08. Las ejecuciones

Introducción

Si el demandado no cumple voluntariamente la sentencia, el órgano jurisdiccional dispone del poder necesario para hacerla efectiva y el ordenamiento jurídico prevé un cauce procesal adecuado para tal fin: el proceso de ejecución.

La ejecución de las sentencias de carácter laboral corresponde a los propios órganos jurisdiccionales del orden social.

A efectos de ejecución, se encuentran asimiladas a las sentencias las avenencias logradas en conciliación previa, los laudos arbitrales firmes dictados en el SIMA y los convenios colectivos de eficacia general.

Ejecución definitiva de la sentencia

Disposiciones de carácter general

Se llevará a efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia y que se hará en la forma establecida en la LEC para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la propia LPL y con la salvedad de que en caso de concurso se estará a lo establecido en la Ley Concursal.

Reglas específicas:

  • La ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, salvo las que recaigan en los procedimientos de oficio.

  • La ejecución se llevará a efecto en los propios términos establecidos en la sentencia. Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia.

  • Excepción hecha del despido, que tiene reglas especiales, el plazo para instar la ejecución, que será de prescripción a todos los efectos, será igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendente al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda y, en todo caso, el plazo para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de entregar sumas de dinero será de un año.

  • Las cuestiones incidentales que se promueven en ejecución se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo de 5 días, a las partes que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto que habrá de dictarse en el plazo de 3 días.

  • Quienes, sin figurar como acreedores o deudores en el título ejecutivo o sin haber sido declarados sucesores de unos u otros, aleguen un derecho o interés legítimo y personal que pudiera resultar afectado por la ejecución que se trate de llevar a cabo, tendrán derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los actos que les afecten.

  • El Juez, cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer, podrá, tras audiencia de las partes, imponer apremios pecuniarios frente a la parte que, requerida al efecto, deja transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin efectuar lo ordenado y mientas no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específico. El órgano judicial podrá imponer multas coercitivas.

  • La ejecución no se suspende sino en dos casos: cuando así lo establezca la Ley o a petición del ejecutante, salvo que la ejecución derive de un procedimiento de oficio.

  • Si el cumplimiento inmediato de la obligación que se ejecuta pudiera ocasionar a los trabajadores dependientes del ejecutado, perjuicios desproporcionados en relación a los que al ejecutante se derivarían del no cumplimiento exacto, el órgano judicial ejecutor podrá, previa audiencia de los interesados y en las condiciones que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo imprescriptible.

  • Salvo en los casos expresamente establecidos en la Ley, las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto a pesar de su impugnación y no será necesario efectuar consignaciones para recurrirlas.

  • Se prohíbe la transacción o renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador.

La ejecución dineraria

Normas generales

En caso de concurrencia de embargos decretados por órganos jurisdiccionales del orden jurisdiccional social sobre unos mismos bienes, la preferencia para seguir la vía de apremio contra ellos corresponde, al órgano que con prioridad trabó dichos bienes.

En caso de concurso, las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios que les puedan ser adeudados quedan sometidas a lo establecido en la Ley Concursal.

El ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del órgano judicial, manifestación sobre sus bines o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

Si de la información solicitada al ejecutado no resultara que existen bienes suficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal.

Se impone la colaboración del fondo de Garantía Salarial y de las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social, que cuando estén legitimados para intervenir en el proceso, quedan obligados a asumir el depósito, la administración, la intervención o peritación de los bienes embargados, designando a tal fin persona idónea, desde que se les requiera judicialmente. De tal obligación podrán liberarse con autorización judicial, si justifican la imposibilidad de cumplirla o su desproporcionada gravosidad.

Igual obligación y con los mismos límites puede, motivadamente, imponerse a cualquier persona o entidad que por su actividad y medios pueda hacerse cargo de la misma.

Las actuaciones materiales relativas al depósito, conservación, transporte, administración y publicidad para su venta de los bienes judicialmente embargados podrá encomendarse a entidades autorizadas administrativamente con tal fin, si así lo acordara el órgano judicial.

La cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisiones de intereses de demora y costas, no excederá, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y para las costas del 10% de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

Los autos en los que se despache la ejecución o demás resoluciones en que se decreten embargos, se notificarán a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso.

El embargo

Consiste en el apoderamiento de bienes del patrimonio del deudor, en cuantía suficiente para el pago al acreedor, entregándole tales bienes o su valor después de realizados.

Normas específicas:

Debe ajustarse al orden legalmente establecido, pero cuando conste la existencia de bienes suficientes.

