01. La protección del medio ambiente como bien jurídico

Contenidos

  1. 1 La evolución histórica del Derecho ambiental español
    1. 1.1 Respuestas jurídicas que ha dado el hombre a los problemas relacionados con el entorno
    2. 1.2 Nacimiento en el siglo XX del moderno Derecho ambiental
  2. 2 El marco internacional de la protección jurídica del medio ambiente
    1. 2.1 Introducción
    2. 2.2 Génesis y desarrollo histórico del medio ambiente
    3. 2.3 El actual marco internacional para la protección jurídica del medio ambiente
      1. 2.3.1 El “desarrollo sostenible”
      2. 2.3.2 La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
      3. 2.3.3 La Cumbre de Johanesburgo de 2002: una oportunidad perdida
      4. 2.3.4 Los pueblos indígenas y el medio ambiente
      5. 2.3.5 Principios y reglas informadores de la política y el derecho para la protección del medio ambiente labrados en el ámbito internacional
  3. 3 La concepción constitucional del medio ambiente
    1. 3.1 La configuración del medio ambiente como bien o interés colectivo y la tutela de los bienes individuales afectados por las agresiones ambientales
    2. 3.2 La operatividad normativa del art. 45 CE y la tutela constitucional indirecta de los daños derivados de las agresiones ambientales
      1. 3.2.1 La eficacia normativa e interpretativa del reconocimiento en el art. 45 de la Constitución del medio ambiente como derecho económico y social
      2. 3.2.2 El reconocimiento de la dimensión ambiental de determinados derechos fundamentales y la consiguiente apertura del recurso de amparo para la defensa de los ciudadanos frente a daños ambientales
    3. 3.3 Concepción constitucional del medio ambiente: un concepto amplio e indisociable del ser humano
    4. 3.4 La tensión medio ambiente-desarrollo

La evolución histórica del Derecho ambiental español

El derecho ambiental es un derecho de origen reciente (segunda mitad del siglo XX).

Surge por la toma de conciencia sobre necesidad de frenar el proceso de deterioro de nuestro frágil ecosistema, gravemente amenazado por el potencial destructivo de la civilización moderna. Graves amenazas que se ciernen sobre nuestro ecosistema:

  • Recalentamiento de la tierra por la emisión de gases de “efecto invernadero”

  • Sobreexplotación de los recursos naturales

  • Desaparición de las especies Precedentes del Derecho ambiental

Respuestas jurídicas que ha dado el hombre a los problemas relacionados con el entorno

No puede hablarse de “Derecho ambiental” pues se trataba de actuaciones motivadas por intereses sectoriales y diversos, como la defensa de la propiedad privada, de la higiene o de la salud públicas, y no por una preocupación por el medio ambiente como bien supraindividual y unitario: Derecho Romano y Derecho Medieval español

Edad Moderna (1492- 1789): aparecen las primeras normas en las que se aprecia la preocupación por la conservación de un recurso natural y la acción positiva del Estado para su gestión y aprovechamiento Precedentes del Derecho ambiental en el siglo XIX Las regulaciones de los recursos naturales y las normas de policía sanitaria:

La evolución de unas normas marcadas por la ideología liberal y sus postulados abstencionistas, que se limitaban a la estricta gestión del recurso con las limitaciones derivadas de un respeto absoluto a las propiedades privadas, hacia una legislación más intervencionista y preocupada por la preservación de los recursos ante la explotación cada vez más intensiva de los mismos (mediados del siglo XIX).

Desarrollo en el medio urbano de la intervención administrativa para la protección de intereses supraindividuales vinculados a la protección ambiental, como son la salubridad e higiene de las poblaciones, con técnicas aún vigentes en nuestros días (la prohibición, la autorización, la imposición de medidas correctoras y el alejamiento de los núcleos de población de las actividades molestas o insalubres), aunque algunas regulaciones eran contrarias a los actuales postulados ambientales (incentivos para las desecaciones de lagunas y humedales).

Nacimiento en el siglo XX del moderno Derecho ambiental

Las normas protectoras de los distintos recursos se singularizan y configuran un sector normativo propio (Ej. normas contra la protección de las aguas o para la protección de los animales).

En el medio urbano se separa el tratamiento jurídico de las actividades contaminantes del ámbito propio de la sanidad en el que hasta entonces se hallaba encuadrado, comenzando a configurar aquél como una disciplina independiente, proceso que culminará el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961, parcialmente vigente todavía en la actualidad.

