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14. Sanciones en materia contable

Contenidos

  1. 1 Generalidades

Generalidades

El incumplimiento de la normativa contable tiene su repercusiones en múltiples ámbitos: a) el mercantil, es decir, el derivado de su legislación, comprensiva, con carácter mínimo, del Código de Comercio y las leyes de sociedades mercantiles y como supuesto específico el de las sanciones en situaciones concursales; b) el de las situaciones administrativas (en especial del Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas o de los órganos a los que corresponde directamente la inspección y control de la normativa específica por razón de la actividad: Banco de España, Dirección General de Seguros...) y fiscales, por incumplimiento de la normativa específica; c) y, en última instancia, las infracciones penales.

En tal sentido, señalamos que, junto a los supuestos de impugnación de acuerdos sociales por nulidad o anulabilidad de las cuentas anuales, son relevantes al respecto los supuestos siguientes:

A) En la nueva normativa concursal constituyen supuestos de irregularidad contable, con diversos efectos, que el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

B) Los supuestos tipificados en el Código Penal, cuyo artículo 290, establece que:

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

En cuanto a la falsedad, el problema lo plantea el art. 390.1,3º.

Código Penal, si se interpreta en el sentido de que admite la persistencia de supuestos de falsedad ideológica, que, en línea de principio se estiman excluidos cuando son cometidas por particulares “ faltando a la verdad en la narración de los hechos” (CP art. 392). La cuestión se ha considerado resuelta por la doctrina penalista en sentido discrepantes en la SSTS 2ª de 28-octubre-1997, caso Filesa y la de 26-febrero-1998, caso Banesto.

C) La Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, en la regulación de las infracciones tributarias considera medios fraudulentos:

a) Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.

Se consideran anomalías sustanciales:

1º El incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.

2º La llevanza de contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la empresa.

3º La llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria, mediante la falsedad de asientos, registros o importes, la omisión de operaciones realizadas o la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal. La apreciación de esta circunstancia requerirá que la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.

b) El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.

c) La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.

Infracciones que califica de leves, graves o muy graves según los supuestos, imponiéndose las sanciones correspondientes, que fundamentalmente consisten en multas pecuniarias.

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