24. Las obligaciones contractuales

Introducción

Dentro de las relaciones privadas de tráfico externo de contenido patrimonial, el contrato es hoy instrumento principal para el intercambio de bienes, servicios y derechos patrimoniales.

El contrato es el principal vehiculo jurídico que permite la circulación de bienes, servicios y derechos patrimoniales. El contrato es fuente de las obligaciones aunque no la única, ya que la ley hace nacer otro tipo de obligaciones, las extracontractuales (arts. 1902 y ss CC).

En los casos de tráfico externo, se vincula este instrumento con una pluralidad de ordenamientos jurídicos, y las partes tienen la posibilidad de someter el contrato a uno u otro ordenamiento (autonomía de la voluntad). El poder de la autoreglamentación de los particulares también se manifiesta por la existencia de unos contratos internacionales, normalmente de mayor importación económica sujetos a los llamados usos del comercio internacional y el sometimiento de las diferencias surgidas entre las partes por la vía del arbitraje comercial internacional que se ubicará en el llamado “Derecho mercantil internacional” rector de la actividad del comerciante.

Régimen jurídico de los contratos internacionales

Una cuestión central reside en identificar ante qué autoridad se puede o debe plantear la solución de las diferencias litigiosas si surgieran entre las partes (competencia judicial internacional), distinta de la cuestión de saber conforme a qué normas van a resolverse tales diferencias (Derecho aplicable). En materia de contratos internacionales esta diferencia es particularmente relevante dado que con frecuencia el juez competente se verá obligado a aplicar las normas imperativas de su propio OJ; de modo que no será indiferente plantear la demanda en un Estado o en otro.

Referencia a la competencia judicial internacional

Cuando el demandado tenga su domicilio en territorio UE la competencia judicial internacional vendrá dada por el Reglamento 1215/2012 (R Bruselas I refundido), que prevé una regla general y unas reglas especiales de asignación.

Con carácter general son competentes los tribunales del domicilio del demandado, bien que el demandante tiene además la opción de interponer la demanda ante tribunales distintos de éste si así le conviene. En efecto, puede activar el foro especial del artículo 7.1 que prevé la competencia de los tribunales "del lugar donde la obligación que sirve de base a la demanda ha sido o debe ser ejecutada".

Determinación del derecho aplicable a los contratos internacionales: regímenes jurídicos

El instrumento clave en esta materia es el Reglamento 593/2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (R Roma I), que establece normas de conflicto uniformes para los Estados UE. El R Roma I será de aplicación con independencia de que la relación contractual se sitúe dentro del ámbito UE o se vincule con país tercero. El legislador incorpora en el R Roma I una cláusula de compatibilidad por la que se prevé la aplicación prioritaria de las normas de conflicto contenidas en otros actos normativos del Derecho europeo derivado. De modo que las normas de conflicto especiales deberán prevalecer sobre las normas de conflicto generales del R Roma I.

El R Roma I se asienta sobre tres pilares:

  1. La más amplia libertad de las partes en la designación del Derecho aplicable, permitiendo la entrada de cualquiera de las fuentes señaladas.

  2. Un decidido juego de las normas imperativas contenidas en los OJ nacionales con los que el contrato se halle conectado, particularmente las del país de ejecución del contrato.

  3. La concreción de regímenes especiales, particularmente respecto de aquellos contratos en los que una de las partes está especialmente necesitada de tutela (Ej. consumidores).

Ámbito de aplicación del Reglamento 593/2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales

Ámbito espacial

Por el ámbito espacial se aplica por autoridades en el territorio de los Estados miembros. Pero posee alcance universal (art. 2), dado que sus soluciones serán de aplicación con independencia de que la ley designada sea la de un Estado miembro de la Unión o la de país tercero.

Ámbito material

Es de aplicación a los contratos internacionales aunque no a todos. Es necesario despejar que se entiende por contrato internacional y a qué obligaciones del contrato se aplica.

Carácter internacional del contrato

En principio es “internacional” el contrato cuyos elementos objetivos (lugar de situación del bien, lugar de entrega de la cosa……….) o subjetivos (nacionalidad de las partes) aparecen bajo el ámbito de distintos ordenamientos.

La noción de materia contractual

El contrato es una ficción que muchas veces va a designar una realidad económicamente única, pero jurídicamente compleja. Por ello es mas exacto referirse a “obligaciones contractuales”.