Segunda mitad del siglo XX: el medio ambiente se consolida definitivamente como un concepto comprensivo de una defensa global y sistemática de la Naturaleza, y la preocupación por estos temas alcanza dimensiones mundiales.

La Organización de las Naciones Unidas declaró 1970 como "Año de Protección de la Naturaleza" y en 1972 se reúne en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, constituyendo la Declaración adoptada en esta Conferencia para muchos autores el punto de partida del Derecho ambiental en un sentido moderno.

En España, la protección del medio ambiente experimenta un doble impulso: constitucional (el art. 45 de la Constitución de 1978 eleva a rango constitucional el derecho al medio ambiente como un bien o interés colectivo y el deber de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales); y comunitario, con la plena integración de España en la Comunidad Económica Europea (1986) y la consiguiente incorporación a nuestro ordenamiento del importante acervo jurídico comunitario de protección ambiental.

Espectacular crecimiento del derecho ambiental español en los últimos veinte años, promulgándose dos tipos de normas: leyes sectoriales (dirigidas bien a la protección de los distintos medios: aire, agua, espacios naturales..., o bien a la regulación de los agentes contaminantes: residuos, sustancias tóxicas o peligrosas, explotaciones mineras...), que se yuxtaponen a otra serie de normas ambientales horizontales, cuyo objeto es introducir instrumentos de protección ambiental aplicables en cualquier sector o campo de actividad (como son, las normas para el acceso del público a la información ambiental o la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental)

El marco internacional de la protección jurídica del medio ambiente

Introducción

Se trata de un derecho moderno, que es el resultado de un proceso histórico cuyos primeros antecedentes datan de finales del siglo XIX: con anterioridad la gestión de los recursos naturales, concebidos exclusivamente como objetos susceptibles de propiedad privada, era una cuestión que entraba por completo en el ámbito de la soberanía de los Estados.

Cuando se hace evidente el carácter limitado de los recursos naturales y la necesidad de garantizar su pervivencia frente al enorme potencial destructivo de la civilización moderna, comienzan a llevarse a cabo las primeras actuaciones internacionales dotadas de una dimensión ambiental, que van a pivotar sobre un doble postulado, convertido en uno de los principios fundamentales del Derecho internacional ambiental desde la Conferencia de Estocolmo de 1972: los Estados ostentan el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos naturales pero, al mismo tiempo, tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional (Principio 21 y Principio 2 de la Declaración de Río de Janeiro).

Génesis y desarrollo histórico del medio ambiente

Pueden distinguirse cuatro periodos diferenciados en la génesis y desarrollo histórico del medio ambiente (Philippe SANDS).

Primer periodo: comienza a finales del siglo XIX con los primeros convenios bilaterales en materia de pesca (de carácter puramente utilitarista, en función de su valor económico social) y concluye con la creación de las nuevas organizaciones internacionales en 1945.

Primeros intentos de desarrollar reglas internacionales cuyo objeto es la protección de la vida salvaje y la protección de espacios naturales vírgenes, aunque se trataba de convenios esporádicos, con un enfoque limitado y sin ninguna fórmula institucional para hacer efectiva su ejecución.

Primeros laudos arbitrales internacionales con un contenido ambiental: destaca el caso de la Fundición de Trail (Smelter Trail Case, 1938- 1941).

Segundo Periodo: desde la creación de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas en 1945 hasta la Conferencia de Estocolmo de 1972.

La organización de las Naciones Unidas comienza a actuar en el ámbito de la protección ambiental: en 1949 tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la conservación y utilización de los recursos (UNCCUR), que, aunque se limitó al intercambio de ideas y experiencias sin la adopción de ninguna recomendación, supuso la confirmación de su competencia en asuntos ambientales y dio un importante impulso a la acción internacional en defensa del medio ambiente.

Se adoptaron un número creciente de convenios internacionales, a nivel regional o mundial, cuyo objeto era la lucha contra las fuentes de contaminación y la conservación de los recursos naturales de ámbitos como el medio marino, las aguas terrestres y las zonas húmedas (destaca el Convenio de Ramsar de 2 de febrero de 1971, primer tratado ambiental internacional en establecer reglas dirigidas a la conservación de un tipo especial de ecosistema) La Organización de las Naciones Unidas declaró 1970 como “Año de Protección de la Naturaleza”.

Tercer Periodo: desde la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano, más conocida como “Conferencia de Estocolmo” que se celebró en esta ciudad en junio de 1972 hasta la Conferencia de Río de Janeiro de 1992.

