05. La fase común del concurso

Ver también Derecho Mercantil 2 (Derecho concursal)

Una vez acreditada la insolvencia del deudor mediante la declaración de concurso, el proceso concursal aparece estructurado en dos fases: la denominada fase común y la de convenio o liquidación.

La fase común se inicia con el auto de declaración de concurso y concluye con la presentación del informe de la administración concursal, o en su caso, con la resolución de las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores y comprende las actuaciones tendentes a la delimitación de las masas activa y pasiva.

La masa activa

Delimitación

Formada por:

  • Los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso - Los bienes y derechos que se reintegren al patrimonio del deudor, con posterioridad a la iniciación del concurso.

  • Los bienes y derechos que adquiera el deudor hasta la conclusión del procedimiento En estos bienes y derechos deben concurrir 2 requisitos: tener contenido patrimonial y ser susceptibles de realización.

Determinación

Corresponde a la administración concursal determinar qué bienes y derechos integran la masa activa, lo que deberá reflejarse en el inventario que se adjunta al informe emitido por la administración. El inventario deberá contener:

  • Una relación de los bienes y derechos realizables de los que el concursado sea titular

  • El avalúo de cada uno de los bienes y derechos incluidos en la relación, atendiendo a su valor de mercado.

  • Una relación de los litigios pendientes cuyo resultado pueda afectar al contenido de la masa activa y otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, para la reintegración de la masa activa.

La masa pasiva

Delimitación

Se integran todos los acreedores del deudor que sean reconocidos como tales en el procedimiento.

Los créditos de estos acreedores reciben la denominación de “créditos concursales”, y están sujetos a las vicisitudes del concurso, debiendo ser satisfechos de conformidad con las reglas del mismo.

Existen por el contrario otros créditos a los que la Ley atribuye el carácter de “créditos contra la masa”, que se caracterizan, frente a los concursales, porque su pagao ha de hacerse a sus vencimientos y por su total importe, con fondos procedentes de la masa activa. Estos créditos contra la masa no forman parte de la masa pasiva. Tres categorías de estos créditos contra la masa:

  • Costas y gastos judiciales que deban hacer frente el concursado y la administración concursal.

  • Los créditos derivados de la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor.

  • Obligaciones surgidas con anterioridad a la apertura del procedimiento concursal, entre los que se incluyen los salarios correspondientes a los 30 días anteriores a la declaración de concurso, en cuantía que no supere al doble del SMI.

Determinación

Reconocimiento de créditos: Tarea que se atribuye a la administración concursal, quien ha de elaborar una lista de acreedores y acompañarla al informe, si bien la decisión última la tiene el Juez del concurso.

El procedimiento se inicia con el Auto de declaración de concurso, que habrá de contener un llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de 1 mes. Los acreedores lo comunicarán por escrito, ante el Juzgado, adjuntando los originales o copias auatentificadas del título o de los documentos relativos al crédito, siendo los administradores concursales quienes adopten una decisión en cuanto al reconocimiento o no de estos créditos.

Por tanto, se pasa del ejercicio de acciones individuales contra el patrimonio del deudor, a una acción colectiva universal, en la que se engloba a la totalidad de los acreedores del deudor.

Hay determinados créditos que han de ser necesariamente y automáticamente reconocidos:

  • Los créditos reconocidos por laudo o sentencia.

  • Los que consten en documento con fuerza ejecutiva.

  • Los reconocidos por certificación administrativa

  • Los asegurados con garantía real inscrita en registro público.

  • Los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía figure en los libros y documentos del deudor.

Clasificación de los créditos: Es una de las innovaciones más importantes que introduce la nueva Ley, ya que de un lado, reduce los privilegios y preferencias, e introduce una nueva categoría, la de los créditos subordinados; y de otro introduce claridad y seguridad jurídica, en la medida que regula la clasificación de los créditos en el concurso de acreedores.

Se clasifican en privilegiados (con privilegio especial, y con privilegio general), ordinarios y subordinados.

Todos los que no formen parte de la lista de privilegiados ni subordinados, son ordinarios.

Créditos con privilegio especial:

Los acreedores de estos créditos reciben un tratamiento más favorable en el concurso.

