11. La eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad y de disolución matrimonial en el Derecho Español y en el Derecho de la Unión Europea

Contenidos

  1. 1 Fundamento
  2. 2 Límites
  3. 3 Las condiciones del artículo 954 de la LEC
    1. 3.1 Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal
    2. 3.2 Que no haya sido dictad en rebeldía
    3. 3.3 Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España
    4. 3.4 Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en España
    5. 3.5 Otros requisitos
  4. 4 El ajuste al Derecho del Estado de las causas canónicas de nulidad y de disolución del matrimonio rato y no consumado
    1. 4.1 Sentencias canónicas de nulidad matrimonial
    2. 4.2 Rescriptos pontificios de disolución matrimonial
  5. 5 Cauces procesales: artículo 778 de la LEC
    1. 5.1 Tramitación del procedimiento sin solicitud de medidas (Artículo 778.1 LEC 1/2000)
    2. 5.2 Tramitación del procedimiento con solicitud de medidas (Artículo 778.2 LEC 2000)
  6. 6 Consecuencias derivadas de la declaración de ajuste
    1. 6.1 Efectos comunes al reconocimiento civil de las decisiones canónicas de nulidad y de disolución del matrimonio rato y no consumado
    2. 6.2 Efectos específicos del reconocimiento civil de las decisiones canónicas de nulidad y disolución del matrimonio rato y no consumado
  7. 7 La homologación de las sentencias matrimoniales canónicas en la Unión Europea
    1. 7.1 Ámbito de aplicación del Reglamento 2201/2003
    2. 7.2 Aspectos procesales y límites al reconocimiento de las decisiones que reconocen efectos civiles a las sentencias canónicas de nulidad en la UE

Fundamento

El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio. El libre ejercicio de estas actividades por parte de la Iglesia Católica, así como los demás grupos religiosos que posean una organización judicial interna, es uno de los derechos derivados del contenido del derecho de libertad de conciencia. Esta libertad, comprende el derecho de los creyentes a acudir a los tribunales propios de la asociación religiosa a la que pertenecen. Ello implica que el ejercicio de estas actividades jurisdiccionales están sometidas a las mismas limitaciones que esa libertad. El resultado de estas actividades no pueden ser contrarios al orden público, concepto que será tratado más adelante, y debe ser respetuoso con los derechos y las libertades reconocidas en la Constitución a los ciudadanos.

Aun en contra de las decisiones de algunos autores, en cuanto a que las decisiones dictadas por los tribunales no puedan adquirir eficacia jurídica en el Derecho estatal, ya que el Estado no profesa ninguna religión de manera oficial, reseñar que si nos situamos ya en el campo de las sentencias que pueden poner fin al matrimonio canónico, el derecho reconocido, significa que los tribunales de la Iglesia tienen reconocida la facultad de dictar decisiones de nulidad, separación o disolución de este tipo de matrimonio.

Sin embargo, para facilitar que los ciudadanos católicos puedan acudir a estos tribunales sin miedo a que, con posterioridad, deban resolver ante los jueces y tribunales estatales su crisis matrimonial a efectos civiles, el Estado ha creído de interés cooperar con la Iglesia católica en esta materia y ha pactado con ella el reconocimiento de eficacia a las sentencias eclesiásticas, esto es, canónicas de nulidad y de disolución del matrimonio canónico que no ha sido consumado.

Límites

Los efectos jurídicos en España de las sentencias canónicas de nulidad y de disolución del matrimonio no consumado están limitados por su ajuste al Derecho del Estado. Esta cláusula, es conocida en la doctrina como “cláusula de ajuste”. La norma establece que: las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al Derecho del estado en resolución dictada por el juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que se halla temporalmente vigente.

Las condiciones del artículo 954 de la LEC

Muchos autores han intentado aproximarse al significado de la que hemos denominado cláusula de ajuste al Derecho del Estado de las sentencias dictadas por los tribunales canónicos.

Sólo deberían declararse ajustadas al Derecho del Estado las decisiones canónicas de nulidad y de disolución matrimonial que reúnen todas y cada una de las condiciones previstas en el artículo 954 de la LEC. Estas condiciones constituyen el cauce procesal mediante el cual el juez estatal competente debe comprobar si, durante el procedimiento canónico de nulidad o disolución matrimonial, el juez canónico ha respetado los derechos fundamentales y las garantías de actuación que pertenecen a los ciudadanos implicados en un juicio. Asimismo, a través de ellas el juez civil debe analizar si la causa de nulidad o de disolución del matrimonio no consumado recogida en la sentencia canónica, se halla también establecida en el Cc como causa de nulidad matrimonial o de disolución por divorcio. A continuación, veamos, el significado de cada uno de los requisitos del artículo 954 de la LEC de 1881.

Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal

Sólo podrán ser reconocidas en el Derecho español aquellas sentencias que tengan su origen en la demanda de, al menos, uno de los cónyuges. Las causas relativas a la nulidad y de disolución del matrimonio rato y no consumado son iniciadas, a tenor del CIC, como consecuencia de la solicitud de uno o ambos cónyuges, de modo que siempre se ajustan a lo dispuesto en el artículo 954.1 de la LEC de 1881.

Que no haya sido dictad en rebeldía

La rebeldía, es la situación procesal en que se halla un demandado que no acude a al sede del Tribunal que está conociendo de la causa de nulidad o de disolución matrimonial. El artículo 954.2 de la LEC de 1881 impide que puedan reconocerse efectos civiles a las sentencias matrimoniales canónicas dictadas en procedimientos en los que el demandado, por circunstancias ajenas a su voluntad, ni siquiera tuvo conocimiento de que el otro cónyuge hubiese demandado la nulidad o la disolución del matrimonio rato y no consumado.

El artículo 954.2 impide que puedan reconocerse efectos jurídicos a decisiones dictadas por tribunales de naturaleza jurídica religiosa, cuando el demandado, por sus convicciones o interés, no se presentó voluntariamente ante el juez canónico.

Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España

La licitud de la obligación del artículo 954.3 de la LEC de 1881 se refiere a que la sentencia canónica de nulidad o de disolución del matrimonio rato y no consumado no sea contraria al contenido del orden público español. El orden público ha sido definido como el conjunto de principios constitucionales que, en una época y en un tiempo determinado, reflejan el esquema de valores esenciales que informan un ordenamiento jurídico concreto.

De todos estos principios, la doctrina ha centrado su atención en aquellos que ponen de manifiesto la actitud del Estado ante las creencias de los ciudadanos. Estos son los siguientes: 1) el de igualdad y no discriminación por motivos religiosos; 2) el de libertad religiosa, ideológica y de culto.

Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en España

Regulado en el artículo 954.4 de la LEC de 1881, este requisito limita la eficacia civil de las decisiones matrimoniales canónicas que no reúnan los requisitos establecidos en el Derecho del Estado para que pueda ser considerada auténtica en nuestro ordenamiento jurídico. A tal efecto, es necesario que el documento que contenga la decisión canónica haya sido otorgado en un documento público ante notario y que esté traducida al castellano.

Igualmente, deberá estar autenticada de conformidad con el CIC, para lo cual es necesario que haya sido firmada por un notario canónico.

Otros requisitos

El primero de ellos, el relativo a la firmeza de la sentencia canónica. Esta expresión se refiere al hecho de que, en principio, sólo podría adquirir eficacia civil aquellas decisiones matrimoniales contra las que ya no cabe recurso alguno. Sin embargo, en el Derecho canónico, las sentencias canónicas de nulidad pueden ser recurridas en cualquier momento por cualquiera de los cónyuges.

El segundo, el relativo al control de la competencia del tribunal que dictó la sentencia.

El juez civil deberá comprobar que la sentencia canónica de nulidad fue dictada por el tribunal canónico competente territorialmente. Por su parte, el conocimiento de la disolución del matrimonio rato y no consumado corresponde única y exclusivamente al Romano Pontífice.

El último de ellos consiste en la inexistencia de una decisión estatal de nulidad matrimonial o de divorcio recaída sobre el mismo matrimonio declarado nulo o disuelto por la decisión canónico que pretende ser reconocida en España, pues, en estos casos, la doctrina ha afirmado que neutralidad religiosa e ideológica del Estado determina que debe prevalecer lo resuelto en sede civil sobre el contenido del fallo canónico y, por tanto, éste no podría ser declarado ajustado al Derecho del Estado.

El ajuste al Derecho del Estado de las causas canónicas de nulidad y de disolución del matrimonio rato y no consumado

Sólo se ajustan al Derecho del Estado aquellas sentencias canónicas basadas en causas que pueden dar lugar a la nulidad o disolución por divorcio del matrimonio.

