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03. Etapas del proceso de consolidación

Debate sobre el nacimiento del ideario de los derechos humanos

No sólo hay discrepancias sobre el momento de aparición de ese ideario, sino también sobre la influencia que han tenido en él algunas de las doctrinas ético-políticas a lo largo de la historia del pensamiento político y jurídico.

Son una constante histórica cuyas raíces empalman con el mundo clásico antiguo.

Para otros enlazan con la afirmación cristiana de la dignidad moral del hombre.

Otros afirman que la aparición de la idea no tuvo lugar hasta el momento en que culminó la lucha de los pueblos contra el régimen feudal y la consiguiente eclosión de un sistema abierto e institucionalizado de organización social.

Parece obligado reconocer que la historia propiamente dicha de los derechos humanos sólo pudo iniciarse a partir del momento en que la idea de estos derechos estuvo presente en el horizonte de las discusiones y las luchas jurídico-políticas.

Esa presencia solamente llegó a darse cuando se cumplieron unas condiciones muy determinadas, entre las que destacan estas tres:

  • Que para la fundamentación o justificación de los derechos se apele directamente a la estructura racional de la naturaleza humana.

  • Que se atribuía la titularidad de tales derechos a todos los hombres, por el solo motivo de serlo

  • Que el reconocimiento o proclamación se lleve a efecto mediante actos y/o documentos de naturaleza pública que tengan una proyección generalizada en cuanto a los sujetos e ilimitada en cuanto al tiempo.

La historia de los derechos humanos no se inició de verdad hasta la última década del siglo XVIII, ya que dichas condiciones no se habían cumplido antes.

La influencia de las doctrinas iusnaturalistas

Un punto álgido lo constituye la discrepancia sobre el papel en el nacimiento del pensamiento iusnaturalista teonómico o escolástico y el iusnaturalismo racionalista.

En relación con el 1º es en buena medida incompatible con la idea de unos derechos que corresponden a los hombres por exigencia de su propia naturaleza y dignidad. (reafirmación de la autonomía individual como principio organizativo de las relaciones sociales). Parece obligado aceptar la conclusión de que el reconocimiento sólo puede producirse tras la disolución de la doctrina iusnaturalista teonómica esta doctrina atribuía al hombre individual dentro de la estructura social lo opuesto a una autonomía social y política.

En cambio sí debe reconocerse a la ética del iusnaturalismo racionalista el mérito de haber actuado como germen y matriz del espíritu liberal y democrático del que nacieron los derechos humanos. Y debe reconocerse sobre todo que esa aportación estuvo espoleada por las ideas religiosas/políticas de la reforma, muy especialmente por las que fermentaron en el seno de la corriente calvinista.

Pero esta valoración histórica es discutible ya que parece que no ha ponderado de forma equitativa la importancia que corresponda a cada una de las corrientes doctrinales que han colaborado en el desarrollo del ideario. En este sentido habrá que esperar a que los estudios históricos especializados alcancen un mayor grado de precisión y detalle.

Una simple pero importante idea: como cualquier otra manifestación de cualquier otro orden cultural, el reconocimiento de los derechos humanos ha sido el resultado de un largo proceso operado con multiplicidad de factores. Y uno de esos factores decisivos fue sin duda el reconocimiento de la dignidad de la persona humana; no basta con que le sean reconocidas a los individuos determinadas facultades jurídicas sino que es necesario que tales facultades se presenten además como exigencias inexcusables de la propia dignidad del ser humano.

Esa dignidad reconocida desde el estoicismo, fue ampliamente desarrollada por el cristianismo, profundizándose en el seno de la doctrina del iusnaturalismo escolástico y madurando finalmente en las construcciones del iusnaturalismo racionalista. Por eso es razonable atribuir al cristianismo un papel decisivo en la formación del ideario ya que la doctrina ética cristiana fue uno de los más eficaces agentes del progresivo reconocimiento de la suprema dignidad de la persona humana.

