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01. Tutela procesal civil de los derechos fundamentales

Amparo ordinario y constitucional

Dispone el art. 53.2 CE que todos los ciudadanos podrán recabar la tutela de los derechos fundamentales "ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y de sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el TC".

Principio de subsidiariedad en la protección de los derechos fundamentales, según el cual, en materia de derechos fundamentales, ostentan los Juzgados y Tribunales ordinarios la "primera palabra", en tanto que al TC le asiste la "última".

Por consiguiente, nuestro sistema de tutela de los derechos fundamentales se caracteriza por tener que acudir el ciudadano, en primer lugar, a su Juez legal ordinario a fin de obtener la protección de su derecho fundamental vulnerado y, si no obtuviera de él la tutela, habrá de reproducir su pretensión ante los Tribunales superiores del Poder Judicial hasta agotar dentro de la Jurisdicción ordinaria los medios de impugnación (art. 44.1.a LOTC). Tan sólo cuando su petición de restablecimiento del derecho fundamental vulnerado no fuera atendida por el Poder Judicial estará facultado para recurrir en amparo ante el TC.

Subsiste, así, en nuestro ordenamiento dos tipos de amparo, el ordinario y el constitucional.

El amparo civil ordinario

Procedimiento adecuado

A fin de dar cumplimiento a las exigencias de "preferencia" y de "sumariedad", establecidas en el art. 53.2 de la CE, la Ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (LPJDF) instauró tres conjuntos de "garantías jurisdiccionales", procedimientos especiales, penal, civil y contencioso-administrativo. Sin embargo, las sucesivas reformas de nuestras leyes procesales han dejado sin contenido a la mencionada LPJDF.

Olvidó el legislador instaurar similar procedimiento en la esfera laboral. Hubo que esperar hasta la promulgación de la Ley del Procedimiento Laboral de 1990 para su instauración.

El proceso especial de amparo civil, común a todos los derechos fundamentales (salvedad hecha de los derechos al honor, intimidad y propia imagen, y de rectificación) se encuentra, pues, previsto en el art. 249.1.2º de la LEC.

La pretensión civil de amparo

Pretensión civil de amparo: es la petición de reconocimiento y de restablecimiento de un derecho fundamental, fundada en su violación por un particular y sustanciada en normas del Derecho Constitucional de incidencia en el Derecho Privado. Notas fundamentales del objeto procesal:

La petición

La petición de las pretensiones de amparo, carácter mixto, son: declarativo y de condena. Así establece el art. 55.1 LOTC "La sentencia contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes": a) Declarativa: "reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado" y "declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos"; y, b) De condena: "restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación".

De lo dicho se infiere [deduce] que, tanto en el amparo ordinario, como en el constitucional, no tienen cabida las pretensiones declarativas "puras", porque la función de los Tribunales, en esta materia, no puede quedar limitada a efectuar declaraciones teóricas sobre la existencia de los derechos fundamentales, cuya efectividad está suficientemente proclamada por la propia CE (arts. 9.1 y 10.1). Sin embargo, aunque no sea lo usual, sí podría utilizarse el amparo para la preservación de un derecho fundamental, cuyo ejercicio pudiera fundadamente estimarse en peligro, y así lo declara el art. 41.3 LOTC, en cuya virtud "en el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso".

La fundamentación fáctica

La causa petendi de la pretensión de amparo viene determinada por la vulneración, cometida por los particulares, de un derecho fundamental. Al proceso de amparo tan sólo cabe acudir cuando se ha producido la violación de alguno de los derechos especialmente protegidos por la CE, catálogo de derechos fundamentales, como objeto del amparo los previstos en los arts. 14-29 y 30.2.

La vulneración del derecho fundamental, como regla general, ha de proceder de un órgano del Estado, pues el recurso de amparo surgió en la Historia para proteger al ciudadano frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales cometidas por el Poder Ejecutivo.

La diferencia de la pretensión civil de amparo con las penales, administrativas y laborales radica en que el causante de la lesión o persona contra quien se dirige la pretensión es siempre "un particular".

En la pretensión civil de amparo ordinario, el causante de dicha vulneración no es un poder público (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) del Estado, sino un particular. Podría suceder que el causante de dicha vulneración fuera un funcionario o autoridad pública, pero, en tal caso, el amparo "civil" ordinario tan sólo resultaría procedente, si dicha autoridad pública actuara despojada de su potestad de imperio, porque, en cualquier otro caso, el procedimiento para enjuiciar el amparo ordinario ha de ser el contencioso- administrativo de la LJCA y no el civil contemplado en la LEC. Así, pues, al proceso civil de amparo, tan sólo cabe acudir cuando el sujeto causante de la lesión actúe sometido a las normas del Derecho Privado.

