25. Las obligaciones extracontractuales

Contenidos

  1. 1 Introducción
  2. 2 Concepto de obligaciones extracontractuales
  3. 3 Competencia judicial internacional
    1. 3.1 El Reglamento Bruselas I refundido
    2. 3.2 El art. 22.3 de la LOPJ
  4. 4 Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales
    1. 4.1 El reglamento "Roma II"
      1. 4.1.1 Ámbito de aplicación espacial
      2. 4.1.2 Ámbito de aplicación material
      3. 4.1.3 Relaciones con otras disposiciones de derecho comunitario y relaciones con otros convenios internacionales
      4. 4.1.4 Las normas de conflicto del reglamento Roma II (supuestos generales): autonomía de la voluntad, residencia habitual común de las partes, lugar del daño y cláusula de escape
    2. 4.2 El art. 10.9 del CC
  5. 5 Ley aplicable a supuestos específicos de responsabilidad extracontractual
    1. 5.1 Accidentes de circulación por carretera
      1. 5.1.1 Reglamento Roma II
      2. 5.1.2 Convenio de La Haya de 1971 sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera
    2. 5.2 Responsabilidad por productos
      1. 5.2.1 R Roma II
      2. 5.2.2 Convenio de La Haya de 1973 sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos
    3. 5.3 Competencia desleal y libre competencia
    4. 5.4 Daños al medio ambiente
    5. 5.5 Propiedad industrial e intelectual
    6. 5.6 Enriquecimiento sin causa
    7. 5.7 Gestión de negocios ajenos
    8. 5.8 Culpa in contrahendo
  6. 6 Ámbito de la ley aplicable
    1. 6.1 Cuestiones sujetas a la ley aplicable designada por la norma de conflicto del Reglamento Roma II
    2. 6.2 Leyes de policía, acción directa contra el asegurador y subrogación
    3. 6.3 Cuestiones sujetas a la ley aplicable designada por la norma de conflicto del CC

Introducción

Las obligaciones extracontractuales abarcan un complejo y extenso abanico de supuestos, en muchas ocasiones con repercusión transfronteriza, haciéndose necesario un marco legal homogéneo, que ha provocado su codificación desde algunos foros internacionales.

En particular, el legislador comunitario ha promulgado una serie de reglamentos que regulan este tema desde las dos perspectivas clásicas del DIPr: la competencia judicial internacional y la ley aplicable.

En consecuencia, el tema se estructura en torno a las siguientes cuestiones: el concepto de obligaciones extracontractuales; el estudio de la competencia judicial internacional; el régimen general de la ley aplicable a estas obligaciones; el régimen de la ley aplicable para supuestos especiales de responsabilidad extracontractual; y por último, el ámbito de la ley aplicable a dichas obligaciones.

Concepto de obligaciones extracontractuales

El Comité Europeo de Cooperación Jurídica del Consejo de Europa, ha definido la responsabilidad extracontractual como “la obligación de reparar un daño derivado de un hecho distinto a la inejecución o ejecución forzosa de una obligación contractual”.

A los efectos del DIP, puede afirmarse que la expresión de obligaciones extracontractuales designa todas aquellas obligaciones que no derivan ni de un contrato ni de cualquier otra institución jurídica (alimentos, derechos reales,…).

Abundando en la anterior definición negativa, debemos entender que NO son obligaciones extracontractuales las siguientes:

  • Las obligaciones derivadas de un contrato, es decir, relaciones jurídicas con obligaciones que nacen del ejercicio de la autonomía privada.

  • Aquellas obligaciones legales derivadas de la ley, es decir, de un sector del derecho (o norma) que ha sido tomado en consideración para la regulación de una institución, o por mejor, los conflictos u obligaciones que surjan de esa institución. Ejemplo, las obligaciones en conflicto derivadas del matrimonio, se regulan por las normas que regulan la institución matrimonial.

  • Las obligaciones derivadas de delitos y faltas (será de aplicación en España nuestro Código Penal) d) Las obligaciones derivadas del mal funcionamiento de los servicios públicos o hechos u omisiones de sus funcionarios, si es imputable a la Administración, que caen en el ámbito del Derecho Público.

