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15. Los derechos de integridad

El derecho a la vida

Las declaraciones de derechos tardaron bastante en incorporar la mención expresa del derecho a la vida. Se daba por sobrentendido. Además la proclamación de este derecho podía poner en entredicho la inveterada práctica universal de aplicación de la pena de muerte. Pero las agresiones a la vida llegaron a adquirir tal gravedad que terminó considerándose imprescindible la expresa proclamación del derecho a la vida.

Concepto y fundamento

Es un derecho a que ha de ser entendido como una facultad o atributo que tienen los individuos de no ser privados de la vida que poseen. Por tanto es un derecho a conservar o mantener la vida, y no un derecho a tenerla. Es en cualquier caso un derecho de los seres vivos sobre su propia vida; de ningún modo un derecho a entrar en el mundo de los seres vivos. La vida es ciertamente un hecho, pero ese hecho se constituye de modo automático en contenido de un derecho de conservación y defensa que ha de ser objeto de protección por parte de los ordenamientos jurídicos.

Por otra parte es un derecho al que se le ha buscado fundamento dentro de perspectivas tan manifiestamente dispares como la teológica, la metafísica o la ética. La práctica más habitual gira sobre la argumentación ética. Y en esta línea se pone el acento en que cada hombre tiene conciencia de que su vida es el presupuesto de su existencia. En consecuencia, como sujeto moral, reconoce que esa tendencia natural a conservar y proteger su vida constituye el 1º de los deberes morales. Y ese primer deber fundamenta el 1º de los derechos. Esta percepción genera el deber moral de reconocimiento y respeto de lo que para otros es la base de su existencia y de su dignidad; de la vida de los otros.

Contenido y caracterización

Incluye en primer lugar una dimensión que podemos calificar de negativa; la exigencia de que nadie atente injustificadamente contra la vida de otro ser humano. Todos los hombres tienen derecho a no ser privados total o parcialmente de su vida y a que ésta no sufra ataques injustos.

En segundo lugar incluye una dimensión positiva y que se proyecta en 2 niveles complementarios.

En el 1º el derecho a la vida incorpora la exigencia de que la organización social la que pertenece cada individuo proteja su vida contra cualquier ataque ajeno.

En el 2º de este derecho incluye también la exigencia de que la organización social provea a los individuos de las asistencias necesarias para su subsistencia.

En cuanto su caracterización es verdaderamente un derecho primario y radical, por cuanto es el camino que permite acceder al disfrute de todos los demás derechos humanos. Por eso este derecho ha de ser considerado como radicalmente inderogable en el sentido de no poder ser suprimido o suspendido legítimamente. Ha de ser definido también como inalienable porque ningún sujeto puede disponer nunca de la posibilidad de transferir a otros su derecho. Y es dudoso que sea indisponible pues en la actualidad puede apreciarse la posibilidad de que aparezcan algunas situaciones fronterizas como cuando alguien se pone en lugar de otro se elige la eutanasia consentida o aparecen las decisiones suicidas. Está claro que ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Supuestos en los que el deber de respeto a la vida ajena queda neutralizado como en la defensa de la vida, la integridad y la libertad propias o ajenas.

Algunas situaciones difíciles

El control de la natalidad

El punto central y primario de la discusión es si el nuevo ser sea cigoto, embrión o feto es o no es. Además hay otro punto cuya aclaración tiene importancia: si puede haber motivos o circunstancias que sean capaces de justificar la interrupción activa de la vida.

Pueden establecerse entonces dos criterios generales de orientación:

  1. El ser que se está gestando no es persona

  2. Ese ser es ya persona humana

Solamente en el aborto terapéutico caben motivos suficientes de justificación, no en el aborto ético o en el eugenésico. Ninguna posible motivación aislada, ni el conjunto de todas ellas, tendría tanto peso como las exigencias derivadas del derecho a la vida.

La eutanasia

Este debate lleva por senderos contrapuestos dividiendo a ciudadanos, filósofos éticos, juristas o legisladores. Son múltiples los problemas teóricos que el debate plantea y ni siquiera recurriendo a la socorrida distinción entre " eutanasia negativa " y " eutanasia positiva " se llega a una solución.