Cuando la Ley atribuye a un crédito la condición de especialmente privilegiada, en relación con un determinado bien o derecho de los que integran la masa activa, está garantizando al acreedor que el referido bien o derecho va a ser destinado, ante todo, al pago del crédito privilegiado, lo que conlleva la posibilidad de promover una ejecución separada, esto es, al margen del procedimiento concursal. Tienen esta consideración:

  1. Los créditos con garantías reales constituidas sobre cosa ajena hipoteca, prenda, anticresis.

  2. Los créditos refaccionarios sobre los bvienes refaccionados, relativos a los trabajos de reparación, conservación ofabricación, incluidos los de los trabajadores,sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado

  3. Los créditos por cuots de arrendamiento financiero o compraventa por precio aplazado.

Créditos con privilegio general:

Al contrario que los especiales, no constituyen privilegios procesales al no conceder derecho a la ejecución separada, sino tan solo a una posición especial en caso de convenio, y un derecho de cobro preferente, en caso de liquidación, por el orden que establece la Ley que es el siguiente:

  1. Créditos salariales, incluidas las indemnizaciones por extinción de la relación labaoral.

  2. Cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social

  3. La cesión de derechos de explotación de obra objeto de la propiedad intelectual, devengados en los 6 meses anteriores a la declaración de concurso.

  4. Los créditos tributarios y demás de Derecho Público, así como los créditos de la Seguridad Social Este privilegio de los créditos de la Hacienda Pública y de los de la S.Social, podrán ejercerse hasta el 50% de su importe.

  5. Los créditos de responsabilidad civil extracontractual.

  6. Los créditos de que fuere titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso y que no tuvieran el carácter de subordinados, hasta la cuarta parte de su importe.

Créditos subordinados:

  1. Los créditos comunicados tardíamente, y son incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, o que no han sido comunicados oportunamente.

  2. Los créditos que por pacto contractual, tengan el carácter de subordinados.

  3. Los créditos por intereses.

  4. Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias

  5. Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor (cónyuge o pareja en los dos años anteriores, ascendientes, descendientes y hermanos del concursado. En las personas jurídicas: los socios, los administradores y liquidadores, y las sociedades que forme parte del mismo grupo), excepto los salariales y las indemnizaciones.

  6. Los créditos que, como consecuencia de rescisión concursal, resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.

El informe de la administración concursal

Consideraciones generales

Constatada la insolvencia del deudor mediante la declaración de concurso, es preciso poner en marcha mecanismos concursales tendentes a lograr la satisfacción de los acreedores por el orden de preferencia legalmente establecido.

Pero antes de tomar la decisión de cual ha de ser la solución del concurso (convenio y liquidación), es preciso conocer cuáles son los activos del deudor y cual el pasivo. A tal fin, la Ley atribuye a la administración concursal la obligación de redactar y presentar un informe, al que deberán adjuntar un inventario de los bienes y derechos que formen la masa activa del concurso y una relación de deudas que integran la masa pasiva.

Contenido del informe

a) Un análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria, que debió acompañarse a la solicitud (en el concurso voluntario) o aportarse con posterioridad a requerimiento judicial (en el necesario).

El informe debe verificar la exactitud del contenido de la memoria, así como efectuar un estudio de las medidas a las que el deudor supedite, en su caso, la continuación de su actividad empresarial.

b) Estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y memoria.

La administración concursal ha de verificar el cumplimiento por el deudor de la obligación de presentar los libros de contabilidad y si el balance y el resto de documentos que componen las cuentas anuales se elaboraron de conformidad con la ley.

La falta de formulación de las cuentas anuales, constituye uno de los supuestos en los que el legislador presume, iuris tamtum, que el deudor actuó con dolo o culpa grave en la generación del estado de insolvencia, calificando el concurso como culpable. Lo mismo ocurre con el incumplimiento sustancial del deber de llevanza de la contabilidad, o la llevanza de doble contabilidad.

c) Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal. Al informe se ha de acompañar necesariamente el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y, en su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio que se hubiesen presentado.

Plazo para la presentación del informe

No lo fija el Juez, viene determinado legalmente, y es de 2 meses, excepción hecha de que el concurso se siga por el procedimiento abreviado, que será de 1 mes. El plazo general de 2 meses puede ser prorrogado por el Juez, previa solicitud de la administración concursal, por tiempo no superior a un mes. La brevedad de los plazos invita generalmente a la solicitud de prórroga.

El incumplimiento del deber de presentación del informe

Puede conllevar dos tipos de sanciones:

  1. Puede originar el nacimiento de la responsabilidad civil de los administradores, y constituir justa causa de separación en el cargo; y

  2. La pérdida del derecho a la remuneración fijada por el Juez del concurso. Si bien este incumplimiento, no constituye por sí sólo de forma automática, la imposición de dichas sanciones.

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