Fue la generalización de la conciencia ético-religiosa de la dignidad de los hombres el resultado de la aportación convergente del iusnaturalismo escolástico y del iusnaturalismo moderno siendo ambos simples etapas o momentos del mismo movimiento. Y es éste último el que lleva a su máximo grado las ideas de las primacía del individuo y de sus derechos naturales.

También incidieron otros factores culturales.

En primer lugar, las diversas teorías contractualistas de la sociedad civil que contribuyeron a la consolidación de una doctrina que decía que unos derechos que tenían todos los individuos por naturaleza debían ser reconocidos y respetados por la sociedad.

Las " guerras de religión " que forzaron la elaboración de justificaciones racionales desvinculadas de las leyes políticas y en las que la naturaleza del hombre pasó a ocupar el lugar central de esa justificación.

El creciente pluralismo ético, en la base de esas guerras propició la lucha por la tolerancia religiosa y la defensa de la libertad de creencias como derecho personal de los individuos.

Principales etapas del proceso de reconocimiento

La determinación de las fases o etapas del desarrollo histórico del reconocimiento de los derechos humanos puede hacerse de muy diferentes maneras según cual sea el criterio que se aplique.

Puede hablarse de una fase de los derechos individuales y de otra fase de los derechos sociales.

Puede distinguirse la etapa de los derechos civiles y políticos y la etapa de los derechos económicos, sociales y culturales y una etapa de los derechos de solidaridad.

Puede establecerse asimismo una periodificación del siguiente tenor: descubrimiento de la libertad; en la formulación en pactos; constitucionalización; internacionalización.

Reconocimiento estatal

La primera fase se inició con las declaraciones de algunas colonias inglesas de América del Norte, entre las que destacó la DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL BUEN PUEBLO DE VIRGINIA, y se prolongó hasta mediados del siglo XX. Esta fase ha estado dominada por la proyección de LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, declaración cuya influencia ha sido decisiva, no sólo para la historia de los derechos humanos, sino también para la historia social y política general. Con la actitud revolucionaria de finales del XVIII, especialmente con el movimiento revolucionario francés, se consolidó en el mundo occidental una nueva forma de concebir la organización social.

Y fueron los derechos humanos los que dentro de ella se constituyeron en principios fundamentales de articulación o estructuración.

Esta etapa se distinguió, por el alcance estrictamente estatal o " nacional " de las declaraciones y porque los derechos fueron concebidos inicialmente como facultades naturales de raíz presocial y carácter abstracto y absoluto, y terminaron siendo entendidos y configurados como derechos propios de los ciudadanos. El Estado los reconocía, concebía y garantizaba a sus súbditos.. Podemos hablar de dos tipos de derechos:

Los que garantizaban la autonomía de los individuos frente al Estado y Los que aseguraban la participación activa de los ciudadanos en el ejercicio de la acción de gobierno Posteriormente se abrió el camino al reconocimiento de los " derechos económicos, sociales y culturales " (o derechos de igualación de todos los ciudadanos ante las oportunidades y los riesgos económicos y sociales).

Otro rasgo de esta etapa fue la práctica de que las declaraciones de derechos se formularan con ocasión de la promulgación de los textos constitucionales y se integraran, por lo general, en esos textos como cabecera de los mismos y como núcleo catalizador de su ideario político.

Así imprimían también un nuevo enfoque a la confección de los principios organizativos de la sociedad de las funciones del Estado y del ejercicio del poder político. A su vez, los derechos proclamados desempeñaban una triple función:

  • Garantizar la autonomía de los individuos en su dimensión de ciudadanos

  • Limitar. Hacer visibles los límites que el Estado imponía a su propio poder y

  • Legitimar la existencia y el ejercicio de ese poder.

En todo caso, el alcance y la protección de los derechos reconocidos dependían siempre de la " buena voluntad " de los poderes e instituciones estatales.

Reconocimiento supraestatal e internacional

Es la 2ª gran etapa del proceso histórico del reconocimiento de los derechos humanos con la consolidación de un nuevo modelo de declaraciones de derechos: nacen en el seno de organizaciones que trascienden del estrecho marco de la soberanía de los Estados que las integran. Y tales organizaciones tienen a su vez distintos radios de implantación y acción y por lo tanto diferente capacidad de influencia.

