04. Capacidad consensual. Capacidad psíquica

Consideraciones en torno al consentimiento: del consentimiento continuado al consentimiento inicial

El Derecho romano se ocupó principalmente de las relaciones patrimoniales entre esposos y de la filiación. Para los romanos de la época republicana e imperial, el matrimonio era un hecho social que, si se ajustaba a la ley, producía efectos jurídicos.

El matrimonio existía cuando se presentaba como tal hecho social y cuando se daba la affectio maritalis o voluntad continuada. La affectio maritalis era una voluntad constante y continuada de permanecer unidos en matrimonio, si esa voluntad terminaba, era causa suficiente para que se produjera el divorcio.

En el siglo IV el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio, como consecuencia, comienza una cristianización de las estructuras jurídicas romanas. Es entonces cuando se abandona la concepción del matrimonio romano clásico, y con ello la del consentimiento continuado, apareciendo el matrimonio romano-cristiano, y con ello la consideración del consentimiento inicial, que será el que exija el derecho matrimonial canónico.

La consideración de la affectio maritalis cede su lagar a la consideración de una voluntad inicial que han de tener los cónyuges a la hora de contraer matrimonio. La legislación canónica exigirá que haya prestación de un acto de consentimiento para contraer matrimonio.

Carácter contractual del matrimonio

La formulación de la teoría contractual del matrimonio, se puede situar en el S XII.

Para que se produjera esa situación, resultaron decisivas las siguientes circunstancias: la jurisdicción eclesiástica sobre el matrimonio, que concedió al matrimonio cristiano una hegemonía en la sociedad de la época; la progresiva juridificación de la Iglesia; el nacimiento del Derecho canónico, como ciencia jurídica separada de la Teología; y sobre todo, la consideración de la naturaleza sacramental del matrimonio, por la que adquiere particular relevancia el momento de su realización. La doctrina canónica se esforzó en aplicar y resaltar las peculiaridades del contrato matrimonial, los límites de la autonomía de la voluntad y los elementos institucionales del matrimonio.

Tras la polémica doctrinal entre la escuela de París y la de Bolonia, se desarrolló un esquema normativo completo del contrato al que tienen que adherirse los contrayentes para celebrar verdadero matrimonio canónico.

Aspecto negocial y aspecto vincular del matrimonio

Con la palabra matrimonio se están valorando dos situaciones distintas: el acto que da origen a la relación vincular, y la especial relación que se establece entre marido y mujer.

La primera de las situaciones indicadas, constituye el aspecto negocial, y se refiere al contrato mismo del matrimonio. El matrimonio es el acto o negocio jurídico contractual, por el cual queda constituida la relación de vida entre hombre y mujer. Es sencillamente el acto de celebración del matrimonio.

Todas las definiciones del matrimonio encierran en sí la sociedad o comunidad conyugal, es decir, la pareja humana en cuanto formada mediante el vínculo de unión entre varón y mujer.

Aunque el pacto conyugal es causa del matrimonio y no el matrimonio propiamente dicho, se le suele llamar matrimonio, y para evitar confusiones, los canonistas añadieron a la palabra matrimonio las expresiones in fieri, para el pacto conyugal, e in facto esse para el matrimonio propiamente dicho.

Consentimiento matrimonial

El consentimiento de los contrayentes es condición necesaria y al mismo tiempo suficiente para la existencia del matrimonio, siempre que dicho consentimiento reúna todos los requisitos legales. El ordenamiento civil dispone que no hay matrimonio sin consentimiento. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas hábiles, consentimiento que ningún humano puede suplir.

El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para construir el matrimonio.

Tanto en uno como otro ordenamiento, el consentimiento matrimonial, que hay que prestar en el acto de la celebración, supone la aptitud de entender y tener, al menos, la noción básica de lo que es el matrimonio. Esta prestación debe darse libre y voluntariamente.

Regulación de la capacidad consensual en el ordenamiento civil

El consentimiento es el núcleo fundamental del matrimonio, y, como acto de voluntad, ha de ser humano, libre, deliberado y proporcionado. Se requiere que los contrayentes tengan el pleno uso de las facultades cognoscitivas, en cuanto que no se puede querer lo que previamente no se puede conocer.

La capacidad para prestar el consentimiento requiere que el contrayente tengan plenas facultades mentales y plena libertad interna (no exista perturbación psíquica).

Se denomina incapaz a quien tiene un defecto de capacidad (condición personal). El incapaz debido a su anomalía psíquica, no puede emitir un acto interno que no resulte defectuoso e insuficiente en relación al exigido por la naturaleza del matrimonio.

El ordenamiento civil no menciona el trastorno mental entre las limitaciones a la capacidad para contraer matrimonio, aunque sí trata el tema: Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviera afectado por deficiencias o anomalías psíquicas se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

Tienen cabida también los que se encuentran afectados por una alteración psíquica que imposibilite la prestación del consentimiento (intoxicación etílica, drogas…).