Los acuerdos tomados en esta Conferencia tienen un carácter puramente declarativo y recomendatorio, pero sientan las bases para los desarrollos normativos futuros. Tres son los instrumentos más importantes adoptados en la misma:

  • La Declaración de principios para la preservación y mejora del medio humano, conocida como “Declaración de Estocolmo”: compuesta por 26 principios en los que se sientan los criterios que han de presidir la actuación internacional y nacional en el ámbito internacional y nacional del medio ambiente, para muchos autores marca el punto de partida del Derecho ambiental en un sentido moderno.

  • El “Plan de Acción para el Medio Humano”: 109 recomendaciones que abarcaban los diversos sectores de la protección ambiental.

  • La recomendación sobre la creación de instituciones ambientales y de fondos para proporcionar financiación a los programas ambientales.

Siguiendo esta recomendación, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó en diciembre de 1972 el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEP, o PNUMA en castellano), dirigida a promover, orientar e implementar los programas de cooperación internacional en materia ambiental desarrollados en el marco de las Naciones Unidas.

La Conferencia de Estocolmo abrió un periodo de espectacular desarrollo del derecho internacional ambiental: se celebraron numerosos Convenios especializados, tanto a escala regional como mundial. Destaca la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución de 28 de octubre de 1982, instrumento de carácter no vinculante pero cuyos principios de ética ambiental se reflejan en la actualidad en muchos Tratados.

Cuarto Periodo: en el que todavía nos encontramos, por lo que se desarrollará en epígrafe aparte. Tiene su punto de partida y principal hito en la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

El actual marco internacional para la protección jurídica del medio ambiente

El “desarrollo sostenible”

Su formulación en el informe Brundtland y su consolidación como objetivo fundamental de la acción ambiental o La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, constituida por decisión de Naciones Unidas y presidida por la Primera Ministra Noruega Gro HARLEM BRUNDTLAND publicó en 1987 un informe, titulado “Nuestro Futuro Común”, que puso de relieve los problemas ambientales del planeta e hizo propuestas de futro, entre las que destaca un nuevo modelo de desarrollo económico, el desarrollo sostenible, que define como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Por su actual grado de implantación en las normas de protección ambiental podemos calificarlo como un nuevo principio o paradigma del Derecho internacional ambiental.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Se celebró en junio de 1992 en Río de Janeiro, por lo que se la conoce como “Conferencia de Río de Janeiro”

Principales instrumentos adoptados:

  • Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo: consagra importantes principios del Derecho ambiental internacional, luego incorporados a los ordenamientos regionales y estatales, como el “principio del desarrollo sostenible”, el “criterio de precaución”, o el “principio quien contamina paga”. Impone a los Estados las obligaciones de “promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente”, la promoción del acceso a la información y la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones con transcendencia ambiental, y la aplicación de la técnica de Evaluación de Impacto Ambiental.

  • La Agenda 21: instrumento, de carácter no vinculante, que contiene un plan de acción dirigido a la Comunidad Internacional para el logro del desarrollo sostenible. Establece programas de actuación ambiental que cubren virtualmente todas las actividades humanas, definiendo los objetivos, las actividades y los medios de actuación necesarios en cada una de ellas. Se insta la creación de una nueva Comisión para la aplicación en el tiempo de su plan de acción y potencie la actuación internacional dirigida al logro de un desarrollo sostenible: la Asamblea General y el ECOSOC establecieron en 1993 la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS).

  • El Convenio sobre biodiversidad, cuyos objetivos son “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”.

  • El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo objetivo es lograr “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. El Protocolo que establece la regulación necesaria para la consecución de este objetivo fue adoptado en la Conferencia de las Partes que se celebró en Kioto el 10 de diciembre de 1997, por lo que es conocido como “Protocolo de Kioto”. El Protocolo, pendiente aun de ratificación por alguna de las partes, incluye objetivos vinculantes y cuantificados de limitación y reducción de los gases de efecto invernadero. Destaca el compromiso de que los países desarrollados consigan una reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 5,2% con respecto al nivel de 1990 durante el período 2008- 2012, con cuotas diferenciadas (del 8 % para el Conjunto de la Unión Europea).