Por otro lado, no hay que olvidarse de la perspectiva europea sobre la cuestión. Y es que, cuando los reglamentos europeos sean de aplicación, la interpretación de lo que es "obligación extracontractual" debe hacerse caso a caso.

Competencia judicial internacional

El Reglamento Bruselas I refundido

El régimen legal en España en materia de competencia internacional, se contempla en nuestro ordenamiento tanto en el Reglamento (CE) 1215/2012 (R Bruselas I refundido), como en el art. 22 LOPJ (este artículo solo será de aplicación cuando no se den los criterios para aplicar el Reglamento).

Además del foro general (domicilio del demandado -art. 4-) y de la posibilidad de las partes de someterse expresa o tácitamente a los tribunales de un Estado miembro en las condiciones previstas, el R Bruselas I refundido establece en su art. 7.2 un foro de competencia judicial especial en materia de obligaciones extracontractuales.

El TJUE considera obligación extracontractual toda aquella obligación que no pueda entenderse como contractual.

Quedan incluidas en el ámbito del art. 7.2 del R Bruselas I refundido:

  1. Las acciones de indemnización derivadas de un daño y las acciones de cesación de una conducta o actividad,

  2. Las acciones de exoneración de responsabilidad extracontractual (solicitando ante el juez una sentencia mero declaratoria en virtud de la cual se declare que una determinada acción no vulnera ningún derecho).

Además, el art. 7.2 es de aplicación aun cuando la acción a entablar pretenda impedir que se produzca un daño futuro. (…tribunal del lugar donde.…pudiere producirse el hecho dañoso.)

En cuanto a la concreción de lo que debe entenderse por "el lugar donde se hubiere producido … el hecho dañoso", la dificultad radica cuando el país donde se produjo el hecho causal (país de origen) no corresponde con el país donde se manifiesta la lesión (país de resultado). El TJCE ha sentenciado que se tendrá la facultad de emplazar al demandado en los tribunales de cualquiera de ambos países, con una particularidad, si se plantea la demanda en el país del hecho causal, sus tribunales conocerán de todo el perjuicio causado. Si por contrario se opta por el país de resultado, sus tribunales solo conocerán de los perjuicios causados en su territorio.

El art. 22.3 de la LOPJ

Cuando el demandado no tenga su residencia habitual en Estado miembro de la Unión Europea (y por tanto no sea de aplicación el R Bruselas I refundido), la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para conocer del supuesto, de obligación extracontractual, se determinará conforme al Art. 22.3 de la LOPJ, que establece que nuestros tribunales serán competentes “en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España”.

Evidentemente, deberá estarse supeditado a que el supuesto pueda calificarse como obligación extracontractual por el derecho español (vid Art. 1809 CC) y no a la interpretación autónoma que se establece en el Reglamento.

La norma prevé dos fueros alternativos,

  1. Cuando el hecho del que deriven las obligaciones contractuales se localiza en España (coincidente con el R Bruselas I refundido).

  2. Cuando el autor del daño y la víctima tengan su domicilio en España (prácticamente inaplicable, ya que si se cumple dicho requisito, se aplicaría el R Bruselas I refundido por tener el demandado su domicilio en Estado miembro).

Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales

Al igual que ocurre con la competencia internacional, dos son los cuerpos normativos más importantes que regulan la ley aplicable (concreción de la ley que el Juez debe aplicar):

  • Un reglamento europeo, el Reglamento CE 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, en vigor desde 11-1-09, comúnmente llamado Reglamento Roma II.

  • El artículo 10.9 del Código Civil español, que será solo de aplicación para supuestos no incluidos en el Reglamento Roma II, a la vista de la mayor jerarquía de éste y su carácter erga omnes.

El reglamento "Roma II"

La finalidad del R Roma II es clara, potenciar la seguridad jurídica limitando el forum shopping (búsqueda del foro más ventajoso), ya que al establecer el R Bruselas I refundido la posibilidad de elección del foro donde presentar la demanda, se articula indirectamente la posibilidad, a su vez, de elección de la ley aplicable.

Pues bien, para limitar este efecto, sea cual sea el foro elegido, el R Roma II impone una norma de conflicto uniforme a los Estados UE (excepto Dinamarca), para solución del supuesto de obligación extracontractual. Es decir, se potencia la seguridad jurídica al posibilitar que el derecho aplicable sea el mismo en el espacio judicial europeo.