La doctrina se encuentra dividida en cuanto al problema de los intervalos lúcidos, en base a que el matrimonio es una relación jurídica, que se desarrolla en un largo período de tiempo.

El legislador civil ha regulado, los efectos de una perturbación mental sobrevenida después del matrimonio, con el fin de solicitar la separación, y por consiguiente el divorcio.

Son causas de separación: el alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que el interés del otro cónyuge o de la familia exijan la suspensión de la convivencia.

Regulación de la capacidad consensual en el ordenamiento canónico

Los supuestos de incapacidad incluidos en el canon 1095, no hacen referencia directa a la persona del contrayente, aunque sea a él a quien se atribuye la incapacidad, sino a su consentimiento.

Figuras que recoge el canon 1095

Son incapaces de contraer matrimonio:

  • Quienes carecen de suficiente uso de razón.

  • Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar.

  • Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica.

Profundizando en las diferencias existentes entre estos tres supuestos, en el 1ª el proceso psíquico para la elaboración del consentimiento queda interrumpido en el entendimiento, ya que el que no tiene uso de razón se encuentra privado de sus facultades mentales. En el 2ª, se atiende a la voluntad del sujeto, es decir, a su capacidad deliberativa.

Por último, el 3ª, hace referencia al objeto del consentimiento, o sea, a su capacidad de compromiso.

Carencia de suficiente uso de razón

El apartado primero del canon 1095 recoge aquéllos que tienen defecto de uso de razón no están capacitados para celebrar un válido matrimonio. Carentes del suficiente uso de razón son quienes, afectados por una enfermedad mental, están privados, en el momento de prestar el consentimiento, del uso expedito de sus facultades intelectivas y volitivas imprescindibles para emitir un acto humano; por tanto, no pueden contraer matrimonio aquéllos que están privados de facultades mentales.

El uso de razón es la capacidad mínima que se requiere para cualquier acto. El privado de uso de razón es incapaz de realizar un verdadero acto de voluntad, al carecer de la capacidad necesaria para ese previo conocimiento. Corresponde al juez, una vez analizadas las pruebas periciales, el determinar si el sujeto carece o no está en posesión del suficiente uso de razón.

Grave defecto de discreción de juicio

La discreción de juicio es un conocimiento estimativo o facultad crítica capaz de juzgar y razonar con suficiente lógica; se puede explicar como un entender la naturaleza y las propiedades esenciales del contrato matrimonial. Por lo tanto, los sujetos que no tienen discreción de juicio no tienen capacidad de deliberar, estimar o valorar a lo que se comprometen en el matrimonio.

Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual.

La incapacidad para asumir las obligaciones conyugales

Este apartado del canon se refiere a la dimensión relacional de los contrayentes tomados como sujetos activos y pasivos del matrimonio, que han de realizar como verdadera comunidad de vida. La incapacidad de asumir debe darse en el momento de celebración del matrimonio, ya que es en ese momento cuando se asumen o no las obligaciones conyugales. Lo importante, en un proceso de nulidad por esta causa, es conocer si el contrayente celebró el matrimonio con una potencialidad psíquica que, aunque no inmediatamente después, posteriormente se descargue produciendo en él una imposibilidad de cumplimiento de estas obligaciones esenciales.

Este tercer supuesto del canon 1095 se proyecta sobre el objeto mismo del pacto matrimonial, es decir, sobre la relación que, por ser jurídica, crea unos derechos y unas obligaciones entre los contrayentes. Deben hacerse algunas precisiones a este supuesto:

  1. La nulidad se asienta sobre una incapacidad y no sobre el mero incumplimiento de las obligaciones.

  2. la causa psíquica no es la causa de nulidad, sino el origen fáctico de la imposibilidad de cumplir, que es la causa directa de nulidad.

La causa de la incapacidad queda circunscrita al campo de lo psíquico, entendido como opuesto a lo físico, corporal o somático.

Es importante el informe pericial y la valoración que del mismo haga el juez, ya que existe una amplia modalidad de anomalías no sólo psicopatológicas, sino otras como:

toxicomanías o alteraciones de la personalidad que pueden dar lugar a esta incapacidad para el matrimonio.

Para que la incapacidad de asumir las obligaciones conyugales sea causa de nulidad matrimonial, es necesario que la incapacidad sea cierta; esto es, debe comprobarse que no se trata de una mayor o menor dificultad, sino que debe tratarse de una verdadera imposibilidad de la persona concreta.

Finalmente, mencionar algunas anomalías provocadas por alteraciones del comportamiento alimentario, debido a su incremento notable en los últimos años.

Estas anomalías tienen manifestaciones muy diferenciadas, pero uno de los aspectos comunes de los sujetos que las padecen es que sufren trastornos de estados afectivos negativos, tales como la depresión y la dificultad de convivencia.

Los trastornos del comportamiento alimentario agrupan una serie de aliteraciones de la conducta, los más habituales son la bulimia y la anorexia.

Son enfermedades que llevan consigo una vulnerabilidad de la personalidad, cuyo alcance habrá de ser fijado en cada caso por el correspondiente dictamen médico.

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