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04. El derecho constitucional de lo audiovisual

La Constitución como marco general de la regulación de lo audiovisual

La C es para el DA la norma suprema que contiene las prescripciones y los límites que deben ser respetados por los poderes públicos, por la legislación de desarrollo tanto del E como de las CCAA, por lo cual su estudio es imprescindible para la comprensión del régimen j. de los operadores y las emisiones audiovisuales.

La C está caracterizada por ser un texto normativo y no programático, este carácter según la STC 9/1981 en su fundamento j: num.3: la C es una norma distinta a las demás pues incorpora el sistema de valores esenciales que ha de contribuir el orden de convivencia política y de informar todo el OJ. La C es la norma fundamental y fundamentadota de todo el OJ, su naturaleza de ley superior se refleja en la necesidad de interpretar todo el OJ de conformidad con la C y en la inconstitucionalidad sobrevenida de toda norma anterior incompatible con ella y además la C tiene la significación de establecer y fundamentar un orden de convivencia político general para el futuro, en materia de DF y libertades públicas… .

Según STC 16/1982 la C es una norma J, la norma suprema de nuestro ordenamiento y todos estamos sujeta a ella, siendo un precepto alegable ante los tribunales.

La STC afecta al DA en: la C incorpora el sistema de valores que ha de contribuir el orden de convivencia política, teniendo la C un carácter que el TC denomina fundamentador del OJ en su conjunto de donde los principios, valores constitucionales deben actuarse por los operadores j, poderes públicos, por los jueces y tribunales de modo que al aplicar el D hay que tener en cuenta la C.

El D de la UE no es un TI que necesita la publicación en el BOE para su aplicación, pues se integra en el ordenamiento interno español, es el OJ de cada miembro formando parte del mismo según STJCE. Su relación con el D interno no es a través del principio de jerarquía, pues están al mismo nivel, existiendo regla de prevalencias para resolver controversias, así el art. 149.3 de la C, consagra el principio de competencia entre el E y las CCAA, prevaleciendo las normas del E sobre las CCAA en caso de conflicto, es semejante las relaciones del D de la UE con el D interno (E y CCAA) donde se dan el principio de competencia y en caso de conflicto se resuelve con el principio de primacía del D de la UE sobre el interno.

La regulación de las emisiones audiovisuales

La C contiene preceptos que inciden directamente o indirectamente sobre el DA y configuran la regulación del DA, para lo cual nos interesa clasificar los preceptos C en:

  • normas que distribuyen competencias entre el E y las CCAA.

  • normas que hacen determinaciones materiales, o que afectan a los contenidos audiovisuales.

Las que distribuyen competencias tienen por objeto la distribución de competencias entre poderes como es el art. 149.1.27 donde el E tiene competencia exclusiva para dictar normas básicas del régimen de prensa, radio y TV, en general de todos los MC social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución corresponden a las CCAA, en este caso establece cuales son las competencia del E y de las CCAA, esto implica tb la reserva profuturo para el E de la regulación- intervención del sector de los MC.

La C no hace referencia expresa a la cinematografía en el art. 148 y 149 que distribuye las competencias entre el E y las CCAA, pero si está de modo implícito en otra materia como la cultura, que comprende la cinematografía y la creación artística.

Tb diferenciamos las Telecomunicaciones del DA y por tanto el DT del DA. El DT está contemplado en el art. 149.1.21, atribuye al E el régimen general de las telecomunicaciones en un título diferenciado de lo audiovisual.

La 2ª norma C relevante del DA es el art. 20.3: la Ley regulará la organización y el control parlamentario de los MC social dependientes del E, o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos políticos y sociales significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España, es una norma que contiene mandatos hacia el legislador, este deberá regular mediante Ley, este precepto esta situado en la sección de los DF y libertades públicas.

El art. 53 de la C: los D y libertades reconocidos en el capitulo II del presente título vincula a todos los poderes públicos, solo por Ley que en todo caso debe respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales D y libertades, que se tutelarán de acuerdo en lo previsto en el art. 162.1.a.

La C dedica su Titulo I a los D y deberes F, desarrollados a través de LO y de Lo, con relevancias sobre las emisiones audiovisuales sobre todo el art. 20 apartados a y d, reconocen el D a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, el D a recibir y comunicar información veraz, tb el art. 38 libertad de empresa.

