03. La intervención jurisdiccional en las relaciones laborales

Introducción

La facultad del Estado de hacer justicia, sustituyendo las soluciones que los ciudadanos puedan dar de forma directa a sus conflictos, es la función jurisdiccional.

De ahí que la solución jurisdiccional de los conflictos laborales consista en someterlos a un juicio de Derecho ante un juez instituido previa y permanentemente.

En la CE:

  • Art 24.1.: todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

  • Art 117.3.: el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

Al adquirir importancia las relaciones de trabajo, agravándose la tensión social, y al tener que intervenir legislativamente el Estado en la regulación de aquéllas, fue preciso también someter los conflictos que surgían a la deliberación de los órganos oficiales.

En la CE se consagra el principio de unidad jurisdiccional, tanto en el sentido de que la administración de justicia es competencia exclusiva del Estado, como en el sentido de que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y fundamento de los tribunales (arts. 149 y 117).

La jurisdicción laboral es un orden judicial que requiere un tipo específico de proceso.

Sistemas de organización de la jurisdicción laboral

Bayón y Pérez Botija dividieron la jurisdicción laboral en 2 grupos:

  1. Sistemas de jurisdicción ordinaria:

    • Con procedimiento idéntico común.

    • Con procedimiento especial.

    • Con jurisdicción ordinaria como complemento de la especial, cuando por razones demográficas o de localización industrial se crean tribunales especiales en ciertas zonas y en las demás conoce el juez de primera instancia.

  2. Sistemas de jurisdicción especializada:

    • Con juez único de trabajo.

    • Con Tribunal colegiado.

      • Juez con adjuntos.

      • Juez con jurados para cuestiones de hecho.

      • Juez con expertos o peritos.

Todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes.

En general, la doctrina defiende la jurisdicción especializada, entendiéndola como especialización del Juez y especialización del proceso.

Así, resulta que el problema básico es el de su delimitación.

Existen 3 posturas:

  1. Atribuir competencias a los tribunales de trabajo sólo en los conflictos individuales.

  2. Extender la jurisdicción a todos los conflictos jurídicos, incluidos los colectivos que revistan ese carácter.

  3. Atribuirles también competencia a los conflictos colectivos de carácter económico. Los criterios con que han de resolverse los conflictos económicos no son jurídicos, sino de equidad, y cuando el magistrado conoce de ellos desarrolla una actividad que, si formalmente es jurisdiccional, materialmente es dispositiva y su sentencia tiene un carácter auténticamente normativo.

Es común el deseo de que la administración de justicia en materia de trabajo se caracterice por la simplicidad de sus requisitos formales, por la no exigencia de abogado y procurador, por el predominio de lo oral sobre lo escrito, por la gratuidad, por las amplias facultades del juez para impulsar el proceso y suplir la ignorancia de las partes.

La jurisdicción laboral en España

Antecedentes históricos. Características generales del sistema actual

Antecedentes históricos

A mediados del siglo XIX, el único medio de entablar reclamaciones laborales era el proceso civil, "que no era apto para satisfacer las pretensiones que se originaban en los conflictos de trabajo" (Montero Aroca).

En 1855 se establece, por exigencias obreras, un jurado imparcial para dirimir desavenencias.

Más tarde, un proyecto de Ley de Alonso Martínez intenta establecer unos Jurados de prohombres de la industria para conocer, en juicio verbal, cuestiones que no excedan de 600 reales.

Siguen los proyectos, hasta que La Cierva consigue la aprobación de los Tribunales Industriales (1908), que se podían crear en las cabezas de partido judicial [estaban compuestos por un Juez de la Instancia y 6 Vocales jurados (3 empresarios y 3 obreros)]; trataban conflictos individuales.

En 1926, surgen los Comités paritarios, organismos de derecho público integrados también por patronos y obreros bajo la presidencia de un Delegado del Gobierno, y que entendía de conflictos individuales y colectivos.

Esta dualidad se mantuvo hasta que la República la reemplazó por los Jurados mixtos, con funciones de conciliación y arbitraje.

En 1935 se instituye un Tribunal Central de Trabajo, (con 3 magistrados, 2 patronos y 2 obreros). Un año más tarde, Queipo de Llano suprime tales Jurados mixtos en la "zona nacional".

En 1938 el Fuero del Trabajo crea la Magistratura, como única jurisdicción de instancia en lo laboral, y un nuevo Tribunal Central de Trabajo, exclusivamente judicial, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España (1940).

En cuanto al procedimiento, en 1949 se añadieron los recursos de suplicación, casación y en interés de la Ley, y en 1958 se refundieron las normas procesales.

Dicho Texto ha sufrido hasta la fecha varias modificaciones hasta llegar a la aprobación del vigente Texto Refundido de la LPL (1995), que regula la normativa aplicable a los procesos, recursos y ejecuciones.

Características del sistema actual

Monopolio estatal de la jurisdicción, sin participar en ella de las profesiones ni sus organizaciones.