  • Declaración, jurídicamente no vinculante, de “los principios para un consenso global sobre gestión, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques”. Sus principios, de carácter no vinculante, no “internacionalizan” los problemas de los bosques, sino que establecen que “su adecuada gestión y conservación es competencia de los Gobiernos de los países a los que pertenecen, y resultan valiosas para las comunidades locales y para el medio ambiente como un todo”. La conservación de los bosques se ha convertido en uno de los temas que se tratan en las Conferencias de las Partes del Convenios sobre Biodiversidad, pero se ha fracasado hasta ahora en el intento de proteger los bosques primarios, aún no invadidos por el hombre, y que poseen la mayor riqueza en biodiversidad del planeta.

La Cumbre de Johanesburgo de 2002: una oportunidad perdida

La llamada “Cumbre de la Tierra” se celebró del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002.

Sus resultados, plasmados en una Declaración y en un Plan de Aplicación de sus acuerdos, quedaron muy por debajo de las expectativas suscitadas, en cuanto se limitan a fomentar o apoyar instrumentos internacionales de promoción del medio ambiente y del desarrollo sostenible ya existentes, como las acciones contenidas en la Agenda 21, por lo que su aportación a los acuerdos de la Conferencia de Río es muy escasa.

Uno de sus logros más importantes fue avanzar en el análisis de asuntos vitales para reducir la pobreza, partiendo del reconocimiento de que su erradicación constituye la mayor dificultad a que se enfrenta el mundo en la actualidad, y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Se adoptaron acuerdos, declaraciones de intenciones en su mayoría, como establecer un fondo de solidaridad mundial para la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo social y humano en los países en desarrollo y Reducir los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y los que distorsionan el comercio, como los subsidios a la agricultura de algunos países desarrollados.

El mayor fracaso de la Cumbre ha sido la falta de un compromiso para alcanzar objetivos concretos de implantación de energías renovables, a pesar de reconocerse la vital importancia de “diversificar el tipo de energía que se suministra desarrollando tecnología de combustibles fósiles menos contaminante, más eficiente e innovadora y promover el aumento de la utilización de fuentes de energía renovables.

Ante esta falta de iniciativa, propiciada por los países más reacios a comprometerse, singularmente Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, la Unión Europea lanzó una iniciativa, secundada por más de treinta países, para adoptar compromisos voluntarios concretos a nivel nacional o regional (aspirando a su futura conversión en globales) para impulsar estas tecnologías.

Los pueblos indígenas y el medio ambiente

Definición de pueblos indígenas: descendientes de poblaciones que habitaban un país o región geográfica cuando fue colonizado o durante el establecimiento de las actuales fronteras estatales (Convenio 169 de la OIT).

En sus territorios se encuentra una cantidad del orden del 70 % de la riqueza en biodiversidad, cuyos recursos estos pueblos conocen, explotan racionalmente y valoran.

Ante la presión y acción depredadora de los recursos naturales que sufren los ecosistemas en los que habitan los pueblos indígenas, y en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, numerosos organismos regionales e internacionales promueven en la actualidad la preservación de los conocimientos y prácticas de estas comunidades que entrañen la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, fomentando su práctica y el reparto equitativo de los beneficios derivados de ello.

En España, una de las funciones encomendadas a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) es la de “Promover fundamentalmente proyectos que atribuyan especial importancia a las áreas de lucha contra la pobreza , protección del medio ambiente y de los recursos naturales así como la educación y capacitación” de los pueblos indígenas (Ley 23/1998 de 7 de julio).

Principios y reglas informadores de la política y el derecho para la protección del medio ambiente labrados en el ámbito internacional

  • Principio 21 de la Declaración de Estocolmo y Principio 2 de la Declaración de Río.

  • El Principio de cooperación internacional para la protección del medio ambiente.

  • El Principio del desarrollo sostenible como objetivo del derecho ambiental.

  • El Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados en la protección del medio ambiente: todos los Estados deben participar en las medidas de respuesta internacional a los problemas ambientales comunes, pero las obligaciones de los Estados deben diferenciarse en función de sus distintas circunstancias y capacidades.

  • Principio de precaución o de acción precautoria: “Cuando haya peligro de un daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (Principio 15 de la Declaración de Río).

  • Principio “quien contamina paga”: los costes de la contaminación han de imputarse al agente causante de la misma, que debe sufragar las medidas de prevención y lucha contra la contaminación sin recibir, en principio, ningún tipo de ayuda financiera compensatoria. Las medidas adoptadas en aplicación de este principio pretenden la internalización de los costes ambientales derivados de la producción y consumo de bienes económicos.