Dicha vulneración, cuando se invoca, por vez primera, ante los Tribunales ordinarios puede efectuarse mediante la individualización del derecho fundamental material infringido (el derecho al honor, la libertad de expresión, etc.) por un particular, y ello, porque, aun cuando el causante de la lesión sea un ciudadano, en el amparo ordinario rige la teoría de la eficacia inmediata de los derechos fundamentales.

Ahora bien, si el Poder Judicial no satisficiera la pretensión de amparo, la invocación de la lesión ante el TC habrá de efectuarse mediatamente también como vulneración del derecho a la tutela, esto es, en calidad de amparo judicial ordinario y como violación del art. 24.1 CE porque el art. 41.2 LOTC impide demandar en amparo exclusivamente a un particular y cuando el Juez ordinario no protege el derecho fundamental infringe dicho Juez el derecho a la tutela.

La individualización jurídica

Todas las pretensiones de amparo han de estar sustanciada en la CE. Los arts. 41.1 y 43.3 LOTC; dispone, en este sentido que "el recurso sólo podrá fundarse en la infracción por una resolución firme de los preceptos constitucionales que reconocen los derechos o libertades susceptibles de amparo".

Pero el amparo civil ofrece la singular característica de que tales normas constitucionales han de tener una incidencia directa en el Derecho Privado, este segundo requisito (art. 249.1.2º LEC). Así, pues, tan sólo cuando no sea un delito, un acto administrativo o laboral los causantes de la lesión, será procedente el amparo civil ordinario. Ahora bien, dicha lesión es preciso que se acometa mediante actos externos y anteriores al proceso.

Si la vulneración se produce por un Juez civil en la esfera del proceso, bien mediante la vulneración de una norma constitucional de carácter material (así, el principio de igualdad del art. 14 CE en la aplicación de una norma civil o el derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE en una entrada civil, dictada al amparo de la "diligencia preliminar"), bien de una norma constitucional procesal (por ej. todas las del art. 24 CE), en realidad no nos encontramos ante una pretensión "civil", sino ante un amparo judicial ordinario del art. 44 LOTC. Las únicas violaciones evidenciables ante el amparo civil ordinario son las de las normas tuteladoras de derechos fundamentales que tengan una incidencia directa en el Derecho Civil.

Los principales exponentes de la pretensión civil de amparo lo constituyen la vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del art. 18.1 y la del derecho de asociación del art. 22.

Legitimación

Activa

Ostentan legitimación activa para interponer la pretensión de amparo y comparecer en el proceso en calidad de parte principal los sujetos de derecho que ostenten un interés legítimo en el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado (art. 249.1.2º LEC, en relación con los art. 24.1 y 162.1.b CE).

Art. 24 CE "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Art. 162.1.b CE "Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal". Art. 249.1.2º LEC "Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el MF y su tramitación tendrá carácter preferente".

Los particulares

El silencio del art. 249.1.2º implica la remisión a las normas generales sobre la capacidad para ser parte, que sí incluyen a los entes sin personalidad jurídica (art. 6.1.5º LEC). Y, en segundo lugar, la directa aplicación de lo dispuesto en los arts. 24.1 y 162.1.b CE, al conferir la legitimación activa a todo sujeto de derecho titular de un "interés legítimo".

El Ministerio Fiscal

El MF goza en todos estos procedimientos de una doble legitimación:

  • Por sustitución, en el caso de los menores y personas desvalidas con respecto a las cuales se produzcan la violación de un derecho fundamental, y

  • Originaria, en su calidad de defensor de las normas constitucionales tuteladoras de los derechos fundamentales (lo que, con independencia de su cualidad de parte, lo convierte en un amicus curiae). Puede interponer con autonomía la pretensión de amparo, está facultado para oponerse a los actos de disposición de la pretensión y puede efectuar la totalidad de los actos de alegación, prueba e impugnación con independencia de los titulares del derecho fundamental.

El Defensor del Pueblo

También está legitimado "ex Constitutione" el Defensor del Pueblo con la legitimación originaria (y, por tanto, con estatus de parte principal).

