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20. Posibilidades y límites del ejercicio

La afirmación de que los derechos humanos son una realidad sustraída a la arbitrariedad de los gobernantes incluía la caracterización de los mismos como derechos absolutos e ilimitados. Su efectivo disfrute por parte de los titulares se encuentra sometido a una considerable variedad de condiciones que son caracterizadas generalmente por la doctrina como límites del ejercicio de los derechos.

En consecuencia, la lista de los límites es bastante amplia y diversificada.

Los límites impuestos por el sentido y la función de cada derecho

La existencia de una considerable multiplicidad de derechos es una prueba de que las posibilidades de actuación y defensa de cada uno de éstos es diferenciada y está sujeta a una delimitación más o menos precisa. En última instancia, el contenido propio y característico de cada derecho viene dado por unas posibilidades específicas de actuación. En consecuencia, las fronteras que lo delimitan no deberán ser sobrepasadas ni al establecer su configuración legal ni en el momento de ejercitarlo.

Quedará contraindicado cualquier ejercicio de los derechos que desborde los contornos de su contenido específico propio. Este respeto al contenido esencial exige que no sea ejercitado de tal modo que desemboque en la eliminación general o parcial de ese derecho. A veces el supuesto incurre dentro del tipo general de fraude de ley, o más bien en otros casos se da el supuesto especial de uso fraudulento del propio derecho; lo que sí parece claro es que esta posible modalidad de ejercicio del propio derecho no queda incluida en el contenido del mismo ni amparada en consecuencia, por las normas lo garantizan.

Queda radicalmente desautorizado el ejercicio del mismo con la finalidad exclusiva o predominante de perjudicar a otro o cuando, aun sin existir esa intencionalidad se causa perjuicio a alguien sin que coexistan verdadero interés del propio sujeto titular del derecho lo que sería un abuso del propio derecho.

Todo derecho humano es al mismo tiempo un deber de humanidad que delimita la libertad de decisión en el ejercicio de ese derecho. Así, por ejemplo, El derecho a conservar la vida y la salud, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a participar en la vida pública, Podrían ser ejercitado sus por cada sujeto con una libertad que quedaría recortada por respectivos deberes de Cuidar la vida y la salud, trabajar, cultivar la inteligencia o votar y ejercer ciertas funciones públicas Por otra parte, resulta patente que los límites inciden muy directamente sobre las posibilidades de disfrute. Pero no han sido merecedores hasta ahora de una cuidadosa atención por la doctrina especializada; ésta se ha ocupado exclusivamente de los límites calificados como " externos ". Y, fundamentalmente, de los 4 invocados por el artículo 29,2 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 1948:

Los derechos de los otros ciudadanos

Los derechos fundamentales de los sujetos son por sí mismos límite del ejercicio de los derechos de cualquier otro sujeto. Dado el carácter radical (o cuasi natural) de los derechos humanos, este límite debería ser calificado en principio como interno, puesto que la existencia de otros derechos fundamentales no es algo accidental y externamente sobrevenido sino que está presente ya en la existencia de cada uno de los derechos humanos.

El en cuanto que son derechos debidos por humanidad, todos los derechos humanos exigen estar también presentes en cada uno de todos los demás hombres, de modo que todos los derechos fundamentales llevan en sí mismos, como exigencia constitutiva, la tenencia de idénticos derechos por parte de los otros miembros de la sociedad. En otras palabras no es un dato externo al derecho de cada uno, sino que forma parte de la estructura existencial de este derecho.

Sí resulta evidente en cualquier caso que el ejercicio de un derecho fundamental puede entrar en conflicto con el ejercicio y disfrute de algún otro derecho por parte de los otros miembros de la sociedad. Así que las posibilidades del disfrute y de ese derecho fundamental sólo pueden extenderse hasta la línea que delimita el contenido o posibilidades de ejercicio que corresponde a los derechos fundamentales de los demás. Es decir, no pueden sobrepasar los límites fijados.

Lo difícil será determinar dónde están los respectivos límites ya que ese extremo dependerá de una considerable variedad de factores, como el conjunto de facultades o poderes del núcleo central del derecho, la valoración relativa a que se hace de sus derechos en su contexto social y político, la importancia que se atribuya a los bienes o intereses que podrían resultar lesionados o las circunstancias que concurren en los titulares de los distintos sujetos.