Sentencias canónicas de nulidad matrimonial

El Derecho canónico recoge algunos requisitos de capacidad, consentimiento y forma que, a efectos de validez, no aparecen contemplados en el Cc. Como la concurrencia de alguno de ellos puede ser irrelevante a efectos de validez en el orden estatal, las sentencias canónicas basadas en ellos no deberían poder adquirir eficacia en nuestro ordenamiento jurídico, pues, no dan lugar a la nulidad matrimonial en el Derecho del Estado.

Los defectos de capacidad psíquica vimos como en el Derecho canónico, daban lugar a supuestos civiles de carencia del consentimiento que dan lugar a la nulidad matrimonial. Por lo tanto, estas sentencias se ajustan sin dificultades al Derecho del Estado.

Las causas de nulidad que se fundamentan en la capacidad física de los cónyuges, se refieren a la edad mínima legal y a los impedimentos contemplados en los ordenamientos civil y canónico para contraer válidamente matrimonio.

La edad por debajo de la cual es nulo el matrimonio en el ámbito canónico, lo es también en el ámbito estatal, de modo que las sentencias canónicas basadas en estas causas se ajustan, sin problemas, al Derecho del Estado.

En cambio, el reconocimiento de efectos civiles a las sentencias canónicas basadas en los impedimentos de parentesco comunes al Derecho civil y al canónico, sólo es posible en aquellos grados de las líneas recta y colateral que dan lugar a la nulidad del matrimonio. Las que tienen su origen en los impedimentos de vínculo y de crimen se ajustan sin mayores inconvenientes al Derecho del Estado, debido a que dan lugar a la nulidad matrimonial en ambos ordenamientos jurídicos.

Las causas canónicas de nulidad que dan lugar a supuestos de ausencia del consentimiento, las de simulación total y el error en identidad de la persona del otro contrayente.

La simulación total y el error en la persona de un contrayente, son causas de nulidad matrimonial tanto en el Cc como en el CIC. Por este motivo, las sentencias canónicas justificadas en ellas pueden declararse ajustadas al Derecho del Estado sin mayores dificultades. Salvo que, en el caso del error, no hubiese convalidado el matrimonio por el transcurso de un año de convivencia desde el momento en que desapareció éste.

Los capítulos que dan lugar a vicios del consentimiento en el ordenamiento canónico son, a efectos del ajuste, los casos de error en una cualidad personal y el miedo grave.

Ambas causas aparecen contempladas en el Cc y en el CIC como causas de nulidad matrimonial y, por lo tanto, las sentencias canónicas basadas en ellos pueden ser declaradas por el juez civil ajustadas al Derecho del Estado. No obstante, ello requiere, que el matrimonio no hubiese sido convalidado en sede civil por el transcurso de un año de convivencia a partir del momento en que el cónyuge tuviese conocimiento del error.

Finalmente, sólo faltaría hacer alusión a aquellos defectos formales de la celebración canónica del matrimonio que, pueden dar lugar a una sentencia canónica de nulidad matrimonial. Las sentencias basadas en cualquiera de los defectos formales que pueden dar lugar a la nulidad canónica del matrimonio, deberían ser declaradas ajustadas al Derecho del Estado.

Rescriptos pontificios de disolución matrimonial

La inconsumación del matrimonio canónico es el punto de partida para que cualquiera de los cónyuges pueda solicitar su disolución a la autoridad eclesiástica competente. Su concesión depende, además, de que concurriese alguna de las justas causas que la propia jurisprudencia rotal viene admitiendo como capítulo de disolución matrimonial. En este sentido, ante la ausencia de esta causa de disolución matrimonial en el Cc, una posible manera de salvar la cuestión del ajuste de estas decisiones canónicas sería equiparando aquellas justas causas a los distintos supuestos en los que, el resto de ciudadanos, pueden obtener la disolución civil del matrimonio. Se trata de las causas por las que se podría obtener una sentencia estatal de divorcio. Ello tendrá lugar en la mayoría de los casos, si tenemos en cuenta que en ambas instituciones subyace la idea de la quiebra de la vida en común.

Supuestos en los que las decisiones canónicas de disolución del matrimonio rato y no consumado podrían ser declaradas ajustadas al Derecho del Estado.

A tenor de la legislación vigente, y haciendo una síntesis de las causas de divorcio que vimos con anterioridad, las decisiones canónicas que estén basadas en:

  • El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la demanda de separación por ambos cónyuges de mutuo acuerdo o a petición del demandante, si aquella se interpuso una vez transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

  • El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años ininterrumpidos: 1) desde la separación de hecho de ambos cónyuges libremente consentida, 2) desde la sentencia firme de separación judicial ó 3) desde la declaración legal de ausencia de uno de los cónyuges.