Además la orientación y el contenido de las nuevas declaraciones de derechos han quedado marcados por los grandes dinamismos que han inspirado en buena medida su elaboración y que han impulsado el desarrollo de las relaciones sociales en la 2ª mitad del siglo XX: la socialización de la convivencia, la internacionalización de la vida política, el control jurisdiccional de las relaciones internacionales y la imparable expansión del movimiento descolonizador.

La socialización de la convivencia

Se manifiesta en el acentuado intervencionismo de los propios Estados y de las organizaciones supraestatales, en la creciente colectivización de los servicios y en la igualación de los sujetos sociales de cara al nivel de vida, que implica la prestación de asistencia por parte de la organización social es decir, los " derechos económicos, sociales y culturales ".

La internacionalización de la vida política

Se manifiesta con el nacimiento de la SOCIEDAD DE NACIONES y la definitiva consolidación de la ONU. Así se ha propiciado la conquista de una estricta dimensión y estatuto supraestatales y como muestra palpable están las múltiples declaraciones y convenios internacionales que hacen llegar los derechos fundamentales de la persona a problemas tan diversos y acuciantes como la descolonización, la libertad del matrimonio, la salud, la alimentación, la esclavitud, la trata de personas, las discriminaciones, el genocidio, el trabajo forzoso, el asilo, la migración, la guerra o la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

La implantación del control jurisdiccional de las relaciones internacionales

Mediante la creación de órganos específicos. Se inicia tímidamente con la SOCIEDAD DE NACIONES y se ha consolidado en el seno de la ONU. Así se ha ido extendiendo la creación de órganos jurisdiccionales como el TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, o la COMISIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

El movimiento descolonizador

En primer lugar, a través de la inclusión de los llamados derechos de los pueblos.

En segundo lugar, mediante el gran desarrollo de la protección de los derechos de los grupos minoritarios, tanto étnicos como religiosos o culturales.

En tercer lugar, con la profundización y reforzamiento de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.

El ejercicio de los derechos proclamados en las constituciones quedaba totalmente sometido al arbitrio del propio Estado y, por tanto, subordinado a las rigurosas exigencias de la siempre insaciable razón de estado. En cambio, cuando se consiguió desbordar esa estrecha frontera y la protección de los derechos individuales quedó bajo el amparo de instancias y órganos supraestatales, entonces esa protección cambio de signo y se amplió considerablemente.

Pero el cambio no ha sido radical ni total y sigue dependiendo en gran medida de las decisiones intersoberanas de los Estados. Pero con la atribución de competencias de decisión a órganos que no están sometidos institucionalmente a ninguna de las partes en conflicto aunque existe una mayor objetivación de los mecanismos de protección y una progresiva eliminación de los condicionamientos. Pone de manifiesto que los derechos humanos se han convertido en el núcleo más característico del nuevo constitucionalismo internacional. Se deriva progresivamente desde una configuración ideológica-programática, como la de la DECLARACIÓN UNIVERSAL de 1948, hasta el empaque técnico-legal, de eficacia jurídica directa, de los PACTOS DE 1966.

Significación y alcance de las declaraciones de derechos humanos

Ya es un tópico el viejo principio que, siguiendo el espíritu de Montesquieu, instaura la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO de 1789 al proclamar en su artículo 16 que " toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida carece de constitución ". Logró que las declaraciones de derechos no sólo se convirtieran en fundamento del Estado de Derecho, sino también en el primer elemento de la estructura interna de las nuevas constituciones. Así que la profunda significación política que las declaraciones de derechos han tenido y tienen está fuera de toda duda.

Valor jurídico de las declaraciones constitucionales

Aquí la doctrina ha experimentado una profunda y drástica evolución.

Tesis negadora

Los enunciados de las declaraciones constitucionales de derechos son principios genéricos y abstractos que no pueden ser objeto de aplicación directa. Son simples dogmas políticos, máximas teóricas y abstractas pero sin eficacia jurídica propia. Así lo demuestra el que necesiten leyes de desarrollo que tiendan a definir de manera precisa cada derecho fundamental. Y así lo demuestra también la reiterada práctica de los tribunales y de los respectivos órganos de garantías constitucionales.