Pasiva

La legitimación pasiva la asume el particular causante de la lesión, frente al cual se interpone la pretensión de amparo.

  • En el amparo civil ordinario: el sujeto pasivo es un particular.

  • En el amparo constitucional: el sujeto pasivo es un "poder público del Estado".

Competencia

La competencia objetiva la ostentan los Juzgados de Primera Instancia (art. 45 LEC), y la territorial los del "domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate".

Dos fueros legales imperativos y determinantes de la competencia territorial: el fuero del domicilio del actor, siempre que lo tenga en España, y, en su defecto, el de la comisión del hecho lesivo del derecho fundamental (forum delicti commissi), esto es, la demarcación judicial en cuyo lugar se haya producido la vulneración.

Procedimiento

El procedimiento es el del juicio ordinario de la LEC (arts. 249.1.29 y 339 y ss.), preferencia en su tramitación y ejecución provisional (art. 524.5 LEC).

El proceso civil de amparo especial del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen

La tutela de tales derechos fundamentales consagrados en el art. 18.1 de la CE se encuentra regulados por la LO 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la propia Imagen (LODH).

Art. 18.1 CE "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Art. 18.2. CE "El domicilio es inviolable...".

Objeto procesal

En objeto procesal suelen discutirse no uno sino dos derechos fundamentales en conflicto: el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen del ciudadano (art. 18.1 CE), y en de otro el derecho a la información, libertad de expresión o ideológica (arts. 20 y 16.1 CE), del autor de aquella supuesta lesión que, en la práctica, suele ser algún profesional de la información.

En la historia de la jurisprudencia de nuestros Tribunales sobre la protección de tales derechos fundamentales pueden señalarse tres fases o etapas decisivas:

  1. Fase de tutela hegemónica del derecho al honor, que se extiende desde la promulgación de la CE hasta la publicación de la STC 104/1986, y que se caracterizaba por una tutela exclusiva del derecho al honor.

  2. Fase de tutela hegemónica de las libertades de información y expresión: dicha etapa se extiende desde la STC 104/1986 hasta la publicación de la STC de 1990 y, como reacción a la doctrina anterior, se caracteriza por invertir la regla y conferir a las libertades del art. 20 una situación hegemónica (hasta el punto de privar de protección al derecho al honor). Esta doctrina constitucional aparece como consecuencia de la importación de la jurisprudencia del TEDH plasmada en el caso LlNGENS; la doctrina se fundamenta en el principio de proporcionalidad y en el papel preponderante que juega la libertad de expresión en un sistema democrático en el que contribuye a la formación de una opinión pública libre y plural, lo que justificaría, caso de conflicto, siempre el sacrificio del derecho al honor o a la intimidad.

  3. Fase de prevalencia condicionada de las libertades de información y de expresión: en que la anterior doctrina sobre la prevalencia de la libertad de expresión permanece vigente, pero el ejercicio de las libertades del art. 20 no pueden llevar al sacrificio de los derechos del art. 18.1. Esta corrección de la anterior doctrina se inicia con la STC 1990, los derechos en conflicto, con arreglo al principio de proporcionalidad, a fin de decidir cuál ha de ser el prevalente y cuál el objeto de sacrificio.

La pretensión ordinaria de amparo ha de estar sustanciada en la violación de alguno de los derechos fundamentales del art. 18.1 de la CE. Pero, frente a la misma, el demandado puede oponer, en calidad de defensa material y como causa de justificación de la intromisión en el honor, intimidad o imagen del demandante, el libre ejercicio de alguna de las libertades de los arts. 16.1 ó 20 de la CE (libertad ideológica, de información o de expresión). En tal supuesto, el demandado, más que una actitud meramente defensiva, en realidad lo que hace es incorporar al proceso un nuevo objeto o pretensión de amparo de su libertad fundamental, en su opinión vulnerada, es decir, lo que efectúa es una reconvención implícita de una segunda pretensión civil de amparo, que debiera ser objeto de contestación y de articulación de la oportuna actividad probatoria por el primitivo demandante.

Por esta razón, si en este conflicto entre el ejercicio de dos derechos fundamentales, el Juez decidiera tutelar alguno de los derechos del art. 18.1, podrá el demandado-condenado invocar la violación de su libertad ideológica, de información o de expresión y ejercitar, contra la sentencia, los medios de impugnación, incluido en última instancia el recurso constitucional de amparo, transformándose de esta manera el amparo civil ordinario en un amparo "judicial" del art. 44 LOTC

Legitimación

Activa

Legitimación activa: los particulares titulares de tales derechos fundamentales y, en su caso, el MF.