Jurisdicción especializada, con jueces profesionales.

Instancia única (el mismo juez instruye, practica las diligencias y resuelve, y los recursos no suponen un nuevo juicio, sino una revisión del proceso).

Tribunales colegiados en los recursos (Salas de lo Social de los TSJ y del TS).

Procedimiento regido por normas de orden público (no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes).

Supletoriedad de la LEC (no siendo aplicable en lo laboral el recurso en interés de la Ley recogido en ella).

Extensión y límites de la jurisdicción laboral: la materia contenciosa laboral

La legislación determina la competencia únicamente "en función de la materia".

Art 1 LPL: "Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho en conflictos tanto individuales como colectivos".

El art 2 LPL incluye las cuestiones litigiosas que puedan promoverse:

En el ámbito de la relación individual de trabajo: entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal.

La jurisdicción laboral es incompetente cuando los conflictos se producen entre personas que no están vinculadas por una relación laboral, esto es, que se encuentran excluidas de la aplicación de la LET.

Aunque existen algunos temas fronterizos entre la jurisdicción laboral y la contencioso-administrativa que plantean problemas.

En el ámbito de las fundaciones laborales, sociedades cooperativas de trabajo asociado y sociedades anónimas laborales.

En materia de SS. Incluida la protección por desempleo. Las pensiones y contratos de seguro siempre que su causa derive de un contrato de trabajo o convenio colectivo. Entre los asociados y las Mutualidades.

También en los conflictos que puedan surgir en aplicación de sus normas.

Existen puntos polémicos en los cuales resulta difícil la atribución a una u otra jurisdicción.

La jurisdicción contencioso-administrativa conocerá: de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive.

En relación con el Estado o con el Fondo de Garantía Salarial: Cuando la legislación laboral les atribuya responsabilidad.

En el ámbito de los sindicatos y organizaciones empresariales:

  • Conflictos sobre tutela de los derechos de libertad sindical.

  • Conflictos sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de estatutos, etc.

  • Conflictos en materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados.

  • Conflictos sobre los procesos sobre materias electorales.

  • Conflictos sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresarias, de Libertad Sindical, impugnación de sus estatutos y su modificación.

  • Conflictos sobre responsabilidad de sindicatos y asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho.

En materia de convenios y conflictos: impugnaciones de convenios colectivos como los procesos de conflictos colectivos.

Respecto de cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por normas con rango de Ley.

La LPL (art 3) establece, de forma genérica, que no conocerá la Jurisdicción social:

  • De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga de los funcionarios públicos y del personal administrativo o estatutario.

  • De las resoluciones de la Tesorería General de la SS (o Entidades Gestoras) en materia de gestión recaudatoria, así como de las relativas a las actas de infracción y liquidación etc.

  • De las pretensiones que versen sobre impugnación de los actos de las Administraciones Públicas en materia laboral pero sujetos al Derecho Administrativo.

  • De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la Ley Concursal a la jurisdicción exclusiva y exclusiva y excluyente del juez del concurso.

Los órganos jurisdiccionales del orden social y su competencia

Si los órganos jurisdiccionales se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia o de la función, acto seguido de su presentación dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho.

La declaración de oficio de la incompetencia requerirá la audiencia previa de las partes y del Ministerio Fiscal en el plazo de 3 días.

Contra el auto de declaración de incompetencia pueden ejercitarse el recurso de reposición y el de suplicación, si quien se declaró incompetente fue un juez, y el recurso de súplica y el de casación, si la declaración de incompetencia procede de una Sala de lo Social.

Los Juzgados de lo Social

Son órganos que conocen en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social y que los resuelven mediante la decisión personal del juez.

Administrativa y disciplinariamente están vinculados al CGPJ.

Los jueces se ayudan de los Secretarios, que actúan como jefes inmediatos de funcionarios y subalternos de las respectivas Secretarías.

Competencia. Asignación a un cierto órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones, con preferencia a los demás órganos de la jurisdicción. Se define en dos sentidos:

  1. Funcionalmente, hay juzgados de primer conocimiento, que juzgan los hechos y les aplican el Derecho, y otros que se limitan a ver si se aplicó exactamente el Derecho a unos hechos que se dan como probados.

  2. Objetivamente, la competencia del Juzgado de lo Social se determina con arreglo a principios de adscripción territorial.

La LPL (ad 10) señala reglas de competencia:

Será Juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

En los procesos siguientes será, en cada caso, Juzgado competente:

  • En materia de SS, aquel en cuya circunscripción se haya producido la resolución impugnada o el del domicilio del demandante, a elección de éste.

  • En los de mejoras de la SS, Mutualidades y Fundaciones laborales, el del domicilio del demandado o el del demandante, a elección de éste (salvo Mutualidades de Previsión, en que regirá el fuero de la demanda).

  • En los de reclamación de salarios de tramitación al Estado, el Juzgado que dictó la sentencia de despido.

  • En los que versen sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos o de las asociaciones empresariales, impugnación de sus estatutos y su modificación, el de la sede del sindicato o asociación.

