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04. Tutela procesal laboral de los derechos fundamentales

Introducción

La evolución de la protección judicial de los derechos fundamentales en el orden jurisdiccional laboral es, ciertamente, "original" en comparación con lo acontecido en los estudiados órdenes civil, penal y administrativo. En el ámbito laboral no existió desarrollo del tantas veces citado art. 53.2 CE hasta prácticamente la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, luego derogada por la vigente LPL de 1995.

Concepto y notas esenciales

En la regulación de la LPL, arts. 175 a 182, el proceso de amparo laboral es especial, preferente y "sumario", para la tutela de los derechos fundamentales invocados por los trabajadores o sindicatos y que se promueven en la rama social del Derecho en conflictos tanto individuales como colectivos (arts. 175, 181 y 1 LPL). Notas o características fundamentales:

Es un proceso especial preferente y "sumario"

El amparo laboral es un proceso especial por la peculiaridad de la materia litigiosa destinada a la salvaguarda de los derechos constitucionales previstos en los arts. 14 a 29 y 30.2 CE. Así lo entiende el legislador al regular el amparo dentro del Título II del Libro II de la LPL bajo la rúbrica "De las modalidades especiales" (es decir, de los procesos especiales). La preferencia y urgencia se han regulado en el art. 177.1 tanto en la primera instancia como en la apelación o casación: el amparo laboral es preferente "respecto de todos los (procesos) que se sigan en el Juzgado o Tribunal" de lo Social; y la urgencia se manifiesta en un acortamiento de los plazos, prácticamente a la mitad en relación con el proceso laboral ordinario.

Destinado a preservar o restablecer las vulneraciones a los derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito del Derecho laboral

Los trabajadores o sindicatos, cuyos derechos fundamentales hayan sido conculcados por el empresario en un conflicto de naturaleza laboral, pueden acudir al proceso de amparo previsto en los arts. 175 y ss. LPL.

Debido a la posibilidad de que la parte demandada en un proceso laboral sea una Administración Pública, es necesario poner el acento en que la materia objeto del litigio esté sometida al Derecho Laboral, pues, de lo contrario, podrían surgir problemas de determinación del orden jurisdiccional competente para el conocimiento del proceso de amparo. En este sentido, tres han de ser los criterios de determinación de la jurisdicción: la naturaleza jurídica de la legislación aplicable al caso, la materia objeto del litigio y la condición de empresario.

Para resolver estos supuestos fronterizos será necesario acudir, en primer lugar, a las normas de determinación de la jurisdicción previstas, de un lado, en la LOPJ (art. 9) y, de otro, en las Leyes procesales administrativa y laboral; y, en segundo, a la abundante jurisprudencia existente sobre esta materia dictada por las Salas 3ª y 4ª del TS.

Regulación legal

La LPL regula el proceso de amparo laboral en los arts. 175 a 182, dentro del Capítulo XI "De la tutela de los derechos de libertad sindical", del Título II "De las modalidades especiales", del Libro II; para lo no previsto en el Título II, regirán con carácter supletorio "las disposiciones establecidas para el proceso ordinario"; del mismo modo, en defecto de regulación específica rigen las normas comunes de la LEC.

La imprecisión de la rúbrica del mencionado Capítulo XI se corrige con en el art. 181 LPL ("Demanda de tutela de otros derechos fundamentales"), precepto que extiende las normas previstas para el proceso de amparo laboral a "los demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio".

Finalmente, el art. 182 prevé que "no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de Estatutos de los Sindicatos o de su modificación y las de impugnación de convenios colectivos en que se invoque lesión de la libertad sindical u otro derecho fundamental se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente". Por consiguiente, al tenor de la citada norma, las demandas a que se refiere habrán de tramitarse por los siguientes procesos especiales, todos ellos contenidos en el Título II del Libro II LPL, toda vez que, sólo a través de ellos se tutelan los derechos fundamentales.

Como puede observarse, la amplitud de las materias a las que alude el art. 182 es tal que implica, de hecho, reducir el amparo laboral del Capítulo XI a lo fielmente recogido en su rúbrica, es decir, a la tutela del derecho fundamental a la libertad sindical. Los demás derechos fundamentales habrán de tramitarse a través de sus respectivos procesos especiales. Ello provoca no pocos problemas a la hora de determinar las normas aplicables al específico proceso en el que se invoca la lesión del derecho fundamental.

