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19. Los medios de protección

Los caminos de una protección eficaz

Existen unas garantías de carácter legal y judicial, tanto a nivel nacional como internacional, de las que disponen los ciudadanos, para el caso en que los derechos hayan sido violados. Son garantías de resarcimiento. Pero también existen otros tipos de garantías. Nos referimos a las condiciones de vida existentes en la sociedad que permite y facilita a los individuos ejercitar sus derechos, sin que nadie interfiera o impida el ejercicio de los mismos haciendo innecesaria la entrada en vigor de los mecanismos de garantía jurisdiccionales que suelen actuar siempre " a posteriori ".

La insuficiencia del reconocimiento

Un primer paso es, sin duda, el reconocimiento. Pero el simple reconocimiento de los mismos tampoco es por sí solo suficiente; en palabras de DRAN " las libertades no valen en la práctica sino lo que valen sus garantías ".

La historia de los derechos humanos no se agota en el solo reconocimiento de los mismos por parte de los Estados, es decir con su incorporación a las legislaciones y Constituciones de nuestro tiempo. Como afirma de Castro " la propia historia del reconocimiento de los derechos humanos nos demuestra que el gran problema radica siempre, no tanto en lograr su proclamación en solemnes Declaraciones o Pactos cuanto en conseguir una plena y real efectividad en el ámbito de las relaciones sociales... proclamar es relativamente fácil; poner los medios eficaces para la puesta en práctica de los principios proclamados ya no lo es tanto. Y así junto a la grandiosidad de las promesas encontramos a menudo la hiriente realidad de cumplimientos miserables ".

En definitiva, el problema de los derechos humanos hoy no es tanto un problema de reconocimiento como de eficacia real de los mismos, es decir de garantías.

Diversidad de caminos para el ejercicio de los derechos humanos

Aunque con frecuencia los autores al hablar de medios de protección de los derechos humanos reducen el problema de su eficacia solamente a la protección jurídica, sin embargo, la efectividad real viene condicionada por una gran multiplicidad de factores. En primer lugar existen una serie de garantías de carácter general, propias de toda sociedad democrática. Son aquellos factores que facilitan desde las estructuras institucionales del Estado un eficaz disfrute de las libertades. Son las que Peces-Barba calificado de " garantías generales de los derechos fundamentales " que están integradas por los presupuestos básicos de toda sociedad democrática, así como de las condiciones jurídico-políticas y las situaciones sociales y culturales en que puede desarrollarse la vida individual y socialmente considerada.

" Ese primer grupo de garantías representa las condiciones mínimas exigidas para que pueda hablarse de vigencia de los Derechos Fundamentales y por tanto de Estado Democrático; podríamos afirmar que se trata de " Conditiones sine qua non ", imprescindibles para que pueda hablarse de efectividad de los derechos fundamentales. Nos referimos a factores tan dispares como la organización social en todos sus ámbitos y dimensiones, la posibilidad de participación en la estructura económica , en el comercio nacional e internacional, la vitalidad de las actividades productivas, el desarrollo científico y tecnológico, la calidad de vida, el alcance de los servicios sanitarios... etc. etc.

Sin la existencia de estas condiciones la acción de la dimensión jurídica no es suficiente para garantizar la realización efectiva de los derechos. Por eso los estudiosos del tema ponen tanto énfasis en la adopción de múltiples y variadas medidas complementarias, que son previas y en ocasiones promocionales en todos los campos de acción: político, jurídico, social, económico, cultural, sanitario, tecnológico, etc... La eficacia real de los derechos humanos es impensable sin la existencia de condiciones socio-políticas que favorezcan el ejercicio de los mismos.

Son las condiciones de vida que permiten a los seres humanos un auténtico y normal desarrollo de su personalidad en todas las facetas de su existencia: en sus necesidades físicas; en su conocimiento intelectual; en su conciencia y el ámbito de las relaciones sociales en todas sus manifestaciones. Vida física, razón, espíritu y relación social son las cuatro grandes dimensiones de la vida humana, los ámbitos o manifestaciones de su desarrollo integral, que constituyen la dotación mínima de la dignidad humana.