  • En los que versen sobre régimen jurídico específico de los sindicatos, funcionamiento interno, relaciones con sus afiliados etc…, el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar al proceso.

  • En procesos de tutela de la libertad sindical, el del lugar donde se produjo la lesión.

  • En impugnación de convenios colectivos, el de la circunscripción a que se refiera el ámbito de aplicación del convenio impugnado.

  • En los procesos electorales, el del lugar en que esté situada la empresa o centro de trabajo.

Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional

Los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma (sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al TS).

Tienen en todo caso, una Sala de lo Social, pero cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran, podrán crearse, con carácter excepcional, Salas de lo social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, en cuya capital tendrán su sede.

Estas Salas conocerán:

  • En única instancia, de los procesos surgidos en el campo de los sindicatos y asociaciones empresariales, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción del Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma.

  • De los recursos de suplicación contra las resoluciones de los Juzgados de lo Social de su circunscripción y contra las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil de la Comunidad Autónoma en materia laboral y las que resuelven los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

  • De las cuestiones de competencia suscitadas entre los Juzgados de lo Social de su circunscripción.

En cuanto a la competencia territorial, será competente la Sala siguiente:

  • Procesos de conflictos colectivos: la del Tribunal en que se den los efectos del conflicto o la de aquél cuya circunscripción se extienda el ámbito de aplicación de las cláusulas del convenio impugnado.

  • En los que versen sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos o asociaciones empresariales e impugnación de sus estatutos: la del Tribunal en cuya circunscripción tengan su sede.

  • En los de régimen jurídico de los Sindicatos (funcionamiento interno, relaciones con sus afiliados): la del Tribunal donde se produzcan los efectos del acto que lo propiciaron.

  • En los de tutela de la libertad sindical: la del Tribunal donde se produzca la lesión.

Sala de lo Social de la Audiencia Nacional

Con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, tiene una Sala de lo Social.

Conoce en única instancia de los procesos sobre los mismos asuntos que las Salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo

La LOPJ (ad 55) establece que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es la Sala Cuarta. Como órgano jurisdiccional superior, extiende su jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Tiene su Sede en Madrid.

Esta Sala conoce de las siguientes cuestiones:

  • Recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la Ley.

  • Recusaciones que se interpongan contra los Magistrados que la componen.

  • Cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales de lo Social que no tengan otro superior jerárquico común.

La Sala de lo Social del TS se compone de 1 Presidente y 12 Magistrados.

El Ministerio Fiscal y sus funciones en el proceso laboral

Las funciones del Ministerio Fiscal se disgregaron entre diversos órganos quedando ausente aquél de la primera instancia e interviniendo sólo en materia de recursos.

La vigente LPL exige la intervención del Ministerio Fiscal en los siguientes casos:

  • En la declaración de oficio de la incompetencia de un órgano jurisdiccional.

  • En la cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de lo Social.

  • En los conflictos de competencia con los Juzgados y Tribunales de otro orden jurisdiccional.

  • En la celebración de los actos de conciliación y juicio (en los casos en que deba ser parte).

  • En los procesos de impugnación de convenios colectivos.

  • Cuando se impugna la resolución que deniega el depósito o de los propios estatutos sindicales o de su modificación.

  • En los procesos sobre tutela de los derechos de libertad sindical y demás derechos fundamentales.

  • En los recursos de Suplicación, Casación y Revisión

Cuestiones de competencia. Conflictos de competencia y conflictos de jurisdicción

Cuestiones de competencia

Son cuestiones de competencia las controversias que surgen entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden, que quieren conocer de un determinado asunto (competencia positiva) o que se niegan a conocer del mismo (competencia negativa).

Las reglas para resolverlas son las siguientes:

  • Entre Jueces y Tribunales subordinados entre sí: No pueden darse; el superior fijará (sin posibilidad de recurso posterior) su propia competencia.

  • Entre órganos del orden social: decidirá el inmediato superior común.

Ambas se sustancian según la LEC, en tanto ésta no se oponga a lo siguiente:

  • Las declinatorias se proponen como excepciones perentorias y son resueltas en la sentencia, sin suspender el curso de los autos.

  • En la inhibitoria, el órgano que la reciba lo comunicará al que tenga el proceso, interrumpiendo su tramitación a las resultas de aquélla. Una vez firme el auto que deniegue la inhibición, se comunicará al órgano que conozca del proceso, que continuará su trámite.

Conflictos de competencia

Son los que se producen entre órganos de distinto orden jurisdiccional.

Se resolverán por una Sala especial del TS, compuesta por el Presidente de éste y un Magistrado por cada orden jurisdiccional.

Conflictos de jurisdicción

Son los que surgen entre los Juzgados o Tribunales y la Administración.

Resuelve el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, compuesto por el Presidente del TS y 5 vocales (2 Magistrados de lo Contencioso-Administrativo del TS y 3 Consejeros Permanentes de Estado).

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