Los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas y el Audiovisual

La doctrina de la STC 9/1981 referida a los DF y libertades Públicas en nuestro sistema político y C pues junto con la soberanía popular y la división de poderes son los elementos imprescindibles para que exista un sistema político democrático, pues sin DF y libertades públicas no hay C, es por ello que los medios audiovisuales como instrumentos del ejercicio de los DF y libertades públicas, fue intervenido por el E, la R y la TV desde sus inicio como SP.

El art. 20.1 de la C, reconoce D que afecta al DA como son: los D a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

  • 20.1.a a la producción y creación artística.

  • 20.1.b a comunicar o recibir libremente información veraz, por cualquier medio recomunicación.

  • 20.1.d las tres grandes manifestaciones de lo audiovisual, R, cine y TV son aptas para expresar y difundir con libertad pensamientos, ideas y opiniones, tb para la producción y creación artística.

La R y TV son los instrumentos por excelencia junto a la prensa para comunicar y recibir información veraz, tampoco excluye el cine.

El audiovisual es un conjunto de soporte de sonido y de imagen en que se practican D y libertades, tb es un elemento para la educación y la difusión cultural y de la publicidad, tb es un instrumento de difusión artística y un medio de transmisión de valores y contravalores que han determinado la intervención reguladora de los poderes públicos en la misma.

Los Derechos a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz

Tiene gran relevancia para el DA pues gran parte de los MC están dedicados exclusiva o parcialmente a la emisión de opiniones y ala información.

El art. 20 de la C rige el D a la información y no ha sido desarrollado por ninguna legislación ya sea LO o Lo.

Eficacia normativa del art. 20 de la Constitución

Partimos del carácter normativo de la C y del art. 20 y vemos los diferentes grados de eficacia.

  • 20.2 es el mas alto grado de eficacia y no exige desarrollo alguno y dice: el ejercicio de estos D no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa, por lo cual este art. Derogó cualquier norma que instrumentara la censura previa.

  • 20.1 encontramos un 2º y 3º nivel de eficacia normativa, en los subapartados a y d, dice: se reconocen y protegen los D:

    • a: a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

    • d: a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, la ley regulará el acceso a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

Advertimos dos niveles de eficacia, uno no requiere legislación y otro requiere desarrollo legislativo por lo cual el subapartado a no necesita desarrollo legislativo y los únicos límites serian los impuestos por el ejercicio por los particulares de los demás DF, no de su propia configuración.

Lo que observamos que estos D de expresión y difusión exigen un soporte que la C no garantiza, pues no llevan aparejado el D a utilizar cualquier medio o soporte de tal manera que los ciudadanos puedan expresar sus ideas con libertad pero no pueden exigir su difusión, por lo cual tenemos configurados un D incompleto, sometidos a regla de economía de mercado, estos D están reservados a un grupo de privilegiados que tienen acceso a los MC y difusión -20.1.d, su configuración es parecida al 20.1.a, pues la C prescribe su desarrollo legislativo, aunque para su eficacia no exige regulación.

Regulación de los D de expresión y difusión: Ley del Libro, Ley 9/1975, protege el libro español y fomenta su producción y difusión, Ley 14/1966 y D 744/1967 leyes sobre la prensa, a partir de la C de 1978 se detiene toda legislación de prensa.

Los D de expresión, difusión y de información pueden ejercerse por virtud de la C con los límites que sobre ellos operan los demás D del titulo I de la C, de acuerdo con el TC.

-20.1.d encontramos el 3º nivel de eficacia, cláusula de conciencia y secreto profesional, que exige regulación, pero no significa que no sean eficaces a partir de la entrada en vigor de la C, la LO 2/1997 regula la cláusula de conciencia y el secreto profesional de la información.

Los Derechos a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz

Lo analizamos mediante la STC en las confrontaciones entre el D a la libertad de información y el D al honor.

La libertad de prensa (información) encuentra sus límites en los demás DF según el art. 20.4 y sobre todo en el D al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

El D al honor regulado por LO 1/1982, definiendo las informaciones legítima e ilegítima, necesitando la interpretación jurisprudencial, pues estos D quedan enmarcados por las leyes, usos sociales y los propios actos de las personas afectadas.