Por tanto habrá que tener en cuenta algunas otras consideraciones circunstanciales. Por ejemplo que en la actualidad la libertad de expresión o el derecho la información sea superior a otros derechos como el honor, a la vida privada o la imagen forma parte de la moral de nuestra sociedad.

La determinación de los límites que definen el perímetro de los derechos básicos se complica inevitablemente cuando tratamos también los de los miembros de otras sociedades de incluso los de las generaciones futuras.

Como conclusión que del principio general de que el ejercicio no puede tener nunca un alcance ilimitado, sino que está sometido a las limitaciones derivadas de la existencia de otros sujetos y depende de múltiples factores que habrán de ser ponderados individualizadamente en cada caso.

La moral

Considerada la importancia que han tenido y siguen teniendo los principios y reglas de la moralidad es lógico su aceptación genérica como límite a la libertad de iniciativa. Pero si es obligado matizar por ejemplo cuando nos preguntamos acerca de cuál ha de ser la moral que deberá ser tomada en consideración, habida cuenta del evidente pluralismo de las sociedades actuales. O la duda sobre la influencia que ha de asignarse a los códigos morales. O, también, el interrogante relativo a la importancia que deberá atribuirse a las convicciones y exigencias morales de cada momento.

Parece claro en primer lugar, que la limitación moral al ejercicio de los derechos fundamentales no puede ser determinada tomando como referencia cada uno de los códigos morales más o menos particulares que coexisten en el seno de la sociedad. Al menos en principio, la moral que ha de tomarse en consideración es la representada por el conjunto de criterios y normas morales que una determinada sociedad reconoce como legítimas y vinculantes, es decir, la moralidad global de la colectividad, la moral social o cívica. Una moral no simplemente sometida a sus principios primarios religiosos informadores sino que se debe a la fuerza que dicha moral tiene como código asumido por la propia sociedad y por la mayoría de sus miembros. El aspecto decisivo de esa moral está en que constituye efectivamente el sustrato ético fundamental de la respectiva sociedad.

La moral social actúa través de unos principios y reglas bastante concretos: respeto a la subjetividad humana, primacía de la libertad, tolerancia, pluralismo, culto a los derechos humanos, preocupación por quienes padecen necesidad, exaltación del Derecho, defensa de la organización democrática y un cierto altruismo solidario. Cuando las actuaciones de los individuos lesionan alguno de estos principios, no cabe la posibilidad de que sean legitimadas mediante la alegación de que tales actuaciones forman parte del contenido de un derecho humano.

La aplicación al ejercicio de los derechos humanos de los límites derivados de la moral ha de implicar con frecuencia notables dificultades por el carácter dinámico/evolutivo de los códigos morales sociales, así como por el acentuado pluralismo ético que caracteriza a las sociedades actuales es sumamente difícil y arriesgado determinar en cada caso pues el criterio moral. Han de ser los correspondientes órganos legisladores y, en última instancia, los judiciales los que han de tener la última palabra; ni los órganos administrativos ni mucho menos los individuos particulares ofrece en la suficientes garantías de legitimación y fiabilidad para asumir tan importante papel.

El orden público

Este límite implica un riesgo: el de dar cobertura a la defensa y predominio de los intereses del autoritarismo social y de la " razón de Estado ", con la consiguiente amenaza para la libertad de los individuos o los grupos.

El orden público debe ser entendido como el conjunto de condiciones organizativas y de funcionamiento de la sociedad que garantizan un desarrollo de la vida social en el que esté asegurada la realización ordenada, tranquila y pacífica de los derechos que corresponden a los ciudadanos. Su operatividad radica en la exigencia de asegurar las condiciones básicas de organización que permitan que todos los miembros de la sociedad puedan ejercer sus respectivos derechos.

Ha de mantenerse siempre un concepto flexible, abierto y dinámico del orden público.

Pero, ¿Cuál es la frontera?. Lo único que puede afirmarse con carácter general es que las medidas han de estar siempre al servicio del conjunto de la sociedad y que han de orientarse a la protección del libre ejercicio de sus respectivos derechos por la mayoría de los ciudadanos. Han de asegurar también el respeto a los bienes o valores básicos del orden social: cumplimiento del Derecho, seguridad física o jurídica, funcionamiento de los servicios públicos básicos, independencia de las instituciones, etcétera.

