07. Principios, normas y valores (II): el papel de la jurisdicción constitucional. la aplicación normativa directa de la Constitución

1.El sentido de la jurisdiccción constitucional

Conviene distinguir entre justicia constitucional y la jurisdicción constitucional encomendada a un órgano judicial específico. Desde la Revolución francesa existieron en el sistema continental medios que permitían controlar la manera en que los jueces y tribunales aplicaban las leyes.

El llamado référé législatif que persistió hasta el XIX, era un órgano parlamentario de control judicial que perseguía poner a salvo las leyes de la República frente a su posible interpretación tendenciosa por los jueces. Junto al Tribunal de Cassation, igualmente vinculado al legislativo, eran órganos a mitad de camino entre un TS y un TC, cuyo fin era mantener el sentido último del OJ revolucionario y defender la Constitución a través de órganos vinculados al legislativo, que era la fuente de la cual emanaba aquélla de acuerdo con el modelo rousoniano de la volonté générale.

2.La aplicación normativa directa de la Constitución: el juicio de ponderación y su papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales

Una de las consecuencias del nuevo modelo constitucional es el carácter de norma directamente aplicable de la Constitución, con independencia de las leyes que la desarrollan. La eficacia directa es algo inseparable del modelo de Constitución rígida y no una consecuencia más o menos ideológica de él; nadie puede discutir que la posibilidad de ser aplicados de manera directa se halla en la definición misma de los derechos fundamentales. Es más, los contenidos en el título primero (arts. 14 a 30 CE) son propiamente derechos; los incluidos en el capítulo tercero son meramente "principios rectores" de la política social y económica. La diferencia entre unos y otros es esencial: los derechos fundamentales del capítulo II son aplicables sin necesidad de leyes que los desarrollen, mientras que los del capítulo III habrán de ser desarrollados por ley. Asimismo, la CE les reconoce la garantía privilegiada que establece el art. 53.2 a través del procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y del recurso de amparo ante el TC. No es, por tanto, la mera existencia de un TC la que permite realizar un juicio sobre el ajustamiento material de una ley a la CE: es la propia esencia del modelo rígido de Constitución la que lo autoriza. Sólo en un derecho por principios, en el cual el papel de la ley se halla en crisis, tal juicio resulta posible.

3.El "activismo judicial" y sus riesgos para el principio de legalidad

La radical transformación operada en los sistemas jurídicos llega hasta el punto de hacer pensable una ponderación directa por parte del juez ordinario, invocando directamente los principios constitucionales incluso en contra de la ley que debe aplicarse al caso, con las transformaciones que ello implica en el papel de los derechos fundamentales. La ventaja es que supone la posibilidad de un juicio de equidad en los casos difíciles, que permita sustituir la forzada generalidad de la ley por un ajustamiento a los principios constitucionales que deben inspirarla. Pero también el inconveniente salta a la vista: en nombre de esa supuesta mayor justicia, la preterición de la ley por el juez podría llevar a una extrema inseguridad jurídica.