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10. Funciones que cumplen los derechos

Defensa contra la opresión

El ideario de los derechos humanos tiene sentido en relación a la deficiente instauración del ideal de justicia en la sociedad. La reivindicación se hace desde la perspectiva del individuo. Se diluye la vieja perspectiva de la justicia como armonía o equilibrio de las cosas y se centra ahora en el hombre en sí enfrentado a la competición social que desemboca en situaciones lacerantes para su dignidad.

La lucha por los derechos humanos se manifiesta así en el reconocimiento y rehabilitación de una posición personal ideal. El poder se entiende como una permanente amenaza, latente cuando no es efectiva a la propia condición del hombre. El lema de los derechos humanos representa la reivindicación de un área de inmunidad personal frente al poder, y en especial frente al poder institucionalizado en las diferentes comunidades políticas.

La CARTA MAGNA DE JUAN SIN TIERRA de 1215, que supone una consolidación de privilegios de clase por una parte, asume por otra la forma de una autolimitación del poder por parte del soberano. Pero los derechos humanos como restricciones a la acción de los poderes públicos alcanzarán su mayoría de edad con las primeras declaraciones de derechos reconocidos al hombre a finales del siglo XVIII. Se preocupan por garantizar expresamente la separación de poderes (artículo 3 de la DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL BUEN PUEBLO DE VIRGINIA y 16 de la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO) lo que va a constituir una de las notas definitorias del moderno Estado de Derecho.

Conseguimos en cierto modo el concepto clásico de los derechos humanos como derechos frente al poder institucionalizado y por lo tanto los poderes públicos y en concreto el poder ejecutivo están en el punto de mira. Es razonable que sea así, porque son muchos los supuestos que se han dado en contra de la realización de la libertad y del principio de igualdad esencial entre los individuos.

El abrumador prestigio que ha adquirido en nuestros días el ideario de los derechos humanos como código de justicia ha llevado en muchas ocasiones a maquillar el sentido de las disposiciones jurídicas vulneradoras de los derechos a través del expediente de presentarlos como un mecanismo de defensa de los propios derechos, a aceptar sin más en el nivel puramente formal su vigencia pero no llevándolos a la práctica. Son, en definitiva, ejemplos de una utilización perversa de la doctrina de los derechos humanos.

En la actualidad esta perspectiva de análisis de los derechos humanos como defensa contra la opresión proveniente del poder institucionalizado se encuentra bastante extendida. Sobre todo porque al menos está vigente la presencia de un criterio generalmente aceptado de escrutinio de la legitimidad de los poderes públicos como poderes obligados a preservar en el ejercicio de su acción cotidiana la integridad de los derechos de sus ciudadanos.

El Estado ha ido perdiendo gran parte de la fuerza que tradicionalmente se reconocía en la conformación de las condiciones de vida de sus ciudadanos, surgiendo nuevos centros de poder mucho más peligrosos al resultar mucho menos controlables.

Esta discordancia entre el poder real y el poder político formal constituye prácticamente un signo distintivo de nuestra civilización. El poder económico muestra sus afiladas garras. Progreso económico no garantiza precisamente la redistribución de la riqueza. De igual modo, el poder de la ciencia se reafirma como un potencial instrumento de opresión y manipulación del individuo. Por lo demás, el sentido genuino de la realización de los intereses del individuo se difumina en un nuevo escenario operador en buena medida de los límites tradicionales del Estado: de poco sirve precaverse de los poderes públicos cuando en ocasiones las decisiones provienen de las multinacionales.

En el nuevo escenario que marca la acción de los poderes reales (invisibles) el individuo se insensibiliza hasta cierto punto al no tener un punto de referencia claro frente al que reivindicar la rehabilitación de los atributos que definen su dignidad. Y es que los poderes reales no tienen necesidad de asumir ningún ideario.

