13. La gestión de la sociedad de gananciales

Introducción

La disposición de los bienes gananciales esta presidida actualmente, tras la reforma de 1.981, por la gestión conjunta de los cónyuges. En la redacción originaria del CC, el marido era el único cónyuge que tenia facultades de gestión respecto de los bienes del matrimonio.

La gestión conjunta

“En defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposiciones de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes”.

Administración y disposición: El principio de actuación conjunta

Este principio se encuentra referido tanto a las facultades de administración como a las de disposición.

Actos de administración o de disposición a título oneroso

“Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges”, pero si uno de los cónyuges enajena o lleva un acto sin el consentimiento del otro, el CC establece que “Cuando la Ley requiera para un acto de administración o disposición que uno de los cónyuges actué con el consentimiento del otro, los realizados sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos”.

Procede el régimen de anulabilidad, pero el ejercicio de tal acción prescribe a los 4 años.

Actos de disposición a título gratuito

En cambio para estos actos procede la nulidad radical en caso de falta de consentimiento de cualquiera de los cónyuges. Así se establece de forma doble:

  • “serán nulos los actos a título gratuito si no concurre el consentimiento de ambos cónyuges”.

  • “... serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes comunes si falta.

el consentimiento del otro cónyuge” La imprescriptibilidad de la acción de nulidad hace posible la impugnación de los actos de disposición a título gratuito en cualquier momento, llegado el momento de disolución y liquidación de la sociedad de gananciales.

En cambio se señala que los “regalos de costumbre serán válidos y eficaces aunque sean realizados por uno de los cónyuges a cargo de los bienes gananciales, sin contar con el consentimiento del otro”.

El deber de información

El principio de actuación conjunta de los cónyuges se completa con el deber de información: “Deben los cónyuges informarse recíproca y periódicamente sobre la situación y rendimientos de cualquier actividad económica suya”, conviene advertir que se considera causa suficiente para que uno de los cónyuges inste la disolución judicial de la sociedad de gananciales que el otro incumpla “grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas”.

La autorización judicial supletoria

La denominada autorización judicial supletoria, sustituye al consentimiento de uno de los cónyuges y convierte al Juez en protagonista de una decisión:

  • “Cuando en la realización de actos de administración fuere necesario el consentimiento de ambos cónyuges y uno se hallare impedido para prestarlo, o se negare injustificadamente a ello, podrá el Juez suplirlo si encontrare fundada la petición”.

  • “Si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, podrá el juez, previa información sumaria, autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia.

Excepcionalmente acordara las limitaciones o cautelas que estime convenientes”.

La gestión individual pactada convencionalmente

Por desgracia, no existe jurisprudencia al respecto en relación con la admisibilidad del pacto capitular relativo a la gestión individual por uno de los cónyuges:

Para algunos relevantes autores, semejante pacto habrá de considerarse nulo por atentar contra la igualdad conyugal, salvo que se configurase como un poder revocable.

Para otros civilistas de gran prestigio, el pacto de administración por uno de los cónyuges no atenta contra el principio de igualdad.

Los supuestos legales de actuación individual

La versión actual del CC regula un buen numero de supuestos en lo que legitima la actuación individual de uno de los cónyuges (de cualquiera de ellos, eso si) pese a que, como principio, rija la gestión.

La potestad doméstica

La actuación individual de los cónyuges no solo es que sea perfectamente lícita y admisible, sino que constituye un deber de ambos cónyuges, al menos en cuanto se refiere a los aspectos fundamentales de sostenimiento, alimentos y educación de los hijos. En consecuencia, cualquiera de los cónyuges puede realizar actos de administración y de disposición recayentes sobre los bienes gananciales de forma aislada e individual siempre que actué conforme a los requerimientos del Art. 1.319.

La disposición de los frutos de los bienes privativos

“Los frutos y ganancias de los patrimonios privativos y las ganancias de cualquiera de los cónyuges forman parte del haber de la sociedad de gananciales y están sujetos a las cargas y responsabilidades de la sociedad de gananciales. Sin embargo, cada cónyuge, como administrador de su patrimonio privativo, podrá a este solo efecto disponer de los frutos de sus bienes”.

El anticipo de numerario ganancial

“Cada cónyuge podrá, sin el consentimiento del otro, pero siempre con conocimiento, tomar como anticipo numerario ganancial que le sea necesario, de acuerdo con los usos y circunstancias de la familia, para el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus bienes “.

Bienes y derechos a nombre de uno de los cónyuges

“Serán validos los actos administrativos de bienes y los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren en cuyo poder se encuentren”.

