09. El régimen económico matrimonial

El régimen económico del matrimonio

Al conjunto de reglas que pretenden afrontar, favoreciendo su resolución, los problemas de índole patrimonial que origine la convivencia matrimonial o la disolución del matrimonio se le conoce técnicamente con el nombre de régimen económico del matrimonio o régimen económico-matrimonial, con independencia de que sean estatuidas por los propios cónyuges o de que respondan a un régimen económico-matrimonial preconfigurado por el propio legislador.

Datos históricos y de Derecho comparado: los sistemas económico-matrimoniales

Los sistemas de separación

En ellos impera, obviamente, la regla de que los bienes de los cónyuges no se confunden por separado a aquel de los cónyuges que ya era su titular con anterioridad a la celebración del matrimonio o que, constante matrimonio, los ha adquirido.

En el caso de que cada uno de los cónyuges conserve las facultades propias de administración y disposición de “sus bienes”, se habla de sistema de separación absoluta. Es el sistema legal supletorio de primer grado en Cataluña y Baleares. En el CC, la separación de bienes es el régimen supletorio de segundo grado.

Los sistemas de comunidad

Puede decirse que el régimen económico-matrimonial más generalizado como régimen económico del matrimonio supletorio de primer grado es el denominado sistema de comunidad de ganancias, en nuestro Código, sociedad de gananciales. Su característica principal consiste en que, junto a los bienes propios del marido y de la mujer, existe una masa ganancial perteneciente a ambos cónyuges. Este sistema rige como legal supletorio de primer grado en nuestro CC.

El sistema denominado sociedad conyugal tácita, rige en Aragón como régimen supletorio de primer grado, y funciona como el régimen de gananciales, pero además todos los bienes muebles, sean presentes o futuros, se convierten en comunes a ambos cónyuges.

El sistema de comunidad universal, rige en Vizcaya cuando existen hijos comunes en el matrimonio, y básicamente consiste en que todos los bienes de los cónyuges se convierten en comunes.

La libertad de configuración del régimen económico-matrimonial

“El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este Código”.

Así pues, la libertad de determinación y configuración del régimen económico-matrimonial por parte de los cónyuges es un principio básico de nuestro ordenamiento que, en definitiva, no hace más que reconocer, una vez más, el alcance y significado de la autonomía privada.

La igualdad conyugal

Se establece que será nula cualquier estipulación... limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. La erradicación de la desigualdad entre los cónyuges es una derivación concreta del principio de igualdad interconyugal establecido en el Art. 32.1 de la Constitución.

El levantamiento de las cargas del matrimonio

Rige en cualquiera de los regímenes económico-matrimoniales la regla de “los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio”, en cuánto expresiva de que los cónyuges quedan obligados a atender las “cargas del matrimonio”.

La expresión “cargas del matrimonio” comprende el conjunto de los gastos relativos al sostenimiento de la familia en sentido nuclear.

Así, en particular:

  • En relación al régimen de separación, el sostenimiento de las cargas del matrimonio por parte de los cónyuges que “a falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos”.

  • Esta misma norma es también directamente aplicable al régimen de participación.

La potestad doméstica

Situación en la que cualquiera de los esposos se encuentra plenamente legitimado para comprometer los bienes del matrimonio, siempre que los actos que lleve a cabo tengan por objeto la satisfacción de las necesidades de la familia y, además, sean acordes con las circunstancias familiares. Por tanto, también en este aspecto, resplandece la igualdad conyugal.

“De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge”. Frente a terceros, no cabe duda de que queda obligado el cónyuge contratante y, por tanto, quedan afectos sus propios bienes.

Es una norma general, imperativa cualquiera que sea el régimen económico-matrimonial aplicable, aunque naturalmente en caso de estar frente a un régimen de separación, la referencia a los bienes comunes ha de tenerse por no puesta. En consecuencia, en tal caso, responderán, en primer lugar, los bienes propios del cónyuge contratante y, solo de forma subsidiaria, los bienes del otro cónyuge.

La protección de la vivienda habitual

Se establece que “para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial”.

No se trata pues, sólo de que el cónyuge titular del derecho sobre la vivienda no pueda venderla en caso de propiedad, sino que tampoco podrá realizar actos dispositivos relativos a cualesquiera otros derechos, sin contar con el consentimiento de su cónyuge.

Procurando la protección del tercero que, de buena fe, adquiera derechos sobre la vivienda habitual dispone que “la manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicara al adquiriente de buena fe”.

La protección de la vivienda habitual en el sentido expuesto alcanza a cualquier tipo de régimen económico del matrimonio.

El ajuar conyugal

Es igualmente aplicable a cualquier régimen económico-matrimonial la atribución al viudo del ajuar conyugal: “Fallecido uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregaran al que sobreviva, sin computárselo en su haber”; “no se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos históricos y otros de extraordinario valor”.

El derecho regulado limita sus efectos a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos, resultando inaplicable en casos de divorcio o nulidad matrimonial.

Las litis espensas o gastos de litigio

Cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o contra tercero si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal común y, faltando este, se sufragaran a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de este impida al primero, por imperativo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la obtención del beneficio de justicia gratuita”.

Bajo la denominación de litis expensas, doctrinalmente prevalente, se trata de determinar la cooperación ínter conyugal a los gastos derivados de litigios que cualquiera de los cónyuges haya de sostener, bien sea contra él otro cónyuge, bien contra cualquier otra persona.

Con ello se pone de manifiesto que las denominadas litis expensas representan un derecho-deber conyugal que impera en cualquier régimen económico- matrimonial.

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