En el DIPr español, las obligaciones excluidas quedarán comprendidas básicamente en el ámbito del art. 10.5 del CC. Las dudas en torno a la calificación quedan sujetas a lo que disponga el Derecho de los Estados miembros, dejando a salvo eventuales recursos en interpretación al TJUE.

La noción de materia civil y mercantil

El R Roma I se aplica, por tanto, a las obligaciones contractuales y mercantiles. Dentro de las obligaciones civiles y mercantiles están expresamente excluidas de su ámbito:

  • Estado civil y capacidad (art. 1.2ª). En España y en la mayoría de los países continentales están dentro del estatuto personal, y se rigen por conexiones también de tipo personal.

  • Excepción del interés nacional (art. 11): se estará a la ley del lugar de celebración cuando la causa de la incapacidad prevista en la ley personal de una de las partes no haya sido conocida en la primera.

  • Obligaciones nacidas de testamentos sucesiones (art. 1.2 b). Pero ciertos acuerdos fuera del testamento pero organizados alrededor de éste sí estarían incluidos (promesas por actos inter vivos).

  • Regímenes matrimoniales (ni siquiera por capitulaciones matrimoniales), dada su conexión con el estado civil. El art. 1.2 b excluye todas las obligaciones contractuales relativas a derechos y deberes dimanantes de las relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad, incluidas las obligaciones alimenticias respecto a los himnos no matrimoniales. Pero no se refiere a la inclusión de las obligaciones contractuales en las relaciones entre parejas de hecho, o a las obligaciones de alimentos que se establezcan contractualmente hacia algún miembro de la familia frente al que no existe obligación legal.

  • Obligaciones derivadas de letras de cambio, cheques y pagarés, así como otros instrumentos negociables en la medida en que las obligaciones surgidas de estos instrumentos se deriven de su “carácter negociable” (art. 1.2 c): existen otros Convenios internacionales que los regulan. Deben distinguirse:
  • Se aplica el Convenio a las obligaciones contractuales, son aplicables a las obligaciones extracambiarias que no estén sujetas al Convenio de Ginebra.

  • El convenio excluye los aspectos relativos a la “circulación”, quedando incluidos los referentes a la “emisión” de los títulos-valor.

  • Acuerdos de elección de fuero (son de carácter procesal)

  • Convenios de arbitraje y cláusulas compromisorias.

  • Obligaciones nacidas en el ámbito societario, las cuestiones reguladas por el derecho de sociedades, asociaciones y personas jurídicas, tales como la constitución, capacidad jurídica, funcionamiento interno y la disolución de las sociedades, asociaciones y personas jurídicas, así como la responsabilidad legal de los socios y de los órganos pro las deudas de la sociedad (art. 1.2 e). Se excluyen todos los acuerdos internos que dan vida de las personas jurídicas, y también todos los acuerdos externos entre personas jurídicas de toad naturaleza.

  • No es aplicable a la cuestión de cuándo una persona puede comprometer frente a terceros a la persona por cuya cuenta pretende actuar o si un órgano de una sociedad o personas jurídica puede comprometer ante terceros a esta sociedad (Art. 1.2 f). Se excluyen las relaciones entre el representado y el tercero. No se excluyen las relaciones contractuales entre el principal y su representante, ni las que se establezcan entre el representante y el tercero.

  • El trust, institución típica del derecho anglosajón (de naturaleza hibrida al tomar elementos del derecho de obligaciones y del derecho de sucesiones). Habrá que calificarla en los mismos términos a cómo se entiende en el ámbito jurídico anglosajón.

  • En último lugar, el R Roma I no se aplicará a los contratos de seguros sobre actividades de las empresas distintas de las contempladas por la Directiva 2002/83 relativa al seguro de vida.

Ámbito temporal

En cuanto al ámbito temporal, el artículo 28 del R Roma I establece que se aplicará a los contratos celebrados después del 17 de diciembre de 2009.

Régimen general: la autonomía de la voluntad y sus límites

Uno de los ejes sobre los que se sustenta el R Roma I es el reconocimiento de un amplio poder de autorreglamentación o autocomposición de los intereses de los participantes en el tráfico jurídico.

