02. El matrimonio

El matrimonio

Hasta la aprobación de la Ley 13/2005, (por la que se da carta de naturaleza al matrimonio homosexual), el matrimonio ha sido indiscutiblemente la unión estable entre hombre y mujer que tiene por objeto compartir la vida y sus avatares.

Heterosexualidad

Hasta la aprobación de la Ley 13/2005, la unión matrimonial ha comportado y requerido la unión de un hombre y una mujer, sin que otras posibles relaciones de pareja que no fueran las compuestas por personas de distinto sexo hubieran podido ser consideradas matrimonio.

Monogamia

Hasta la instauración del matrimonio homosexual, el matrimonio ha implicado siempre la unión de un solo hombre y una sola mujer. Admitido el matrimonio homosexual, el matrimonio debe celebrarse entre dos personas, sólo dos, del mismo sexo.

Comunidad de vida y existencia

La celebración del matrimonio se encuentra dirigida a constituir una relación íntima y estable que comprende cualesquiera aspectos de la vida, que se afronta comúnmente por los cónyuges, aunque ninguno de ellos pierda su propia individualidad.

Estabilidad

Debemos considerar la nota de estabilidad o permanencia inherente a la unión matrimonial.

Solemnidad: referencia a las uniones de hecho

La prestación y manifestación del consentimiento matrimonial es un acto, además de libre y voluntario, solemne, revestido de especiales formalidades que garantizan, precisamente, la concurrencia de todos los presupuestos requeridos legalmente por el ordenamiento aplicable.

De no cumplirse tales requisitos formales, la convivencia que reúna todos los requisitos o presupuestos considerados anteriormente, habrá de considerarse técnicamente una unión de hecho. Existen numerosas disposiciones legales que, en aspectos concretos, asimilan la relación matrimonial con relaciones análogas de afectividad. Las Cortes Generales ha tenido oportunidad de conocer varias proposiciones y proyectos de ley sobre la materia, aunque finalmente ninguna de tales iniciativas legislativas ha llegado a convertirse en ley, aunque algunas Comunidades Autónomas si han elaborado disposiciones legislativas sobre la cuestión de parejas de hecho.

El matrimonio homosexual: la Ley 13/2005

España atendiendo a la presión de los movimientos homosexuales, ha dado carta de naturaleza al matrimonio entre personas del mismo sexo mediante la aprobación de la Ley 13/2005, publicada curiosamente coincidiendo con el llamado “día del orgullo gay”.

La Ley ha dado origen a muchos debates, siendo muchos los que aseguran que la Ley será pronto declarada inconstitucional; otros defienden que van contra la naturaleza de las cosas y algunos finalmente, trivializan de manera frívola el tema.

La naturaleza del matrimonio

La tesis contractual

Desde que los juristas medievales, de formación básicamente canónica, convirtieron la affectio maritales romana (intención común de convivencia) en elemento consensual propiamente dicho del matrimonio, el debate gira sobre su consideración como contrato. La tesis contractual del matrimonio, sin embargo, ha presentado siempre el problema de afrontar contradicciones y objeciones de difícil superación. En los contratos propiamente dichos la autonomía privada se encuentra ínsita en su propia esencia y devenir, plasmada en la libertad general de estipulaciones, y en la posibilidad de que el mutuo disenso acarree por principio la ineficacia del convenio contractual preexistente.

Algunos civilistas señeros acabaron por concluir que el matrimonio era un contrato, pero un contrato sui generis. De aceptar tal proposición, cabría decir, el matrimonio sería un contrato que carece de las notas elementales y características estructurales de los contratos, dado que el contenido o los efectos de la relación matrimonial se encuentran normativamente definidos y precisados.

El matrimonio como "negocio jurídico de Derecho de familia"

La generalización y triunfo de la categoría conceptual del negocio jurídico, de nuevo en términos básicamente semánticos, facilitó el siguiente giro doctrinal y la desembocadura en la calificación del matrimonio como un negocio jurídico complejo. Puestos a precisar, semejante complejidad se identifica como consecuencia de la materia regulada y, entonces, se define la naturaleza del matrimonio como negocio bilateral típico del Derecho de familia.