A favor de las actuaciones que ayudan a acelerar la muerte se esgrimen los siguientes argumentos: 1. El derecho a la vida incluye la plena disponibilidad de salida por lo que el enfermo está legitimado para interrumpir su existencia cuando le parezca oportuno 2. Es preferible morir con dignidad 3. Lo único que hace es adelantar el momento de la muerte inevitable o inminente 4. La colaboración en la eutanasia no es sino merecedora de gratitud, por parte del enfermo terminal y por parte de la sociedad

En conclusiones radicalmente opuestas están las siguientes posiciones: 1. la vida es un bien jurídico indisponible 2. Cualquier vida es inmensamente más valiosa que la muerte 3. El acto de privar la vida es constitutivamente antinatural e inadmisible desde el punto de vista moral y jurídico 4. Hablar de enfermedad irreversible, de muerte inevitable, es una falacia; siempre existe alguna posibilidad.

La pena de muerte

En la actualidad está ampliamente consolidada la convicción de he que es un castigo irracional y radicalmente inadmisible. Esta toma de posición mayoritaria no ha logrado que la pena de muerte sea abolida ni siquiera ha impedido que algunas sociedades que habían eliminado de sus códigos penales este castigo se lo replanteen o prosigan debatiéndolo. Por otra parte han existido siempre pensadores que no ven contraindicaciones definitivas en la tesis de la legitimidad y utilidad de la pena de muerte.

Estos datos demuestran que en los debates sobre la pena de muerte converge siempre una variada multiplicidad de aspectos que habrán de ser ponderados matizadamente.

La guerra

El reconocimiento del derecho a la vida hacer recaer en el Estado el deber primario de respetar y proteger la vida. La legitimidad de los actos de guerra y de las propias guerras ha preocupado a filósofos, éticos y políticos de todas las épocas. En la actualidad se extienden de forma acelerada las actitudes favorables a la paz y la oposición frontal y sin condiciones a la guerra punto obstante sí puede establecerse el criterio general de que salvo en casos de legítima defensa, el Estado no puede arriesgar en la guerra la vida de sus propios ciudadanos ni tampoco la de los ciudadanos de otros Estados.

El derecho a la integridad física es a todas luces complementario del derecho a la vida y es obvio por tanto que sea proclamado conjuntamente con él como hace nuestra Constitución española de 1978.

Las declaraciones supraestatales de derechos sin embargo no suelen mencionarlo de modo expreso.

Delimitación conceptual

Su contenido ha de estructurarse en torno a la exigencia de respeto y protección de todo el equipamiento físico-biológico de que dispone cada individuo para realizar sus propias actividades vitales. Esto plantea muchos problemas teóricos y prácticos ya que parece excluir la licitud de muchas actuaciones que son consideradas a menudo como imprescindibles para la conservación o recuperación de la salud o de la vida misma (amputaciones, transfusiones, trasplantes, implantes...) Cualquier agresión a esa integridad tendrá el amparo de la legitimidad ética y jurídica siempre que concurra alguna de estas dos condiciones: el interés vital del sujeto o su libre aceptación.

Si se parte del principio del interés vital objetivo, cualquier intromisión que contribuya a la protección de la vida estará avalada por la licitud jurídica incluso por algún tipo de obligatoriedad mientras que si partimos del principio de que el derecho a la integridad tiene como fin el de poner a disposición del individuo la protección de la misma integridad frente a ataques ajenos, la elección del sujeto debe ser decisiva. Por eso nos encontramos ante un gran grupo de ambigüedades.

El derecho a la integridad, como el derecho básico a la vida, impone a la organización social, junto al deber negativo de no atentar contra ella, el deber positivo de protegerla de cualquier peligro o agresión. La libre iniciativa de los sujetos en la disposición de su propia integridad puede verse limitada por las exigencias derivadas del principio de protección de los intereses generales. De modo que este principio podría actuar como razón suficiente para impedir determinados actos de autodisposición.

Integridad física y trasplantes

Funcionan aquí los criterios ya examinados anteriormente: el interés vital objetivo y la autonomía del sujeto. En relación con la intervención de los sujetos que hacen la cesión, suele exigirse que: A) la privación del elemento cedido no interrumpa o ponga en riesgo grave su vida B) presta su consentimiento expreso, personal, espontáneo y consciente C) no conviertan su cesión en una actividad mercantil

A su vez en relación con el receptor ha de exigirse también que el trasplante no incremente su propio riesgo vital y que manifieste su libre consentimiento de forma explícita y personal. Finalmente en relación con las condiciones en que han de ser realizados los trasplantes se exige que éstos no sean contrarios a la naturaleza o la dignidad del ser humano y que no atenten contra la moral pública o las buenas costumbres.