Significado de la autonomía de la voluntad

La conexión-eje en materia de contratos es el llamado principio de la autonomía de la voluntad. Equivale a afirmar un poder de los particulares para elegir el derecho rector de sus relaciones contractuales a partir del margen de libertad que les viene conferido por un concreto ordenamiento jurídico. Es el ordenamiento jurídico el que decide si es posible si es posible elegir un derecho distinto y en tal caso el quantum de libertad de que gozan las partes. En el Derecho de los contratos desempeña una doble función:

  • Una función de localización (autonomía conflictual) y en este sentido, una función de previsibilidad, pues las partes sabrán de antemano conforme a qué Derecho se resolverán sus diferencias, por lo que su papel es definitivo en tanto que mecanismos de prevención de conflictos.

  • Las partes pueden fijar el contenido material de su contrato (autonomía material, que tienen sus límites en el ordenamiento designado). Satisface la necesidad de libertad y agilidad que precisan las partes en muchos contratos internacionales y utilizar en el contrato condiciones generales de la contratación o designar usos del comercio internacional. Incluso, se incorporan al contrato soluciones previstas por convenios internacionales vigentes en el ordenamiento designado (por ejemplo, las disposiciones relativas a la obligación del vendedor en el contrato de compraventa de mercancías, tal y como resuelve el Convenio de Viena de 1980). Desde esta perspectiva, las partes eligen y encuentran su límite dentro del ámbito del ordenamiento designado y concretamente de lo que dispongan las disposiciones imperativas de aquella ley.

Régimen jurídico del acuerdo de elección

La cláusula de elección recoge el acuerdo de voluntades de las partes por el que se designa el ordenamiento jurídico rector de los intereses mutuos de los contratantes. Admitidas las cláusulas de elección (art. 3.1) se plantean tres cuestiones para decidir su validez:

  1. El vehiculo de expresión del consentimiento.

  2. El momento en que debe mediar.

  3. Cuestión de su existencia o veracidad.

La forma de expresión ha de ser expresa o resultar de manera cierta de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Si la elección es expresa no habrá problemas: sirve la cláusula escrita o el acuerdo verbal confirmado posteriormente por escrito. Puede no haber cláusula de elección expresa siendo la voluntad deducible de otros elementos. El Convenio contempla la posibilidad de que la elección “pueda resultar de manera cierta de los términos del contrato o de las circunstancias del caso”. El juez debe recurrir a elementos intrínsecos del contrato (como la presencia de una cláusula de jurisdicción a favor de una jurisdicción o el idioma en que haya sido redactado el contrato, o la cláusula por la que se estipula el pago en moneda X) o a circunstancias externas que rodeen el caso (como la existencia previa de unas relaciones comerciales frecuentes entre las partes).

Momento: Normalmente la elección tiene lugar en el mismo momento de la conclusión. Sin embargo, el art. 3.2 del Convenio permite la elección en todo momento, y en consecuencia, permite la elección posterior e incluso la modificación posterior de la ley inicialmente designada si la cláusula se concluyo con el contrato (por ejemplo, cuando las partes habiendo escogido una ley, enfrentadas al tribunal, prefieren la sumisión a la lex fori).

Según lo dispuesto en el art. 3 del convenio, la existencia de consentimiento debe contrastarse dentro del marco del ordenamiento designado por el contrato, ley que puede ser descartada a favor de la “ley de la residencia habitual” de la parte que invoque no haberlo prestado (art. 8.2). Es así como se impide que la eventual declaración de nulidad del contrato “contagie” a la cláusula de elección antes de producir su efecto típico (designación del ordenamiento rector del contrato). En resumen, primero ha de mantenerse la ficción contractual con el fin de que la cláusula localice el contrato. Sólo en un momento posterior y conforme a la ley así designada se declara, en su caso, la nulidad.

Límites a la autonomía de la voluntad

Los límites más relevantes vienen determinados por la acción de las normas imperativas y por el alcance restrictivo con que la autonomía de la voluntad se concibe cuando dicho poder ha de operar en el contexto de contratos en los que la posición de desigualdad entre las partes justifica la introducción de restricciones con el fin de impedir que la parte fuerte en la contratación imponga el derecho aplicable a la parte más débil en el contrato.

Régimen subsidiario en defecto de elección

Si las partes, bien no tuvieron intención de designar el derecho aplicable al contrato, bien no lograron llegar a acuerdo, o recurrieron a fórmulas equívocas que impiden afirmar con certeza cuál es el derecho rector del contrato, o si sólo fue una elección parcial, el artículo 4 del R Roma I coloca al juez nacional en una posición central, a los fines de decidir el derecho aplicable al contrato, siguiendo unas guías.

