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05. El carácter pluridimensional de los derechos

Dimensión histórica

La remisión a la idea del consenso social a efectos de la determinación del contenido semántico de la dignidad y de la consiguiente expresión de las facultades y prerrogativas en que aquélla se proyecta no ofrece ningún tipo de solución definitiva. Porque también los consensos varían en el tiempo. No sólo porque se modifican sustancialmente las circunstancias ambientales en las que se expresan y las tendencias del pensamiento que constituyen su contexto intelectual, sino sobre todo porque siendo como son expresión concreta de un conjunto de opiniones coincidentes, quedan al albur del proceso (impredecible) que conduce al individuo a la formación de su voluntad y de la capacidad que cada uno pueda tener para convencer a los demás de las virtudes del criterio que defiende.

Está claro que en su formulación originaria en las declaraciones de finales del siglo XVIII los derechos humanos eran fundamentalmente expresión de un ideal de libertad formal que lejos de posibilitar la anhelada realización del utópico objetivo que representa la emancipación del ser humano, no hacían más que sacralizar las diferencias sociales y económicas preexistentes. Era la iniciativa individual la palanca que generaba resultados diversos. Los derechos humanos respondían a intereses concretos de una clase social (la burguesía). Se reconocía el derecho a la propiedad privada. Se reconocía el derecho a la participación política, sin embargo sólo quedaba el alcance de quienes se encontraban en una determinada situación económica y excluyendo en todo caso las mujeres, etc.... se legitimaba en definitiva las diferencias de origen abriendo un hueco cada vez más amplio para las realizaciones de los individuos.

Pero en esta primera fase de su plasmación jurídica los derechos humanos representaron, como no podía ser de otra forma, la traducción más o menos perfecta de un cierto consenso social: el consenso social que les legitimó ante la historia como auténticos derechos. Es cierto que se trataba de un consenso social en cuyo alumbramiento participaron sólo una minoría de mentes empeñadas en arbitrar mecanismos de garantía y protección de sus intereses más directos, adhiriéndose de una manera hasta cierto punto ciega e inconsecuente los sectores de la sociedad más desfavorecidos, que veían en la bandera de los derechos humanos un instrumento idóneo para superar la situación de opresión.

La situación de desprotección en que se vieron postrados los trabajadores en el Estado liberal, enajenando su mano de obra en condiciones infrahumanas que apenas garantizaban su propia supervivencia personal, provocó un paulatino sentimiento de insatisfacción con respecto a sus formas políticas y de rechazo al lema de acción popular que en su tiempo representó la bandera de los derechos civiles y políticos. La democracia liberal comportó subrepticiamente la legitimación del dominio de clase, con la consiguiente frustración de quienes por sus condiciones sociales y económicas no podían acceder al pleno disfrute de los derechos consagrados por el consenso liberal.

El hombre fue tomando conciencia de sus necesidades laborales de vivienda y de salud y se fue forjando así la idea de los derechos sociales. Esta idea encontrará pleno eco a partir de su consagración en la CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917 Y EN LA DE WEIMAR DE 1919. Ambos textos reflejan el consenso social-demócrata.

Esta representa un acuerdo social para conjugar el disfrute de los derechos civiles y políticos con el de los derechos sociales, que en cierto modo constituyen la base necesaria para la generalización del disfrute de los primeros.

El tránsito del consenso liberal al consenso social-demócrata consolidando formulaciones de derechos diferentes muestra a las claras el carácter relativo de cualquier enunciación de derechos, por muy completa e indiscutible que pueda parecer. También, por consiguiente, de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS adoptada por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN 1948 .

La Declaración Universal da su reflejo puntual de las concretas circunstancias históricas en que se formuló. Pero la evolución de los derechos humanos no termina con ella. Posteriormente a ella se vislumbra una línea de evolución de nuevos derechos vinculados a las reivindicaciones ecológicas, marginales, pacifistas, etc....: la crisis del Estado del Bienestar y la revolución tecnológica. El primero ha llevado a tomar conciencia de la insuficiencia del modelo axiológico consumista predominante en los años sesenta, propiciando la búsqueda de una calidad de vida más auténtica vinculada al desarrollo estrictamente personal del individuo. Paralelo al nivel de desarrollo tecnológico, aparecen la contaminación ambiental, el perfeccionamiento de la industria armamentística, los problemas del derecho a La intimidad personal, la desnaturalización de la libertad de opinión a través de la manipulación tecnológica de la opinión pública y, la ingeniería genética, o el dominio del espacio.