El órgano judicial podrá en cualquier momento y atendida la suficiencia de los bienes embargados, acordar la mejora, reducción o alzamiento de los embargos trabados.

En cuanto a la garantía de los bienes embargados y a su administración o intervención judicial, la LPL contiene las siguientes reglas:

  • Si los bienes embargados fueran inmuebles u otros inscribibles en registros públicos, el órgano judicial ordenará de oficio que se libre y remita directamente al Registrador mandamiento para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado.

  • Si se trata de bienes muebles, se depositarán en persona de responsabilidad, pudiendo ser designado depositario el ejecutante o el ejecutado, salvo oposición justificada de la parte contraria. También podrá ser un tercero, de existir común acuerdo de las partes o a propuesta de una de ellas, sin oposición justificada de la contraria.

  • Cuando por la naturaleza de los bienes o derechos embargados fuera preciso, podrá constituirse una administración o una intervención judicial.

Las tercerías de dominio: el tercero que invoque el dominio sobre los bienes embargados, adquirido con anterioridad a su traba, podrá pedir el levantamiento del embargo ante el órgano del orden jurisdiccional social que conozca la ejecución, que a los meros efectos prejudiciales resolverá sobre el derecho alegado, alzando en su caso el embargo.

Realización de los bienes embargados

La realización de los bienes embargados puede hacer necesaria su previa tasación.

En tal caso, el órgano judicial designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administración de Justicia.

El nombramiento efectuado se pondrá en conocimiento de las partes o terceros que conste tengan derechos sobre los bienes a tasar para que, dentro del segundo día, puedan designar otros por su parte, con la prevención de que, si no lo hicieran, se les tendrá por conformes.

Procedimiento para la liquidación de los bienes embargados:

  • La venta en entidad autorizada administrativamente con tal fin, si así lo acordara el órgano judicial.

  • La enajenación de las acciones, obligaciones, etc., con arreglo a las leyes que rigen los mercados de valores.

  • La subasta ante el fedatario público.

  • La subasta judicial, en los casos en que no se empleen los procedimientos anteriores.

Si el precio de la adjudicación no es suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. Si tales créditos fueran inferiores al precio de adjudicación, los acreedores adjudicatarios deberán abonar el exceso en metálico.

Pago a los acreedores

El pago a los acreedores exige una doble operación distributiva: el reparto de la cantidad obtenida entre los conceptos que integran el apremio, principal, intereses y costas, y el reparto consiguiente entre los varios acreedores ejecutantes.

Las cantidades que se obtengan a favor de los ejecutantes se aplicarán, por su orden, al pago del principal, intereses y costas, una vez liquidados aquéllos y tasadas éstas.

Una vez cubierta la cantidad objeto de apremio en concepto de principal, el secretario deberá practicar diligencia de liquidación de los intereses devengados y, a la vez o a continuación, la tasación de costas.

En la tasación de costas se podrán incluir los honorarios o derechos devengados en la ejecución por los abogados, incluidos los de las Administraciones públicas, procuradores y graduados sociales colegiados.

En cuanto al reparto entre los varios acreedores ejecutantes de un mismo deudor, cuyos bienes sean insuficientes para satisfacer la totalidad de los créditos laborales, se aplicaran soluciones de proporcionalidad, con respecto, en todo caso, a las preferencias de crédito establecidas en las leyes.

Criterio de proporcionalidad

Entre los créditos concurrentes de igual grado, se repartirán proporcionalmente las cantidades obtenidas, sin tener en cuenta ningún tipo de prioridad temporal.

Si las cantidades obtenidas no son suficientes para cubrir la totalidad de los créditos, se procederá:

  • Si ninguno de los acreedores concurrentes alegare preferencia para el cobro, el órgano judicial dispondrá la distribución proporcional de cantidades conforme se vayan obteniendo.

  • Si alguno de ellos alega preferencia podrán presentar los acreedores o requerírseles para que lo hagan, en el plazo que se les fije, una propuesta común de distribución.

No presentándose o no coincidiendo las propuestas formuladas, el órgano judicial, en el plazo de 5 días, dictará providencia estableciendo provisionalmente los criterios de distribución y ordenando al Secretario que practique, conforme a ellos, diligencia de distribución concretando las cantidades correspondientes a cada acreedor.

De la propuesta común o de la formulada por el Juzgado, se dará traslado en su caso, a los acreedores no proponentes, al ejecutado y al FOGASA, para que manifiesten su conformidad o disconformidad en el plazo de 3 días.