Las dificultades que se plantea en estos casos para realizar las condiciones generales de legitimidad son especialmente intensas sobre todo en la prestación del consentimiento, particularmente cuando no ha habido manifestación de voluntad del difunto o en los que esta manifestación entra en conflicto con las decisiones de los familiares y herederos.

Derechos para la subsistencia e integridad moral

La propia supervivencia del individuo en cuanto hombre es también el valor último que se pretende salvaguardar mediante la proclamación de este conjunto de derechos.

Tales derechos tienen una significativa peculiaridad: ser vías o ámbitos concretos de consolidación de la subjetividad de cada individuo en el marco de las relaciones sociales. La dependencia de los individuos respecto a la vida social del grupo al que pertenecen es tan profunda como que nacen y crecen como hombres por el hecho de vivir en sociedad.

Dentro de este grupo de derechos están no sólo los que protegen la conservación de los atributos morales en los que cada individuo cifra su dignidad y valía personales, sino también los que van dirigidos a tutelar la constitución y desarrollo de la subjetividad individual dentro del marco de la vida social han de ser incluidos. Han sido agrupados en torno a 3 núcleos doctrinales: derechos de identidad personal, derechos de integridad moral y derechos de intimidad.

Los derechos de identidad personal

La disponibilidad de un nombre propio y, la posibilidad de poseer y conservar la ciudadanía de algún Estado y el reconocimiento de la propia personalidad jurídica fueron en principio simples ventajas o prerrogativas de los miembros de un grupo social. Después pasaron a ser reconocidos progresivamente como derechos humanos fundamentales por los respectivos documentos políticos nacionales e internacionales.

No tienen una existencia totalmente autónoma: sino la exigencia de que todos los individuos dispongan de los suficientes elementos de identificación personal y puedan ser titulares de la correspondiente subjetividad social y jurídica, por lo que en esa medida podrían ser considerados también como simples manifestaciones parciales de un único derecho básico: el " derecho a la identidad personal ".

El derecho al nombre

El nombre sido una especie de signo o símbolo mediante el que se representaba toda la personalidad del sujeto designado. En consecuencia ha sido también uno de los valores que la organización social debía salvaguardar.

Se posee dentro de un determinado contexto de correlación con los derechos de los demás y con los intereses generales de la comunidad.

Obligado precisar que existe una considerable diferencia entre el fundamental " derecho nombre " y el simple " derechos sobre el nombre " particular y determinado que cada individuo tiene y utiliza. Es un derecho fundamental y básico. En esa medida el derecho al nombre está revestido de los caracteres básicos de todos los derechos humanos.

En cambio, el derecho que cada sujeto tiene sobre el nombre particular que viene ostentando presentan los rasgos típicos de un derecho subjetivo adquirido, por cuanto el contenido del derecho fundamental no puede extenderse hasta el momento de la elección y conservación de un nombre concreto.

El derecho a la nacionalidad

La nacionalidad no adquirió una importancia radical y decisiva esta nacimiento y consolidación de los Estados modernos llamados precisamente " estados nacionales ". La nacionalidad empezó a actuar como conexión determinante del estatuto jurídico de los ciudadanos. Sin embargo, el derecho a la nacionalidad no llegó a ser expresa y formalmente proclamado hasta bien entrado el siglo XX.

Este retraso encuentro explicación en las situaciones de los apátridas que no fueron consideradas como problema grave hasta la época actual. El camino para la protección de una aspiración o exigencia primaria de los individuos ha sido la cobertura frente a los riesgos inherentes al desarraigo social y político (y, consecuentemente, también jurídico). Ese derecho general incluye 3 manifestaciones complementarias:

  1. el derecho a adquirir inicialmente aquella nacionalidad que corresponda a cada sujeto en razón de los vínculos territoriales o de sangre que le unen a algún Estado en el momento del nacimiento 

  2. El derecho a conservar la nacionalidad de modo que no puede ser privado de ella en contra de su voluntad

  3. La libertad de intentar el cambio de nacionalidad

Por lo tanto es el significado que la nacionalidad tiene para la determinación del estatuto jurídico de los individuos lo que decide en última instancia el alcance del derecho a la nacionalidad.

