03. Efectos de la declaración de concurso (I)

Ver también Derecho Mercantil 2 (Derecho concursal)

Efectos patrimoniales sobre el deudor

Intervención y suspensión de las facultades patrimoniales del deudor

Una vez declarado el concurso de acreedores las facultades del deudor puedan quedar sometidas; bien a un régimen de: intervención (caracterizado porque el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio), o suspensión (queda en suspenso el ejercicio por el deudor de dichas facultades sobre su patrimonio, las cuales son asumidas por los administradores concursales.

El régimen de intervención, con carácter general, corresponde a los supuestos de concurso voluntario. Y el régimen de suspensión, a los casos de concurso necesario.

No obstante, el Juez del concurso tiene amplias facultades para modificar en cualquier momento el cambio de régimen.

La conclusión del concurso por cualquier causa supone la cesación de las limitaciones a las facultades patrimoniales del deudor, con la sola excepción de las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

Alcance de las limitaciones a las facultades patrimoniales del deudor

La intervención o suspensión pueden limitar las facultades del deudor sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en la masa activa, no afectando a las que no integren esa masa activa del concurso (las legalmente inembargables, ni los derechos derivados de su personalidad, de su relación familiar ni de carácter político, o administrativo).

Por tanto, nada impide al concursado administrar bienes ajenos o representar o administrar a cualquier persona, salvo cuando el concurso sea declarado culpable y el deudor inhabilitado en la sentencia de calificación.

Efectos de la infracción por el deudor de las limitaciones impuestas

Los actos realizados por el deudor con infracción de las limitaciones serán anulables, cerrando su acceso a los Registros Públicos salvo convalidación por el administrador concursal.

Cualquier acreedor podrá requerir a la administración concursal que se pronuncie sobre determinada acción del deudor.

La acción de anulación se tramitará por los causes del incidente concursal y caducará al mes de la fecha de dicho requerimiento.

Continuación en el ejercicio de la actividad empresarial

Como regla general, la declaración de concurso no interrumpe la actividad profesional o empresarial del deudor, estableciéndose unas reglas de actuación para hacer operativa la continuidad de la empresa, que variarán en función de que el deudor conserve sus facultades de administración o disposición, o por el contrario dichas facultades hayan sido asumidas por la administración.

El deudor conserva sus facultades cuando ha quedado sometido a un régimen de intervención, en este caso la administración concursal puede determinar los actos y operaciones que, siendo propios del trafico habitual del deudor, quedan autorizados con carácter general, sin necesidad de una autorización previa e individualizada de la administración concursal. Durante el periodo que media entre el auto de declaración de concurso y la aceptación del cargo de los administradores concursales, el deudor sólo está autorizado a realizar los actos propios de su actividad que resulten imprescindibles, sin perjuicio, no obstante, de las medidas cautelares que hubieran sido acordadas.

Las facultades las ostenta la administración concursal en el régimen de suspensión. Corresponde a la administración concursal la adopción de medidas para la continuación de la actividad profesional o empresarial del concursado.

Como excepción a la regla general consistente en la continuación de la actividad empresarial, el Juez podrá acordar a petición de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores el cierre de las oficinas, establecimiento o explotaciones de que fuere titular el deudor.

Deberes y derechos del concursado

Deberes

El concursado debe comparecer ante el Juez del concurso o ante la administración del concurso “cuantas veces sea requerido”, así como colaborar e informar a dichos órganos.

El concursado debe poner a disposición de la administración concursal los Libros de llevanza obligacional o cualesquiera otros documentos y registros En el caso de personas jurídicas, estos deberes incumbirán a sus administradores o liquidadores o a quienes hayan desempeñado estos cargos en los 2 años anteriores a la declaración de concurso.

El incumplimiento de este deber presume la existencia de dolo o culpa grave en la generación de la insolvencia, determinante de la calificación del concurso como culpable.

Es obligación del concursado la de prestar alimentos cuando venga impuesta por una resolución judicial (filiación, matrimonio y menores) y se satisfará con cargo a la masa activa.

Derecho de alimentos

El deudor persona natural tendrá derecho a alimentos con cargo a la masa activa, que perderá en el momento de la apertura de la liquidación. Su cuantía y periodicidad serán, en caso de intervención, la que acuerda la administración concursal; y en caso de suspensión, las que autorice el Juez.

Restricciones de la capacidad procesal del deudor para el ejercicio de acciones

Suspensión: la legitimación para el ejercicio de acciones de índole patrimonial se atribuye a la administración concursal, otras acciones lo estará el deudor, si bien, precisará la conformidad de la administración.

Intervención: el deudor conserva su capacidad para actuar en juicio, pero necesita la conformidad de la administración para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio.

Efectos sobre el deudor persona jurídica

Durante la tramitación del procedimiento concursal se mantienen los órganos sociales del concursado, salvo que como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, se declare el cese de los administradores y liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal.

Embargo de bienes de los administradores y liquidadores (también los que estuvieran en los 2 años anteriores): es el efecto más severo de la empresa concursada; se acordará cuando:

  1. El concurso se califique como culpable.

  2. Que el Juez entendiera que la masa activa resultará insuficiente para satisfacer la totalidad de las deudas.

Concurriendo estos presupuestos el Juez acordará el embargo en la cuantía que considere conveniente, que podrá ser sustituida por aval, a solicitud del interesado.

Como toda medida cautelar la finalidad del embargo preventivo es la de asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dicte.

Solo será posible mantener el embargo si se descarta la posibilidad del un convenio y se abre la liquidación de la empresa, debiendo ser alzada inmediatamente cuando los acreedores y el concursado suscriban un convenio.