La capacidad de reacción del propio poder político frente a la opresión que sobre sus ciudadanos ejerce de hecho el poder real se ve igualmente limitada. Los poderes públicos se encuentran así enfrentados al desafío de asegurar a los ciudadanos condiciones de vida estables y, en especial a quienes la confrontación social ha dejado excluidos del disfrute de los derechos reconocidos a todos con carácter general: niños, enfermos, ancianos, etc.... Frente al sentido tradicional hacen su aparición fórmulas de opresión por omisión, que se manifiestan en una actitud pasiva por parte de los propios poderes públicos ante el analfabetismo, la malnutrición, la falta de regulación de condiciones dignas de trabajo, la insatisfactoria atención sanitaria, etc.... La reivindicación de los derechos humanos como instrumento de defensa contra la opresión cobra en este nuevo escenario un significado diferente debiendo enfrentarse a nuevas fórmulas de opresión que desarrollan agentes con una gran capacidad para eludir el mínimo control que sobre sus acciones supone la sensibilización social acerca de su carácter intrínsecamente evitable.

Tutela de la autonomía y seguridad individual

El significado de la autonomía

Autonomía y contenido de los derechos

Como titular de los derechos, el hombre es soberano en el ámbito específico que cada derecho acota: sus creencias, la expresión de sus ideas, su intimidad, su integridad corporal, etc.... no hay, por consiguiente, lugar para la intervención ajena en una esfera que le está reservada de manera absoluta y exclusiva.

Los derechos humanos se manifiestan como la representación inmediata y directa de la capacidad de ser autónoma e independiente del sujeto. La titularidad de los derechos supone en este sentido reconocimiento del respeto al modo de ser autónomo del individuo, su ejercicio es la directa proyección del principio general de autonomía sobre los distintos ámbitos y su vulneración la ilegítima intromisión en el terreno reservado por exigencia de su propia naturaleza al sujeto. La persistencia en la idea de los derechos humanos como inmunidades frente al poder que sostiene la concepción tradicional da cuenta fehaciente de la especial sensibilidad que se manifiesta en los individuos frente a las actuaciones desviadas del poder institucionalizado.

Autonomía y disponibilidad de los derechos

No se trata ahora de impugnar la idea de que los derechos humanos reflejan la capacidad de ser autónomo e independiente del sujeto, sino de comprobar si el hombre puede (se supone también que en uso de su autonomía) disponer libremente de esa capacidad que se le reconoce, renunciando a ella llegado caso.

Aquí surge una aparente contradicción. Por un lado, se encuentra muy extendida entre los estudiosos de los derechos humanos la idea de que estos se caracterizan por resultar indisponibles a sus titulares:

Los derechos humanos representarían atributos tan inderogables que ni siquiera al propio individuo, fundamento y razón de los derechos, le está permitido desprenderse de ellos ni menoscabar su integridad. Por otro, parece también razonable pensar que al reconocer a los derechos humanos el status técnico de derechos subjetivos estamos asumiendo la idea de la libre disposición de ellos por parte de su titular: el reconocimiento de los derechos humanos como tales llevaría implícito, como inexorable consecuencia lógica, el de su disponibilidad. Lo contrario supondría, por lo demás, la negación misma del principio de autonomía en relación con la titularidad y el ejercicio de los derechos humanos. El problema es entonces cómo hacer compatible la idea de que la preservación de la autonomía individual constituye una específica función de los derechos humanos con la tesis tradicional de la indisponibilidad por parte de sus titulares.

Mal se puede sostener la identificación de una figura (los derechos humanos) como garantía de la preservación de la autonomía cuando al mismo tiempo se le está negando al sujeto la posibilidad misma de hacer uso, en relación a esa misma figura, de la autonomía que ésta le reconoce. Habrá que preguntarse entonces si no estamos ante un problema mal planteado cuya solución requiera algún tipo de matiz adicional.

El ejercicio pleno de las facultades que todo derecho comporta (entre las que se encuentra, qué duda cabe, la posibilidad de disponer libremente del propio derecho) tiene su límite en el ejercicio que los demás puedan hacer de sus derechos y en la preservación de otros valores que el grupo social pueda considerar estimables. Desde este punto de vista cabe, claro está, la limitación del poder de disposición sobre el propio derecho cuando éste colisione con tales valores o derechos, sin que con ello se rompa la regla general que supone la disponibilidad prima facie de los derechos propios, incluidos los derechos humanos.

El daño a terceros representa el límite inexcusable a la realizabilidad plena del propio derecho. Daño que se produce tanto cuando se impide u obstaculiza la realización del derecho ajeno como cuando se interfiere con la realización del derecho propio el cumplimiento de los deberes que el mismo individuo tiene hacia el grupo social. Ello da lugar a la figura del derecho-deber, con un concreto deber hacia la comunidad.

