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17. Los derechos de igualdad

El significado de los derechos de igualdad

La igualdad puede ser entendida al menos en tres acepciones: la igualdad en la titularidad de los derechos, la igualdad en las posibilidades de ejercicio real de los derechos y la igualdad a través del ejercicio de los derechos. En las dos primeras acepciones la igualdad alude a una determinada posición del individuo ante los derechos, manifestándose los derechos como fines en sí mismo. En la 3ª acepción los derechos son entendidos como instrumentos idóneos para la realización de la igualdad material: no son fines en sí mismos pero son absolutamente necesarios. La única igualdad lógicamente posible es la autoidentidad, pero queda negada por la propia definición del hombre como ser individual, esencialmente diferenciado.

En cualquiera de sus acepciones la referencia a la igualdad incorpora un elemento de comparación. A diferencia de lo que sucede con la libertad, la igualdad no es un valor realizable en sí mismo. Es, por el contrario, un valor relacional.

La 1ª de las acepciones de la igualdad se reflejaba ya en la primitiva formulación de los derechos humanos como derechos civiles y políticos. Las declaraciones de derechos del siglo XVIII incidían en la idea de que todos los individuos eran por igual titulares de los derechos, exigiendo de los poderes públicos que mantuvieran un papel pasivo, de no interferencia. Sin embargo resultaban especiales los derechos de participación política, que si requerían una actuación positiva por parte del Estado dirigida a estructurar las condiciones adecuadas para esa participación política. El camino hacia la universalización de este tipo de derechos ha encontrado numerosos obstáculos.

La 2ª acepción de la igualdad queda representada por los derechos económicos, sociales y culturales que reflejaban el nivel de sensibilidad de los individuos ante la situación de desprotección que suponía verse titulares de los derechos civiles y políticos sin poder disponer de los medios suficientes que les garantizase los económicos sociales y culturales. Claro está que la satisfacción plena de estos derechos tampoco garantiza la igual realización personal de todo los individuos. Pero les corresponde la función intrínseca de promover una posición de igualdad de estos individuos en relación al ejercicio de tales derechos. Al fin y al cabo estamos hablando de una igualdad de expectativas, no de resultado.

La 3ª acepción conlleva una corrección de las desigualdades previas.

Supondría una instrumentalización de los derechos humanos al servicio de la igualdad de resultado. Instrumentalización que resultaría hasta cierto punto incompatible con la nota de la titularidad y ejercicio universal de los derechos humanos. La corrección de las desigualdades requeriría una distribución desigual de los derechos y al menos el reconocimiento de un uso diferenciado tanto de los clásicos derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales. En cualquier caso la igualdad de resultado no puede tampoco darse en términos absolutos, puesto que requiere la ponderación con los demás valores y derechos que el propio orden jurídico garantiza, y singularmente con la vigencia de los derechos de naturaleza desigualatoria.

El caso de los derechos económicos, sociales y culturales es distinto. Nos encontramos con unos derechos de naturaleza prioritariamente prestacional y la pretensión de realización absoluta de los mismos se presenta como una exigencia interna de la misma teoría de los derechos humanos. Lo cierto es que a la hora de la verdad también estos derechos pueden encontrarse limitados en su realización por la presencia de un concreto valor más o menos estimable según los casos. Que este valor no es otro que el coste económico inherente a su propia condición.

Será el grupo social el que en cada caso habrá de dictaminar hasta qué punto merece la pena la plena realización del derecho valorando el coste que la misma representa.

No basta con reconocer la libertad de todos. Hay que garantizar una libertad igualitaria, una libertad a la que todos tengan igual acceso. Se explica en este sentido que los derechos económicos, sociales y culturales sean normalmente reconocidos como los derechos de igualdad por antonomasia.