  • El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años desde la separación de hecho de ambos cónyuges, debida al incumplimiento de los deberes matrimoniales por parte de uno de los cónyuges.

  • El cese efectivo de la convivencia conyugal durante cinco años.

  • La condena en sentencia firme a uno de los cónyuges por atentar contra la vida del otro, de sus ascendientes o descendientes.

A tenor del texto de Anteproyecto de Ley del divorcio aprobado por el Consejo de Ministros en 2004:

  • Las decisiones canónicas de disolución matrimonial solicitadas por ambos cónyuges de mutuo acuerdo.

  • Aquellas basadas en el cese efectivo de la convivencia conyugal o, en su caso, en la desaparición del afecto entre los cónyuges, siempre que la solicitud hubiere sido presentada transcurridos tres meses desde la fecha de celebración matrimonial.

  • Las decisiones canónicas de disolución matrimonial que fuesen dictadas como consecuencia de: 1) cualquier incumplimiento de los deberes de los cónyuges, 2) la conducta injuriosa o vejatoria contra la persona del otro cónyuge, 3) cualquier situación familiar conflictiva que afecte de manera negativa sobre los hijos o sobre cualquiera de los cónyuges ó 4) la condena en sentencia judicial firme por el atentado contra la vida del otro cónyuge o de sus familiares en las líneas recta o colateral hasta el cuarto grado de parentesco.

Cauces procesales: artículo 778 de la LEC

El proceso para la obtención de la eficacia civil de las decisiones canónicas de nulidad y de disolución matrimonial aparece contemplado en el artículo 778 LEC de 2000.

Esta regulación se caracteriza porque permite solicitar, junto a la demanda que da inicio al juicio de reconocimiento, la adopción de medidas provisionales.

Tramitación del procedimiento sin solicitud de medidas (Artículo 778.1 LEC 1/2000)

El proceso comienza a instancia de parte interesada mediante la presentación del escrito de demanda, que deberá ir acompañada del documento donde conste el nombre del abogado y del procurador del demandante, la certificación de inscripción en el RC de la sentencia canónico objeto de reconocimiento y, en último lugar, una copia legalizada ante notario de la misma. Si la demanda ha sido interpuesta por ambos contrayentes de mutuo acuerdo, también deberá ir acompañada de una propuesta de Convenio Regulador, esto es, aquel escrito que recoge el acuerdo de los cónyuges acerca de las consecuencias jurídicas derivadas de la nulidad o de la disolución matrimonial.

Admitida la demanda a trámite, el juez civil deberá examinar de oficio su propia competencia. A continuación, dictará una resolución por la que dará traslado de la demanda al otro cónyuge, citándole junto al Ministerio Fiscal para que comparezcan en el plazo de 10 días en la sede del juzgado.

Este emplazamiento consiste en una audiencia pública, en la que las partes podrán presentar un escrito donde efectúen las alegaciones que tengan por conveniente acerca de si procede o no el reconocimiento de efectos civiles a la sentencia. Durante la misma, las partes también podrán proponer al juez la apertura de un período probatorio en el que puedan demostrar, por cualesquiera de los medios legalmente admitidos en Derecho, los motivos en que se fundamentan aquellas alegaciones.

Concluido este trámite, el juez resolverá por medio de otra resolución que se denomina auto si reconoce o, por el contrario, deniega la eficacia civil de la decisión canónica. Esta resolución podrá ser impugnada en el plazo de 5 días a contar desde el siguiente a la fecha en que tuvo lugar su notificación al demandante y al demandado.

Tramitación del procedimiento con solicitud de medidas (Artículo 778.2 LEC 2000)

Si junto a la demanda de eficacia civil se solicita además que el juez adopte medidas provisionales, admitidas a trámite ambas solicitudes deberá pronunciarse sobre ambas pretensiones. Según esta norma, deberá seguir dos procesos diferenciados, en función de que el reconocimiento de efectos civiles a la decisión canónica haya sido solicitado por uno de los cónyuges o por ambos de mutuo acuerdo. En el primer caso, el juez deberá seguir el procedimiento de nulidad, separación o divorcio solicitado por uno de los cónyuges que, como vimos, se hallaba regulado en el art. 771 LEC de 2000. En el segundo, por el contrario a tenor del art. 775.2 de 2000 la solicitud deberá ser tramitada de conformidad con el proceso previsto para la obtención de la separación judicial o divorcio solicitados de mutuo acuerdo.