El problema de la determinación del procedimiento aplicable

En el proceso especial de amparo laboral se suscitan los mismos problemas que en el amparo administrativo, tales como el conocido tema de la posibilidad de acudir simultánea, sucesiva o alternativamente al proceso especial o al ordinario.

Alternatividad en los procesos a seguir

Es indiscutible, tanto al nivel doctrinal, como jurisprudencial que el trabajador o sindicato que considera vulnerado un derecho fundamental por parte del empresario pueda acudir directamente al amparo laboral o, por el contrario, iniciar un proceso ordinario.

El titular del interés legítimo respecto del derecho fundamental conculcado puede iniciar directamente el amparo laboral para beneficiarse de la preferencia y de la mayor rapidez en comparación con el proceso ordinario. Sin embargo, los inconvenientes que se le presentan, al escoger esta modalidad procesal, son los comunes a todos los amparos, es decir, la necesidad de que el actor "encorsete" su demanda sólo invocando derechos fundamentales, pues, de lo contrario, su petición será rechazada mediante una resolución interlocutoria que aprecie la inadecuación del procedimiento (art. 177.4 LPL) o mediante resolución de fondo desestimatoria por inexistencia de la pretendida lesión.

Si el actor opta por acudir al proceso de amparo, es preciso, a su vez, respetar lo dispuesto en el art. 182 LPL, pues esta norma obliga a acudir a los antes citados procesos especiales, lo que ha provocado la "desertización" del amparo laboral reduciéndolo a lo afirmado en su rúbrica, esto es, a la tutela del derecho a la libertad sindical.

El problema que se suscita en estos supuestos consiste en la necesidad de una interpretación conjunta y armónica de los citados procesos especiales (en materia de despido, vacaciones, materia electoral, etc.) con el art. 53.2 CE y con el amparo laboral que lo desarrolla. En consecuencia, la conformidad del art. 182 LPL con la CE exige que las especialidades previstas en los arts. 175 y ss. LPL también hayan de regir en los procesos especiales a los que aquella norma se remite.

Así, también los procesos especiales del art. 182 basados en posibles vulneraciones de derechos fundamentales han de gozar de preferencia en su tramitación, ha de intervenir el MF como parte imparcial, también será posible la presencia sindical en calidad de coadyuvante del trabajador activamente legitimado como parte demandante principal, y las demás especialidades relativas a la medida cautelar de la suspensión del acto impugnado, el agravamiento de la carga de la prueba del empresario demandado, los específicos efectos de las Sentencias estimatorias y la viabilidad del recurso de suplicación por razón de la materia de amparo.

Del mismo modo, el demandante de amparo puede optar por acudir al proceso común, en lugar del amparo, para acumular en su pretensión tanto las pretensiones basadas, tanto en normas reguladoras de los derechos fundamentales, como en cuestiones de legalidad laboral ordinaria. Además, si bien es cierto que el proceso ordinario no es preferente y no es de tramitación tan acelerada, también lo es que, ello no obstante, se trata de un procedimiento rápido inspirado en los principios de oralidad, inmediación y concentración. Todas estas razones aconsejan acudir a este tipo de proceso para no sufrir la antes mencionada limitación del objeto procesal.

Los problemas de la utilización sucesiva o simultánea del proceso de amparo y el ordinario

El problema de la utilización sucesiva de los procesos, de las dos posibilidades existentes (acudir primero al amparo y luego al ordinario, o a la inversa). En primer lugar, no es viable acudir al proceso laboral ordinario y, después, al proceso especial de amparo, puesto que la Sentencia dictada en un proceso de cognición ilimitada, como es el primero, produce efectos de cosa juzgada en el amparo. En segundo lugar, la posibilidad procesal de acudir primero al amparo laboral y, después, al proceso ordinario es no sólo factible, sino que ha sido afirmada por la jurisprudencia del TS. Esta posibilidad solamente es viable en el supuesto de que en el proceso ordinario posterior el actor limite su pretensión a cuestiones de mera legalidad ordinaria que, lógicamente, no han podido fundamentar la pretensión de amparo.

Finalmente, resta por examinar el problema de la utilización simultánea de los procesos de amparo y el común. Se trata de una cuestión discutida por la doctrina, puesto que autores como Baylos Grau y otros sostienen su improcedencia alegando problemas de litispendencia y de inseguridad jurídica al poder dictarse sentencias contradictorias.