Estas condiciones previas son las auténticas garantías. Las garantías judiciales sólo entran en funcionamiento cuando a pesar de todas las condiciones o garantías generales los derechos humanos son violados. No parece que a corto plazo pueden eliminarse los múltiples obstáculos y resistencias que desde siempre ha existido en el camino del ejercicio de los derechos humanos. Hay que llegar a la conclusión de que la efectiva realización social de los derechos fundamentales de la persona depende no tanto de los sistemas de garantías formales , cuanto de la acción política, social y económica llevada a cabo e impulsada por el gobierno en la sociedad a diario, y del impacto que tales garantías logren producir sobre las relaciones de los individuos de los grupos y de los pueblos.

Clasificación de los diferentes tipos de garantías (de carácter general)

Cuando hablamos de garantías nos referimos no sólo a las instituciones jurisdiccionales, sino a todos aquellos mecanismos o factores que hacen posible asegurar la vigencia de los derechos humanos. Así lo ha entendido Max Weber en su obra " Economía Y Sociedad " y especialmente Jellinek en su " Teoría General del Estado ", a analizar las garantías del derecho público, Por lo que los tipos fundamentales de garantías pueden ordenarse así en a) garantías sociales; b) garantías políticas; c) garantías judiciales.

Criterio muy próximo sigue Legaz Lacambra que distingue entre a) garantías extrajurídicas: garantías políticas; garantías sociales; garantías religiosas y morales; b) garantías jurídicas: garantías legales y judiciales.

Peces-Barba considera también la existencia de 2 tipos de garantías: a) las " garantías generales de los derechos fundamentales "; b) " garantías específicas ".

Entre las garantías extrajurídicas generales cabe resaltar, las políticas, las sociales, las económicas y las culturales. No olvidemos que por muchos garantías de resarcimiento que exista la violación del derecho fundamental siempre es irreparable y en muchas ocasiones un auténtico drama.

Las condiciones políticas

En una sociedad políticamente organizada se propicia un clima favorable para el ejercicio de los derechos humanos. Hablamos dentro de una organización política democráticamente organizada, que facilita desde las instituciones del estado el disfrute eficaz de los derechos y libertades y que configura al Estado como un auténtico Estado de Derecho, tales como La separación de poderes La distribución territorial del poder y participación popular en la elección de los gobernantes El pluralismo político La descentralización administrativa El fomento de las instituciones La planificación económica y de los servicios públicos La promoción del desarrollo social.

Incluso el reconocimiento mismo de los derechos humanos forma parte de las condiciones jurídico políticas que consideramos factores decisivos para el progresivo disfrute de la libertad e igualdad de los derechos.

Condiciones referidas a la propia estructura del Estado encarnadas en los principios o caracteres que definen al Estado

Vienen diseñadas en el artículo 1,1 de nuestra Constitución. Para que sea posible el ejercicio de los derechos humanos se requiere un Estado De Derecho, Un Estado Democrático Y Un Estado Social.

Un Estado de Derecho

Desde el siglo XIX se ha producido una estrecha relación entre el Derecho y el Estado generando una concepción del Estado según la cual este actúa sometido al derecho de modo que su poder y sus actos se regulan y controlan por las leyes y se presiden por el ordenamiento jurídico. Pero no basta con la mera existencia del Derecho, es necesario que todo el obrar del Estado se realice de acuerdo con las reglas del Derecho.

Históricamente es el resultado de un largo proceso. Entre sus rasgos, íntimamente relacionados entre sí se señalan los siguientes:Primacía o imperio de la ley; Sistema de normas jerárquicamente estructurados. Limitación del poder a través del derecho. Los derechos fundamentales son precisamente uno de los instrumentos básicos para esta limitación del poder Separación de poderes Separación pero no incomunicación evitando que se produzca una concentración de poder. La separación es inseparable de la independencia de los mismos.

El principio de legalidad establece el sometimiento de todas las actuaciones de la Administración al control de las leyes a través de un sistema de responsabilidad y de recursos contencioso-administrativos.

Supone un sometimiento tanto en sentido negativo (imposibilidad de violarlos) como en sentido positivo. Todos los poderes públicos, al igual que los ciudadanos se someten al ordenamiento jurídico.