Los derechos de participación social

Todos los derechos humanos son en alguna medida sociales, porque se refieren al individuo en su relación con el grupo social en el que se desarrolla su existencia. En primer lugar porque la integración en el grupo social constituye una condición indispensable para su realización personal. Y además porque el instinto social es propio de la naturaleza humana. La identificación abstracta de los atributos inderogables que derivan de la dignidad no tiene sentido desvinculada del aspecto social de los derechos. La idea de los derechos sociales, curiosamente, no se refiere a la naturaleza inevitablemente social de los derechos. Al contrario, se utiliza normalmente para identificar a los derechos específicos de una fase ulterior de la evolución de los derechos humanos, sucesiva a la de la reivindicación de los tradicionales derechos de libertad: los derechos civiles y políticos.

En una acepción amplia expresión derechos sociales engloba así tanto los derechos sociales en sentido estricto como a los derechos económicos y culturales. Pero nos interesa sin embargo referirnos a a los denominados derechos sociales en sentido estricto. Estos adquieren una dimensión prioritariamente asistencial. Se trata de garantizar la asistencia al individuo donde éste se encuentre menesteroso y son considerados imprescindibles para su adecuado desarrollo personal y para poder acceder al disfrute de los derechos generalmente reconocidos a todos: salud, nutrición, vivienda, etc.... no son derechos neutros. Al contrario, tratan de corregir, a través de la correspondiente intervención de los poderes públicos, algunas de las disfunciones provocadas por la competitividad que inevitablemente genera la coexistencia social.

Se reconocen a todos, pero cobran su sentido específico en relación a quienes de alguna manera se encuentran excluidos del disfrute de los derechos. Sus diferencias con los denominados derechos culturales se muestran claras a este respecto. Se ocupan de satisfacer exigencias vinculadas con el hecho material de la existencia (no con el desarrollo psicológico); centran su operatividad en el hombre personalizado en su singularidad sanitaria o alimenticia (aquéllos se preocupan de la dimensión más a abstracta que implica la educación para todos, la información para todos).

Los derechos de participación económica representan un concepto que se ha presentado muchas veces confundido con el de los derechos sociales. La relación de producción constituyen dentro de las reivindicaciones de clase el escenario natural de la lucha de clases. No es por lo tanto de extrañar que la formulación de los derechos destinados a atender las penurias e inclemencias que en este contexto sufrían los trabajadores tuviera un sesgo prioritariamente económico.

Hay que reconocer el papel que habría de desempeñar en relación a la situación concreta del resto de los individuos que, no pudiendo valerse por sí mismos requerían una asistencia especial, o en su caso, un cierto nivelamiento de su posición social.

Así las cosas, la definición de los derechos económicos ha de entenderse diferenciada de los derechos sociales en sentido estricto y de los derechos culturales. Las soluciones han sido diversas. La de más fácil aplicación que por otra parte es la más expresiva es la que los identifica como los derechos sociales vinculados a la relación económica.

Tendrían, en cualquier caso, como punto de mira los derechos económicos la consecución de una situación de igualdad material, arbitrándose al respecto mecanismos de distribución. Una situación más justa y equilibrada en la que los empleadores no pudieran imponer a los asalariados las condiciones de trabajo desde la preeminencia que les permite su privilegiada situación económica. El derecho al trabajo se presentaría como una exigencia general desde la perspectiva de la consideración del trabajo como instrumento para el progreso económico personal, integrando en su seno como aplicaciones directas del mismo, la reivindicación de un salario digno, de unas condiciones de trabajo estables, de unas vacaciones remuneradas, etc.... derechos que posibilitan el equilibrio social.

El análisis de la función social de los derechos económicos no puede, sin embargo, desvincularse de las transformaciones que hasta nuestros días ha venido experimentando la sociedad. Nos encontramos insertos en una sociedad de ocio.

Interesa más hoy garantizar al trabajador un adecuado subsidio de desempleo o asegurarle unas buenas prestaciones sociales para el momento de su jubilación que detenerse en estudiar el papel del empleador y del asalariado. Pero no por ello se puede descuidar el objetivo de proteger al trabajador en el marco de la propia relación de producción. De ahí la necesidad de afinar el sentido igualatorio de los derechos económicos.