Los particulares

Pueden interponer la pretensión de tutela del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen todos los particulares legitimados para la interposición de la pretensión civil de amparo que ostenten la titularidad originaria o por sucesión testada o intestada de alguno de los derechos del art. 18.2.

A ninguna otra persona, fuera del titular del derecho al honor [se refiere a todos los derechos del art. 18.1 CE], se le puede otorgar interés legítimo para instar judicialmente su restablecimiento. Ello es así, como consecuencia del carácter personalísimo, el derecho al honor es "irrenunciable, inalienable e imprescriptible". El titular del derecho al honor goza del más amplio dominio sobre la pretensión (civil y penal).

Todas las personas físicas, los incapaces y las personas fallecidas gozan de legitimación activa.

Con respecto a éstas últimas, la legitimación activa se efectúa mediante la "sucesión" procesal prevista en los arts. 4-6 LODH. Esta sucesión legal contempla la sucesión testada y la intestada, tanto la sucesión de acciones cuanto la de pretensiones.

La legitimación activa de las personas jurídicas constituye uno de los extremos más polémicos de la tutela de los derechos del art. 18.1 CE. La tesis clásica de la jurisprudencia ha sido la de conferir dicha legitimación activa; pero, este criterio cambió con la STC 107/1988, el TS cambió su jurisprudencia partiendo del carácter personalísimo del derecho al honor; y, por consiguiente, tanto la jurisprudencia del TS, como un sector doctrinal negaron la legitimación a las personas jurídicas.

Hay que tener en cuenta, de lege data [ex lege ferenda: relativo a la ley deseable; y ex lege data: relativo a la ley existente], ni la CE, ni las Leyes ordinarias, no sólo no prohíben, sino que autorizan la legitimación activa de las personas jurídicas para la defensa de su derecho al honor vulnerado. Así, la propia LODH, en su art. 4 faculta al testador a designar a una "persona jurídica" y la propia LO 1/1982 se remite a lo dispuesto en el art. 12.1 LPJDF que manifiestamente confería legitimación activa a las personas jurídicas para la interposición de la pretensión civil de amparo.

En la práctica, STEDH otorgó legitimación activa a una persona jurídico pública; y en STC 214/1991 había legitimado a los miembros de etnias y colectividades de extranjeros para accionar en defensa del honor del grupo, con lo que se llegó a admitir las "acciones de grupo", es decir, la de entes sin personalidad jurídica para la defensa de los "intereses difusos".

Tanto al TS como al TC rectifica y vuelve a la doctrina clásica, es decir, a otorgar a las personas jurídicas la más amplia legitimación activa en la tutela del derecho al honor.

El MF aquí carece de legitimación originaria, estando facultado exclusivamente al ejercicio de la acción por sustitución procesal en interés de los incapaces o de las personas fallecidas cuando no concurra sucesión testada o intestada para el ejercicio de la acción.

Pasiva

La legitimación pasiva la tiene el causante (un particular: persona física o jurídica) de la intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad o propia imagen. Respecto de la responsabilidad de los medios de comunicación por la difusión de informaciones atentatorias al honor, el TS ha recordado que la misma tiene carácter "solidario", lo que supone que el perjudicado puede demandar a cualquiera de los solidarios o a todos ellos, a su elección; no existe, pues, ningún litisconsorcio pasivo necesario Litisconsorcio: cuando en un litigio aparecen varios sujetos en una o ambas partes.

Litisconsorcio pasivo: cuando un solo actor se dirige frente varios demandados.

Prejudicialidad

Dispone el art. 1.2 de la LODH que "el carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial [...]. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito".

Debido a la circunstancia de que las vulneraciones más graves de los derechos fundamentales del art. 18.1 CE están tipificadas como delito (injuria, calumnia, descubrimiento y revelación de secretos...), suelen ocurrir no pocos problemas sobre las relaciones proceso penal y proceso civil dé amparo, los cuales son susceptibles de ser reconducidos a los siguientes supuestos:

  • Incoación de proceso penal con acumulación de la pretensión civil. Si se ha incoado un proceso penal y el perjudicado no ha reservado en el mismo el ejercicio de la acción civil, la Sentencia penal que recaiga producirá también efectos de cosa juzgada en su parte civil dispositiva, por lo que no podrá suscitarse, ni paralela, ni posteriormente proceso civil de amparo alguno.

