momento de la designación; la de la residencia habitual de una de las partes en el momento de la designación; la elegida por las partes para regir sus relaciones patrimoniales; y la elegida por las partes para regir su divorcio, separación de cuerpos o la ley efectivamente aplicada a tal divorcio o separación.

Ámbito de la ley aplicable y problemas de aplicación


El reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones en materia de alimentos

Aplicación del régimen establecido en el R 4/2009

Reconocimiento y ejecución de decisiones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007

Reconocimiento y ejecución de decisiones dictadas en un Estado miembro no vinculado al Protocolo de La Haya de 2007

Aplicación del régimen de reconocimiento establecido en el Convenio de La Haya de 2007

La cooperación de autoridades en materia de alimentos



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