La concepción constitucional del medio ambiente

La configuración del medio ambiente como bien o interés colectivo y la tutela de los bienes individuales afectados por las agresiones ambientales

Art. 45 de la Constitución española: se encuadra dentro de los principios rectores de la política social y económica que conforman el Capítulo tercero del Título I de la Constitución.

Doble componente objetivo-subjetivo de la defensa jurídica del medio ambiente:

  • A los poderes públicos se encomienda la protección jurídica del medio ambiente como bien colectivo, basándose en la indispensable solidaridad colectiva.

  • Los particulares que sufran perjuicios en sus bienes o derechos como consecuencia de las agresiones al medio ambiente pueden instar los mecanismos de tutela de los derechos e intereses subjetivos que el ordenamiento jurídico y los poderes públicos otorguen en cada caso para el mantenimiento y disfrute de “un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”. Muy importante resulta en este sentido la actual consideración por los Tribunales del daño moral (perjuicios que exceden de la esfera puramente patrimonial), como un interés legítimo susceptible de ser tutelado e indemnizado por los particulares.

La operatividad normativa del art. 45 CE y la tutela constitucional indirecta de los daños derivados de las agresiones ambientales

La eficacia normativa e interpretativa del reconocimiento en el art. 45 de la Constitución del medio ambiente como derecho económico y social

El valor informador del art. 45 CE vincula al legislador, de tal forma que si la Ley, al llevar a cabo el desarrollo al que la Constitución la obliga, no cumple con el mismo de tal forma que menoscaba el bien jurídico medio ambiente, incurrirá en un vicio de inconstitucionalidad susceptible de ser denunciado y depurado por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el valor integrador de los principios económicos y sociales obliga a tener presentes estos preceptos en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes.

El reconocimiento de la dimensión ambiental de determinados derechos fundamentales y la consiguiente apertura del recurso de amparo para la defensa de los ciudadanos frente a daños ambientales

De acuerdo con la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra c. España; de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros c. Italia; y de 2 de octubre de 2001, caso Guerra y otros c. Italia), en la recepción e interpretación de la misma que ha realizado nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia 119/2001, de 24 de mayo), en determinados casos de especial gravedad, los daños ambientales pueden poner en peligro la salud de las personas, y atentar por consiguiente contra el derecho fundamental a la vida y a la integridad física (art. 15 CE) o bien, aun sin poner en peligro estos derechos, atentar contra el derecho fundamental de los ciudadanos al respeto de su vida privada y familiar, privándoles del disfrute de su domicilio y vulnerando por esta vía los derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18 CE).

Concepción constitucional del medio ambiente: un concepto amplio e indisociable del ser humano

El bien jurídico medio ambiente abarca todos los recursos naturales necesarios para preservar la calidad de vida del hombre y también elementos culturales e históricos del entorno urbano (los monumentos, el paisaje, los sitios históricos...) que configuran también el marco o entorno en que se desarrolla la vida humana.

Carácter antropocéntrico de la tutela constitucional del medio ambiente: tiene por objeto, como declara el art. 45 de la Constitución, el “desarrollo de la persona” y la protección y mejora de la “calidad de vida” del hombre.

Crítica de las tendencias que pretenden configurar el medio natural como una realidad autónoma del hombre y merecedora en cuanto tal de una personalidad jurídica propia: la tutela jurídica de la naturaleza se realiza en todo caso mediante instrumentos jurídicos establecidos por el hombre y a ellos dirigidos, y, dado que todo el medio natural ha recibido ya, directa o indirectamente, la intervención humana, la protección ambiental se configura, no como una mera reparación de daños y de respeto a la naturaleza, sino como una “gestión activa de los ecosistemas” a fin de mantener un entorno adecuado para la vida humana.

La tensión medio ambiente-desarrollo

Necesidad de armonizar el medio ambiente como un bien jurídico constitucional con otros valores y derechos reconocidos también por la CE, como el desarrollo económico (art. 130) o el reconocimiento de la libertad de empresa (art. 38), para el logro de un desarrollo sostenible. Cuando los conflictos entre los intereses ambientales y los vinculados al desarrollo económico se judicializan, los Tribunales se esfuerzan por encontrar un punto de equilibrio entre ambos y, en caso de incompatibilidad, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de una ponderación en el caso concreto de los dos intereses en juego, valorando la importancia para la economía nacional de la actuación que se pretenda realizar y del daño que se pueda producir al medio ambiente como consecuencia de ella (Sentencias 64/1982, de 4 de noviembre, y 170/1989, de 19 de octubre).

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