  • Incoación de proceso penal con reserva de la acción civil Arts. 111 y 112.1 LECRIM en cuya virtud puede el ofendido efectuar dicha reserva. Pero, en tal caso, no podrá incoarse hasta que recaiga sentencia firme en el proceso penal.

  • Incoación de un proceso civil por hechos subsumibles en un delito privado Art. 112.2 LECrim que "si se ejercitase sólo la (acción) civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular, se considerará extinguida la acción penal". Por delitos, que han de ser perseguidos "en virtud de querella particular", tan sólo cabe entender los delitos privados y no los semipúblicos, que únicamente requieren la interposición de denuncia por el ofendido. En tales casos, por el mero ejercicio de la acción civil el legislador entiende que existe una renuncia presunta del ofendido al ejercicio de la acción penal que queda extinguida.

  • Incoación de un proceso civil por hechos subsumibles en un delito semipúblico La redacción dada al art. 1.2 de la LODH, así como la conversión dada por el CP a los delitos relacionados con el art. 18.1 CE en semipúblicos (y, por tanto, necesitados de la previa interposición de denuncia por parte del ofendido por el delito, salvo el caso del epígrafe anterior), han puesto fin a la criticable situación anterior, en la cual el ofendido gozaba de la doble vía jurisdiccional, la penal o la civil; pero, si se decantaba por la vía civil, podía quedar en suspenso el proceso declarativo, si el Juez decidía a limine, como era su obligación, deducir testimonio, en cuyo caso no podía dictar sentencia hasta que se resolviera la cuestión prejudicial penal, pudiéndose producir esta suspensión durante la casación, es decir, una vez recorridas dos instancias, con las dilaciones que ello suponía.

En la actualidad, la obligación judicial de suspender el proceso civil por apreciar una cuestión prejudicial penal no comprende, pues, estos supuestos relacionados con el art. 18.1 CE, por así imponerlo el mencionado art. 1.2 LODH, y, consiguientemente, la víctima de la intromisión ilegítima podrá acudir directamente al proceso civil de amparo sin el temor de que el juzgador proceda a suspender el procedimiento y le remita al proceso penal en contra de su voluntad.

Procedimiento adecuado

Al igual que el amparo civil, el único procedimiento adecuado para deducir esta pretensión es el juicio ordinario de la ley procesal común (art. 249.1.2º). El plazos respecto del tiempo para iniciar este amparo especial: "4 años desde que el legitimado pudo ejercitarlas".

Medidas cautelares

Art. 9.2 contempla todo un conjunto de medidas cautelares innominadas destinadas a obtener "el cese inmediato de la intromisión ilegítima", de entre las que pueden entenderse incluidas "el secuestro de las publicaciones" al que se refiere el art. 20.5 CE.

Sentencia

Junto al reconocimiento del derecho fundamental vulnerado, la Sentencia habrá de adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento que, si se tratara del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueden contener el cese inmediato de la intromisión ilegítima, el reconocimiento del derecho de réplica, la difusión de la sentencia y la condena a la indemnización de daños y perjuicios (art. 9.2), la cual contendrá, además del daño emergente, el "daño moral", para lo cual habrá de valorarse la "difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido" (art. 9.3).

Con independencia de tales requisitos legales, la doctrina legal del TC exige un peculiar deber de motivación derivado, no sólo del deber de tutela (art. 24.1) que conlleva siempre el de motivar las sentencias (art. 120.3), sino del principio de proporcionalidad reclamable ante cualquier limitación de los derechos fundamentales, cuya primera exigencia consiste en efectuar y plasmar en la sentencia una adecuada ponderación entre los derechos o intereses constitucionales en conflicto. Esta ponderación (o "balancing" en la doctrina anglosajona) requiere, en primer lugar, una calificación apropiada del derecho fundamental que pueda erigirse en una causa de justificación del derecho al honor, esto es, de la libertad ideológica, de expresión o de información que, en cuanto a la intensidad del sacrificio de aquel derecho fundamental, ofrecen una valoración decreciente.

Así, en el caso de la libertad ideológica, su único límite constitucional lo constituye "el mantenimiento del orden público protegido por la Ley" y la dignidad e igualdad de las personas (STC 214/1991), por lo que es insuficiente el criterio del animus iniuriandi).