En suma, el orden público puede imponer límites al ejercicio de los derechos, pero su aplicación está sometida también al limitaciones para asegurar el más amplio ejercicio social posible de su libertad por parte de todos los ciudadanos. Entre esas limitaciones o condicionamientos no puede faltar ninguno de estos 3:

  1. que su acción contribuya, en el saldo final, a reforzar la libertad de los ciudadanos en el ejercicio generalizado de sus derechos.

  2. que la proyección limitadora del orden público sobre el ejercicio de los derechos fundamentales éste taxativamente regulada por leyes generales.

  3. que su interferencia se mantenga dentro de los límites mínimos imprescindibles y que los medios que se utilicen en la acción no sean desproporcionados ni impliquen riesgos no justificables.

Siguiendo la línea marcada por el artículo 29,2 de la Declaración Universal 1948, se ha señalado como exigencia básica previa a la acción imitadora del orden público que la organización de la sociedad en la que éste actúa sea democrática. Esta observación merece para ser asumida, algunas precisiones, ya que aceptarla sin matices podría ser interpretado como una ligereza.

Parece evidente que ni los Estados formalmente democráticos son en sí mismos organizaciones políticas total y absolutamente justas o santas, ni tampoco los Estados autoritarios son por sí mismos organizaciones políticas total y absolutamente perversas. Lo único que pretende en llamar la atención sobre la improcedencia de determinadas generalizaciones y legitimaciones apriorísticas.

El bienestar general

El bien general de la comunidad, ha señalado desde antiguo con el término de " bien común " como criterio determinante de la legitimación del ejercicio del poder político, puede constituirse también en límite del disfrute individual de los derechos fundamentales. Cuando el ejercicio de un derecho humano perturba o dificulta la realización de intereses generales relevantes, entonces el beneficio privado que protege ese derecho debe ceder ante las exigencias del bienestar general.

El problema del correlativo predominio subordinación del individuo o de la comunidad permanece latente. A estos efectos hay 2 precisiones de principio.

En primer lugar que, en el ideario de los derechos humanos, el individuo es, no sólo el punto de partida, sino también el permanente centro de referencia.

En 2º lugar que los hombres no son seres a-sociales. Así que la atención al bien común de la sociedad a la que pertenecen los titulares de los derechos es una exigencia inmediata de la dimensión comunitaria de los individuos y de la consiguiente necesidad de corregir el extremo aislamiento y egoísmo que ha caracterizado en ocasiones algunas concepciones individualistas de los derechos humanos.

Por eso el bienestar general de la sociedad, en cuanto límite del ejercicio de los derechos humanos, ha de entenderse como un conjunto de bienes de que puede disfrutar la comunidad sin impedir o lesionar gravemente el libre desarrollo integral de todos sus miembros. Este límite entra en juego cuando el ejercicio de un derecho fundamental de los individuos impida la creación o el desarrollo de condiciones sociales que faciliten la libre realización integral de la mayoría de los ciudadanos. El bien común no es, por tanto, una realidad extraña a los individuos.

Para que las exigencias del bien común actúan legítimamente han de cumplirse las siguientes premisas: A) que el bien común que se defienda sea concretamente preferible a los bienes o intereses individuales en cuyo disfrute interfiere; B) que sea verdaderamente común, es decir, que beneficia a todos (o al mayor número de) los miembros de la su comunidad y que sea determinado por la decisión, directa o indirecta, de todos esos miembros.

El valor de las exigencias del bienestar general

¿Ha de atenderse solamente a los intereses de las sociedades actuales o ha de concederse también beligerancia a los de las sociedades futuras?. ¿Es sólo el de la sociedad a la que pertenece el sujeto cuyo ejercicio de un derecho humano va a quedar limitado o hay que tomar también en consideración al resto de las sociedades actuales?. ¿Solamente las sociedades humanas, o también las animales y/o vegetales?.

Y quedan en pie las dudas sobre si la atribución al bien de un interés común del carácter de límite del ejercicio de los derechos humanos entra o no en conflicto directo con aquellas concepciones que afirman que tales derechos son precisamente el límite supremo frente a cualquier tipo de decisiones y medidas orientadas al logro de objetivos colectivos que vayan en contra de los intereses básicos de los individuos. Si un supuesto derecho humano ha de ser sometido a recortes cada vez que se entiende que su ejercicio impide la plena realización del bienestar general, ¿Sigue siendo un verdadero derecho humano?, ¿No deberá ser considerado más bien como una simple posición ventajosa de carácter precario o condicionado?. La aplicación de este límite puede resultar compleja y problemática en el momento de proyectarla sobre el caso concreto.

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