No obstante, la pretendida seguridad jurídica no es total, ya que el R Roma II plantea interrogantes respecto al alcance de su ámbito de aplicación material, prevé numerosas soluciones ad hoc para supuestos concretos, o no excluye en su totalidad la aplicación de la norma interna (Art. 10.9 CC), lo que da pie a situaciones de conflicto.

Ámbito de aplicación espacial

El R Roma II es de aplicación a todos los Estados UE, excepto Dinamarca.

Esa aplicación será erga omnes o universal, ello quiere decir que se aplicará la ley designada por cualquiera de las normas de conflicto previstas en el R Roma II, aunque no sea la ley de un Estado UE.

Ámbito de aplicación material

El R Roma II se aplica, como regla general, a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil, en las situaciones que comportan un conflicto de leyes (art. 1).

El concepto de "obligación extracontractual" que utiliza el R Roma II debe interpretarse de forma autónoma (caso a caso).

El R Roma II debe aplicarse con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional que conozca de la demanda. En consecuencia, lo relevante es el objeto del litigio, no el hecho de que ese litigio se esté sustanciando ante la jurisdicción laboral, penal o administrativa.

Para la concreción de lo que debe entenderse como materia civil y mercantil deberá estarse a la jurisprudencia del TJUE en interpretación del art. 1 del R Bruselas I refundido.

Quedan incluidos en el ámbito de aplicación del R Roma II los daños extracontractuales, el enriquecimiento injusto, la gestión de negocios ajenos, la culpa in contrahendo, daños por productos defectuoso, daños derivados de competencia desleal o contra la libre competencia, daños medioambientales y daños frente a derechos de propiedad industrial o intelectual.

Al igual que en el R Bruselas I refundido, en el ámbito material del R Roma II se incluyen los daños que puedan producirse en el futuro.

Quedan expresamente excluidas del ámbito material del R Roma II las obligaciones extracontractuales:

  • que deriven de relaciones familiares;

  • que deriven de testamentos, sucesiones, regímenes económicos matrimoniales o de instituciones comparables al matrimonio;

  • que se deriven de letras de cambio, cheque y pagarés, o de otros instrumentos negociables, si la obligación deriva directamente de dicho carácter negociable;

  • derivadas de relaciones entre fundadores, administradores y beneficiarios de un trust creado voluntariamente;

  • que se deriven del Derecho de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas;

  • que deriven de daño nuclear;

  • que deriven de violación de derechos relacionados con la intimidad o la personalidad, en particular la difamación;

  • Por último, también se excluye del ámbito material del R Roma II, la prueba y el proceso.

Relaciones con otras disposiciones de derecho comunitario y relaciones con otros convenios internacionales

El Reglamento Roma II, será de aplicación general, no obstante no a afecta disposiciones comunitarias regulatorias de materias concretas. Es decir primará la ley especial sobre la ley general (Roma II)

Tampoco afecta Roma II a la aplicación de Convenios Internacionales, de los que sea parte un Estado miembro, que regulen conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales, supuestos especiales. Se respetan así, los Convenios Internacionales celebrados con terceros países en un momento anterior a la adopción del Reglamento comunitario. En ese sentido España tiene ratificados Convenios de la Haya en materias concretas (accidentes de circulación por carretera y responsabilidad por productos defectuosos), que no se ven afectados por el Reglamento.

Sin embargo, los Convenios Internacionales que regularan cuestiones de ley aplicables a las obligaciones extracontractuales entre Estados miembros, cederán ante el Reglamento.

Las normas de conflicto del reglamento Roma II (supuestos generales): autonomía de la voluntad, residencia habitual común de las partes, lugar del daño y cláusula de escape

Para determinar la ley aplicable a una obligación extracontractual que no esté regulada específicamente en el Reglamente, se estable un sistema jerarquizado.

Con carácter general, debe advertirse además que, la ley determinada por los puntos de conexión, es la ley material del ordenamiento jurídico designado, con exclusión de normas de DIPr. Es decir, el R Roma II excluye expresamente el reenvío. Para el caso de que la remisión sea a un Estado plurilegislativo (con unidades territoriales que legislan normas diferentes), cada una de sus unidades territoriales con poder legislativo se considerará como un país.