Llama la atención el hecho de que ciertas elaboraciones teóricas sobre los derechos humanos hayan incorporado dentro del acervo de los derechos económicos al derecho a la propiedad o a la sucesión hereditaria. La constancia de contemplen un contenido económico no puede ser razón suficiente para considerarlos como derechos económicos, y menos bajo el objetivo de la consecución de una sociedad más igualitaria, o, si se quiere, como derechos de igualdad. La propiedad y la sucesión hereditaria son por su propia naturaleza derechos de la desigualdad.

Simplemente supone una muestra de que también en el ámbito estrictamente económico se plantea la colisión de derechos, imposibilitándose así la vigencia en sus términos más absolutos de ninguno de ellos.

Los derechos de participación cultural

El derecho a la educación es de trascendental importancia en cuanto garantiza si no la subsistencia física, si la adecuada formación del individuo. Una formación sin la cual le resultaría imposible tomar decisiones racionales que afectan a su realización integral como persona la educación está en la base, por consiguiente, de la misma libertad de opción. La alusión formal a la autonomía e independencia de sujeto si éste no tuviera los conocimientos más básicos sería una entelequia irrealizable.

La falta de instrucción del grupo social constituye el caldo de cultivo, el escenario propicio, para la instauración de prácticas de caudillaje que propugnan un mensaje unitario fácil de asimilar y de asumir por una masa desprovista de un nivel de formación satisfactorio. De ahí el efecto absolutamente desigualador que destila el elitismo educativo. Porque en el fondo, la discriminación en el ámbito educativo constituye también una forma de opresión.

Por lo demás la educación facilita la convivencia dentro del grupo social proporcionando criterios para la resolución de los conflictos y para la ordenación general de los modelos de convivencia cívica. En este sentido es un inequívoco valor social. Lo es también por el propio interés que la comunidad tiene en que los individuos dispongan de los conocimientos suficientes para poder tomar decisiones autónomas en el marco de la vida social. Se presenta como un derecho-deber. El grupo social establece el deber de escolarización con el objetivo de que el individuo se haga con los valores del grupo en el que desarrolla su existencia, garantizándole un fondo de conocimientos indispensable para poder ejercitar las opciones inherentes a la libertad que se le reconoce. Es legítima esa imposición del deber de escolarización en cuanto que constituye un instrumento indispensable para la realización de la libertad individual que al fin y al cabo es uno de los valores (fundamental) que el grupo social reconoce como propio.

Todos deben encontrarse en una situación de igualdad en el punto de partida, aunque puedan las distintas capacidades y méritos marcar diferencias.

La educación ha de ser en todo caso global y plural. Global porque debe atender a las distintas facetas en que el hombre desarrolla su personalidad.

Plural porque nada hay más peligroso que el dirigismo educativo. La educación sectorial proporciona un conocimiento parcial, aunque sea un conocimiento al fin y al cabo; por el contrario, la educación sectaria proporciona un conocimiento directamente falso, o lo que es lo mismo deforma al individuo.

La acción de los poderes públicos a este respecto no debe limitarse a la simple prestación del servicio educativo, ni siquiera sólo a la garantía de la gratuidad en su prestación. La gratuidad del servicio constituye un elemento clave pero no basta con eso. Es necesario que los individuos tengan tiempo suficiente y posibilidades reales para acceder a la educación. En este sentido los poderes públicos tienen una doble obligación junto por un lado facilitar el acceso real servicio, y por otro garantizar a través de la satisfacción de las necesidades vitales más elementales e imperiosas una posición personal que permita entrar en condiciones de igualdad con los demás al individuo para conseguir asimilar el bagaje educativo que se le ofrece. Son en definitiva condiciones imprescindibles para hacer viable la realización de un disfrute igualitario de la educación.