Si no se formulara oposición, el órgano judicial deberá aprobar la propuesta común presentada o se entenderá definitiva la diligencia de distribución practicada. De formularse aquélla, se convocará a todos los interesados a una comparecencia, dándose traslado de los escritos presentados.

Si en la comparecencia se lograre un acuerdo de distribución, podrá aprobarse en el mismo acto. A los interesados que no comparezcan injustificadamente se les tendrá por conformes con lo acordado por los comparecientes.

De no lograrse acuerdo, continuará el incidente, efectuándose las alegaciones y pruebas relativas, en su caso, a la existencia o subsistencia de las preferencias invocadas. Se resolverán, mediante auto, las cuestiones planteadas y se establecerá la forma de distribución.

La insolvencia empresarial

Antes de declarar la insolvencia, el órgano judicial debe dar audiencia al FOGASA por un plazo máximo de 15 días para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal que le consten.

Dentro de los 30 días siguientes a la práctica de las diligencias instadas por el FOGASA, el órgano judicial dictará auto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados.

Declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones.

De estar determinadas en la sentencia que se ejecute las cantidades legalmente a cargo del FOGASA, firme la declaración de insolvencia, se le requerirá en su caso el abono, en el plazo de 10 días y, de no efectuarlo, continuará la ejecución contra el mismo.

La declaración de insolencia del ejecutado se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Cuando los bienes susceptibles de embargo se encuentren afectos al proceso productivo de la empresa deudora y ésta continúe su actividad, el FOGASA podrá solicitar la suspensión de la ejecución, por el plazo de 30 días, a fin de valorar la imposibilidad de satisfacción de los créditos laborales, así como los efectos de la enajenación judicial de los bienes embargados sobre la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora.

Constatada por el FOGASA la imposibilidad de satisfacer todos los créditos laborales por determinar ello la extinción de las relaciones laborales subsistentes, lo pondrá de manifiesto motivadamente, solicitando la declaración de insolvencia a los solos efectos de reconocimiento de prestaciones de garantía salarial.

Como el FOGASA se subroga obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores para el reembolso de las cantidades que haya satisfecho, la LPL regula el pago de las prestaciones legalmente reconocidas a cargo del Fondo.

La ejecución de sentencias frente a entes públicos y entidades gestoras de la Seguridad Social

En las ejecuciones seguidas frente al Estado, entidades gestoras o servicios comunes de la Seguridad Social y demás entes públicos, mientras no conste la total ejecución de la sentencia, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla.

Con tal fin, previo requerimiento de la Administración condenada y citando, en su caso, de comparecencia a las partes, podrá decidir cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente:

  • Órgano administrativo y funcionarios que han de responsabilizarse de realizar las actuaciones.

  • Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran.

  • Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.

  • Medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.

La ejecución de sentencias firmes de despido

Cuando el empresario haya optado por la readmisión, deberá comunicar por escrito al trabajador, dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se le notifique la sentencia, la fecha de su reincorporación al trabajo para efectuarla en un plazo no inferior a los 3 días siguientes al de la recepción del escrito.

Serán de cuenta del empresario los salarios devengados desde la fecha de notificación de la sentencia que por primera vez declara la improcedencia hasta aquélla en la que tenga lugar la readmisión.

Si el empresario no procede a la readmisión, o no señala fecha para reanudar la prestación laboral, o la readmisión se produce de manera irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social en un plazo de 20 días devengando salarios o de 3 meses sin devengarlos durante el tiempo que exceda de dichos 20 días.

Instada la ejecución del fallo, el Juez citará de comparecencia a las partes dentro de los 4 días siguientes.

Si no asistiese el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o su representante, se celebrará el acto sin su presencia.

El Juez dictará auto en el cual declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará que se abone al trabajador la indemnización de 45 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades y los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la fecha del auto.

Cuando se trate de un delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical que haya optado por la readmisión cuando su despido se ha declarado improcedente, o cuando el despido haya sido declarado nulo, la sentencia será ejecutada en sus propios términos, a cuyo fin el Juez, una vez solicitada la readmisión, requerirá al empresario para que reponga al trabajador en su puesto en el plazo de 3 días.

Si el empresario no procediera a la readmisión o lo hiciera en condiciones distintas a las que regían antes de producirse el despido, el trabajador podrá acudir ante el Juzgado de lo Social, solicitando la ejecución del fallo dentro de los 20 días siguientes al tercero previsto como plazo máximo para la reincorporación.

El juez oirá a las partes y dictará auto sobre si la readmisión se ha efectuado o no, y en su caso, si lo fue en debida forma.