Además, podrá excluirse la aplicación de la disposición designada cuando esa aplicación sea incompatible con el orden público del foro.

Las conexiones utilizadas por el Reglamento para determinar la ley aplicable a la obligación extracontractual serán (carácter jerárquico):

  1. Autonomía de la voluntad, con la única condición impuesta por el Reglamento de que la ley elegida por las partes (víctima del daño y responsable), no perjudique derechos de terceros (por ejemplo aseguradoras). La elección podrá ser ex post o ex ante del hecho generador.

  2. Residencia habitual común de las partes. Se trata de una excepción a la regla general. El lugar en el que se haya producido el hecho dañoso y/o lugar en el que se padecieran los daños son irrelevantes en este caso.

  3. Lugar donde se produce el daño. Es la solución clásica de la lex loci delicti comissi, para el caso en que coincida el país donde se produjo el hecho y donde el daño desplegue sus efectos. Ahora bien, en los casos de daños a distancia (no coincide el país del hecho generador y donde se produce el daño), habrá que distinguir entre la lex loci delicti comissi, y la lex damni. En este caso de daño a distancia, se aplicará la ley de donde se produzca el daño, lex damni, con independencia del país donde se produjera el hecho generador.

  4. Cláusula de escape. Si del conjunto de circunstancias del supuesto, se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos con la ley de otro país, se aplicará la ley de ese otro país, aunque no sea ni el del lugar del daño, ni el de residencia habitual común.

El art. 10.9 del CC

Solo para los supuestos que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del R Roma II (recuérdese su eficacia erga omnes) o en otros instrumentos internacionales, será de aplicación la norma de conflicto prevista en el art. 10.9 del CC (el ejemplo más claro es el supuesto de difamación). El Art. 10.9 CC opera pues de forma residual.

Art. 10.9 CC determina en su primer inciso que la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual, será “la ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven”, coincidente pues con la prevista con carácter general por el Reglamento Roma II, es decir la lex loci delicti commissi.

Por otra parte, la lex loci responde tanto a los intereses propios del DIPr, como son la certeza y previsibilidad de que la ley va a ser aplicada, como a los intereses del Estado, en ese sentido parece acertado el recurso a la Lex Loci.

Lo que parece criticable es que el artículo 10.9 CC, solo prevea ese punto de conexión, una rigidez que contrasta con el régimen flexible del reglamento.

Así mismo, esa rigidez a favor de la lex loci delicti commissi, plantea el problema de los daños a distancia, que como vimos se resuelven en el reglamento a favor de la lex damni, recurso que debe imponerse en el sistema español de DIPr en aras a la seguridad jurídica y a la armonía de soluciones.

Ley aplicable a supuestos específicos de responsabilidad extracontractual

Tanto el CC, como el R Roma II, y también, en algún caso, diversos Convenios Internacionales, prevén normas de conflicto específicas para ciertos daños para los que las normas generales no permiten lograr un equilibrio razonable de los intereses en juego.

Accidentes de circulación por carretera

Reglamento Roma II

El Reglamento no prevé una norma específica para regular estos supuestos. Su regulación en clave conflictual queda, pues, sometida al régimen general.

Todo lo anteriormente dicho tiene una importancia relativa, ya que, a la vista que la responsabilidad por accidentes de circulación por carretera está regulada por un Convenio Internacional erga omnes (La Haya), en vigor en España antes del reglamento, tanto el régimen conflictual general, como las normas de interpretación previstas por el Reglamento, devienen en inaplicables.

Convenio de La Haya de 1971 sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera

La regla general es la aplicación del derecho del Estado en cuyo territorio ha ocurrido el accidente (art. 3 CLH1971), pero esta conexión no opera en ciertos supuestos.

Así, el Art. 4 del Convenio, discrimina que si sólo un vehículo ha intervenido en el accidente, la ley del lugar de su matriculación rige la responsabilidad resultante, pero respecto del conductor o persona con derecho sobre el vehículo, respecto de una víctima que era pasajero del mismo, cuando la residencia habitual de ésta se halla en un Estado distinto de aquél donde ocurrió el accidente, y de una víctima que se encontrara fuera del vehículo, si tenía su residencia habitual en el Estado en que dicho vehículo estuviere matriculado.