Consecuencias derivadas de la declaración de ajuste

Junto a la declaración de nulidad o, en su caso, de disolución por no consumación del matrimonio canónico, en el contenido de la decisión estatal deben constar los efectos jurídicos derivados de su reconocimiento en sede civil. En el supuesto de que la demanda hubiera sido interpuesta por ambos cónyuges de mutuo acuerdo, estos efectos serán los acordados por las partes en el Convenio Regulador que, no obstante, debe ser igualmente aprobado por el juez.

Efectos comunes al reconocimiento civil de las decisiones canónicas de nulidad y de disolución del matrimonio rato y no consumado

El ajuste al Derecho del Estado de las sentencias matrimoniales canónicas comporta el reconocimiento de los efectos comunes a la nulidad, separación judicial o divorcio. Los efectos denominados personales, excepción hecha de la declaración de nulidad o de disolución del matrimonio, sobre el régimen de guarda y custodia de los hijos comunes menores de edad que no hayan obtenido la emancipación. Consiste el la designación del cónyuge que va a quedarse con ellos, así como el esta del régimen de visitas y comunicaciones con el progenitor con el que no convivan. También es posible que, en interés del menor, el juez atribuya la custodia a una persona distinta de ambos o a una institución social.

Los efectos de naturaleza económico-patrimonial consisten en: de un lado, la atribución de la vivienda familiar y de los bienes que integran su contenido a uno de los cónyuges, de otro, la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, y finalmente, la contribución de cada uno de los cónyuges al cumplimiento de las obligaciones económicas con respecto a los hijos comunes menores de edad y los mayores de 18 años que conviviesen con ellos al tiempo de la demanda de eficacia civil siempre que, en este último supuesto, careciesen de ingresos propios.

Efectos específicos del reconocimiento civil de las decisiones canónicas de nulidad y disolución del matrimonio rato y no consumado

Desde el punto de vista económico-patrimonial, el ajuste al Derecho del Estado de uno u otro tipo de sentencia lleva aparejado unos efectos específicos que si bien son similares desde la perspectiva de su contenido, se diferencian desde aquella otra del presupuesto que debe concurrir en el caso concreto para que pueda ser solicitado por el cónyuge que tiene derecho a ello.

Cuando se trata del reconocimiento de una sentencia canónica de nulidad, si ésta se debió a una causa imputable a la mala fe de uno de los cónyuges, esto es, a la conducta llevada a cabo con conocimiento de que, en tales circunstancias, era nulo el matrimonio, el otro tiene derecho a recibir de él una indemnización económica si en el juicio de reconocimiento queda probado que actuó de buena fe y que existió convivencia conyugal.

En cambio, en el caso de la disolución pontificia del matrimonio rato y no consumado, si la concesión de eficacia civil a la misma lleva consigo un desequilibrio económico para uno de los cónyuges que comporte un empeoramiento en su patrimonio con respecto a la situación en que se hallaba éste con anterioridad al matrimonio, el artículo 97 CC le atribuye el derecho a recibir una pensión compensatoria del otro. Esta cantidad de dinero podrá ser sustituida por la constitución de una renta de por vida, el uso y disfrute de determinados bienes o la entrega de un determinado número de bienes. No obstante lo anterior, este derecho desaparece cuando cese la causa que lo motivó, cuando el beneficiario contraiga nuevo matrimonio o comience a convivir maritalmente y de manera estable con tercera persona.

Tanto la pensión compensatoria como la indemnización económica aparejada a la nulidad son fijadas por el juez atendiendo a circunstancias tales como la edad, cualificación profesional, posibilidades de acceso al mercado laboral, la dedicación a la familia y, en general, las necesidades económicas del cónyuge beneficiario.

La homologación de las sentencias matrimoniales canónicas en la Unión Europea

En la actualidad, existen cuatro Estados de la UE que, además de España, reconocen efectos civiles a las decisiones canónicas de nulidad o de disolución del matrimonio rato y no consumado. Se trata también de países que, en el marco de sus relaciones de colaboración con la Iglesia católica, han estimado de interés pactar este reconocimiento para promover la libertad de creencias de quienes han contraído matrimonio canónico. Se trata de los casos de Italia, Portugal, Malta y la República de Eslovaquia. Así mismo, la propia UE ha promulgado una norma que prevé la posibilidad indirecta de que las sentencias canónicas de nulidad matrimonial que han sido reconocidas en España, Italia o Portugal, puedan igualmente adquirir eficacia en el orden interno de los demás miembros de la Unión.