En el supuesto de que se estimara que la readmisión no tuvo lugar o no lo fue en forma regular, ordenará reponer al trabajador a su puesto dentro de los 5 días siguientes a la fecha de dicha resolución.

Cuando el empresario no diese cumplimiento a la orden de reposición, el juez acordará las medidas siguientes:

  • Que el trabajador continúe percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuantía que la declarada en la sentencia, con los incrementos que por vía de convenio colectivo o mediante norma estatal se produzcan hasta la fecha de la readmisión en debida forma. A tal fin, el juez despachará ejecución, en tantas ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a 6 meses de salario, haciéndose efectiva al trabajador con cargo a la misma las retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la readmisión en forma regular, acuerde la devolución al empresario del saldo existente en esa fecha.

  • Que el trabajador continúe en alta y con cotización en la Seguridad Social.

  • Que el delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical continúe desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de su cargo.

Cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada, el juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir.

La ejecución provisional

El principio general de que sólo se ejecutan las sentencias firmes, admite excepciones que permiten al trabajador obtener parte de lo reconocido en la sentencia, aunque ésta haya sido objeto de recurso.

La LPL regula 4 figuras de ejecución provisional.

Sentencias condenatorias al pago de cantidades: los anticipos reintegrables

Derecho a obtener anticipo: cuando el trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, tendrá derecho a obtener a cuenta de aquélla, garantizando al Estado su reintegro.

Cuantía del anticipo: alcanzará, como máximo total, hasta el 50% del importe de la cantidad reconocida en la sentencia. La cantidad no podrá exceder anualmente del doble del salario mínimo interprofesional fijado para trabajadores mayores de 18 años.

Órgano ante quien se solicita: la ejecución provisional podrá instarse por la parte interesada ante el órgano judicial que dictó la sentencia.

Fondos a los que se carga el anticipo: si para recurrir la sentencia que provisionalmente se ejecute se hubiere efectuado consignación, el órgano judicial dispondrá el anticipo con cargo a ella, garantizándose por el Estado la devolución, al empresario, en su caso, de las cantidades que se abonen al trabajador. De no haber sido preceptivo consignar para recurrir, el anticipo se abonará al trabajador directamente por el Estado.

Confirmación de la sentencia: si la sentencia impugnada queda firme, el trabajador tendrá derecho al percibo de la diferencia entre el importe de la condena y la cantidad anticipada.

Revocación total o parcial de la sentencia: si la sentencia impugnada fuera revocada por el Tribunal Superior y el trabajador resultare deudor en todo o en parte de la cantidad anticipada, habrá de reintegrar esa cantidad al empresario si se hubiera detraído el anticipo de la consignación, quedando en este caso el Estado responsable solidario con el trabajador respecto del empresario.

Incumplimiento de la obligación de reintegro: si se incumple la obligación de reintegro, será título bastante para iniciar la ejecución destinada a hacerla efectiva, la resolución firme en que se acordaba la ejecución provisional junto con la certificación.

Posibilidad de aplazamiento: cuando la realización forzosa inmediata de la cantidad adeudada pudiera causar perjuicio grave al trabajador, el juez podrá conceder aplazamiento hasta por un año de la obligación de pago, adoptando las medidas de aseguramiento oportunas para garantizar la efectividad de la ejecución.

Sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social

Prestaciones de pago único: El beneficiario del régimen público de Seguridad Social que tuviere a su favor una sentencia recurrida en la que hubiere condenado al demandado al pago de una prestación de pago único, tendrá derecho a solicitar su ejecución provisional y obtener anticipos a cuenta de aquélla.

Se recomienda al FOGASA la gestión de las partidas presupuestarias destinadas a anticipar a los trabajadores y beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social la ejecución provisional de las sentencias recurridas que les hayan sido favorables, y en las que hubiere sido condenado el demandado al pago de una cantidad o prestación de pago único.

Prestaciones de pago periódico: las sentencias recurridas, condenatorias al pago de prestaciones de pago periódico de Seguridad Social, serán ejecutivas, quedando el condenado obligado a abonar la prestación, hasta el límite de su responsabilidad, durante la tramitación del recurso.

Si la sentencia favorable al beneficiario fuere revocada, en todo o en parte, no estará obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el período de ejecución provisional y conservará el derecho a que se le abonen las prestaciones devengadas durante la tramitación del recurso y que no hubiere aún percibido en la fecha de firmeza de la sentencia, sin perjuicio de que el recurrente hubiera efectuado la consignación.

Las sentencias condenatorias a obligaciones de hacer o no hacer en materia de Seguridad Social serán igualmente ejecutables provisionalmente, a petición del beneficiario favorecido por ellas, a criterio judicial y sin exigencia de fianza.