Observando una discrepancia entre la STC sobre la doctrina de colisión entre el D a la información y el D al honor, la doctrina que subyace es la siguiente:

  1. en toda colisión la libertad de información tiene posición preferente sobre el D al honor.

  2. sobre hechos o personas públicas esta preeminencia, se dará siempre que la información sea veraz, referida a asuntos públicos de interés general por la materia y personas, que contribuyen a la formación de la opinión pública, alcanzando su máximo nivel de eficacia frente al D al honor, esta preeminencia desaparece cuando la libertad de información se ejercita de manera desmesurada exorbitante del fin, por lo cual este preeminencia del D a la información exige que sea veraz y que tenga relevancia publica, conlleva que la información veraz que carezca de ella no merece la protección C.

El D a dar la información solo tiene regulado sus limites y el D a recibir información no tiene regulación alguna, los ciudadanos ante la información falsa o la omisión de información no tiene capacidad de reacción por lo cual el ejercicio al D de la información no debiera suponer la posibilidad sin limite de omitir información.

La laguna en el D a informar es enorme porque la ley de prensa Fraga-Cabañilla es parcialmente operativa, configurando un modelo en la que el papel principal no lo tiene el periodista sino la empresa periodística a través de su director por lo cual podemos ver el poder de la prensa que esta ejerciendo fuertes presiones sobre el gobierno y parlamento para que no se legisle.

Sobre la regulación de la prensa:

  1. introducción del Consejo de prensa.

  2. devolver a los periodistas el protagonismo al D a informar.

  3. el Parlamento regule la prensa en España.

El acceso a los medios audiovisuales de los grupos políticos y sociales significativos

Establecido en el art. 20.3 donde la ley regulará la organización y el control parlamentario de los MC social dependiente del E, o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Principios Constitucionales

Mandato sin precedente alguno en nuestra historia constitucional, propiciado por el uso y abuso de los MC social dependiente del E, o de cualquier ente público por parte del poder político dominante, incorporándose en el debate en el Pleno del Congreso la obligación de regular por ley la organización y control parlamentario de dichos medios.

Respecto a los medios privados, los D y libertades reconocidos en el art. 20 y la libertad de empresa art. 38 eran suficientes para garantizar su creación e independencia.

Naturaleza jurídica

Destacamos tres cuestiones para concretar su naturaleza j. por medio de la doctrina y la jurisprudencia del TC:

  1. determinar si el D del art. 20.3 es un mandato del legislador, un D de configuración legal o un DF perfecto. Para la doctrina es un D de configuración legal que precisa un desarrollo por parte del legislador, tb es afirmado por el TC, este D de acceso será articulado por el legislador.

  2. determinar si es un D relacional, un D de participación o un D prestacional, el TC niega toda virtualidad prestacional, ni concreta si es un D de participación o un D de libertad relacional, dejando la puerta abierta a que sea un D de abstención afirmando que el art. Reserva a la Ley solo la regulación parlamentaria de estos medios, imponiendo al legislador un mandato, que garantice el acceso a dichos medios de los grupos políticos y sociales.

  3. es la existencia de un sector público de MC social como garantía institucional del ejercicio de este D de acceso, imponiendo la existencia de medios de comunicación de titularidad pública, aunque el TC se ha pronunciado en contra de esta obligación, para garantizar estos D, sino garantizar que los medios que dependa del E o cualquier ente público se ajustara al articulado.

Contenido y alcance

De este D de acceso o D de antena, debemos de concretar el art. 20.3:

  1. el 20.3 se refiere a los MC social dependiente directa o indirectamente de la administración, pues en aquellos momentos la totalidad de los medios televisivos y radiofónicos salvo la COPE y algún sector privado pertenecía al E.

  2. los titulares de estos D de acceso son los grupos políticos y sociales significativos, según el art. 6 y 23 de la C, grupos políticos son los partidos políticos los que disfrutan de estos D, y según el art. 20.3 grupos sociales son numerosos como los sindicatos, asociaciones empresariales, organizaciones profesionales, asociaciones de consumidores y usuarios, la Iglesia Católica.