Tratándose de la libertad de expresión, tampoco se encuentra limitada por la veracidad, si bien no ampara el derecho al insulto, estando constitucionalmente condicionada por la dignidad, igualdad e intimidad de las personas.

Finalmente, la libertad de información está constitucionalmente condicionada por todas estas limitaciones (dignidad, igualdad e intimidad), a las que hay que añadir la obligación de "veracidad"; pero esta obligación de veracidad no se extiende a la "verdad objetiva", sino que requiere tan sólo una diligencia especial por parte del periodista a la hora de contrastar sus fuentes de información, encontrando como límite infranqueable la intimidad de las personas o exigencias de que la noticia, aunque sea veraz, ostente "relevancia pública" (SSTC 172/1990...); ha de tenerse también en cuenta, a este respecto, que la denominada clase política está expuesta a la crítica, por lo que, si la noticia es veraz, por muy dura que sea, debe ampararse la libertad de información, permitiéndose siempre, a tal efecto, el ejercicio por el periodista de la exceptio veritatis (STEDH).

Si la sentencia omitiera este juicio de ponderación o, conteniéndolo, no respetara la doctrina del TC al respecto (art. 5.1 LOPJ), será susceptible de amparo judicial a través de los medios de impugnación ordinarios (apelación y casación) y, en su caso, a través del recurso constitucional de amparo.

El proceso civil de amparo sumario del derecho de rectificación

LO 2/1984 LODR nuevo proceso civil especial y sumario de amparo del derecho de rectificación.

Objeto procesal

El objeto de este proceso civil especial lo constituye la pretensión de reconocimiento del derecho de rectificación y la condena a un medio de comunicación social a publicar en dicho medio la rectificación pretendida.

La pretensión ha de fundamentarse en la publicación de una noticia, en un medio de comunicación, que carezca de veracidad y que ocasione un perjuicio al destinatario de la noticia (art. 1 LODR).

La relación jurídico material debatida, al igual que el amparo civil de protección del honor, intimidad y de la propia imagen, ofrece también un marcado carácter bidimensional, pues, en un polo de la relación ha de encontrarse el derecho al honor, perturbado por la inexactitud de la noticia, y, en el otro extremo, el derecho a comunicar libremente información veraz. Como afirma la STC 35/1983 "por su naturaleza y finalidad, el derecho de rectificación... debe ser regulado y ejercitado en términos que ni frustren su finalidad ni lesionen tampoco el derecho que también la CE garantiza a "comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", "el derecho de rectificación, así entendido, además de su primordial virtualidad de defensa de los derechos o intereses del rectificante, supone un complemento a la garantía de la opinión pública libre que establece también el citado precepto constitucional, ya que el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece, más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental protege".

En este procedimiento, queda excluida de la pretensión la indemnización de daños y perjuicios, es exclusivamente la condena al titular del medio a la publicación de la rectificación.

La pretensión ha de estar sustanciada en la violación del derecho al honor del art. 18.1 CE, del que el denominado derecho de rectificación no constituye más que una de sus manifestaciones o, para ser más exactos, una medida de restablecimiento.

Legitimación

Están legitimadas activamente todas las personas, naturales y jurídicas (incluidas las jurídico públicas, como ejemplo, una Universidad) que consideren inexacta y perjudicial una determinada noticia, pudiendo ejercitar la acción el perjudicado, por sí mismo o a través de representante, e incluso los herederos del titular del derecho, si éste falleciera. La legitimación pasiva la tiene el medio de comunicación social, debiendo comparecer en el proceso su director o representante.

Debido a la circunstancia de que el derecho de rectificación no es más que una solicitud de restablecimiento parcial del derecho al honor, todas las notas configuradoras de la legitimación activa y pasiva de este derecho fundamental le han de ser del todo punto aplicables.

Procedimiento adecuado

A diferencia de los demás amparos ordinarios, en los que la pretensión ha de ser ejercitada en el juicio ordinario, el derecho de rectificación sólo puede solicitarse a través del juicio verbal (arts. 250.1.9º y 249.1.2º LEC), con las especialidades contempladas en el art. 6 LODR, norma que no autoriza al actor a interponer la pretensión en ningún otro proceso declarativo. Por consiguiente, si el demandante ejercitara la acción en otro tipo de procedimiento habrá de prosperar la excepción de procedimiento inadecuado.