La institución matrimonial

El consentimiento de varón y mujer para llevar a cabo una unión matrimonial, no es suficiente ni bastante para determinar por sí mismo la verdadera existencia del matrimonio, porque el denominado estatuto matrimonial queda enteramente sustraído a la voluntad de los contrayentes (salvada la decisión sobre el concreto régimen económico a seguir en cada caso) y resulta establecido de forma imperativa por la legislación aplicable.

La expresión estatuto matrimonial resalta la existencia de un conjunto normativo propio aplicable al matrimonio. Es una institución propia y autónoma, que merece la elaboración de un conjunto normativo ad hoc, que la regula con el mismo afán de coherencia y totalidad que el Derecho positivo dedica a cualesquiera otras instituciones.

La defensa del carácter institucional del matrimonio, encuentra su apoyo en numerosas sentencias tanto del Tribunal Supremo cuanto del Tribunal Constitucional en las que se utiliza expresamente la calificación de institución.

Los sistemas matrimoniales

La idea de "sistema matrimonial"

Durante siglos XIX y XX la generalidad de los civilistas patrios han utilizado la idea conceptual de sistema matrimonial para referirse al tema de la ordenación realizada por el Estado respecto a los ritos o formas matrimoniales a los que se les reconoce validez y eficacia en el ámbito civil o mejor desde el punto de vista de la legislación estatal.

Para F. SÁNCHEZ ROMÁN, “los sistemas matrimoniales son los diferentes criterios de organización legal establecidos y practicados en los diferentes países para reputar válidamente celebrado el matrimonio. J. LACRUZ BERDEJO insistía en la idea de que cabía denominar sistemas matrimoniales a “los diferentes criterios adoptados por las legislaciones en cuanto a la forma de celebración civilmente eficaz”.

Clasificación de los sistemas matrimoniales

Forma o formas matrimoniales

Debe atenderse básicamente, como primer criterio clasificatorio, a la cuestión de si el sistema matrimonial reconoce la validez y eficacia civiles de una sola forma o tipo matrimonial o, por el contrario, se otorga tal relevancia a formas plurales de matrimonio.

Sistemas de matrimonio único

Matrimonio exclusivamente religioso: es el característico de los ordenamientos confesionales o de los Estados teocráticos.

Reconocimiento de efectos exclusivamente al matrimonio civil: el Estado sólo reconoce los efectos civiles del matrimonio contraído conforme a sus propias normas, considerando cuestión de conciencia personal celebrar, además, matrimonio en forma religiosa de conformidad con las creencias individuales.

Reconocimiento estatal de plurales formas de matrimonio

El Estado puede reconocer cualesquiera de las formas de matrimonio, sin establecer de forma obligatoria la exigencia de formalidades (sistema de libertad de forma), o que optando por lo contrario las formas matrimoniales queden circunscritas y determinadas por la legislación estatal, que permite a los ciudadanos la práctica de cualquiera de ellas, eligiendo según los criterios y creencias de cada uno (sistemas electivos).

Múltiples razones desaconsejan que cada persona pueda llevar a efecto la configuración de una institución fundamental, como el matrimonio, a su antojo o a su imagen y semejanza. (Sistema de libertad de forma).

Sistema electivo formal: existe cuando el Estado, a pesar de reconocer efectos civiles a los matrimonios celebrados de forma religiosa, se atribuye de forma exclusiva la regulación y la jurisdicción sobre el matrimonio.

Sistema electivo material: el Estado respeta las normas propias de la confesión de que se trate en el caso del matrimonio religioso, al tiempo que otorga efectos civiles.

Igualdad o subsidiariedad

Un segundo criterio clasificatorio de relevancia, teniendo en cuenta si las diversas formas matrimoniales se regulan en plano de igualdad o de subordinación.

Sistemas facultativos o electivos

La ordenación estatal de las plurales formas de matrimonio se inspira en el criterio de igualdad e inexistencia de primacía entre ellas, pudiendo el ciudadano optar por cualquiera, debido a que el Estado le reconoce efectos civiles en plano de igualdad, sin pronunciarse a favor del matrimonio civil o religioso.

Sistemas de subsidiaridad

Se trata de otorgar primacía a una de las formas matrimoniales, siendo la otra subsidiaria.

El sistema matrimonial español: referencias históricas

La Real Cedula de 1562, determinó durante la mayor parte de la Edad moderna la exclusiva vigencia del matrimonio canónico, impuesto por el poder civil de forma obligatoria.