Cabe perfectamente, que se limite la realización plena del propio derecho para satisfacer las exigencias del grupo social, y se niegue por tanto al individuo la posibilidad de enajenar su libertad, de renunciar a su honor, o de extinguir su propia vida, etc.... estos ejemplos no hacen más que reforzar el sentido de la realización plena de los derechos, que por lo demás ha de ceder lógicamente cuando se ve obstaculizada por la vigencia de otros derechos o valores que entren en conflicto con ella.

Todo dependerá de las condiciones particulares del caso que se presenta. Importante es tener en cuenta que es perfectamente compatible sostener el principio de la tutela y realización del principio de autonomía individual y al tiempo entender que ciertos derechos humanos son, al menos en determinadas circunstancias indisponibles para su titular, porque pueden colisionar con otros derechos o valores igualmente estimables. Todo ello al margen, claro está, de la existencia de otras doctrinas que ven los derechos humanos como atributos que le son dados al individuo desde el exterior (Dios en la concepción más extendida) y que sostengan que el hombre, como simple depositario, no está en absoluto legitimado para disponer a su libre arbitrio de los dones más esenciales que le dignifican como persona.

Cabría en todo caso limitar la libertad de opción del sujeto por el daño a terceros que pudiera suponer el quebranto de los valores fundamentales de la comunidad, pero no por salvar al individuo del destino que él mismo desee atribuirse.

El problema está en la preservación de ciertos bienes que pertenecen también en cierta medida al grupo social. Pero ello no exime de la necesidad de adoptar el punto de vista correcto: analizar los límites al desarrollo y realización de la autonomía individual como la consecuencia inevitable de la colisión de derechos y valores que necesariamente produce la vida en sociedad. Los derechos humanos, en cuanto directa expresión de la creencia en el valor inmanente del hombre, han de mantener como lema de acción la realización del principio de autonomía individual, frente a las posturas paternalistas que aún bienintencionadas están, en definitiva imponiendo al propio sujeto unas opciones que él no desea.

Dos son los elementos necesarios para que el principio de autonomía pueda reinar en todo su esplendor: la competencia del sujeto y la ausencia de daño a terceros. La competencia del sujeto simboliza la posibilidad de discernir lo que le conviene o perjudica y el modo mejor de realizar sus intereses (asumiendo las consecuencias en caso de equivocación ). Si la opción del sujeto produce un daño relevante a terceros, la restricción de su autonomía obedecerá a un factor externo al propio sujeto como es la necesidad de conciliar la libertad propia con la de los demás.

Autonomía y raíz de los derechos

Las formulaciones de los derechos humanos que se han realizado y se realizarán en el futuro tienen y tendrán un carácter necesariamente histórico y circunstancial, porque no hacen más que reflejar consensos más o menos democráticos.

De hecho, la historia de los derechos humanos es la historia de la progresiva liberación de los condicionamientos y en definitiva escalando nuevas posiciones en la lucha del hombre por su emancipación. La plena autonomía individual es un ideal inalcanzable por la existencia de toda una serie de condiciones no eliminables. Ello no obsta para confirmar el decisivo papel que, aunque sea en el plano ideal, juega el principio de autonomía.

El significado de la seguridad individual La autonomía presupone a su vez la seguridad del propio individuo. Sólo un hombre seguro puede considerarse autónomo e independiente. La seguridad representa en este sentido el sustrato material para el ejercicio de la libertad. De ahí la función que primariamente compete a los derechos humanos en orden a la adecuada garantía y protección de la seguridad individual.

La seguridad individual muestra a su vez dos facetas diferentes, aun cuando relacionadas: la seguridad personal y la seguridad jurídica. La realización del objetivo que representa la seguridad personal permite al individuo eliminar los peligros que puedan acechar a su propia integridad como ser humano.

La seguridad jurídica le consiente saber a qué atenerse en relación con la aplicación del derecho.

Pero en cualquiera de sus dos facetas, la seguridad individual representa siempre un objetivo inalcanzable en su plenitud. Cabe siempre la acción de quien asumiendo las consecuencias de sus actos decida quebrantarla.