Un Estado Democrático

La estructura jurídico-política democrática es " Conditio sine qua non " para la participación política y garantía indispensable para realizar eficazmente algunos de los derechos humanos.

En el Estado de Derecho simple, de la época liberal, pueden ejercitarse garantizarse algunos derechos pero no todos. El estado Democrático añade al Estado de Derecho 2 notas: participación política y pluralismo político donde el se manifiesta que el gobierno se decide por la voluntad de los ciudadanos siendo así la expresión de la soberanía popular.

Participación política

Se permite al ciudadano a participar en la formación de la voluntad del Estado como miembro de la comunidad política Pluralismo político La expresión democrática del estado a través de las elecciones manifiesta la soberanía popular y expresa todos los pareceres.

Un Estado social de derecho para posibilitar el ejercicio de derechos como los económicos, sociales y culturales es insuficiente el Estado Democrático de Derecho. En este Estado Social el Estado debe comprometerse con actuaciones de carácter positivo y promocional que implican crear las condiciones sociales adecuadas para que todos los ciudadanos tengan acceso, en libertad e igualdad, a los medios necesarios para vivir dignamente dentro de la ciudad.

Condiciones políticas que provienen de lo que podemos llamar el Estado abierto (estructura abierta del estado)

Toda sociedad organizada jurídica y políticamente debe crear un ambiente en el que se favorezca el desarrollo de los derechos fundamentales. Es la necesidad de un clima distendido en el que exista el respeto por las ideas políticas del adversario y donde impere la seguridad, la libertad y la justicia para garantizar el desarrollo personal del individuo y una auténtica participación libre de todos los hombres en la realización del bien común.

En este sentido la CE en su artículo 9,2 establece que " corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social ".

Esto sucede en lo que llamamos el Estado abierto que supone en primer lugar una descentralización del poder, y en 2º una participación social además de una colaboración internacional.

Descentralización del poder

Hoy en día no se comprende un Estado Democrático y Social de Derecho en el que todas las decisiones procedieran de las más altas instancias del supremo Poder del Estado Central. Ello generaría retrasos, distancia, desigualdades, que se traduciría en frenos al ejercicio de los derechos. En España las autonomías y los municipios han contribuido a resolver estos problemas. Sin duda el acercamiento de las instituciones al pueblo y la aproximación de la administración del estado favorece considerablemente el ejercicio de los derechos.

Participación social

Hemos hablado antes de participación política al considerar el Estado Democrático. Al hablar de participación social nos referimos a las posibilidades no sólo permitidas sino también fomentadas y promocionadas por parte del Estado de participar en asociaciones, agrupaciones, sociedades e instituciones no estrictamente políticas. El Estado debe dejar al arbitrio y autonomía de los particulares o de los grupos sociales los asuntos donde de la acción del Estado no puede o no debe llegar.

A " lo peor que puede suceder un pueblo es el silencio social ante el Estado " pues " no cabe pensar en un estado tan perfecto que ya no puede hablarse de un " algo social " distinto de lo estatal, porque todo lo social haya sido organizado y ordenado por el Estado y dentro del Estado ,... como tampoco cabe pensar en una sociedad tan perfecta desde sí misma que haga superflua la existencia del Estado... " Escribe Martín Retortillo que " el actual planteamiento constitucional de la democracia participativa y pluralista arranca por definición de un abierto protagonismo de los ciudadanos ".

Y frente al modelo social de la comunicación sólo cabe sociedades autoritarias o totalitarias, montadas sobre el miedo y la desconfianza y donde la dialéctica amigo-enemigo es la clave de la vida política.

Necesidad de la acción internacional para el ejercicio de los derechos humanos

Por mucho que un Estado lo proponga, las medidas internas son garantías jurídico-políticas que en el ámbito del Estado Nacional no son suficientes. Unas veces porque el estado no tiene medios y otras porque son los individuos los que necesitan apelar a órganos internacionales.

Por estas razones sólo en la internacionalización del problema con la superación de la soberanía nacional cabe un aseguramiento más definitivo de los derechos fundamentales.