La Constitución de 1869, durante La Revolución Gloriosa, garantiza el ejercicio público o privado de cualquier otro culto a los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Si algunos españoles profesaban otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

La Ley Provisional de Matrimonio Civil de 1870, instauró el sistema de matrimonio civil obligatorio.

La primera edición del Código Civil estableció “la ley reconoce dos formas de matrimonio: primero, el canónico, que deben contraer todos los que profesen la Religión Católica; el civil, que se celebrará del modo que determina este Código”, se establece el matrimonio civil de forma subsidiaria, existiendo dudas en matrimonios mixtos en el que uno solo profesara la religión católica.

En la 2ª Republica, se consiguió la instauración del sistema de matrimonio civil obligatorio, existiendo la Ley de Divorcio de 1932.

El régimen franquista reinstaura la primacía al matrimonio canónico y repudio del divorcio.

En el concordato de 1953 se reitera la tradicional concepción de matrimonio civil subsidiario, imponiéndose normas canónicas incluso en relación con los matrimonios mixtos.

Es difícil concebir mayor sumisión del poder civil a la Iglesia Católica y a su propio ordenamiento matrimonial, pues la legislación estatal obligaba a los ciudadanos a realizar una declaración de apostasía para poder contraer matrimonio civil. El Real Decreto de 1977 admitió que la prueba a acatolicidad cabe realizarla simplemente mediante declaración expresa del interesado ante el Encargado.

La Constitución de 1978 y el sistema matrimonial

La actual Constitución exige la aconfesionalidad del Estado, absoluta libertad religiosa y de creencias, sobre las cuales nadie esta obligado a declarar, así como la recuperación o la instauración, si se quiere, del poder civil en materia matrimonial (art. 32.2), resultando dichos principios absolutamente incompatibles con el sistema del matrimonio civil subsidiario.

La actual Constitución llevo a cabo la sustitución del Concordato de 1953 por el Acuerdo entre Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979. En dicho tratado se sigue reconociendo plenos efectos civiles al matrimonio canónico, sin sometimiento alguno de la legislación estatal a la ordenación canónica, manteniendo relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, que además hace referencia expresa a “las demás confesiones”.

El sistema matrimonial español en la actualidad “es el de forma múltiple y clase única (la civil)”.

Los esponsales o promesa de matrimonio

Terminología y concepto

Con uno u otro nombre, es indiscutible que la figura consiste en la promesa recíproca de matrimonio entre los novios o esposos que, pasarán en su día a ser técnicamente cónyuges si es que llegan a contraer matrimonio. El actual CC habla sólo de promesa de matrimonio, aunque ambos conceptos son lo mismo en castellano.

Libertad matrimonial y esponsales

La libertad matrimonial de los contrayentes ha estado siempre a salvo hasta el preciso momento de celebración del matrimonio, haya habido o no esponsales. “La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración”.

En consecuencia, la promesa de matrimonio puede calificarse como un mero uso social reiteradamente practicado, carente de virtualidad normativa como promesa de matrimonio, ya que el legislador limita sus efectos a la eventual acción y obligación de resarcimiento por gastos asumidos en atención al matrimonio proyectado.

La obligación de resarcimiento de los gastos asumidos

“El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido”. La única consecuencia de la falta de celebración del matrimonio prometido radica en resarcir al esposo que mantiene viva la promesa y que ha confiado en ella.

En relación con los gastos asumidos, refundimos los gastos efectivamente hechos y los que puedan derivarse de obligaciones contraídas, pero todavía no atendidas o hechas efectivas. Unos y otros, tienen que ser objeto de prueba y valoración conforme a las reglas generales, no bastando las meras alegaciones del esposo perjudicado, pues procede la prueba del daño sufrido.

El precepto vigente exige como presupuesto del resarcimiento que haya “incumplimiento sin causa de la promesa”. Parece, pues, que si existe causa de incumplimiento, el otro esposo no podrá exigir resarcimiento alguno. Por tanto, al novio que, en uso de su libertad matrimonial, no desee contraer matrimonio, le bastará con alegar una causa que a él (que es quién se va a casar) le parezca suficiente para no contraer matrimonio.

La acción de resarcimiento “caducara al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio”. El plazo anual establecido debe considerarse de caducidad, no susceptible de interrupción.

No se ha podido encontrar la URL de especificaciones de gadget.