Actos previos: autocomposición

Si el medio destinatario de la rectificación fuera de la titularidad del Estado, no será necesaria la "reclamación administrativa" previa (art. 7 LODR).

Pero la exoneración de este privilegio del Estado no exime al particular, sea el medio de la propiedad de una persona jurídico pública o privada, de la carga de efectuar el requerimiento de rectificación, con carácter previo a la presentación de la demanda. Se trata de un presupuesto procesal singular de este procedimiento, cuyo incumplimiento faculta al Juez a repeler a limine la demanda, por ser "manifiestamente improcedente" (art. 5.II).

El procedimiento de esta solución "autocompositiva" es el siguiente: los sujetos activos dirigirán al Director del medio un "escrito de rectificación", que contendrá los hechos de la información que se desea rectificar, dentro de los 7 días naturales al de su publicación o difusión, solicitándose similar publicación o difusión del mismo, a lo que deberá acceder el Director, de manera gratuita, dentro de los 3 días siguientes a la recepción del escrito, siempre y cuando el solicitante acompañe a su escrito la documentación que apoya la rectificación que se pretende.

Si, transcurrido dicho plazo, la rectificación no se publica o difunde, o ante la negativa del Director a la publicación o divulgación del escrito, "podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los 7 días hábiles siguientes"; dicho ejercicio también resultará procedente cuando la publicación o difusión se efectúe en forma distinta a la determinada por el art. 2 LODR, si bien ha de tenerse en cuenta que "la rectificación no puede superar en importancia, relieve informativos y extensión al texto de la noticia rectificada si no hay motivos especiales".

Para aquellos supuestos en los que por la periodicidad de la noticia publicada o difundida en el medio de comunicación no sea posible rectificarla en el plazo mencionado de 7 días, el art. 68 LOREG crea una norma especial de tutela del honor de los candidatos o dirigentes políticos en período electoral por la que se obliga, en su caso, al director del medio de comunicación a publicar o difundir la rectificación en el plazo de 3 días "en otro medio de la misma zona y de similar difusión".

Competencia

La competencia objetiva la ostentan los Jueces de Primera Instancia y la territorial se determina a través del fuero del domicilio del actor o del lugar de la dirección del medio de comunicación social, a elección de aquél (art. 4). Presentada la demanda y sin haberle dado traslado de la misma al demandado, el Juez examinará su propia competencia objetiva y territorial, estando facultado para inadmitirla cuando se incumpla este presupuesto procesal (art. 5.II). Pero, en tal caso, el actor goza de un plazo de 7 días para volver a reproducir su demanda ante el Juez competente.

Postulación

En esta modalidad "especial" del juicio verbal no rige la obligatoriedad de comparecer mediante Abogado y Procurador (art. 5.1 LODR). Esta ley, con rango de LO y que, por tanto, no podía verse afectada, dentro de su ámbito propio de reserva de Ley, por la LEC (ley ordinaria) 1/2000, crea una especialidad respecto de lo previsto en la ley procesal común, en la que el demandante sí precisa de la capacidad de postulación (Procurador y Abogado) en los juicios verbales por razón de la materia y por razón de la cuantía, cuando es superior a 900 euros.

Juicio verbal y sentencia

El juicio verbal se sustanciará de forma acelerada (art. 5.II: 7 días para la comparecencia de las partes). Dicha celeridad procedimental se justifica en la finalidad preventiva que atesora este procedimiento: TC "El derecho de rectificación es sólo un medio de que dispone la persona aludida para prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información pueda irrogarle en su honor o en cualquiera otros derechos o intereses legítimos, cuando considere que los hechos lesivos mencionados en la misma no son exactos". No contempla la LODR expresamente la posibilidad de que el Juez pueda disponer medidas cautelares.

El fallo se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación (art. 6.II). Respecto a este extremo, ha afirmado el TC que "la sumariedad del procedimiento verbal... exime sin duda al juzgador de una indagación completa tanto de la veracidad de los hechos difundidos o publicados, como de la que concierne a los contenidos en la rectificación, de lo que se deduce que, en aplicación de dicha Ley, puede ciertamente imponerse la difusión de un escrito de réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad"; de ahí que "la resolución judicial que estima una demanda de rectificación no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos presentada por el demandante, ni puede producir, como es obvio, efectos de cosa juzgada respecto de una ulterior investigación de los hechos efectivamente ciertos". Contra la sentencia cabe recurso de apelación.

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