La acción estatal nunca llegará a ser suficiente por sí sola para la protección y promoción de los derechos humanos. Es siempre imprescindible, especialmente en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, la presencia de una acción internacional que se canalice a través de diferentes caminos y que actúe en distintos niveles. En efecto, en la actualidad a los Estados no les resulta difícil abstenerse de interferir en la autonomía individual en la mayoría de las actuaciones humanas. Pero más bien parece difícil proporcionar suficientes medios de vida o llevar a la práctica determinadas políticas que dependen con frecuencia de condiciones objetivas ajenas al propio estado y de factores que no sólo son externos a la acción estatal sino que también quedan fuera de su control. Se hace por tanto imprescindible acudir a la colaboración de todos y sobre todo de la Comunidad Internacional y sus Organizaciones.

El reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales como condición política para el ejercicio de los derechos humanos

Se requiere en tercer lugar el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales. El reconocimiento de los derechos humanos en la realidad jurídica interna del Estado, firmando al mismo tiempo Pactos y Convenios se convierte en requisito prioritario indispensable para la estructuración del Estado contemporáneo.

Los derechos no pueden ejercitarse si no están reconocidos y no puede reclamarse su resarcimiento si son violados si no existen instancias judiciales previamente establecidas a quién dirigirse. Como dice el ARTÍCULO 16 DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO y contundentemente " toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución ".

Todo estado de derecho debe contar con normas claras y precisas lo cual, dice Peces-Barba constituye una paradoja, pues los ciudadanos necesitan del Estado y de sus normas para defenderse del propio Estado.

En definitiva la organización jurídico-política democrática y social, participación y comunicación, protección de los derechos humanos, son condiciones básicas e imprescindibles para una realización plena de todas las potencialidades humanas.

Por lo que venimos diciendo hemos de concluir que el mejor Estado es el Estado de derechos humanos.

Condiciones Económicas, Sociales y Culturales

Significado de las condiciones económicas, sociales y culturales para el ejercicio de los derechos humanos

Las condiciones jurídico-políticas se completan con medidas económicas, sociales y culturales que hacen realmente posible los derechos fundamentales que todo Estado debe respetar y garantizar. El artículo 3 de LA CONSTITUCIÓN ITALIANA DE 1947 habla por ejemplo de estas condiciones estructurales.

De todos es conocida la existencia de Declaraciones y Pactos que se explicita en una serie de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que los Estados están obligados a cumplir. Esta visión preside la actitud de quienes llegan a la conclusión de que los llamados derechos económicos sociales y culturales no son derechos propiamente dichos y que son los derechos civiles y políticos los que generan obligaciones para el Estado y son exigibles jurídicamente. Este planteamiento parece haberse inspirado la excesiva e injustificada prudencia de los redactores de nuestra Constitución de 1978 al incluir este tipo de derechos en la categoría, menos comprometida del CAP. III SOBRE LOS " PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA ". De estos derechos económicos, sociales y culturales constituirían igualmente obligaciones para los Estados porque, siendo principios rectores exigen al Estado la obligación de orientar toda su política y acción de gobierno hacia la creación de las condiciones que acojan y permitan los derechos civiles y políticos. Si el Estado no garantiza unas condiciones sociales mínimas es imposible la realización de ningún tipo de derechos.

La CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS DE 1993 Y LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL DE 1995 destacaron la importancia de " un criterio integrado respecto del progreso social.

Este depende del respeto de los derechos humanos y de la participación efectiva de los ciudadanos... para lograr el progreso sostenible es necesario reconocer la interdependencia entre el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la democracia ".

En el artículo 28 de LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS DE 1948 se proclamó que " Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos ".

Medidas económicas y sociales

Las garantías económicas existen cuando el Estado establece las condiciones adecuadas para que todos tengan acceso a los medios económicos indispensables para su subsistencia. Están orientadas a la supresión o eliminación de todas las situaciones de pobreza y de la generalización del bienestar mediante un desarrollo económico y tecnológico sostenido, la redistribución de la renta, la fiscalidad progresiva, la garantía de la acceso al empleo, de la seguridad en el mismo, la participación en los procesos productivos... En el plano internacional superando los monopolios y el imperialismo comercial de los países ricos, promoviendo la riqueza de los países subdesarrollados.