No cabe en este ámbito cálculos ni previsiones, porque nadie puede vaticinar el sentido futuro de la historia. Los derechos humanos se presentan en este sentido con un contenido dinámico que ido cambiando y que seguirá cambiando a lo largo del tiempo, dependiendo de los sucesivos consensos sociales que, en cualquier caso, constituyen su fuente de justificación. Son en este sentido un concepto histórico que revela su primera manifestación en la teorización de los epígonos del iusnaturalismo racionalista, plasmándose en las declaraciones del siglo XVIII, que a su vez constituye su primer vehículo de incorporación al mundo jurídico formal.

No cabe hablar de un contenido concreto de los derechos humanos, sino de un contenido mutable, dinámico, progresivo. No representan los derechos humanos un concepto acabado, sino un concepto en constante evolución. El contraargumento de esta idea podría ser el hecho del conjunto de facultades inherentes a la propia condición humana que podrían suponerse perfectamente delimitadas. Pero lo cierto es que no existe un criterio fijo sobre cuáles son las facultades de atributos inherentes a la persona. De ahí que no quepa otra opción que permitir al individuo que sea él mismo quien, asumiendo en cada momento histórico el señorío de su propia personalidad, determine cuáles son los atributos inherentes a su naturaleza.

La tesis del carácter histórico de los derechos humanos resulta incompatible con las concepciones iusnaturalistas cerradas pero entendemos que este modelo de doctrina iusnaturalista resulta estéril con vistas a la delimitación del contenido de los derechos humanos. No existe acuerdo a la hora de precisar cuáles son en definitiva tales atributos. Lo más es la apelación a determinados valores genéricos cuyo contenido semántico no resulta tampoco determinado de una manera unívoca.

De ahí que se pueda hablar de historia de los derechos humanos no sólo en lo relativo a los mecanismos de garantía arbitrados para su defensa, o a la mayor o menor efectividad de su protección, sino también y sobre todo en lo que concierne a su propia delimitación. Es en este sentido en el que se puede decir que la historia de los derechos humanos es una historia que aún teniendo principio, carece de fin.

Una historia, necesariamente inconclusa.

Dimensión moral

La asunción del carácter histórico de los derechos humanos no aporta ningún elemento que justifique su existencia.

Los derechos humanos tienen siempre una pretensión de validez que excede a la de cualquier acuerdo social. Una cosa es decir que a falta de un fundamento objetivo cuya aplicación ofrezca resultados indiscutibles y homogéneos en cualquier grupo social, el consenso que pueda darse al respecto constituye el criterio último para la delimitación del contenido de los derechos humanos, y otra muy distinta entender que los derechos humanos tienen por exigencia de su propia condición esencial un contenido convencional. Todo lo contrario; lo que los define como tales es su característica de ser atributos inderogables del individuo, inherentes a la propia naturaleza humana y que todos han de respetar en cualquier situación y circunstancias. Sí consensual pero no convencional

El acuerdo social refleja ciertamente un criterio de delimitación histórica y puntual de tales atributos. Su legitimidad se deriva de dos presupuestos básicos.

Por un lado, el hecho de que nadie mejor que el propio hombre puede considerarse competente para expresar cuáles son esos atributos.

Por otro el hecho de que el reconocimiento de un derecho humano como tal conlleva la obligación general de los demás de respetar su integridad. Parece razonable que el conjunto de los miembros de la comunidad sea el que determine en cada caso la definitiva expresión (definitiva tan sólo para el momento histórico en que se formula) de los derechos humanos como referente axiológico fundamental.

¿Cuál es entonces la nota que proporciona a los derechos humanos la dimensión de atributos inderogables del hombre? Sin duda el hecho de ser pretensiones moralmente justificadas. Es su contenido moral el que dota a los derechos humanos de su valor preeminente. Son derechos cuyo valor excede al de cualquier acuerdo de voluntades. Los derechos humanos opondrían así a la legitimidad política del acuerdo hipotéticamente mayoritario su legitimidad moral como expresión última, como atributos fundamentados en la validez objetiva de determinados principios morales referibles por igual a todos los miembros de la especie humana.

Esto no excluye lógicamente la necesidad de su positivación jurídica. Es ésta la que dota a los derechos humanos de la garantía de su eficacia frente a la acción del poder político y de los particulares y es si se quiere un elemento esencial en el plano de las garantías pero no en el plano de la propia definición de los derechos humanos.