  3. el art. 20.3 en relación a las leyes que regulan la organización y control parlamentario y el acceso a los medios exige, que se respete el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España, por lo cual el reconocimiento de estos D de acceso constituyen una garantía a la libertades informativas reconocida en el art. 20, posibilitando una difusión de ideas y opiniones de los distintos operadores sociales y reforzando los D a recibir una información objetiva, veraz y plural, D que en España se ha desarrollado, aplicado con poca efectividad, a pesar de las obligaciones del art. 9.2 a los poderes públicos para promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

El Derecho de acceso en la legislación audiovisual

Reconocido en la LO del Régimen electoral general que incluye una forma de acceso, como es la propaganda electoral y en al ERTV y demás leyes CCAA.

  1. Ley 4/1980 de ERTV consagra este D en su art. 24: la disposición de espacios en RNE y TVE se concretará de forma que accedan a esos MC los grupos políticos y sociales significativos, su art. 8.1-k fija las competencias del Consejo de Administración, determinar semestralmente el porcentajes de horas de programación destinadas a estos grupos, fijando los criterios de distribución en cumplimiento del art. 20, su art. 4.c: obliga a la actividad de los medios del E, que se inspire en el respeto, al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.

  2. Ley 46/1983 del tercer canal de TV, su art. 5.c obliga que se inspire en el respeto al pluralismo… Este D de acceso a las TV CCAA es muy parecido a la TV pública E.

  3. en el ámbito local no existe una norma específica que concrete este D de acceso, refiriéndose únicamente al respeto al pluralismo, Ley 11/1991 de organización y control de las emisiones municipales de radiodifusión sonora, obligando en su art. 2.c a que dichas emisoras municipales respeten el pluralismo político … .., atribuyendo en su art. 4 al Pleno Municipal el control sobre estos, no existiendo ni en el RD 1273/1992 ni en la Ley 4/1995 ninguna disposición que regule este D de acceso.

En los medios gestionados por entidades privadas tampoco existe referencia específica al D de acceso, si una obligación que los principios que inspiren su actividad respeten el pluralismo, así:

  1. ley 10/1988 TV privada, art. 3 prevee que la gestión se inspire en los principios del art. 4 ERTV

  2. ley de telecomunicaciones por satélites, obliga al cumplimiento en estos principios, DA 7ª

  3. ley TV local obliga al pluralismo y a la participación de los grupos sociales de carácter local.

  4. ley 26/1984 general para la defensa de los consumidores y usuarios, en su art. 17 establece que los medios de titularidad públicos dedicaran espacios y programas, no publicitarios a la información y educación de los consumidores y usuarios.

Desarrollo y aplicación práctica

La participación de los grupos en la programación de los medios audiovisuales públicos y privados distan mucho del objetivo y mandato C.

Su participación puede ser:

  1. sobre la programación, (integradora en los órganos de dirección de los medios).

  2. en los programas y servicios informativos de dichos medios.

  3. disposición de un espacio o un tiempo de programación según su libre decisión o con un acuerdo con los medios-campañas electorales.

  4. D comparado-Francia tienen D de antena en periodos electorales y un tiempo anual en la programación que distribuye el consejo superior del audiovisual -reino unido en periodos electorales mas un tiempo según resultados electorales -Italia, Bélgica también.

  5. en España a pesar del art.20.3 y STC que impone tal exigencia a los poderes públicos, tal derecho al acceso se respeta pero su aplicación practica es mínima o poco efectiva, pues los medios de comunicación públicos no facilitan tal participación de los grupos en su programación y si limitan en el ámbito E y CCAA a un programa semanal en los segundos canales y con poca audiencia de información parlamentaria y un programa religioso semanal, argumentando que estos grupos están presentes en los servicios informativos y programas de actualidad cumpliendo el mandato C.

Por lo cual el D de acceso necesita desarrollarse mediante ley especifica tanto en los medios públicos como en los privados con una programación específica y horarios adecuados, incluso cesión de minutos en los servicios informativos para que los grupos expresen sus propuestas, opiniones sin la manipulación de los operadores para cumplimentar el art.20 CE.

Los procesos electorales en los medios de comunicación social

Constituyen la verificación del pluralismo político en cualquier régimen democrático donde se convierten los MC audiovisuales en necesarios y fundamentales para trasladar los mensajes y debates de los grupos políticos en la sociedad.