Tesis favorable

Los derechos fundamentales de los ciudadanos son jurídicamente vinculantes y por tanto aplicables por sí mismos sin necesidad de que sean completados con un desarrollo legislativo posterior. Los debates de los órganos y asambleas constituyentes no hubieran alcanzado tan alto nivel polémico si no hubiera sido así el hecho de que las declaraciones de derechos forman parte de la Constitución es un signo evidente de que tienen la misma fuerza que todas las demás disposiciones. Pero entre los defensores de este punto de vista no existe unanimidad a la hora de precisar cuál es el valor jurídico. Para unos tiene un valor " supraconstitucional " por su eficacia fundamentadora, y para otros están dotadas de un rigor jurídico coincidente en todo con el resto de las disposiciones constitucionales. Algunos han afirmado que su especial valor jurídico radica en su carácter de principios generales.

Como conclusión

Es necesario distinguir, dentro de las declaraciones, dos tipos de disposiciones: de un lado las normas de derecho positivo que pueden ser objeto de interpretación y aplicación; de otro, los enunciados de carácter programático que contienen principios filosóficos, morales y políticos. Estos en cuanto tales, no tienen fuerza ni eficacia jurídica inmediata hasta tanto sean desarrollados por el legislador o aplicados por vía jurisdiccional como principios generales del Derecho.

Valor jurídico de las declaraciones y convenios internacionales

En el ámbito de las declaraciones

La discusión ha girado en relación al valor que debe atribuirse a la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 1948 en tres posiciones fundamentales.

Posición negadora del carácter jurídico

La Declaración Universal de 1948 dotados ciertamente de una altísima autoridad moral. Es un documento que tiene la fuerza que corresponde a las " recomendaciones " y se ha limitado a orientar el desarrollo de los ordenamientos jurídicos estatales. Prueba de ello es que ni fue tramitada como un tratado ni fue sometida tampoco la formalidad de la ratificación.

Fuerza jurídica indirecta

Es una fuerza jurídica propia aunque indirecta con eficacia inmediata a través de muy diversas vías. Por ejemplo:

  • impulsando una actividad legisladora favorable a los derechos humanos,

  • constituyéndose en principios hermeneúticos de interpretación de los compromisos derivados de la Carta de las Naciones Unidas,

  • actuando como fuentes del derecho internacional, en cuanto a " principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas ", según el artículo 38,1.c del Tribunal Internacional de Justicia.

Dotada de fuerza jurídica plena

Obliga jurídicamente y en forma directa a todos los Estados miembros de la ONU.

Punto de vista más plausible

Será el que defiende la tesis de que, tanto la Declaración de 1948 como las demás declaraciones posteriores son en sí mismas simples cartas o códigos de principios orientadores de la organización jurídico-política de los Estados miembros de la ONU. Tienen una gran fuerza y autoridad política por ser expresión de convicciones colectivas muy arraigadas, pero carecen de la vinculatoriedad que corresponde a los códigos de normas jurídicas. Así parecen confirmarlo estas dos simples consideraciones: 1ª que carecen del carácter y alcance convencional, faltando, por tanto, la obligatoriedad que asumen los Estados mediante los trámites de la firma y ratificación; 2ª su contenido declarativo que ha sido posteriormente reafirmado y reforzado mediante la firma y ratificación de documentos de carácter convencional dando así a los principios del vigor de la normatividad jurídica positiva.

El valor jurídico directo de los Convenios o Pactos

No existen discrepancias apreciables salvo en todo caso en lo relativo al concreto alcance de cada uno.

El efectivo cumplimiento de las normas jurídicas internacionales en que se proclaman los derechos humanos pende de la iniciativa y buena voluntad de cada uno de los Estados implicados. No existe una vía directa que permite imponer su cumplimiento, las organizaciones internacionales disponen realmente de mecanismos indirectos de compulsión, ya que el recurso el empleo de la fuerza coercitiva se ve frenado todavía por múltiples reservas de todo tipo.

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