La definición de los derechos humanos no guarda una necesaria dependencia de su positivación. Esta es un elemento absolutamente accesorio con respecto a su identificación, si bien no con respecto a la garantía de su preservación. Pero el hecho de que no se requiera la existencia de una norma jurídica como presupuesto para la identificación de los derechos humanos no supone que no se requiera la existencia de ninguna norma. Desde este punto de vista los derechos humanos serían facultades o prerrogativas reconocidas al individuo por determinados principios morales que le permiten imponer a los demás un determinado comportamiento, activo o pasivo, imposición que en sí misma no llevaría necesariamente aparejada la exigencia jurídica de su realización por parte de nadie, pero que dotaría a sus titulares de la legitimidad moral para exigir el correspondiente comportamiento.

Habrá que concretar en definitiva qué tipo de principios morales son los que atribuyen o reconocer los derechos humanos, o lo que es lo mismo, a que acepción de la moral nos referimos cuando hablamos de principios morales que atribuyen o reconocen derechos humanos. En relación a la moral se puede distinguir ante todo el plano individual y el plano social.

Desde el punto de vista de la moral individual los derechos humanos dependerían en última instancia de la propia convicción moral de cada individuo particular, lo que supondría optar por una aceptación inequívocamente relativa y variable de su contenido.

En el ámbito de la moral social es decir del conjunto de condiciones que, por una aceptación generalizada, configuran el código moral dominante en la comunidad social de que se trate, evidentemente, la caracterización de tales principios morales desde la perspectiva de la moral social incorpora a la identificación de los derechos humanos la dosis de incerteza que inevitablemente conlleva la remisión a la idea de moral social, dada la imprecisión del concepto de aceptación generalizada que en último término la define.

Sólo tendría sentido la adscripción de los principios morales fundantes de los derechos humanos al ámbito de lo que se ha venido a denominar como moral mínima, esto es, el conjunto de condiciones comunes a todos los seres humanos en relación con obligaciones y facultades inderogables del individuo por su directa vinculación con la dignidad que expresa la común naturaleza de todos los hombres.

Esta opción reduciría de manera muy significativa el ámbito de los derechos humanos.

La aceptación de este criterio resulta, en cualquier caso, discutible por contraintuitiva.

Ya desde su primera formulación en las doctrinas del iusnaturalismo racionalista y en las declaraciones del siglo XVIII los derechos humanos no podían identificarse como derechos atribuidos o reconocidos por principios morales perfectamente identificables desde ninguna de las tres perspectivas referidas. Ello nos obliga a asumir el valor estrictamente cualificatorio de la configuración moral de los derechos humanos, cuya virtualidad fundamental estriba en la justificación del carácter absoluto de la pretensión que suponen.

Dimensión política

De esta dimensión política podemos hablar en dos sentidos: por un lado en lo referente a su origen y por otro a su consideración como criterio de legitimación de los órdenes políticos.

En lo que a su origen respecta constituyen la respuesta que el grupo social da a una situación reivindicando exigencias inherentes a la naturaleza humana. Esta ciertamente es un elemento objetivo, aunque no lo son las exigencias concretas en cada momento perseguidas por el grupo social. Esto nos habla de su dimensión irremediablemente histórica. Como respuesta concreta del grupo social en un momento y lugar determinados, los derechos humanos manifiestan la especial sensibilidad de los individuos con respecto a los riesgos de ese momento para su integridad y la de sus bienes más preciados.

Pero esta respuesta del grupo social no siempre es uniforme. Ello obliga a fórmulas de compromiso entre concepciones dispares para que puedan ser asumidas con carácter general. Sin ir más lejos, la PROPIA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS es un reflejo de este carácter, por lo demás impugnado en cierto modo por las abstenciones habidas en la votación sobre el texto.

Pero la historicidad justifica en cierto modo el carácter regional de muchas declaraciones, que manifiesta la concreta sensibilidad de un determinado grupo social ante los problemas más acuciantes que puedan afectar en un concreto territorio a la dimensión más profunda del ser humano. Los procesos de regionalización permiten avanzar hipótesis en relación a la existencia de derechos humanos en ámbitos culturales concretos tal como es el caso representado en el seno de:

En el CONSEJO DE EUROPA: CONVENCIÓN EUROPEA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE 1950 o LA CARTA SOCIAL EUROPEA de 1961 En la Organización de Estados Americanos la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de 1969, O en la Organización para la Unidad Africana la CARTA AFRICANA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LOS PUEBLOS de 1981.