La CE prevee en su art.20.3 un D de acceso de los grupos que debe cumplirse respetando el pluralismo de la sociedad concretándose sobre todo en los procesos electorales.

Otros preceptos C. son: 23.1 participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

68 requisitos para las elecciones al congreso.

69 senado.

140 corporaciones municipales.

152 asambleas CCAA.

Son mandatos C que configuran la legislación que regula los procesos electorales en los MC social conjugándose los D y libertades de expresión e información, el D de acceso a los grupos políticos a los medios con los principios democráticos y el pluralismo en cada uno de los procesos electorales, para ello se han aprobado numerosas normas como LO del referéndum, LO del régimen electoral general… que han desarrollado la intervención de los medios en los procesos electorales, tb otras leyes como la ley 25/1994 prohíbe la publicidad política por televisión fuera de los periodos electorales, regulando tb la junta electoral toda laguna.

Régimen general

Que regula la publicidad o la programación electoral en los procesos electorales, cuando se utiliza el término publicidad se refiere a los anuncios o spots que se incluyen en los bloques publicitarios y la publicidad electoral es la realizada en la campaña electoral donde se pide el voto. La publicidad institucional realizada por la administración para fomentar el voto, la programación se refiere a los espacios gratuitos que se ceden en los medios públicos a los grupos políticos que concurren a las elecciones para exponer sus ideas y solicitar el voto.

El régimen j. general de los procesos electorales que afectan a los medios sus aspectos fundamentales lo son: la publicidad política.

El respeto al pluralismo y la neutralidad informativa.

Las campañas institucionales.

Los debates electorales.

Las encuestas electorales y el D de rectificación electoral.

Publicidad política

En la regulación específica que regula los medios no se incluye ninguna autorización o prohibición concreta respecto a la publicidad política fuera de los periodos de campaña.

- ley 25/1994 art.9.c si encontramos una prohibición expresa para la emisión por TV de la publicidad de contenido esencial o político, dirigida a la consecución de objetivos de tal naturaleza sin prejuicio de lo establecido en la LO del régimen electoral general y según su art.2 afecta a todas las emisiones de TV realizadas por los operadores establecidos en España.

En la radiodifusión debe primar la libertad de expresión e información y podrá emitirse anuncios políticos, respetando los principios y normas generales que rigen las emisiones publicitarias aunque en los medios públicos se prohíbe la publicidad de contenido político ajustándose a la TV.

Art.58 de la LOREG autorizan a las candidaturas publicidad en la prensa, periódicos y en las emisoras de radios privadas sin que superen los gastos el 20% del total en publicidad.

El respeto al pluralismo y la neutralidad informativa

Obligado por el art.66 de la LOREG a los medios públicos recurriéndose sus decisiones en la junta electoral competente que es la q controla los periodos electorales obligando tb este art.66 durante los periodos electorales a las emisiones de TV privadas.

Campañas institucionales

CI de publicidad para informar de determinadas actuaciones o fomentar comportamientos realizados por los organismos públicos, utilizándose tb con finalidad electoral, echo que hizo que la junta electoral central fijase unos criterios generales sobre los límites y objetivos que debían cumplir dicha campaña para no influir en el proceso electoral-1995. En 1999 tb la junta aprobó una instrucción que impide a los poderes públicos realizar una campaña institucional en el periodo electoral que no cumpla los principios de objetividad transparencia e igualdad entre los actores electorales.

No conteniendo alusiones a los logros contenidos durante el mandato por el poder publico que realiza la campaña.

Debates electorales

Fuente de conflictos y reclamaciones de los grupos políticos a la junta electoral central aprobándose una instrucción donde en relación con los debates tanto los medios públicos como privados deben informar a la junta competente con 5 días de antelación del debate, con la indicación de la hora y fecha de emisión procediendo la junta a anunciarlo en el BO que proceda con el fin que en el plazo de 1 día las entidades políticas afectadas puedan recurrir a la junta.

Encuestas electorales

La LOREG tb impone a los medios obligaciones y restricciones en la difusión de sondeos y encuestas electorales durante el periodo electoral, supervisado por la junta electoral central y durante los 5 días anteriores a las votaciones prohibirlas.