Si el accidente tiene lugar entre dos o más vehículos matriculados en el mismo Estado, la ley del Estado de matriculación. También se aplicará esta conexión respecto de las víctimas no transportadas con residencia habitual en el Estado de matriculación Si el accidente tiene lugar entre dos o más vehículos matriculados en distintos estados, se aplicará la lex loci.

El ámbito de aplicación de la ley determinada es muy amplio. Rige, entre otras cuestiones, las condiciones y la extensión de la responsabilidad, las causas de exoneración, limitación y reparto de ésta, la existencia y la naturaleza del daño susceptible de reparación, así como su transmisibilidad.

Responsabilidad por productos

R Roma II

La ley aplicable a la responsabilidad del fabricante por sus productos está regulada en una norma de conflicto ad hoc en el R Roma II (art. 5).

La justificación de esta regla ad hoc se debe a una serie de objetivos:

  1. el justo reparto de los riesgos inherentes a una sociedad moderna caracterizada por un alto grado de tecnicidad;

  2. la protección de la salud de los consumidores;

  3. el incentivo a la innovación;

  4. la garantía de una competencia no falseada; y

  5. la simplificación de los intercambios comerciales.

Por ello, la norma de conflicto que regula esta cuestión está conformada en un sistema de concesiones en cascada y una cláusula de escape, en su virtud, la ley aplicable a la responsabilidad del fabricante por sus productos será:

  • En primer lugar la ley de la residencia habitual de la persona perjudicada, si en ese país se comercializa el producto.

  • En su defecto, la ley del lugar donde se adquiera el producto, siempre que en el país se comercialice el producto.

  • En tercer lugar, se aplicará la ley del país en que se produjo el daño, siempre que en éste se comercialice el producto.

Si finalmente la comercialización del producto defectuoso se produce en un país que no pudiera haber sido razonablemente previsto por el fabricante, se aplicará la ley de la residencia habitual del fabricante.

Finalmente, si del conjunto de circunstancias se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente estrechos con otro país, se aplicará la ley de ese otro país (cláusula de escape)

Convenio de La Haya de 1973 sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos

A de advertirse de inmediato, que el R Roma II, no es de aplicación en España en lo referente a la responsabilidad por productos, y ello por la previsión del propio reglamento a favor de los Convenios Internacionales ratificados por los Estados miembros con anterioridad a la entrada en vigor del texto comunitario.

En ese sentido, la norma de conflicto, aplicable en España, será la prevista en el CLH1973, con carácter erga omnes (se aplica sin condición de reciprocidad).

El ámbito personal del texto es amplio, se aplica al fabricante del producto defectuoso, también al fabricante de componentes, productores, proveedores, y personas que participen en la cadena comercial.

Hay que aclarar que el convenio opera exclusivamente respecto a la responsabilidad no contractual en los supuestos de daño a una persona por un producto, cualquiera sea su naturaleza o grado de transformación.

Las normas de conflicto del CLH1973 plantean excepciones al principio de la lex loci delicti commissi (o lex loci damni en supuestos a distancia). Así, inicialmente se aplicará la ley del lugar donde se haya producido el daño, pero para que la ley se aplique, será necesario:

  • o bien que la persona directamente perjudicada tenga su residencia en ese Estado,

  • o que el establecimiento principal de la persona a quien se impute el daño se encuentre en ese Estado,

  • o bien que el producto haya sido adquirido por la persona directamente perjudicada en ese Estado.

Como excepción a la regla, se aplicará el derecho interno del Estado de residencia habitual de la persona directamente perjudicada (aunque no coincida con el Estado donde se produjo el daño), cuando su domicilio coincida con el del lugar donde se encuentre el establecimiento principal de la persona responsable, o con el del Estado de adquisición del producto.

Por fin, si el supuesto no encaja con ninguna de las anteriores previsiones, el perjudicado podrá reclamar tanto al amparo de la ley del Estado del establecimiento principal del responsable, como al amparo de la ley del Estado donde el daño se ha producido.

Sin embargo, la eventual aplicación de la ley del lugar donde se ha producido el daño o de la ley de la residencia habitual de la víctima, queda sometida a una importante restricción, en virtud de la “cláusula de previsibilidad” del Art. 7 del Convenio, es decir, ninguna de esas leyes se aplicaría si el fabricante, demuestra que no pudo prever razonablemente que el producto sería comercializado en uno u otro Estado.