Lo anterior demuestra el carácter necesariamente relativo e histórico. No todos los consensos son iguales. La referencia a un consenso da cuenta únicamente de la confluencia de un conjunto de voluntades, pero no garantiza en absoluto la legitimidad del objetivo. Habrá que determinar en cada caso si nos encontramos o no ante un consenso que pueda ser calificado como democrático.

La pregunta fundamental es entonces ¿Cuáles son las condiciones que permiten considerar un consenso como consenso democrático?. Habrá que distinguir si nos hallamos ante un consenso libre o provocado. También si es de adhesión o de resignación, expreso o tácito. Son diferentes niveles de preferencia a efectos de la legitimidad del objetivo o situación de referencia. Por eso, podría en principio pensarse que siempre resulta preferible un consenso de adhesión a uno de resignación, uno expreso a uno tácito, y finalmente, uno libre alguno provocado.

La adhesión a un objetivo es preferible a la aceptación resignada del mismo, pero el propio consenso de resignación es un mal menor con respecto a la falta de consenso. Puede decirse que el consenso de adhesión representa el polo positivo de la dicotomía desde el punto de vista de la legitimidad y que un consenso de resignación sólo puede ser calificado como insatisfactorio dada la connotación negativa de la propia idea de resignación con respecto un objetivo favorable al propio individuo.

La dicotomía entre consenso expreso o tácito no necesariamente tiene efectos directos e sobre la cuestión de la legitimidad. Su valor es sobre todo probatorio: el expreso garantiza la efectiva existencia del acuerdo de voluntades y no deja de ser sospechoso en el consenso tácito el dejar de lado la posibilidad de comprobarlo fehacientemente.

La dicotomía entre consenso libre y consenso provocado nos emplaza directamente al meollo de la cuestión relativa a la legitimidad de las diferentes formulaciones. Habrá que precisar con el máximo cuidado las condiciones imprescindibles para que un consenso puede ser calificado como libre. Pero es evidente que en una situación de consenso provocado, siendo idénticos los términos de la provocación el consenso viene a probar que los individuos, aún condicionados a la formulación de sus voluntades, no manifiestan un rechazo hacia el objetivo que se les pretende imponer. Los individuos aceptan que los derechos humanos en la formulación que desde fuera se les impone suponen algún tipo de beneficio para su propio desarrollo personal.

Todos los consensos en relación al contenido de los derechos humanos resultan necesariamente condicionados por toda una serie de factores culturales cuya influencia sobre la formación de la voluntad del individuo es inevitable. Hay otros tipos de condicionamientos, económicos y sociales sobre todo, que sí resultan perfectamente eliminables, lo que garantizaría evidentemente mayor dosis de legitimidad de acuerdo social sobre los derechos humanos. Además no todos los condicionamientos culturales son no eliminables.

La dimensión política de los derechos humanos opera en la determinación de su contenido. Son los individuos quienes a través de diferentes acuerdos, expreso o tácitos, deciden qué atributos les corresponden por inexorable imperativo de su propia naturaleza humana. Pero esa decisión individual ha de ser lo más libre posible. La existencia de un régimen político democrático constituye en este sentido una condición inexcusable. La realización de las operaciones de liberación de condicionamientos económicos, sociales y culturales que incumbe a los poderes públicos permite concluir que nos hallamos ante un progreso en la configuración democrática de los derechos humanos. Los poderes públicos no pueden conseguir la completa eliminación de los condicionamientos pero sí reducir al máximo su presencia garantizando que el acuerdo adoptado al respecto sea al menos más democrático.

La dimensión política de los derechos humanos se manifiesta también desde la perspectiva de su consideración como criterio de legitimación de los órdenes políticos. En este sentido es el cauce por el que necesariamente ha de discernir la acción de los poderes públicos. Esto explica el énfasis que todos los gobiernos ponen en asumir el estandarte de los derechos humanos como lema de acción de su propio quehacer político.

La exhibición de la bandera de los derechos humanos puede provocar una cierta aceptación acrítica de políticas de gobierno vulneradoras de los principios fundamentales que éstos representan. El evidente riesgo se compensa en buena medida por la propia fuerza de arrastre que a la hora de la verdad desarrollan los derechos humanos. Este efecto erosionador es la mejor prueba de su operatividad al servicio de la más plena realización del individuo y de su dignidad.