Una, atender a los criterios de conexión establecidos, en atención a distintos tipos contractuales (art. 4.1). De modo que a falta de elección, la ley aplicable se determinará por la ley del país de la residencia habitual: del vendedor, en el contrato de venta de mercancías; del prestador del servicio, en el contrato de prestación de servicios; del franquiciado, en el contrato de franquicia; del distribuidor, en el contrato de distribución. En el contrato cuyo objeto sea un derecho real inmobiliario o un arrendamiento de inmuebles, la ley aplicable ha de ser la del país de situación (excepto si arrendador y arrendatario tienen residencia en un mismo país.

Si el contrato no se corresponde con ninguno de éstos, el juez se verá obligado a acudir al otro criterio subsidiario, la "ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que debe realizar la prestación característica del contrato".

Finalmente, el establecimiento de los "vínculos más estrechos" será determinante, bien si el contrato "presenta vínculos manifiestamente más estrechos" con otro país; bien porque los criterios de los apartados 1 y 2 resulten inoperantes. En tales casos, el R Roma I reconoce al Juez cierta discrecionalidad en la indagación del Derecho aplicable.

Contratos especiales

Atención a ciertos contratos que, bien por su frecuencia en el tráfico, bien por sus especificidades o por ambas razones a la vez, cuentan con un régimen jurídico especial que, en relación con alguna modalidad contractual, se complementa con disposiciones materiales uniformes contenidas en actos de derecho comunitario derivado o en otros instrumentos internacionales.

Contratos de consumo (art. 6)

La protección se articula, bien asegurando la aplicación de la ley de la residencia habitual del consumidor, bien permitiendo que las partes escojan el derecho rector (autonomía de la voluntad), siempre y cuando se asegure la aplicación de las normas imperativas del país donde tiene su residencia habitual el consumidor, como parte protegida.

Contrato individual de trabajo (art. 8)

El R Roma I admite un juego limitado de la autonomía de la voluntad en la determinación del derecho aplicable. No obstante, la elección no puede eludir la aplicación de las normas imperativas contenidas en el OJ que hubiera sido aplicado de no haber mediado pacto; esto es, en atención a los distintos supuesto de contrato de trabajo internacional, bien las contenidas en el OJ del país en que está situado el establecimiento que contrató al trabajador, bien las del OJ que presente los vínculos más estrechos con el contrato.

La Directiva 96/71 sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios contempla un supuesto concreto, el desplazamiento temporal de un Estado UE a otro. Obliga a respetar las condiciones de trabajo y empleo en el país de acogida del trabajador. Es una norma de conflicto especial que prevalece sobre la solución general.

Contrato de transporte (art. 5)

La problemática es distinta según se trate del transporte de mercancías o de personas. En el primer caso, admitido el juego de la autonomía de la voluntad, se introducen reglas especiales para los supuestos en que no hubo pacto, combinando el OJ del país del transportista con el del lugar de entrega pactado. En cuanto al transporte de personas, por una parte la autonomía de la voluntad se restringe a la posibilidad de escoger entre ciertas leyes y no cualquiera; por otra, en defecto de pacto, se introducen criterios que giran en torno a la ley del país de residencia habitual del pasajero o del transportista, según los casos.

Acción de las normas imperativas

Las normas imperativas marcan los cauces dentro de los que debe discurrir el poder de autorreglamentación de los particulares. En el R Roma I la problemática debe centrarse en torno a la identificación y procedencia de éstas al constituir una categoría esencialmente nacional, a través de las cuales, el Estado tutela determinados intereses sobre los que las partes no pueden libremente disponer.

En cuanto a su identificación, el R Roma I pone de relieve su utilización en distintas normas. Los artículos 3.3, 6 y 8 se refieren a "disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo", mientras que el artículo 9 es relativo a las llamadas "leyes de policía":

  • Las normas imperativas contenidas en la ley rectora del contrato, como quiera que haya sido designada;

  • Las "disposiciones del Derecho UE" en aquellos supuestos en que todos "los elementos del contrato se hallen localizados en uno o varios Estados UE", aunque las partes escojan el Derecho de país tercero.

Ámbito de la ley rectora del contrato

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