Las garantías sociales se producen cuando Estado establece las condiciones adecuadas para llevar a cabo la igualdad y justicia de manera que todos sin discriminación, tengan acceso al sistema de sanidad y seguridad social, a condiciones dignas de trabajo y de asociación sindical, a las garantías asistenciales normales como seguro desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez... y al desarrollo de los derechos en todos los ámbitos de las relaciones sociales mediante la eliminación del dominio y la explotación de unos grupos o sectores sociales sobre otros.

Para conseguir este objetivo es importante la progresiva limitación y la final desaparición de las barreras estamentales o clasistas.

Todo ello depende de la voluntad del Estado. De la conquista de un orden social donde impere la justa distribución de los bienes; la obligación del Estado respecto de las necesidades económicas, sociales y culturales está vinculada a la transferencia de fondos hacia el beneficiario de la prestación para proporcionarle condiciones de vida mínimamente dignas.

El estado puede cumplir con su obligación proveyendo de servicios a la población. Cuando no tiene medios o capacidad para llevar a cabo políticas económicas y sociales indispensables para alcanzar la dignidad de sus ciudadanos debe entrar en juego la solidaridad internacional en la línea orientada por la Encíclica " POPULORUM PROGRESIO” de Pablo VI o "SOLLICITUDO REI SOCIALIS” de Juan Pablo II.

Medidas concretas para el ejercicio adecuado de los derechos humanos

Ha de quedar claro que tanto las Declaraciones como los Pactos internacionales no imponen las medidas concretas. Se limitan a afirmar y exigir.

Por citar algunas de las obligaciones del estado diremos que éste debe garantizar las condiciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a un nivel de vida digna, a una alimentación adecuada, a asegurar el acceso al lugar, al empleo y a una remuneración justa, a la protección de la salud y a unas condiciones sanitarias básicas para una cobertura asistencial suficiente.

El estado tiene que establecer políticas sociales que permitan alcanzar dichos niveles de vida creando o promoviendo la creación de cuantos servicios públicos sean necesarios. Ello supone la promoción del trabajo y de la vivienda, la creación de centros de salud y hospitales, escuelas, guarderías, centros para discapacitados, supresión de barreras, residencias para la 3ª edad, centros de planificación familiar, centros de acogida, construcción de carreteras, etcétera.

¿Cuál es el contenido básico de estas demandas, es decir de los derechos?. La pobreza es siempre fuente de discriminación. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Mary Robinson, sostiene que " la pobreza priva a millones de personas de sus derechos fundamentales ".

Condiciones culturales son todas aquellas que permiten y garantizar el acceso a la educación y contribuyen a elevar el nivel cultural de toda la sociedad y de todos sus miembros. Cada Estado debe tomar la todas las medidas necesarias para la eliminación del analfabetismo, y de proporcionar los medios que estén a su alcance para la universalización de la educación básica y la generalización de la enseñanza media y superior; debe fomentar también la formación profesional y facilitar la información plural y abierta. Las prioridades en el ámbito de la educación varían considerablemente de unos lugares a otros y deben corresponderse con las necesidades de cada sociedad, pues, aunque en algunos países la enseñanza básica es obligatoria en otros muchos el grado de alfabetización es escaso.

En todo proceso educativo y cultural se requiere una total igualdad de oportunidades, para lo que son condiciones ineludibles el acceso a la enseñanza sin discriminación y una absoluta libertad en la elección.

Es el estado quien tiene la obligación de dotar de los medios e instrumentos. Sobre todo y antes que nada, los poderes del estado tienen que tener la convicción, el deseo y la voluntad de elevar el nivel educativo y cultural de su pueblo; el yugo de la ignorancia hace más llevadera la opresión y facilita la sumisión. La participación en la comunicación no serán posibles sin la comprensión, y para comprender es necesario promover culturalmente.