El desconocer legalmente la condición de nacional de alguien constituye una grave lesión de la persona afectada ya que se le declara desarraigado atacando así a su integridad espiritual en lo más íntimo de la personalidad. En efecto, la nacionalidad es el primer factor determinante de la capacidad de obrar jurídicamente en tanto en cuanto se es sujeto dentro de un determinado ordenamiento jurídico.

Por eso el derecho a la nacionalidad ha de considerarse como un derecho fundamental de la persona.

El derecho al reconocimiento de la personalidad

No ha sido expresamente reconocido hasta época muy reciente pero tiene tras de sí el precedente de una sólida y prolongada tradición doctrinal que ha venido desarrollándose en torno al principio del carácter constitutivamente humano del Derecho.

Ha encontrado su apoyo en el postulado moderno de que todo ser humano dotado de existencia biológica ha de ser reconocido también como centro personal de atribución de derechos y deberes. Por lo tanto un derecho básico y primario ya que cuando no tiene reconocida la personalidad el individuo carece de la subjetividad y autonomía necesarias para actuar como centro personal de atribución; Así queda reducido a la categoría de mero objeto de las relaciones y de su regulación, sin posibilidad de actuar como sujeto titular de tales relaciones. Mediante el reconocimiento de la personalidad no sólo se garantiza la presencia activa en el ámbito de las relaciones jurídicas sino también la titularidad de una posición jurídica amparada por un deber general de respeto. De modo que el derecho atribuye a cada individuo una protección que es incluso más amplia que la correspondiente los múltiples derechos de la personalidad, puesto que tales derechos no agotan totalmente los aspectos la personalidad que exigen ser protegidos.

Los derechos de integridad moral

Del mismo modo que ha sido reconocido el derecho a la integridad física, parece que debería ser proclamado también el derecho a la integridad moral en cuanto exigencia radical de respeto del patrimonio o equipamiento espiritual que constituye el perfil de la personalidad social de cada uno.

El derecho al honor

El honor es un concepto complejo relativo. Es complejo puesto que hay varios tipos de honor en un mismo sujeto: civil, político, y profesional, comercial, etc.. Y es también un concepto relativo.

En primer lugar porque su contenido y alcance concretos dependen de la escala de valores vigente en cada sociedad.

Y, en 2º lugar, porque se determina según la consideración que los demás miembros de la comunidad o grupo social tienen del sujeto interesado.

Nadie está excluido, en principio, de la tutela del derecho al honor, ni siquiera aquellos sujetos de mala reputación. También ellos tienen derecho al honor. Suele asegurarse a través de varias vías complementarias:

la penal y civil ordinarias, el procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la del recurso de amparo ante el tribunal de garantías constitucionales y la de los tribunales internacionales de derechos humanos.

El derecho a la rectificación

Se trata de la posibilidad de defender la propia un reputación contra cualquier información mendaz o inexacta. Esta posibilidad se consagra con el nombre de " derecho de rectificación " otras denominaciones como " derecho de respuesta " " derecho de contestación " " derecho de réplica " o " derecho de aclaración ".

Tiene un contenido básico: facultad que se reconoce a los ciudadanos de hacer legalmente un medio de comunicación cuando se sientan afectados por una información falsa o inexacta publicada por ese medio, para incluir una nueva información suya que corrijan neutralice, rectificando, los efectos negativos producidos por la información primera. Se trata de una manifestación particular del derecho fundamental que toda persona tiene a proteger su integridad moral y a intentar en consecuencia, que su reputación y buen nombre se mantengan indemnes.

Suele exigirse a este respecto que:

  • La información difundida se refiera a hechos y sea inexacta

  • La divulgación de los hechos pueda causar algún tipo de perjuicios

  • La persona que ejercita el derecho haya sido aludida en la información

  • La rectificación se ajuste a los requisitos de forma, contenido, extensión, y plazos

Los derechos de intimidad

Se trata de una facultad puesta en servicio de los individuos para conseguir que los ámbitos reservados de su propia vida se mantengan cerrados al conocimiento público. Es un derecho general destinado a absorber e integrar los tradicionales derechos a la vida privada, la inviolabilidad del domicilio y a la inviolabilidad de la correspondencia.