La UE posee capacidad para dictar normas jurídicas con autonomía propia y de manera independiente de todos y cada uno de los Estados que la integran. Dentro de este conjunto normativo, podemos establecer la distinción entre las que forman parte del llamado Derecho Originario y aquellas otras que integran el denominado Derecho Derivado.

El primero lo constituyen, a grandes rasgos, los Tratados Constitutivos de la propia Unión y de sus antecedentes. En cambio, el segundo está compuesto por una pluralidad de normas de distinto alcance y contenido, entre los que podemos destacar las Recomendaciones, las Directivas y los Reglamentos, esto es, normas cuyo contenido es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.

La posibilidad de que las sentencias canónicas de nulidad matrimonial que han adquirido eficacia civil en España, Italia y Portugal puedan, al mismo tiempo, adquirir eficacia civil en el ámbito de la UE, está prevista en una norma de este tipo. Se trata del Reglamento 2201/2003 relativo a la competencia, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Ámbito de aplicación del Reglamento 2201/2003

Este ámbito está constituido por todas las decisiones judiciales que hayan sido dictadas por los tribunales de algún Estado miembro en materia matrimonial y de responsabilidad de los progenitores con respecto a los hijos que se hallan bajo su custodia.

El ámbito de aplicación del Reglamento, contempla la especialidad de que también puedan ser reconocidas en el marco de la UE las decisiones dictadas por tribunales españoles, italianos o portugueses que reconocen, a su vez, efectos civiles a las sentencias canónicas de nulidad matrimonial, a tenor de sus respectivos Acuerdos con la Santa Sede que regula esta materia.

Aspectos procesales y límites al reconocimiento de las decisiones que reconocen efectos civiles a las sentencias canónicas de nulidad en la UE

Las decisiones que reconocen efectos civiles a las sentencias canónicas de nulidad pueden ser reconocidas por los tribunales de cualquier Estado de la UE con arreglo a cualquiera de los procedimientos diseñados a tal efecto en el Reglamento. A este respecto, es habitual establecer la distinción entre las siguientes modalidades de reconocimiento:

Uno de carácter registral, consistente en la simple inscripción de la decisión de reconocimiento en el RC u otro equivalente del Estado miembro que, a su vez, va a reconocer eficacia jurídica a la decisión española, italiana o portuguesa.

En segundo término, uno de naturaleza incidental, esto es, aquel que tiene lugar durante el transcurso de un proceso ordinario de nulidad, separación o divorcio del que está conociendo el tribunal de un Estado miembro de la UE, y que recae sobre el matrimonio que ha sido declarado nulo por la sentencia canónica que ha adquirido eficacia civil en España, Italia o Portugal. En tales circunstancias, el Reglamento permite al cónyuge interesado que presente al tribunal del Estado que está conociendo de la nulidad, separación o disolución matrimonial, la existencia de la decisión española o portuguesa de reconocimiento de la sentencia canónica de nulidad.

Finalmente, las decisiones estatales que reconocen efectos civiles a las sentencias canónicas de nulidad, pueden adquirir eficacia jurídica en otro país de la UE a través de un procedimiento judicial que, en todo caso, deberá adecuarse a las disposiciones establecidas a tal efecto en el Reglamento. El procedimiento se inicia a solicitud de la parte interesada, mediante la interposición de una demanda ante el tribunal estatal competente de un Estado miembro y, admitida a trámite, decidirá si procede su reconocimiento en su ordenamiento jurídico interno.

En todo caso, el tribunal estatal competente o el funcionario encargado del RC deberán denegar el reconocimiento de la decisión que reconoce eficacia civil a una sentencia canónica de nulidad matrimonial, si concurre alguno de los motivos previstos en el artículo 22 del Reglamento. A grandes rasgos, no podrá adquirir eficacia civil la decisión que:

  • Fuese contraria al orden público del Estado miembro en el que se presentó la solicitud.

  • Fue dictada en rebeldía por circunstancias ajenas a la voluntad del demandado.

  • Fuese contraria a una sentencia de nulidad o de divorcio recaída sobre el matrimonio declarado nulo por la sentencia canónica reconocida mediante la decisión, y dictada por un tribunal del país donde fue solicitado su reconocimiento en el orden civil.

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