Competencia desleal y libre competencia

El R Roma II también contiene una norma especial en materia de competencia desleal y libre competencia. Además esta norma sí debe ser aplicada por los jueces españoles, pues no existe un Convenio internacional que regule esta materia.

La norma de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales que deriven de un acto de competencia desleal debe designar un derecho que proteja a los competidores, a los consumidores y al público en general, así como garantizar el buen funcionamiento de la economía de mercado. En este sentido, el Reglamento entiende que la ley que mejor salvaguarda esos intereses es la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados.

Si el acto de competencia desleal afecta exclusivamente a los intereses de un competidor en particular, la ley aplicable a esa responsabilidad extracontractual es la prevista para los supuestos generales: la ley de la residencia habitual común de las partes y, en caso de no darse esa conexión, la ley del lugar donde se produce el daño. Excepto los supuestos que presente un vínculo más estrecho con otro ordenamiento, en cuyo caso se aplicará ese ordenamiento (cláusula de escape). El juego de la autonomía de la voluntad en este ámbito esta expresamente prohibido por el Reglamento.

El Reglamento también prevé una norma de conflicto para las obligacioanes extracontractuales que se derivan de las restricciones a la competencia. El concepto de restricción de la competencia cubre las prohibiciones de acuerdos entre empresas, las decisiones adoptadas por asociaciones de empresas, las prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto evitar, restringir o distorsionar la competencia dentro de un Estado miembro o dentro del mercado interior. Abarca las prohibiciones relativas al abuso de posición dominante, cuando dichos acuerdos, decisiones, prácticas concertadas o abusos estén prohibidos por los arts. 81 y 82 del Tratado CE o por la legislación de un Estado miembro. No se aplica, sin embargo, a las sanciones administrativas.

La ley designada por la norma de conflicto en cuestión es la ley del país en el que el mercado resulte o pueda resulta afectado por la práctica prohibida. Si son varios los países afectados, se aplicará la ley del foro siempre que se cumplan dos condiciones cumulativamente:

  • Que el demandado tenga su domicilio en ese Estado y

  • Que el mercado de dicho Estado figure entre los que se ven afectados de manera directa y sustancial por la restricción d ela competencia.

Misma regla (aplicación de la ley del foro) es aplicable cuando existe más de un demandado, siempre que se den las dos condiciones descritas: al menos un demandado con domicilio en ese Estado y mercado del Estado afectado.

Daños al medio ambiente

La tercera regla específica que contiene el R Roma II se refiere a los daños al medio ambiente (art. 7). Por daño medioambiental debe entenderse el cambio adverso de un recurso natural, como el agua, el suelo o el aire, el perjuicio a una función que desempeña ese recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público, o de un perjuicio a la variabilidad entre los organismos vivos (considerando 26).

La ley aplicable será la ley del lugar donde se produce el daño. Junto con este punto de conexión, y debido a ese nivel de protección adicional que el legislador comunitario quiere para estos supuestos , el Reglamento brida a la persona que reclama el resarcimiento de los daños la posibilidad de elegir entre aquello conexión y la ley del país en el cual se produjo el hecho generador del daño.

Propiedad industrial e intelectual

Fiel al principio de territorialidad que rigen en este ámbito, la norma de conflicto específica del Reglamento consagra la aplicación del lex loci proteccionis; es decir, la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección.

Para aquellos supuestos en los que se causen daños derivados de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitaria (marca comunitaria, dibujos o modelos comunitarios), la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción. La ley designada sólo conocerá de las obligaciones extracontractuales que no estén reguladas por el respectivo instrumento comunitario.

Enriquecimiento sin causa

El Reglamento Roma II, en su Art. 10, también, en este caso, contempla una sucesión en cascada de conexiones:

  • Cuando exista una relación entre las partes (por ejemplo un contrato o hecho dañoso), que esté estrechamente vinculada a ese enriquecimiento sin causa, la ley aplicable será la que regule dicha relación.

  • En defecto del anterior criterio, y cuando las partes residan en el mismo país en el momento del enriquecimiento sin causa, se aplicará la ley de dicho país.