Educación en y para los derechos humanos

El acceso al saber, al conocimiento, a la educación, la cultura, dignifica al hombre y le hace sabedor, conocedor y consciente de sus derechos y de cómo exigirlos. Debe tener un puesto relevante, como garantía de los derechos humanos, lo que algunos autores llaman pedagogía de la libertad y que en sentido más amplio podemos calificar como pedagogía de los derechos humanos.

El conocimiento de los derechos humanos y de la manera de protegerlos es una condición previa indispensable para que no sean meroscabados. Decía Sócrates que la virtud consiste en saber del bien para obrar el bien, pues sólo quien lo conoce puede practicarlo.

En la línea propuesta por las Naciones Unidas y por la UNESCO, se requiere por parte del estado la inclusión de las materias de los derechos humanos y del derecho humanitario como contenidos obligatorios de los programas de estudio de todas las instituciones educativas, desde la enseñanza básica hasta la universitaria; y en las pruebas de acceso, en las academias militares, los cuerpos fuerzas de seguridad del estado, a cada funcionario o contratado de la administración; promovido las CCAA y además crear Instituciones nacionales y realizar campañas de actividades para dar a conocer estos Derechos Humanos.

Pero todo no depende de los Poderes y de la Administración del Estado el cual debe colaborar y establecer acuerdos con sindicatos, ONGs, y Asociaciones o Fundaciones; es imprescindible la colaboración de los medios de comunicación de masas.

Las Naciones Unidas y sus medidas

La promoción de la educación especial del conocimiento de los derechos humanos se ha convertido en una tarea de todos y de la comunidad internacional. Los Órganos Internacionales han aprobado varias resoluciones de carácter internacional en relación con la educación y conocimiento de los derechos humanos. En 1988 a la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS mediante la resolución 43/128 promovió una CAMPAÑA MUNDIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA y con la finalidad de elaborar programas de enseñanza, formación e información en el terreno de los derechos humanos. Se difundieron materiales impresos sobre éstos y se promovió la organización de talleres y seminarios, la concesión de becas y la creación de instituciones nacionales para la promoción de los derechos humanos.

La Asamblea General reconoció la necesidad de una información clara y accesible. Se instó a los Estados Miembros a que introdujeran en sus programas de enseñanza materiales pertinentes.

También la UNESCO se ha ocupado de la EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Se aprobó el PLAN MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA; Plan en el que destacan: elaboración de programas educativos, revisión de los manuales escolares, creación de redes docentes, aumento de los recursos destinados a enseñanza de los derechos humanos, etc... En 1993, LA DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA invita a todos los Estados esforzarse por erradicar el analfabetismo, introducir la enseñanza de los derechos humanos, el derecho humanitario y la democracia en todos los programas escolares y extraescolares.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el decenio comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2004 sería designado como DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS. Con los siguientes objetivos: evaluar, elaborar programas, coordinar la elaboración de materiales, difundir en todo el mundo la Declaración, reforzar el papel y la capacidad de los medios de comunicación de masas, etc... La Asamblea General instó igualmente a las organizaciones no gubernamentales, nacionales, regionales internacionales y a todos los defensores de los derechos humanos, los educadores, las congregaciones religiosas y los medios de información a intensificar su participación en la enseñanza de los derechos humanos tanto en la escuela como fuera de ella.

Las ONG en el fomento y garantía de los derechos humanos

Hay numerosas de buena fe, tanto internacionales como nacionales, muy activas en el terreno de los derechos humanos. Algunas de las más conocidas son Amnistía Internacional, fundada en 1961, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1977, Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, Mensajeros de la Paz, Cáritas, Cruz Roja, y otras muchas ONG. La propia comunidad internacional reconoce y aprueba el papel de estas organizaciones en los planos internacional, regional y nacional. Realizan una importante contribución al programa de derechos humanos de la ONU ya que son una fuente única de informaciones.

LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS CELEBRADA EN 1993 reconoció la importante función que cumplen. La Conferencia acogió la aportación de las ONG y a las actividades de enseñanza, formación y a la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Conferencia Mundial subrayó además la importancia de que prosiga el diálogo y la cooperación entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales y de que los miembros de éstas que participan en la defensa de los Derechos Humanos disfruten de los derechos y las libertades reconocidas en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS y de la protección de las legislaciones nacionales.

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