Efectos sobre los derechos y libertades fundamentales del deudor

Concepto, regulación legal y naturaleza

La nueva LC ha dado un paso importante en aras de la efectividad del proceso concursal y de su normal tramitación: de un lado, estableciendo la obligación del deudor de colaborar activamente en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso y, de otro, permitiendo al Juez de lo Mercantil acordar la intervención de las comunicaciones, la imposición del deber de residencia y la entrada en el domicilio del deudor, tanto en los supuestos de suspensión como en los de intervención en el ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado.

De manera similar al Proceso Civil la LC establece un deber amplio de colaboración del deudor en el proceso concursal, obligación de comparecencia, y de colaborar e informar en todo lo necesario, aportando documentos y datos relacionados con el proceso.

Junto a este deber de colaboración, también se contempla que el Juez pueda adoptar una serie de medidas que restringen determinados derechos fundamentales de la personal: libertad, secreto comunicaciones, inviolabilidad domicilio y libre residencia y circulación por territorio nacional (17,18 y 19 CE)

Las que limitan el secreto de las comunicaciones o autorizan la entrada y registro domiciliarios son “actos de investigación”, dirigidos a la obtención de información y documentos relevantes en el proceso.

La que establece un concreto deber de residencia o el arresto domiciliarios, es una medida cautelar, por peligro de fuga y ocultación.

Presupuestos exigibles para la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales del concursado

Ppio legalidad: Deben ser actuaciones previstas en la Ley.

Ppio de jurisdiccionalidad: Intervención de un órgano jurisdiccional para la adopción de estas medidas.

Ppio de Proporcionalidad: Se concreta en: idoneidad de la medida (adecuada y util), necesidad de la misma (ya que no existe otra menos gravosa) y proporcionalidad en sentido estricto (mediante la utilización de técnicas de contrapeso y ponderación de intereses)

Duración de la medida

La resolución judicial que la acuerde fijará su duración, que será el estrictamente necesario para asegurar el objetivo perseguido.

Intervención de las comunicaciones

Es la primera de las medidas contempladas en la Ley (oral, postal, telegráfica, telefónica, incluso las cibernéticas), remitiéndose a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al autor le sorprende esta remisión ya que el art. 579 LECRIm que regula las escuchas telefónicas, no cumple con las exigencias relativas a la previsión legal de la injerencia, al omitir aspectos tan importantes como la naturaleza de las infracciones susceptibles de escuchas, fijación de un límite en la duración, las condiciones de la transcripción de las conversaciones interceptadas, y las precauciones a adoptar para mantener intactas las grabaciones realizadas.

De este modo la legitimidad y validez de las intervenciones telefónicas en el proceso concursal requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. Exclusividad jurisdiccional;

  2. Finalidad exclusivamente probatoria, garantizado el secreto de lo ajeno al concurso;

  3. Excepcionalidad de la medida que sólo habrá de adoptarse cuando no exista otro medio de investigación;

  4. Proporcionalidad de la medida;

  5. Limitación temporal;

  6. Sobre los teléfonos de la persona del deudor (si es persona jurídica de sus administradores o liquidadores);

  7. Existencia de indicios de que el concursado sustrae u oculta información relevante al Juez;

  8. Resolución motivada.

La correspondencia es muy útil en lo concerniente a información bancaria, cartas comerciales, cartas de reclamación de deudas, comunicación con proveedores, etc.

La resolución judicial que acuerde esta medida será en forma de Auto motivado

Entrada y registro en el domicilio del deudor

El objeto material de esta medida lo constituye cualquier lugar cerrado en el que se ejercita o puede resultar afectado el derecho a la intimidad, a la vida familiar o a la privacidad del deudor como persona física o de los administradores o liquidadores.

La diligencia de entrada y registro estará sometida al principio de proporcionalidad. Ha de ser de carácter indispensable para obtener el fin perseguido, a falta de consentimiento del concursado, la autorización judicial habrá de basarse en la existencia de indicios racionales de existencia de documentos de interés para el procedimiento concursal, que no hayan sido aportados por el concursado, no valiendo las meras sospechas o conjeturas.

La obligación de residencia y el arresto domiciliario

El Juez podrá acordar el deber de residencia del deudor persona natural en la población de su domicilio. Si el deudor incumpliera este deber o existieran razones fundadas para temer que pudiera incumplirlo, el Juez podrá adoptar las medidas que considere necesarias, incluido el arresto domiciliario.

Aspectos procesales

En caso de Concurso necesario: podrán ser adoptadas desde el mismo instante de la admisión a trámite de la solicitud de declaración de concurso realizada por los acreedores.

Si es el deudor quien solicita la declaración de concurso, habrá de esperar al momento de la declaración del concurso para que puedan ser acordadas.

No obstante pueden acordarse en cualquier fase del procedimiento, siempre que sean idóneas y proporcionadas.

Legitimación: La activa, varía en función del momento concursal en que se efectúe dicha solicitud:

Si tiene lugar una vez admitida a trámite la solicitud de declaración de concurso (solo puede suceder en el necesario), legitimado activamente lo estará sólo cualquier de los acreedores del deudor; Si, por el contrario la petición sucede con posterioridad a la declaración de concurso, y por tanto en los supuestos de concurso necesario como voluntario, la legitimación se amplía, pudiendo ser acordadas de oficio o a instancia de cualquier interesado (debiendo entender por interesado no sólo la administración concursal, sino cualquier persona que tenga un interés patrimonial directo o indirecto en la buena administración del concurso y en la mejor solución posible del procedimiento).

La legitimación pasiva, la ostenta tanto el deudor persona natural, como los administradores o liquidadores.

Recursos: Contra los autos que acuerden las medidas cabrá recurso apelación, en el plazo de 5 días ante la Audiencia Provincial.

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