04. Efectos de la declaración de concurso (II)

Ver también Derecho Mercantil 2 (Derecho concursal)

Efectos sobre el acreedor

Integración de la masa pasiva

Cuando el deudor se encuentra en una situación de insolvencia, que le impida satisfacer regularmente sus obligaciones exigibles, se sustituye el sistema individualista de las ejecuciones solutorias aisladas, por otro sistema de ejecución colectiva, general o concursal a favor de todos ellos, caracterizado por recaer sobre la totalidad del patrimonio del deudor y por someter a la generalidad de los acreedores a la comunidad de pérdidas, que puedan derivarse de la insolvencia del dedudor.

Por ello, una vez declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas legalmente (se denomina vis atractiva del proceso concursal)

Efectos sobre los procesos declarativos

Nuevos juicios declarativos

Se exige diferenciar entre:

Sobre materias competencia del Juez del concurso

Los Jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interpongan, con posterioridad a la declaración del concurso, demanda de la que deba conocer el Juez del concurso, se abstendrán de conocer (explicar cada palabra), incluso (a entender del libro) cuando existan otros codemandados por razón de un litisconsorcio pasivo necesario

En todo caso, parece aconsejable, hasta que la duda no sea resuelta por los Tribunales, , interponer la demanda ante el Juez del concurso para que este decida si se estima competente o si, por el contrario, no se estima competente y remite a las partes ante el Juez que resulte competente.

Sobre materias competencia de otros órganos judiciales

Tratándose del ejercicio de acciones que no sean competencia del Juez del concurso, no resultarán afectadas por la declaración del concurso, siendo tramitadas ante los respectivos órganos competentes.

Juicios declarativos pendientes

Los procesos que se encuentren en tramitación en el momento de la declaración de concurso, como regla general, seguirán tramitándose ante el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de ellos, en cuyo caso la declaración de concurso no producirá otro efecto que el derivado, en su caso, de la sustitución del concursado por la administración concursal.

Como excepción se podría acumular al proceso concursal el proceso en curso, cuando:

  1. verse sobre materias que entren dentro de la competencia del Juez del concurso.

  2. el deudor sea parte ostentando la condición de demandado.

  3. el procedimiento se ha de estar tramitando en primera instancia.

  4. la resolución del proceso declarativo pendiente ha de revestir trascendencia sustancial para la formación de inventario o de la lista de acreedores.

Efectos sobre los procedimientos arbitrales

Prohibición de iniciar nuevos procedimientos arbitrales, ya sea por el concursado o contra el concursado.

Los procedimientos que estuvieran pendientes al momento de la declaración de concurso continúan hasta la firmeza del laudo.

Una vez que el laudo haya adquirido firmeza, los pronunciamientos en él contenidos vinculan al Juez del concurso.

Efectos sobre las ejecuciones y apremios

Cuando el deudor no puede atender regularmente el cumplimiento de sus obligaciones exigibles, se hace necesario sujetar todo el caudal y masa de acreedores a un proceso conjunto universal en donde pueda lograrse la efectividad de los distintos créditos de forma proporcional y equitativo, sin otra preferencia que aquella que la Ley expresamente reconozca, y ello, con sujeción a los siguientes principios informadores:

  • Afección de los bienes del deudor al cumplimiento de sus obligaciones, y

  • Paridad o igualdad de trato entre los acreedores de igual condición.

Con el fin de lograr el cumplimiento de dichos postulados básicos, la declaración de concurso comporta, la imposibilidad de que puedan iniciarse ejecuciones separadas, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, así como la suspensión de las que se hallaren en tramitación al momento de declararse el concurso, con integración de los respectivos créditos en el concurso.

Dos excepciones; podrán continuarse:

  1. los procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio con anterioridad a la declaración del concurso

  2. Las ejecuciones laborales en las que se hubiera embargado bienes del concursado, con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuación de la activad profesional o empresarial del deudor.

Efectos sobre los contratos

Contratos con obligaciones recíprocas

Supuesto en el que al momento de producirse la declaración del concurso, una de las partes en los contratos celebrados por el deudor hubiera cumplido sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, en cuyo caso el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según procesa, en la masa activa o pasiva del concursado.

En este caso el Juez, previa petición de la administración concursal, en caso de suspensión, o del propio concursado en caso de intervención, citará a comparecencia al concursado, a la administración concursal y a la otra parte del contrato y, de existir acuerdo en lo referente a la resolución y efectos, dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias existentes se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el Juez decidirá acera de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa.

Relaciones laborales

Se atribuye al Juez del concurso jurisdicción para el conocimiento de materias que, en principio, pertenencen a la competencia de los Juzgados del orden social, pero que, por su especial trascendencia en la situación patrimonial del concursado y en aras de la unidad del procedimiento, se ha estimado conveniente que no sean resueltas por separado.

Contratos de trabajo

La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada, podrán solicitar del Juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, así como la extinción o suspensión colectiva de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado.

El Juez abrirá un periodo de consultas (que no excederá de 30 días, o de 15 si la empresa cuenta con menos de 50 trabajadores), con los representantes de los trabajadores y con la administración concursal, donde todos ellos negociarán de buena fe en aras a la consecución de un acuerdo.

El Juez recabará de la Autoridad Laboral un informe sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de 15 días.

Resolución: mediante Auto en el plazo de 5 días. El auto en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaida en un expediente de regulación de empleo. En caso de extinción, se decretará así mismo, una indemnización legal de 20 días por año de servicio, Recursos: el de súplica ante la sala de lo Social del TSJ

Contratos de alta dirección

La LC atribuye a la administración concursal, a iniciativa propia o del empresario deudor, facultades de extinción o suspensión de los contratos de éste con el personal de alta dirección, fundamentadas en la participación de ese personal en la gestión de la empresa deudora.

