08. El matrimonio de las confesiones minoritarias en el ordenamiento jurídico español

Regulación jurídica: en el Código Civil, en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en los acuerdos de 1992

La presencia en España de numerosas confesiones religiosas que, en comparación con la ampliamente mayoritaria Iglesia Católica, pueden recibir la denominación de minoritarias, constituye una realidad que no puede pasar inadvertida a nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución española de 1978, establece, que: Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Ya que la propia Constitución garantiza la libertad religiosa de los individuos y las comunidades, no puede caber duda de que la cooperación estatal con las confesiones ha de referirse a la protección y desarrollo de los derechos tanto de todas y cada una de éstas como de los individuos que las componen.

La regulación en el Código Civil de los matrimonios religiosos de las confesiones minoritarias

El Código Civil regula esta materia y su texto dice así: el consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de éste. La norma supedita la eficacia del matrimonio confesional en el Derecho español a dos condiciones:

  1. que la confesión religiosa a la que pertenece el contrayente, y cuyos ritos matrimoniales desea utilizar civilmente como forma de prestación del consentimiento, esté inscrita en el Registro español de confesiones religiosas;

  2. que, además, esa facultad haya sido concedida a la confesión de que se trate bien por acuerdo previo pactado con el Estado, o bien por este unilateralmente, sin previo acuerdo.

El Cc reconoce que cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España: 1º Ante el Juez, Alcalde o funcionario señalado por este Código. 2ª En la forma religiosa legalmente prevista, extendiéndose a los extranjeros, que podrán contraer en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles.

La referencia a la forma religiosa legalmente prevista es la que el Código concreta por la doble vía o de un acuerdo Estado-Confesión o de una decisión unilateral del Estado.

Resulta, pues, una norma en blanco, ya que faculta al Estado a aceptar cualquier tipo de matrimonio religioso de cualquier confesión en España, sin otro requisito que la misma se encuentre inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Tres únicos matrimonios religiosos, aparte del canónico, están reconocidos en España, y los tres lo han sido mediante acuerdo entre el Estado y las respectivas confesiones: se trata de los matrimonios evangélico, judío y musulmán. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior produce efectos civiles.

El matrimonio en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980

Existe una evidente relación entre los mencionados preceptos del Cc, en cuanto determinan la validez civil de determinados matrimonios celebrados en forma religiosa, y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980: el derecho de toda persona a … celebrar sus ritos matrimoniales se comprende en el marco de la libertad religiosa garantizada por la Constitución. Dirigida específicamente la LOLR a establecer el conjunto normativo esencial que desarrolla la Constitución en relación con las confesiones religiosas y con sus miembros, el derecho a celebrar los propios ritos para contraer matrimonio condiciona de modo evidente las normas del Cc antes señaladas, que simplemente desarrollan ese derecho haciéndolo efectivo, permitiendo al Estado la posibilidad de optar al efecto entre dos vías posibles.

El matrimonio en los Acuerdos de 1992 con las Confesiones religiosas minoritarias

Los Acuerdos de 1992, firmados por el Estado respectivamente con la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España), con la FCIE (Federación de Comunidades Israelitas de España) y con la CIE (Comisión Islámica de España), dedican los tres su artículo 7 al tema matrimonial. Y si bien la tónica general de estos Acuerdos es una casi absoluta identidad entre ellos en cuanto hace a la redacción de su articulado, los correspondiente artículos 7 presentan, comparándolos entre sí, interesantes y notorias variantes, que será necesario tomar muy en cuenta para entender con precisión las condiciones en que han de celebrarse los correspondientes matrimonios confesionales para que nuestro ordenamiento les permita adquirir validez civil.

Ciñéndonos a las modalidades de celebración e inscripción que dan lugar al reconocimiento de efectos civiles de estos matrimonios, dos son los puntos capitales que los Acuerdos establecen: cómo y ante quien ha de celebrarse el matrimonio, y que requisitos se exigen para que puedan efectivamente celebrarse y ser luego inscritos en el Registro a efectos de su validez civil. Y son éstos precisamente los puntos en que los Acuerdos fijan para las tres confesiones un régimen adecuado a cada una de ellas.

Si comenzamos, pues, por lo que se refiere a la celebración del matrimonio, ésta, a tenor de los Acuerdos, ha de realizarse respectivamente ante los ministros de culto de las Iglesias evangélicas, ante los ministros de culto de las Comunidades israelitas, es decir, los dirigentes religiosos islámicos y los imanes, a los que dicho artículo caracteriza como las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a la dirección de las Comunidades…, a la dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica. En los tres Acuerdos se especifica en concreto que la celebración ha de radicar en la prestación del consentimiento ante el ministro de culto oficiante o, en el caso islámico, ante un dirigente religioso o un imán, y al menos dos testigos mayores de edad.

Aparte de otras exigencias que tocan al acto mismo de la celebración nupcial o intercambio de consentimiento de los contrayentes, existe otra novedad de relieve en la regulación del matrimonio en los Acuerdos. Se hace, en efecto, preceder el matrimonio de la elaboración de un expediente civil y de un certificado que acredite la capacidad conyugal de los contrayentes. Se determina que como regla general, la inscripción en el Registro competente de los matrimonios previstos en los acuerdos requerirá, previa la instrucción del oportuno expediente, la expedición de un certificado de capacidad matrimonial, para cuya expedición habrá de comprobarse por el encargado que los futuros contrayentes reúnan los requisitos exigidos por el Cc, entre los que están comprendidos, en su caso, los que deban ser apreciados por aplicación de las normas españolas de Derecho internacional privado.

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