06. Técnicas de fomento económico

Las subvenciones de los poderes publicos

Concepto

Se entiende por subvenciones todo tipo de ventaja económica otorgada por la Administración para estimular la conducta de los particulares. Estas ventajas pueden tener un carácter:

  • Directo: cuando implican un desembolso efectivo e inmediato de dinero del erario público.

  • Indirecto: cuando suponen una merma de los ingresos públicos (como las deducciones u otras ventajas de tipo fiscal, concesión de créditos blancos).

Problemas de las subvenciones públicas como técnica de incentivo para la protección del medio ambiente

El problema de su incompatibilidad con el principio “quien contamina paga” ya expuesto.

El problema de su difícil compatibilidad con el derecho comunitario de la libre competencia (art. 87 del Tratado de la CE, incluido en las normas de consulta).

En ninguna de las excepciones previstas en este precepto para considerar las ayudas como compatibles con el mercado común se hace referencia expresa a la protección del medio ambiente, pero a pesar de ello se han venido aplicando siempre determinadas ayudas en materia de medio ambiente, que la Comisión ha considerado admisible en aquellos supuestos en los que no se cumplían los requisitos del artículo 87 del Tratado de la CE o que podían acogerse a una de las excepciones previstas en el mismo. La mención a estas ayudas aparece asimismo en los Programas comunitarios de acción ambiental.

Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente de 2001 (incluidas en las normas de consulta): precisan las condiciones que deben cumplir las ayudas estatales para que la Comisión acepte su compatibilidad con el art. 87 TCE. Sus aspectos más destacados son:

Su aplicación se justifica en el art. 6 del Tratado, en virtud del cual se considera que la política de competencia y la de medio ambiente no son antagónicas, “sino que las exigencias del medio ambiente han de integrarse en la definición y ejecución de la política de la competencia, especialmente con el fin de fomentar un desarrollo sostenible”, y desde el punto de vista jurídico, se encajan en las excepciones previstas en el art. 87 de ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o determinadas regiones económicas, o de ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo.

El límite a las ayudas se sitúa en estas Directrices fundamentalmente en la aplicación estricta del principio “quien contamina paga”. En aplicación de este principio:

Se suprimen “las ayudas a las inversiones cuyo objeto sea simplemente la adecuación a normas técnicas comunitarias nuevas o vigentes” que se han venido otorgando para incitar a las empresas a adaptarse a las normas, salvo que se trate de ayudas a las pequeñas y medianas empresas y durante un periodo máximo de tres años contado a partir de la adopción de dichas normas.

Se consideran en cambio positivas las ayudas cuando se trata de que sirvan de "incentivo para superar el nivel de protección exigido por la normativa comunitaria", como ocurre cuando un Estado miembro decide adoptar normas ambientales más estrictas que las comunitarias o cuando una empresa realiza inversiones para proteger el medio ambiente que superan las normas comunitarias vigentes más estrictas o en ausencia de normas comunitarias.

Dos disposiciones importantes que afectan a las subvenciones comunitarias en el marco de otras políticas para integrar en ellas las exigencias ambientales:

Cuando se aprueben o revisen otras directrices comunitarias sobre ayudas estatales, la Comisión examinará en qué medida podrá tenerse mejor en cuenta estas exigencias.

La Comisión estudiará la conveniencia de solicitar que los Estados miembros presenten un estudio de impacto ambiental cuando notifiquen un proyecto de ayuda importante en cualquier sector de actividad.

Los distintivos de calidad ambiental: la etiqu eta ecológica comunitaria

Planteamiento. Regulación y objetivo del sistema europeo de concesión de etiqueta ecológica

La introducción del etiquetado ecológico en nuestro país se produjo de la mano del Derecho comunitario, mediante el Reglamento 1980/2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica.

Objetivo que se pretende conseguir con el sistema comunitario de ecoetiquetaje: “promover productos que puedan reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de la misma categoría”, lo que “se efectuará proporcionando a los consumidores orientación e información exacta, no engañosa y con base científica sobre dichos productos”.