  • Si no se cumpliera lo anterior, por último, se aplicaría la ley del país en el que se produjo el enriquecimiento injusto.

Sin perjuicio de lo dicho y no obstante, cuando del conjunto de circunstancias se desprenda que el enriquecimiento sin causa presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, se aplicará su ley (cláusula de escape).

Gestión de negocios ajenos

El Reglamento define la gestión de negocios ajenos como el acto realizado sin la debida autorización en relación con los negocios de otra persona, a partir de ahí, el Reglamento, plantea una norma de conflicto, con una sucesión en cascada, de los puntos de conexión

  • La primera conexión, a la que queda sometida la acción de compensación daños, será la misma ley que rige la relación existente entre las partes.

  • En su defecto, se aplicará la ley de residencia habitual común.

  • En defecto de esta, a su vez, se aplicará la ley de donde la gestión se lleve a cabo.

Lo anterior sin perjuicio de la cláusula de escape (aplicación de la ley que manifiestamente presente vínculos más estrechos).

Culpa in contrahendo

El Reglamento contiene también una norma especial para regular en clave conflictual los daños que puedan derivarse o producirse en el seno de las negociaciones previas a la celebración de un contrato.

A los efectos del Reglamento Roma II el concepto de culpa in contrahendo es autónomo y no debe interpretarse necesariamente dentro del sentido de la legislación nacional. El concepto debe incluir la violación del deber de información y la ruptura de los tratos contractuales.

El art. 12 cubre únicamente las obligaciones extracontractuales con vínculo directo con los tratos previos a la celebración de un contrato. Esto quiere decir que si durante las negociaciones de un contrato, una persona sufriera una lesión personal, se aplicará el art. 4 o cualquier otra disposición pertinente del Reglamento.

La 1ª conexión que utiliza el precepto es la ley que hubiese regido el contrato de haberse celebrado. Sólo para el supuesto en el que no pudiera concretarse esa ley, el texto remite a las conexiones que rigen para los supuestos generales: residencia habitual común de las partes, lex damni y cláusula de escape.

Ámbito de la ley aplicable

Cuestiones sujetas a la ley aplicable designada por la norma de conflicto del Reglamento Roma II

De forma amplia, pero no exhaustiva, el Art. 15 del reglamento enumera las cuestiones que quedan sujetas al ámbito de la ley aplicable, en concreto la ley designada se aplica a:

  • El fundamento y alcance de la responsabilidad, incluida la determinación de los responsables.

  • Las causas de exoneración, así como limitación y reparto de responsabilidad.

  • La existencia, naturaleza y evaluación de daños e indemnizaciones.

  • Las medidas a adoptar por un tribunal que garanticen la prevención, cese y reparación del daño.

  • La transmisibilidad, incluida por herencia, del derecho a reclamar daños e indemnización.

  • Las personas que tienen derecho a la reparación del daño.

  • La responsabilidad por actos de terceros.

  • El modo de extinción de las obligaciones.

Además el Reglamento establece, en el considerando 12, que la ley aplicable debe regular también la cuestión de la capacidad de incurrir en responsabilidad por un hecho dañoso.

Leyes de policía, acción directa contra el asegurador y subrogación

Cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual, las disposiciones del Reglamento no afectarán a la aplicación de las normas imperativas del foro previstas para supuestos internacionales.

El TJCE tiene precisado que las leyes de policía son aquellas que se consideran cruciales para la salvaguarda de la organización política, social o económica de un Estado, lo que las hace de obligado cumplimiento.

En cuanto a la acción directa contra el asegurador del responsable, el Reglamento dispone que el perjudicado podrá actuar directamente contra el asegurador para resarcirse, si así se dispone en la ley aplicable a la obligación o al contrato de seguro.

Por último, la posible subrogación de un tercero frente al responsable queda sometida a la ley aplicable a la obligación de pago.

Cuestiones sujetas a la ley aplicable designada por la norma de conflicto del CC

La ley designada por el Art. 10.9 CC regirá tanto el nacimiento de la obligación y los sujetos entre los que se establece, como requisitos del cumplimiento, las consecuencias del incumplimiento y las circunstancias de extinción. Es decir los elementos que configuran la obligación extracontractual.

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