En parecido sentido, se contempla la situación de los derechos de crédito, las cuales “cualquiera que sea su naturaleza, esto es ganancial o privativa, serán ejercitados por aquel de los cónyuges cuyo nombre aparezcan constituidos “.

La defensa del patrimonio ganancial

Cualquiera de los cónyuges podrá realizar toda suerte de actos jurídicos o materiales que, aunque carezcan de naturaleza procesal propiamente dicha, tengan por objeto el evitar cualquier perjuicio al patrimonio ganancial.

Los gastos urgentes

Establece el CC que “para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aun cuando sean extraordinarios, bastara el consentimiento de uno solo de los cónyuges”, tenga o no conocimiento el otro cónyuge, pues la facultad de actuación individual la otorga la ley en el presente caso atendiendo a la urgencia de los gastos que debe afrontar la sociedad de gananciales.

Los actos individuales de carácter lesivo o fraudulento

La realización individual por parte de cualquiera de los cónyuges de ciertos actos puede resultar lesiva o perjudicial para el otro cónyuge. El perjuicio patrimonial inferido puede consistir en cualquiera de los eventos siguientes:

  • Beneficio o lucro exclusivo para el cónyuge agente del que se ve privado el otro cónyuge, por considerarse que semejante resultado supone un enriquecimiento injusto.

  • Daño doloso inferido o la sociedad de gananciales que suponga el injustificado deterioro patrimonial de los bienes gananciales, mediante la asunción de deudas o gastos caprichosos y que en modo alguno proceden considerarse cargas de la sociedad (juego, vicios varios, etc.).

  • Actos fraudulentos respecto del consorte no actuante, cuyos intereses se ven perjudicados por la actuación del cónyuge contratante, que oculta beneficios o ganancias, enajena bienes gananciales a bajo precio, etc.

Aunque la actuación del cónyuge contratante no sea objeto de impugnación, la ley considera que las cartas quedan echadas, y en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, el cónyuge perjudicado puede instar el correspondiente reintegro en favor de la masa ganancial.

El cónyuge perjudicado se encuentra legitimado para instar la disolución judicial de la sociedad de gananciales en el caso de “venir el otro cónyuge realizando por si solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad “. El tenor literal de este precepto lleva a la mayoría de la doctrina a defender que la disolución judicial de la sociedad de gananciales puede instarse sólo cuando exista reiteración en tal sentido, esto es, que uno de los cónyuges de forma continuada y repetitiva origine perjuicio al otro cónyuge.

La transferencia de la gestión a un solo consorte

Considerando que la gestión conjunta resulta inviable, el ordenamiento jurídico transfiere o traspasa a uno de los cónyuges el conjunto de las facultades administrativas del patrimonio ganancial. Cabe, pues, cuando haya causa para ello, transferir al marido o a la mujer, en bloque, las facultades de administración y disposición, distinguiendo entre dos modelos.

Transferencia ope legis: la representación legal del consorte

“La administración y disposición de los bienes de la sociedad de gananciales se transferirá por ministerio de la ley al cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorte”. Constituye la regla general en caso de incapacitación del otro cónyuge.

Naturalmente, por lo dicho, si al cónyuge incapacitado se le nombra otro tutor distinto o se designa al cónyuge “tutor de la persona” pero no “de los bienes “, el otro cónyuge no podrá actuar por si mismo ni recibe las facultades de gestión de los bienes gananciales.

La transferencia judicial

“Los Tribunales podrán conferir la administración a uno de los cónyuges cuando el otro se encontrare en imposibilidad de prestar consentimiento o hubiere abandonado la familia o existiere separación de hecho “.

La transferencia judicial solo permite “conferir la administración”, y para realizar actos de disposición, habrá de contar con la pertinente autorización judicial.

Las facultades del cónyuge administrador

“El cónyuge en quien recaiga la administración en virtud de lo dispuesto en los dos artículos anteriores tendrá para ello plenas facultades, salvo que el Juez, cuando lo considere de interés para la familia, y previa información sumaria establezca cautelas o limitaciones”.

“En todo caso para realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, necesitara autorización judicial”.

Lo hasta ahora dicho, es aplicable tanto a la transferencia ope legis como a la transferencia judicial.

La disposición testamentaria de los gananciales

La regulación a la posible disposición mortis causa de los bienes gananciales “cada uno de los cónyuges podrá dispones por testamento de la mitad de los bienes gananciales”. Dicha disposición sólo tiene efecto una vez acaecida la muerte y éste conlleva de forma automática la disolución de la sociedad de gananciales.

Administración y disposición de los bienes propios

La administración disposición de los bienes propios, corresponde a cada uno de los cónyuges, ninguno de los cuales; “puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido conferida”.

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