06. La especialidad del procedimiento concursal

Una modificación trascendental

Se sustraen al conocimiento de los Juzgados de lo Social las cuestiones litigiosas que se susciten en materia concursal.

Concentración en un solo órgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del concursado por cualesquiera órganos jurisdiccionales o administrativos, así como determinados asuntos que, en principio, son de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social, pero que por incidir en la situación patrimonial del concursado y en aras de la unidad del procedimiento no deben resolverse por separado.

Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal en los términos previstos en su Ley reguladora.

Se atribuye al juez del concurso la jurisdicción para conocer de materias que, en principio, son de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social, pero que por su especial trascendencia en la situación patrimonial del concursado y en aras de la unidad del procedimiento no deben resolverse por separado. Pero conciliado todo ello con la regulación material actualmente contenida en la legislación laboral.

Los contratos de trabajo

La declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor.

El deudor podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado.

Es la administración concursal quien debe determinar los actos u operaciones propios del giro tráfico de aquella actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con carácter general y, si decide suspender las facultades de administración y disposición del deudor, será la propia administración concursal quien adopte las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial.

Como es natural, puede considerarse necesario el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor o el cese o la suspensión, total o parcial, de su actividad empresarial.

El acuerdo en tal sentido corresponde al juez, que deberá adoptarlo a través del correspondiente auto, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa. Cuando estas medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo, el procedimiento es el establecido por la propia Ley Concursal.

Una vez presentada ante el juez de lo mercantil la solicitud de declaración de concurso, los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales en que sea empleador el concursado, se tramitarán ante dicho juez, de quien podrán solicitarlas tanto el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales como la administración concursal.

Requisitos de la solicitud

La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para aseguraren su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación.

Periodo de consultas

Una vez recibida la solicitud, el juez debe convocar a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un periodo de consultas. La duración de este periodo no puede superar los quince días naturales en las empresas de menos de cincuenta trabajadores, ni los treinta en las empresas de cincuenta o más.

Los representantes de los trabajadores y la administración concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría. Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado del periodo de consultas.

Informe de la autoridad laboral

Una vez que el juez del concurso reciba esa comunicación del resultado del período de consultas, debe recabar un informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado. Debe emitir su informe en el plazo de quince días.

Resolución del juez

El juez, en un plazo máximo de cinco días, resolverá mediante auto sobre las medidas propuestas. Si se hubiera alcanzado acuerdo deberá aceptarlo, salvo que aprecia la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del mismo. En este supuesto o en el de no existir acuerdo, el juez determinada lo que proceda conforme a la legislación laboral.

Acciones y recursos

Las acciones que los trabajadores pueden ejercer contra el auto, en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal.

La demanda debe formularse, de acuerdo al juicio verbal y advirtiendo al juez de los defectos, omisiones e imprecisiones en que la parte haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane en el plazo de cuatro días, con apercibimiento de que, si no efectuase, se ordenará su archivo. No puede en cambio, el juez estimar que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad.

Comenzará con el intento de conciliación o avenencia sobre el objeto del incidente.

Terminado el juicio, el juez dictará sentencia en el plazo de diez días resolviendo el incidente.

Si el auto judicial autoriza una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con indemnización que para tal supuesto reconoce esa norma quedará en suspenso durante la tramitación del concurso y con el límite máximo de un año desde que se dictó el auto que autorizó tal modificación.

Si lo que autoriza el auto judicial es un traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, también quedará en suspenso y por el mismo tiempo el derecho de rescisión de contrato con indemnización.

En cuanto a los recursos, se introduce el recurso de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

Se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales. Será recurrible en suplicación la sentencia que recaiga en el procedimiento del incidente concursal.

Los contratos del personal de alta dirección

Durante la tramitación del concurso, la administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del deudor, podrá extinguir o suspender los contratos de éste con el personal de alta dirección.

El juez del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo.

Convenios colectivos

La modificación de las condiciones establecidas en los convenios regulados en el Titulo III del Estatuto de los Trabajadores solo podrá afectar a aquellas materias en las que sea admisible con arreglo a la legislación laboral y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los representantes legales de los trabajadores.

La transmisión de la empresa

En las fases de convenio y de liquidación, la Ley Concursal admite la posibilidad de transmisión de la empresa.

En la propuesta de convenio podrán incluirse “proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada. Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propias de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio. En esto casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.

En la fase de liquidación, el plan deberá contemplar, “siempre que sea factible, la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos.

El precepto añade dos reglas especiales:

  1. Que el juez puede acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial.

  2. Que para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.

No se ha podido encontrar la URL de especificaciones de gadget.