Escaso éxito del sistema establecido por el anterior Reglamento para la consecución de este objetivo. Posibles razones:

  • Falta de celeridad y de eficacia de la Comisión Europea en la adopción de los actos de ejecución necesarios para el funcionamiento del sistema (en especial, la fijación de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta a determinadas categorías de productos).

  • Escaso esfuerzo realizado por los Estados para dar a conocer y promover el sistema entre los consumidores.

  • Falta de implicación de las ONG ambientales y de las organizaciones de consumidores en el funcionamiento y desarrollo del sistema.

Principales novedades introducidas por el nuevo Reglamento para lograr una aplicación más eficaz del sistema:

Creación de un organismo dedicado en exclusiva y de modo permanente al sistema comunitario de etiquetado ecológico para asistir a la Comisión: el Comité de etiqueta ecológica de la Unión Europea (CEEUE).

Ampliación del ámbito de aplicación: junto a los productos incluye ahora los servicios.

Mejora de la información suministrada a los consumidores sobre las razones de su concesión.

Búsqueda de una mayor participación de todos los posibles interesados en el procedimiento de determinación de los criterios de evaluación.

Elaboración periódica por la Comisión de un plan de trabajo en el que se fije la estrategia a seguir para la implantación y desarrollo del sistema.

Necesidad de coordinar la etiqueta ecológica comunitaria con:

Los sistemas nacionales de ecoetiquetaje: se insta tanto a la Comisión como a los Estados miembros a tomar “medidas para la coordinación necesaria entre el presente sistema comunitario y los sistemas nacionales de los Estados miembros, en particular en la selección de las categorías de productos y en la elaboración y revisión de criterios a escala comunitaria y nacional”, otros sistemas comunitarios de etiquetado o certificación de calidad que presentan un carácter ambiental (como el relativo a la indicación del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos por medio del etiquetado y de una información uniforme sobre los productos, y el relativo a la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios).

El logotipo

El logotipo de la etiqueta ecológica europea: dos recuadros: el de la izquierda contiene el símbolo de la etiqueta (véase en el Reglamento, que se adjunta en las normas aplicables al estudio del tema), y el de la derecha debe proporcionarse información, en forma de descripción sucinta, clara e inteligible, sobre los motivos de concesión de etiqueta ecológica, que debe referirse por lo menos a uno y a no más de tres efectos ambientales.

Ámbito de aplicación del sistema

Ámbito geográfico

Estados miembros del Espacio Económico Europeo (países de la CE, Noruega, Islandia y Liechtenstein).

Ámbito objetivo

“Cualquier tipo de mercancía o de servicio”. Se limita sin embargo a los productos o servicios que presenten un interés relevante desde los puntos de vista del mercado interior y del medio ambiente. Quedan excluidos del sistema determinados productos (como los clasificados como muy tóxicos o peligrosos para el medio ambiente, los medicamentos y productos sanitarios y los productos alimenticios y las bebidas).

La organización administrativa para la gestión del sistema

En la organización administrativa Intervienen tanto los Estados miembros como las instituciones comunitarias:

Las instituciones comunitarias intervienen en la aprobación de los criterios ecológicos específicos que van a condicionar el otorgamiento de la etiqueta para esa categoría de productos. Por parte de la Comunidad, la Comisión comparte el ejercicio de las competencias de ejecución que se le atribuyen con un Comité integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión, que debe dictaminar favorablemente sus propuestas, pasando en caso contrario el poder decisorio al Consejo, de acuerdo con el denominado “procedimiento de comité” previsto por el Reglamento y es asistida en su labor por el CEEUE.

A los Estados miembros les corresponde el procedimiento para la evaluación de los productos aspirantes a su obtención a fin de decidir si se ajustan o no a los criterios establecidos. Han de designar uno o varios “organismos competentes” para desempeñar estos cometidos, velando por su independencia y correcta aplicación de las disposiciones del Reglamento. En España, corresponde a las CCAA la designación de estos organismos competentes y, subsidiariamente, actúa como tal a nivel nacional AENOR.