Otro tanto cabe decir de la seguridad jurídica. La dimensión inevitablemente personal de la sentencia judicial, obra al fin y al cabo de un juez provisto a su vez de una determinada ideología, un específico sistema de valores y de un determinado modo de ver y comprender las cosas, hace inevitablemente imprevisible cualquier pronóstico al respecto. En este sentido, el ideal irrealizable que representa la seguridad jurídica se disuelve también en la adopción de diversas medidas que en el mejor de los casos facilitan una mayor aproximación al objetivo propuesto.

Con todo, la imposibilidad de su realización en sus términos más absolutos no puede constituir tampoco ninguna coartada para renunciar de antemano a la mayor realizabilidad posible del objetivo propuesto.

Igualación social y política

Es lógico que los derechos se reconozca a todos por igual. Esto no excluye la diversidad de posiciones. Lo que sí hace es garantizar que todos puedan cuando menos acceder en igualdad de condiciones al disfrute de las oportunidades vitales.

A la realización de este objetivo contribuyen de forma especial los derechos sociales, que garanticen al individuo el mínimo de igualdad social para poder tomar decisiones autónomas e independientes en el ámbito de su realización personal. Sin un nivel educativo adecuado, sino una vivienda digna de habitar, sin la debida asistencia sanitaria y sin un trabajo suficientemente remunerado no es ni tan siquiera concebible el ejercicio de los derechos clásicos (los derechos de libertad), porque quedan sin cubrir las necesidades básicas de los individuos. La igualdad social constituye un imperativo de primer orden encaminada a promover situaciones de equilibrio social y económico entre los individuos.

La acción de los poderes públicos no debe limitarse, en cualquier caso, a garantizar la igualación social, debe enderezarse también a la realización de la igualdad política. De ahí la necesidad de asegurar, a través de la correspondiente puesta en escena de los derechos de participación política, una participación igualitaria que permita implantar un orden jurídico y político que pueda considerarse efectivamente representativo de los intereses y perspectivas de los diferentes miembros del grupo social. Los pasos dados a este respecto, asegurando una cada vez más efectiva participación igualitaria sin discriminaciones por razón de sexo, ocupación, posición económica, etc. permite comprobar un evidente progreso en la realización de este tipo de derechos.

Unificación ética

La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS de 1948 ha pasado a convertirse en una especie de código axiológico general de la humanidad, en el criterio último para la legitimación de las organizaciones políticas, que no dudan en asumir el ideario de los derechos humanos para hacerse presentables ante sus electores y ante los demás países, y en la guía indispensable para la realización de las propias conductas de los individuos.

Sus aspectos favorables y conflictivos

Para empezar supone la implantación de un marco de referencia estable y seguro para el contraste y escrutinio de las diferentes acciones individuales y políticas públicas. Todos asumen el ideario de los derechos humanos, incluso en la concreta formulación que supuso la Declaración Universal, condicionando en cierto modo dicha asunción el sentido de sus acciones ulteriores. Además parece claro que la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS proporciona un cuadro hasta cierto punto representativo de las distintas aspiraciones del individuo en orden a su realización personal. Y, por último, es también evidente que en nuestros días existe un cierto consenso que le proporciona su más plena legitimidad como formulación de los derechos humanos de nuestro tiempo.

Pero hay que tener presente que el consenso actual se ha generado en un momento bastante posterior a su formulación. El texto de la Declaración fue, por el contrario, fruto de un acuerdo negociado en el que las partes hubieron de ceder en sus pretensiones iniciales para garantizar que la Declaración saliera adelante.

Conviene tener siempre presente que la Declaración Universal es una formulación histórica de los derechos humanos, coyuntural por su propia definición, que refleja el consenso social propio de un determinado tiempo. La capacidad del hombre para hacer progresar su nivel de concienciación permite vaticinar ulteriores desarrollos de los derechos humanos.

Conviene precaverse ante el estancamiento que para la evolución de los derechos humanos suponga el adormecimiento de las conciencias individuales que trae consigo la autocontemplación acrítica de las conquistas alcanzadas. Conviene también tener en cuenta que ninguna de las formulaciones de los derechos humanos puede legítimamente imponerse a la fuerza. Los derechos humanos no pueden legitimar ningún tipo de imperialismo cultural, ni siquiera a favor de la propia realización del ideario que representan.