02. La evolución del gasto público en España

Principales características de la evolución del EB en España

La poca atención del Estado a las necesidades sociales de salud, educación, vivienda o pensiones es reflejo de la economía poco industrializada y un gobierno de estructura política autoritaria. Las transformaciones sociales van asociadas al desarrollo y liberalización de sus economías.

El gasto social es un buen indicador del desarrollo del Estado de Bienestar, por resumir en una sola cifra el volumen de recursos públicos destinos a las actividades de bienestar social.

La llegada al poder de los socialistas en 1981 marca el inicio de una aceleración en el crecimiento del gasto social. La vuelta al poder de los conservadores en 1990 endurece las condiciones de acceso y reducción el importe de las pensiones, estabilizando así el gasto social.

Política social en el periodo 1958-1975

El Plan de Estabilización de 1959 tenía un EB inexistente. El cambio de tendencia se produce al abandonar los ppios autárquicos, el aislamiento político y las tensiones sociales creadas por un régimen autoritario e intervensionista.

El cambio más importante en la esfera del gasto social se produce con la aprobación en 1963 no vigente hasta 1967 de la Ley de Bases de Seguridad Social, debido a la insuficiencia de las prestaciones. Reformas subsiguientes acentuaron la tendencia a la unificación de las prestaciones de las mutualidades laborales con la Seguridad Social.

A mediados de los 60’ se crea un sistema de Seguridad Social que supone una aceleración del gasto social.

Crisis y transición: la expansión de los gastos sociales (1975-1985)

En este decenio se experimenta el más rápido proceso de crecimiento de los gastos públicos en la historia de España, pero en un contexto de crisis económica y de transición política.

Aumenta la intervención pública, subvenciones a empresas y las pensiones y el subsidio por desempleo. El mayor crecimiento de los gastos del sistema de Seguridad Social respecto a los ingresos derivados de las cotizaciones, determina un creciente peso de las transferencias del Estado en la financiación de los gastos de SS, especial/ desde 1977.

El ajuste: 1986-1988

En 1986 se produjo la integración en la CE, que exigía el ajuste de las cuentas públicas.

Se tiende a la reducción del déficit conteniendo las prestaciones a particulares y empresas y ayudado por un fuerte crecimiento económico hasta 1991.

Se produjo un descenso del paro y de los subsidios.

El fracaso de la política de contención del gasto: 1989-1993

El cambio de tendencia se explica por factores como:

Expansión del gasto social como rdo de la huelga de 1988 Cambio cíclico de la economía, decelerando el crecimiento hasta ser negativa en 1993 Esfuerzo en inversiones públicas acontecimientos de 1992.

El incremento de las prestaciones por desempleo lleva a una modificación restrictiva en 1992.

Recuperación económica y austeridad 1994-1999

Se prorrogaron los presupuestos del 95 para el 96, por su no aprobación.

El reajuste se fundamento en la reducción cíclica de los gastos por subsidio de desempleo, y descenso de la tasa de cobertura. Congelación de salarios públicos y oferta de empleo público. Reducción del fraude en el cobro de prestaciones.

Teorías explicativas del Estado de Bienestar

Existen dos grupos de teorías explicativas del desarrollo del EB:

  1. Basadas en la seguridad económica. Se sustentan en argumentos económicos y demográficos. Basada en la Ley de Wagner, que predice un crecimiento de la dda de prestaciones y servicios públicos según la sociedad alcanza mayores niveles de desarrollo económico.

  2. Basadas en factores políticos e institucionales. Conflicto social y competencia política. Las actividades de bienestar son resultado de un proceso político en el que convergen intereses sociales, mercados electorales y practicas de presión.

Un Estado de Bienestar Europeo

El proceso de integración europea ha conducido a una pérdida progresiva de la eficacia de las política sociales de los Estados miembros. La falta de correspondencia entre el ámbito político en el que son tomadas las decisiones nacional y el ámbito económico en el que éstas producen sus efectos Europa hace que estas políticas sean en muchas ocasiones ineficaces y en otras contraproducentes. Se podría afirmar que un mercado único requiere un gobierno único si se desea que las políticas que eran eficaces en el ámbito nacional sigan siéndolo en el comunitario.

Es evidente, que sin una mayor integración política, la integración económica es dañina para los ciudadanos europeos, por que conduce gradual/ a que muchas de las políticas públicas logradas durantes años, dejen de ser efectivas. Existen restricciones políticas para lograr un EB europeo, como son:

  • Resistencia de los Estados a ceder soberanía.

  • Temor de que un mayor protagonismo comunitario vaya en detrimento de la diversidad actual, recortando conquistas sociales.

  • La atribución de responsabilidades en políticas sociales a las instituciones comunitarias supone concebir cada vez más Europa como un espacio de solidaridad, entendiendo por tal aquel en el que se producen los flujos de redistribución de renta entre las personas.

Surge por tanto la cuestión de si es compatible descentralización y redistribución, autonomía y solidaridad. ¿Cómo tratar igual a los ciudadanos de un país rico y un país pobre, y al mismo tiempo respetar el derecho de los respectivos gobierno a decidir sus propias políticas? Resulta difícil formular prescripciones o recomendaciones, pero una buena línea sería asegurar la igualdad de oportunidades a los territorios y dejar a estos un amplio campo para decidir la formulación de sus propias políticas.

En la conferencia de Lisboa 2000, se creó el Método de Coordinación Abierta. Se trata de establecer objetivos comunes y realizar un seguimiento de su cumplimiento respetando la diversidad de las políticas de los Estados miembros.

Hasta ahora se ha aplicado en tres campos:

  1. Pensiones.

  2. Inclusión social y lucha contra la pobreza.

  3. Atención sanitaria y a personas de edad.

También se han establecido unos compromisos comunes para que los Estados miembros elaboren indicadores y produzcan un tipo de información ahora inexistente en muchos de ellos.

La implantación de MCA ha tenido dos consecuencias positivas:

  1. Situar por 1ª vez las políticas sociales en el ámbito comunitario europeo.

  2. Crear un mecanismo de cooperación.

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