Existe la necesidad de coordinar el sistema de etiquetado ecológico europeo con:

  • Los sistemas de etiquetado nacionales en aras de la necesaria armonización europea: se insta tanto a la Comisión como a los Estados miembros a tomar “medidas para la coordinación necesaria entre el presente sistema comunitario y los sistemas nacionales de los Estados miembros, en particular en la selección de las categorías de productos y en la elaboración y revisión de criterios a escala comunitaria y nacional”,

  • Otros sistemas comunitarios de etiquetado o certificación de calidad que presentan un carácter ambiental (como, p.ej., el existente sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios).

El procedimiento para el otorgamiento de la ecoetiqueta comunitaria

La evaluación de los productos aspirantes a la obtención de la etiqueta ecológica, a fin de determinar si se ajustan o no a los criterios establecidos.

El organismo competente designado por el Estado es el encargado de recibir las solicitudes para la obtención de la etiqueta que pueden presentar los fabricantes o importadores y de evaluarla atendiendo a los criterios establecidos para esa categoría de productos. Para la evaluación, empleará la información suministrada por el interesado y las pruebas que considere conveniente, que podrán ser realizadas por organismos o laboratorios independientes.

Cuando un producto sea originario en la misma forma de varios Estados miembros, la solicitud podrá presentarse ante un organismo competente de uno de esos Estados miembros. En tales casos, al estudiar la solicitud, el organismo competente de que se trate consultará a los organismos competentes de los otros Estados miembros.

El organismo competente decide si concede o deniega la etiqueta. En caso de denegación, hay que entender, por aplicación de las normas generales que rigen la actuación administrativa, que habrá de ser una decisión motivada y que puede ser objeto de recurso.

El contrato y los cánones para la utilización de la ecoetiqueta

Cuando se otorgue la etiqueta, el organismo competente celebrará un contrato con el solicitante sobre las condiciones de su utilización, de acuerdo con el contrato tipo aprobado por la Comisión, en el que, entre otras cosas, se establecerá:

  • Duración del contrato.

  • Disposiciones sobre los derechos y obligaciones del titular de la ecoetiqueta, en especial, el deber de garantizar que el producto cumple los criterios y las condiciones que se derivan del Reglamento y se reiteran en el contrato.

  • Se precisan también las facultades del organismo competente para controlar el cumplimiento continuado por parte del titular de los criterios de la categoría de productos y de las condiciones de utilización y disposiciones del contrato, que incluyen la posibilidad de requerir al titular cualquier documentación pertinente o el acceso a las instalaciones de la empresa.

  • En el caso de que el organismo competente advierta que el titular ha incumplido cualquiera de las condiciones de utilización de la etiqueta o de las disposiciones del contrato, podrá, como hemos señalado, rescindir el contrato (mediante una carta certificada dirigida al titular) o bien optar por la medida menos drástica de suspender la autorización para utilizar la etiqueta ecológica en tanto en cuanto no se subsanen los incumplimientos advertidos. El contrato podrá rescindirse también por voluntad del titular.

  • Toda solicitud de concesión de etiqueta ecológica esta sujeta al pago de un canon por los gastos de tramitación de la solicitud, y la utilización de la ecoetiqueta supondrá asimismo el pago al organismo competente que la haya concedido de un canon anual.

Medidas para garantizar una aplicación eficaz del sistema

Elaboración periódica cada tres años de un plan de trabajo relativo a la etiqueta ecológica en el que se establece: los objetivos de mejora ambiental y penetración en el mercado; una lista de categorías que se consideran prioritarias para la actuación comunitaria; los planes de coordinación y cooperación entre el sistema comunitario y otros sistemas de ecoetiquetaje de los estados miembros.

Los Estados miembros y la Comisión realizarán campañas de sensibilización y de información sobre la ecoetiqueta.

Los Estados miembros adoptarán las medidas legales o administrativas adecuadas en caso de infracción de sus disposiciones.

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