Si el sondeo lo realiza la administración publica, los resultados deben informarse a los grupos políticos concurrentes a las elecciones, en el plazo de 48 h controlados por la JEC obligando al medio a rectificar en el plazo de 3 días.

Derecho de rectificación electoral

Tal D de rectificar una información difundida por cualquier medio de hechos de personas físicas o j. desarrollado por LO 2/1984 tb se reconoce en la LOREG para hechos electorales con las particularidades:

  1. si la información se difundió en una publicación que su periodicidad no permite la rectificación en los 3 días siguientes, el director de la publicación lo hará en otra en el plazo indicado a su coste.

  2. el juicio verbal de la acción de rectificación se celebrara dentro de los 4 días siguientes a la petición.

Las campañas electorales en los medios audiovisuales

Según el art.50.2 de la LOREG es el conjunto de actividades civiles llevadas a cabo por las candidaturas o partidos, en el orden a la captación de sufragio. Durante 15 días iniciándose el día 38 posterior a la convocatoria y terminando a las 0 h del día anterior a la votación.

En este periodo las candidaturas podrán realizar publicidad electoral en la prensa periódica y en las emisiones de radios privados y utilizar los medios públicos para la difusión de espacios de propaganda electoral.

Los medios de comunicación publica

En campaña electoral la LOREG obliga a tales medios al respeto al pluralismo político y social y a la neutralidad informativa, principio garantizado por las direcciones de los medios y sus decisiones recurribles ante la JEC.

Art.60 los partidos que concurran en las elecciones tienen derechos a espacios gratuitos de propaganda en la emisiones de radio y TV publicas, su asignación realizada por la JEC en base a los resultados de las elecciones equivalentes y al ámbito territorial del medio en cuestión.

La radiodifusión sonora publica de ámbito local LO 19/1991 prohíbe la contratación de publicidad electoral y obliga a la emisoras los espacios gratuitos de propaganda electoral que determina la JEC.

Tb la LO 14/1995 de publicidad electoral en emisoras de TV local, en las elecciones municipales tendrán derechos a espacios gratuitos de propaganda electoral los partidos de acuerdo a la LOREG y a la JEC.

Los medios de comunicación privados

No están obligados a difundir gratuitamente los espacios de propaganda electoral, aunq si deben respetar los principios de pluralismo, igualdad y neutralidad e incluso prohibir a la TV emitir publicidad política, tb la publicidad electoral se autoriza para las emisiones de radiodifusión y se prohíbe para la TV.

1- radiodifusión sonora.

Art. 58 LOREG la candidatura tendrá D a publicidad en la prensa periódica y en las emisiones de radiodifusión privada sin q los gastos en publicidad superen el 20% del gasto máximo previsto en la ley para los partidos.

Las tarifas para esta publicidad son las vigentes para la publicidad comercial, ni en la LOREG, ni en la instrucción de la JEC se hace referencia al respeto a los principios de pluralismo, igualdad y neutralidad en la programación de las emisoras de radiodifusión privadas, aunq por ser principios C deben de ser respetados.

2-TV privada.

El régimen j. de la TV en campañas electorales es similar a las publicas salvo en las emisiones de espacios gratuitos de propaganda electoral, no permitiéndose publicidad de contenido político, respetando los principios C.

Legislación: LO 2/1988 regula la publicidad electoral en emisoras de TV privadas, prohíbe la contratación de espacio de publicidad electoral obligándola a respetar el pluralismo y los valores de igualdad en los programas difundidos durante los periodos electorales q quedaran garantizados por la JEC como en los medios públicos.

LO 14/1995 las emisoras gestionadas por empresas privadas no podrán contratar publicidad electoral, ni emitirán espacios gratuitos de propaganda electoral y respetaran el pluralismo y los valores de igualdad en sus programaciones TV locales, tb esta ley se extiende a la TV por cable.

Los operadores de TV por satélite no existe mención sobre la publicidad, propaganda o programación durante la campaña electoral pero a su vez cumple la prohibición general de emitir publicidad con contenido político para las emisiones por TV bajo jurisdicción española establecida por la ley 25/1994 y según la LOREG permite la publicidad electoral en la prensa escrita y la radiodifusión privada, teniendo que respetar tb el art.4 del ERTV o respetando el pluralismo político, religioso, cultural y lingüístico y valores de igualdad art.14 C.

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