Dimensión jurídica

Los derechos humanos se inscriben primariamente en el ámbito moral, pero surgen con una inequívoca vocación de juridicidad su incorporación al ámbito jurídico constituye la razón última de su propia elaboración teórica. Lo que el ideario de los derechos humanos reivindica es que tales atributos han de ser garantizados frente a cualquier injerencia externa que pretenda menoscabar su integridad. Es por eso por lo que requieren pasará a formar parte del ordenamiento jurídico y a fin de que su transgresión pueda comportar la adecuada respuesta del sistema jurídico mediante la puesta en práctica de los mecanismos de garantía específicamente destinados a ese fin.

La elaboración teórica de los derechos humanos en la fase de su prepositivación los concibe como derechos naturales con prerrogativas reconocidas por el derecho natural. Es además inconcebible desde el punto de vista teórico la existencia de ningún derecho que no venga reconocido por una norma puesto que derecho y norma son dos conceptos necesariamente interdependientes. Pero ahora la norma reconoce a los derechos humanos no desde el derecho natural sino como una disposición para la regulación de la vida social y su incorporación al derecho positivo convierte los atributos esenciales del individuo en jurídicamente exigibles.

De hecho, los derechos humanos lo son con independencia absoluta de su incorporación al orden jurídico. No puede restringirse la categoría de los derechos humanos a aquellos atributos inderogables del individuo que se encuentran integrados en el sistema jurídico positivo de un determinado país, porque ello supondría darle un carácter convencional a los propios derechos humanos.

Los ordenamientos jurídicos constituyen realidades convencionales. Los derechos humanos apuntan, por el contrario, a un objetivo más elevado como es la salvaguarda de los atributos esenciales del individuo. Su existencia no puede depender de un concreto grupo social que decide incorporarlos a un sistema jurídico.

Pero los derechos humanos sólo alcanza la plenitud de su sentido cuando pasan a formar parte del ordenamiento jurídico.

La incorporación de los derechos humanos al ordenamiento jurídico permite una realización más plena y segura de las facultades y prerrogativas inherentes a la naturaleza humana. Por muy incorporado al orden jurídico que puede estar un derecho humano, esto no le hace inmune a las intrínsecas limitaciones derivadas del hecho de ubicarse en un sistema axiológico determinado que a partir de ese momento pasa a integrarse en todo o en parte en el sistema jurídico.

Y consustancial a la propia categoría de los derechos humanos es su consideración de derechos en colisión con otros valores y derechos. En ocasiones esta colisión es puramente potencial pero siempre trae aparejada la correspondiente necesidad de la limitación de su realización. La diferencia esencial desde el punto de vista de la operatividad de los mecanismos de garantía correspondientes entre derechos civiles y políticos por un lado y sociales por otro radica en la circunstancia de que estos últimos entran en conflicto siempre con un determinado valor (al menos con el valor que representa en último término el coste económico de su realización). De aquí se pueden concluir que los derechos civiles y políticos son limitados porque se encuentran potencialmente en conflicto con otro derecho o valor estimable. En cualquier caso, hay que concluir que su incorporación al ordenamiento jurídico positivo garantiza en buena medida su efectiva protección.

Por lo demás los derechos humanos en tanto que derechos positivizados mantienen la estructura del derecho subjetivo, siendo punibles frente a todos ( sobre todo frente al poder). En unos casos el comportamiento que el derecho permitirá imponer a los demás será un comportamiento activo y en otros estrictamente pasivo.

Lo normal es que la deseable incorporación se produzca en el nivel jurídico superior, esto es, en el texto constitucional. Desde su integración en el primer texto constitucional en la CONSTITUCIÓN FRANCESA DE 1791, que incorpora como preámbulo a la DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO de 1789 este sido un modelo habitualmente seguido. Su posición en la cima del ordenamiento jurídico simboliza el fundamento objetivo del orden jurídico, además de permitir la mejor estructuración técnica de los mecanismos de protección desde la perspectiva del carácter supralegal.

Pero en ocasiones los derechos humanos pueden encontrarse positivizados en un nivel jurídico inferior al de la decisión constitucional: en leyes o reglamentos. No por eso pierden el sentido último de atributos inderogables del individuo que deben ser respetados por todos. No lo perderían tampoco en el caso de que no estuvieran incorporados de ninguna forma al ordenamiento jurídico. Pero la positivación jurídica en un nivel inferior al constitucional corre el riesgo de preterir la necesaria realización de los derechos humanos frente a otros objetivos que pudieran resultar enunciados. De ahí la conveniencia de que la positivación jurídica de los derechos humanos se produzca en el nivel jurídico que le corresponda.

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