Sentencias de despido

Las sentencias dictadas en proceso de despido o decisión extintiva son en todo caso recurribles en suplicación.

Recurrida por cualquiera de las partes la sentencia que declare la improcedencia del despido hay que distinguir que el empresario hubiere optado por la readmisión o por la indemnización: la readmisión se llevará a efecto de forma provisional.

Si se presentase petición del trabajador, por escrito o por comparecencia, con el fin de exigir del empresario el cumplimiento de aquella obligación o el empresario es el que presenta solicitud, para que el trabajador reanude la prestación de servicios, el Juez o Sala, oídas las partes, resolverá lo que proceda.

El incumplimiento injustificado por parte del trabajador del requerimiento empresarial de reanudación de la prestación de servicios acarreará la pérdida definitiva de los salarios correspondientes.

Si la sentencia favorable al trabajador fuere revocada en todo o en parte, éste no vendrá obligado al reintegro de los salarios percibidos durante el período de ejecución provisional y conservará el derecho a que se le abonen los devengados durante la tramitación del recurso y que no hubiere aún percibido en la fecha de firmeza de la sentencia.

Si el empresario optó por pagar la indemnización no procederá la ejecución provisional de la sentencia, si bien durante la tramitación del recurso el trabajador se considerará en situación de desempleo involuntario.

Si el recurso lo interpuso el trabajador y la sentencia que lo resuelve eleva la cuantía de la indemnización, el empresario, dentro de los 5 días siguientes al de su notificación, podrá cambiar el sentido de su opción y, en tal supuesto, la readmisión retrotraerá sus efectos económicos a la fecha en que tuvo lugar la primera elección, deduciéndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestación por desempleo. La citada cantidad, así como la correspondiente a la aportación empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habrá de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.

Si el despido fue declarado improcedente, pero la opción correspondió al trabajador y éste solicitó la readmisión, se procederá como si hubiera sido el empresario quien optó por readmitir.

Si la sentencia que resuelva el recurso interpuesto por el empresario disminuyera la cuantía de la indemnización, el trabajador, dentro de los 5 días siguientes al de su notificación, podrá cambiar el sentido de su opción, y en tal caso, la readmisión retrotraerá a sus efectos económicos a la fecha en que tuvo lugar la primera elección, deduciéndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestación por desempleo.

Cuando el despido se declara nulo, tanto si recure el empresario como si lo hace el trabajador, la readmisión debe ser inmediata y la sentencia será ejecutada provisionalmente en la forma prevista para el despido improcedente.

Sentencias condenatorias recaídas en otros procesos

Las sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos, en los de impugnación de los convenios colectivos y en los de tutela de los derechos de libertad sindical y demás derechos fundamentales, serán ejecutivas desde que se dicten, según la naturaleza de la pretensión reconocida, no obstante el recurso que contra ellas pudiera interponerse.

Acumulación de ejecuciones

Se fundamenta en razones de economía procesal, armonía procesal y de proporcionalidad en el reparto.

Para que se produzca la acumulación de ejecuciones, es preciso que se trate del mismo ejecutado y que haya homogeneidad entre las obligaciones impuestas por las sentencias. No es indispensable que se produzca ante el mismo órgano.

La acumulación de ejecuciones puede ser preceptiva o facultativa.

En cuanto al Juzgado competente para decretar la acumulación, la Ley dispone que será el que haya iniciado con anterioridad la ejecución y que a él corresponde adoptar cuantas medidas sean necesarias para la efectividad de las ejecuciones acumuladas.

Si las ejecuciones cuya acumulación se pretende se tramitaran ante órganos judiciales de diversa circunscripción, y en la iniciada con anterioridad no figurase incluida la mayor parte de los trabajadores y créditos afectados ni embargada con prioridad la mayor parte de los bienes del deudor común, la acumulación corresponderá decretarla, en su caso, al órgano judicial que con prioridad trabó embargo sobre la totalidad o mayor parte de los referidos bienes.

En cualquier caso, el incidente de acumulación se puede plantear de oficio por el órgano judicial competente para decretarla, o ante él, a instancia de cualquiera de las partes.

El incidente de acumulación no suspenderá la tramitación de las ejecuciones afectadas, salvo las actuaciones relativas al pago a los ejecutantes de las cantidades obtenidas con posterioridad al planteamiento de dicho incidente.

La acumulación no altera las preferencias que para el cobro de sus créditos puedan ostentar legalmente los diversos acreedores.

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