La inviolabilidad de la vida privada

La principal dificultad para delimitar el contenido de este derecho radica en la determinación de lo que ha de entenderse por vida privada. Puede caracterizarse como aquél ámbito o esfera de la existencia de cada uno que está reservado a un acceso exclusivo del propio interesado, no pudiendo inmiscuirse nadie en él sin ser expresamente autorizado. Es decir, actúa como una pantalla que protege al sujeto de cualquier actividad orientada a espiar, vigilar o acosar la parte privativa de su vida.

La protección de la vida privada no puede ser ilimitada y absoluta.

Existe también un derecho de la sociedad a tener conocimiento de todos aquellos aspectos de la vida de sus miembros que son imprescindibles para la conservación de la organización social y para el desarrollo adecuado de las relaciones sociales. El bien común es pues uno de sus límites inmediatos. Pero también pueden actuar como límites, según sea el caso, los derechos fundamentales de los demás y las exigencias de seguridad y orden públicos.

La inviolabilidad del domicilio

Equivale a la prohibición radical y general de acceder al interior de un domicilio ajeno entendiendo por tal aquel lugar o espacio circunscrito que esté destinado a servir de residencia o habitación estable y privativa de uno o varios individuos. Así que el elemento que define la condición de domicilio es la intención del morador de habitar el lugar con ánimo de reserva y de exclusión del acceso de otras personas.

En este sentido el criterio determinante del carácter y alcance del domicilio es la vinculación que existe entre el lugar de habitación y la dignidad e intimidad de los moradores. Y eso porque el bien jurídico protegido no es tanto la propiedad cuanto la dignidad personal, dignidad que exige al respecto a el respeto al espacio material donde desarrolla la mayor parte de su vida y su intimidad, tanto individual como familiar El contenido fundamental de la inviolabilidad del domicilio consiste en la reserva o prohibición de acceso a la vivienda de otro: prohibición que no es nunca absoluta, ya que existen diversas situaciones en las que los agentes de la autoridad a los propios ciudadanos particulares pueden entrar en el domicilio ajeno y al margen incluso en contra de la voluntad de sus moradores. Así cuando se intenta evitar un daño grave a los moradores, a un tercero o a sí mismo o cuando se hace para prestar algún servicio humanitario o para ayudar a la justicia.

En la actualidad pueden darse otras manifestaciones de intromisión no autorizada. La apoyada en aparatos ópticos electrónicos que permiten conocer desde lejos los actos de los moradores dentro de su domicilio. La correspondiente regulación sigue conectando la violación del domicilio con el acceso físico del individuo sin la autorización del morador.

Además hay que resaltar que el titular genuino del derecho a la inviolabilidad del domicilio es siempre el sujeto que lo ocupa en calidad de morador, con independencia de cuál sea el título jurídico que ampara su posición y de que sea persona física o jurídica. Por eso, el ocupante legítimo del domicilio puede ejercer su derecho incluso contra quienes, teniendo algún título sobre el correspondiente espacio habitado, no tengan el carácter de ocupantes actuales en calidad de moradores.

La inviolabilidad de la correspondencia

Es un principio que consiste en afirmar la exigencia de que ningún sujeto distinto al remitente y del destinatario o tenga acceso al contenido de las comunicaciones postales, en contra de la voluntad de los sujetos directamente interesados. Se pretende garantizar ante todo la libertad y el secreto de comunicación del pensamiento sólo para salvaguardar la fluidez de las comunicaciones y la tranquilidad y confianza de los ciudadanos y también para asegurar el respeto a la libertad y dignidad del ser humano en cuanto protagonista de la comunicación epistolar. El bien protegido es el secreto del contenido de la correspondencia.

(la doctrina acepta sin demasiada resistencia la legitimidad de varias excepciones a ese derecho).

Existe algún desacuerdo sobre si lo que se protege es solamente al autor remitente por son también los destinatarios incluso los terceros.

Parece, sin embargo, bastante claro que la intimidad del destinatario está generalmente tan afectada por la correspondencia como la del remitente por lo que ambos deben ser considerados titulares directos del derecho. Asimismo en aquellos casos en los que el contenido de la correspondencia se refiere a terceras personas éstas también son titulares del derecho a la inviolabilidad. Por lo tanto están plenamente legitimados para exigir responsabilidades. También las personas jurídicas, y no sólo los nacionales, sino también los extranjeros son titulares del derecho.

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