En caso de suspensión, el contrato podrá extinguirse por voluntad del alto directivo, con preaviso de un mes, conservando el derecho a la indemnización que corresponda. Tratándose de la extinción, el Juez del concurso podrá moderar la indemnización que pudiera corresponder al alto directivo.

Enervación del desahucio en arrendamientos urbanos

Se reconocer a la administración concursal la facultad de enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración de concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento misma de practicarse el efectivo lanzamiento, debiendo pagarse al arrendador demandante, en tales casos, con cargo a la masa el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio, así como las posibles costas procesales causadas hasta ese momento (art. 70 LC en relación con el 22.4 LEC).

Efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa: acciones de reintegración

Concepto, fundamento y finalidad

La reintegración puede ser conceptuada como el trámite concursal, que surge como consecuencia de los efectos que la apertura de un procedimiento de tal naturaleza supone para determinadas relaciones jurídicas creadas, modificadas o extinguidas por el deudor en un tiempo, también determinado, con anterioridad al inicio de dicho procedimiento. La apertura de un procedimiento concursal dará lugar a una serie de consecuencias sobre las relaciones antedichas, que adquirirán su medida real y se harán efectivas dentro del trámite de reintegración.

El fundamento del sistema de reintegración de la masa activa en el procedimiento de concurso proviene de la distinción entre la situación de insolvencia en que se encuentra el patrimonio del empresario (concurso de hecho) y la declaración judicial de hallarse en tal estado (concurso de derecho), a partir de la cual el concurso de acreedores comienza a desplegar sus efectos jurídicos, tanto en la persona del deudor, como en su patrimonio.

En este periodo intermedio entre la situación de insolvencia del empresario y su declaración judicial el deudor suele realizar actos dispositivos perjudiciales para los acreedores en orden a frustrar la realización de sus derechos de crédito, bien mediante el intento de retrasar las consecuencias legales de dicha irregularidad, asumiendo unos riesgos que una situación saneada se rechazarían, bien mediante operaciones tendentes a sustraer determinados bienes en beneficio propio o de personas allegadas al mismo o en el de alguno de los acreedores en perjuicio de los demás.

Ante este hecho han reaccionados todos los Ordenamientos jurídicos, estableciendo distintos sistemas de reintegración cuya finalidad consiste en evitar que la masa de acreedores deba afrontar los perjuicios que derivan de unos negocios jurídicos que, concluidos por el deudor antes de verse sometido a la disciplina del concurso, alteran indebidamente, tanto la composición del patrimonio sometido a responsabilidad por deudas, como la posición de los acreedores respecto a dicho patrimonio.

Con la reintegración de la masa activa y, en concreto, con el conjunto de operaciones que la integran, se persigue conseguir que integren la masa activa los bienes que no figuran en ella y que, ello no obstante, deben formar parte del patrimonio concursal, eludiendo las cargas o situaciones de privilegio que resulten perjudiciales para la masa como consecuencia de negocios celebrados por el deudor con anterioridad a la declaración de concurso.

Régimen legal y naturaleza jurídica

La nueva LC ha adoptado un sistema de reintegración relativa, en cuya virtud sólo una parte de los negocios jurídicos celebrados por el deudor en un periodo de tiempo, fijado legalmente con anterioridad a la apertura del procedimiento de concurso (periodo sospechoso fijado en 2 años) se ven privados de eficacia mediante la demostración de su carácter perjudicial para la masa activa, aun cuando en relación con determinados actos dicho perjuicio se presume, bien “ipso iure”, al recaer sobre los mismos una presunción “iuris et de iure” de su carácter perjudicial, bien “iuris tantum”, recayendo la carga de la prueba de su inexistencia en el deudor.

Con el fin de favorecer el ejercicio de la acción de rescisión el art. 71 LEC establece una presunción iuris et de iure del perjuicio patrimonial en dos supuestos: actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso.

Igualmente también se presume el perjuicio patrimonial:

  1. los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas relacionadas con el concursado.

  2. la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes.

En ningún caso podrán ser objeto de rescisión los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales.

Con esto se tiende a la consecución de un doble objetivo: de un lado, garantizar que los que se encuentren en la situación de acreedores no ven alterada dicha posición por ninguna causa, y de otro, asegurar el cumplimiento de las operaciones pendientes de liquidación y, en definitiva, el correcto funcionamiento de los mercados secundarios de valores, en los que las garantías constituyen su pilar básico.

Procedimiento

Legitimación activa:

Los acreedores, condicionada a la concurrencia de dos requisitos: que hayan instado por escrito de la administración concursal el ejercicio de alguna acción; así como que la administración concursal no la ejercitara dentro de los 2 meses siguientes al requerimiento.

Legitimación pasiva:

Las demandas de rescisión deberán dirigirse, con carácter general, contra el deudor y contra quienes hayan sido partes en el acto impugnado, lo que constituye un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario.

El Incidente concursal:

Se compone de dos fases: la alegatoria (demanda y contestación escrita); y el juicio (desarrollado bajo los trámites de juicio verbal).

A través de los cauces del incidente concursal se tramitarán las acciones de rescisión que se ejerciten contra los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los 2 años anteriores a la fecha de declaración de concurso, así como las demás acciones de impugnación de actos del deudor.

Efectos de la rescisión

La sentencia que estime la acción de rescisión declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel con sus frutos e intereses.

Se reintegra a la masa lo que de ella no debió salir, y por otra parte, se reduce de la masa en lo que entró indebidamente.

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