El derecho a la cultura

La cultura representa el conjunto de saberes, creencias, formas de ser y vivir que definen la identidad de un determinado pueblo o civilización. Educación y cultura son conceptos estrechamente vinculados, incluso compenetrados. La generalización del derecho a la educación constituye siempre un presupuesto para la posible generalización del derecho a la cultura.

La expresión puede ser entendida al menos en dos sentidos:

  • como derecho a la cultura propia. El derecho a la cultura propia admite a su vez dos formulaciones; como derecho a la preservación de la misma y como derecho a la realización de los hábitos y tradiciones que la caracterizan.

  • y como derecho al conocimiento cultural.

Otro tanto sucede con el derecho al conocimiento cultural que también se entiende de dos modos, como derecho al reconocimiento de la cultura a la que uno pertenece y como derecho a la más o menos exhaustiva información acerca de las diferentes culturas que pueblan o han poblado el universo.

El derecho a la cultura propia se hace en ocasiones en alusión a la necesidad de preservar los elementos distintivos de la identidad del pueblo o civilización a que se pertenece. En este sentido supone una exaltación de la personalidad del individuo como personalidad forjada en un contexto cultural concreto. No se pretende privilegiar con el modelo de uniformidad personal sino tan sólo reconocer el sustrato cultural común de un determinado pueblo. Se entiende en este sentido el afán que muestran las culturas minoritarias... El derecho a la cultura propia cobra una dimensión especial en la sociedad de nuestro tiempo, que es en gran medida una sociedad multicultural, como derecho a la realización de los hábitos y conductas propios de la cultura de origen de cada cual. Una reivindicación de la diversidad cultural y del debido respeto a la cultura de los diferentes individuos. El carácter multicultural de nuestras sociedades ha propiciado muchas situaciones de reivindicación, haciéndole más visible y reconocible por todo. El problema grave, difícil de solucionar y con consecuencias más nocivas no se da ya en las sociedades multiculturales, sino en las sociedades monoculturales en las que el otro no tiene más remedio que adaptarse a la cultura reinante. Los conflictos se dan en las sociedades multiculturales. Pero los conflictos constituyen también en cierto modo la antesala para la satisfacción de las reivindicaciones.

La realización del derecho al conocimiento cultural en relación a la propia cultura no plantean mayores problemas su reivindicación trae muchas veces causa del instinto natural de autoafirmación de la propia personalidad. Las actuales tendencias educativas tienden a garantizar en muy amplia medida su realización.

Distinto es el caso de la 2ª de las versiones del derecho al conocimiento cultural, esto es la que entiende cómo el derecho al conocimiento de las demás culturas o derecho al conocimiento cultural en sentido amplio. La realización del derecho encuentra aquí un obstáculo en el ensimismamiento de los diferentes grupos sociales. Esta actitud no beneficia en absoluto al desarrollo de la libertad. Al contrario, facilitar la asimilación acrítica del sentir social mayoritario sin detenerse a analizar el nivel de sensibilidad que el mismo muestran con respecto a la mayor o menor realización personal del individuo.

La realización del ideal emancipatorio del individuo exigiría una respuesta del individuo liberada de cualquier condicionamiento que oprima la formación de su voluntad. Este tipo de condicionamientos resultan de imposible eliminación no es de extrañar que se haya acusado en ocasiones a la doctrina de los derechos humanos de ser una simple aplicación de los presupuestos y caracteres básicos de la cultura occidental en el terreno de lo axiológico. Lo cierto es que el ideario de los derechos humanos va mucho más allá.

Nada se puede hacer, por consiguiente, para realizar el ideal inalcanzable que representa una determinación definitiva de los derechos humanos. Sí se puede hacer, sin embargo, para conseguir que sea una determinación más libre, más liberada de condicionamientos. Para ello es necesario simplemente disponer de una información lo más neutra posible de los sistemas de valores propios de las culturas que existen o han existido en el mundo. De ahí el incalculable valor que para el desarrollo personal del individuo supone la realización del derecho al conocimiento cultural en sentido amplio.

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