En conclusión, puede afirmarse que al actor no le resultaría útil acudir a ambos procesos al mismo tiempo, tanto por el coste que le representa iniciar dos procesos en lugar de uno solo, como por la facultad del tribunal de acumular de oficio ambos procesos o la posibilidad del demandado de oponer la excepción de litispendencia en el acto del juicio oral. Sin embargo, desde un punto de vista teórico, la cuestión es discutible. Por un lado, la propia LPL no prohíbe esta posibilidad y, así, podríamos citar, tanto el art. 175.1 (el actor "podrá" acudir al amparo laboral), como el art. 182, en una interpretación a contrario. En cuanto al problema de la litispendencia, ésta no se produciría si el actor, que insta simultáneamente ambos procesos, se ciñera en el amparo a invocar derechos fundamentales y, en el proceso ordinario, a fundamentar su pretensión en cuestiones distintas de aquéllas basadas en normas de mera legalidad ordinaria laboral. Finalmente, en relación con la inseguridad jurídica que provocaría el riesgo de resoluciones contradictorias, entendemos que no existe tal riesgo, pues la causa petendi es distinta en ambos procesos; y tampoco existiría cosa juzgada por diferir las pretensiones esgrimidas en los dos procesos.

Lo que resulta evidente es la imposibilidad de acudir al amparo y a cualquiera de los procesos especiales del citado art. 182 con carácter simultáneo, ya que esta norma lo prohíbe expresamente, siendo necesario iniciar, en todo caso, tales procesos especiales.

Art. 182 LPL "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación y las de impugnación de convenios colectivos en que se invoque lesión de la libertad sindical u otro derecho fundamental se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente".

Conclusión

En el ámbito del proceso laboral de amparo es posible sostener las tres posibilidades, es decir, la utilización alternativa y sucesiva (con el visto bueno de la Sala 4ª del TS) y, por las mismas razones que admiten esta última vía, también con carácter simultáneo del proceso de amparo y el ordinario. Sin embargo, a efectos prácticos y lógicos, el problema del procedimiento aplicable debería decantarse por la utilización con carácter alternativo de uno u otro proceso. En este sentido se pronuncia un sector de la jurisprudencia que nos parece el más correcto.

Objeto

La LPL regula el objeto del proceso de amparo laboral: el art. 176 "Derecho a la libertad sindical", el art. 181 "Demanda de tutela de otros derechos fundamentales" y el art. 180.1 al referirse al contenido de la Sentencia estimatoria de la demanda de amparo.

Como quiera que la pretensión de amparo laboral coincide con la del amparo civil, a su estudio nos remitimos (ver lección 1ª, epígrafe II.2). En este momento nos limitaremos a destacar las especialidades recogidas en la Ley procesal laboral.

Llama la atención la contradicción existente entre los arts. 176 y 181, ya que el primero limita la individualización jurídica de la pretensión de amparo al derecho fundamental a la libertad sindical, mientras que el segundo la extiende a todos los demás derechos fundamentales.

El citado art. 176 (en relación con el 181) insiste en la necesidad de que toda pretensión de amparo se limite, tanto desde el punto de vista fáctico, como jurídico, a solicitar la preservación o el restablecimiento de los derechos fundamentales, "sin posibilidad de acumulación de acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela de la citada libertad".

La sanción, para el caso de que el actor incumpla esta carga procesal, será o la inadmisión de la demanda o su desestimación mediante Sentencia.

La pretensión de amparo tendrá un contenido mixto, declarativo y de condena. A través de ella, el actor no sólo solicitará el reconocimiento del derecho fundamental que considera ha sido conculcado por el empresario, sino, además, la nulidad radical del acto u omisión del empleador objeto de dicha vulneración (v.gr. el despido), la condena al demandado a realizar una concreta actividad, la reposición al momento anterior a producirse la violación de su derecho y la condena a pagar una determinada indemnización por daños y perjuicios.

En la fundamentación fáctica de la pretensión, el demandante deberá dirigir su demanda de amparo frente al empresario, que, como vimos, podrá ser un particular o una Administración Pública.

Legitimación

Activa

A tenor del art. 175.1 LPL "Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo considere lesionados los derechos de libertad sindical podrá recabar su tutela a través de este proceso cuando la pretensión sea de las atribuidas al orden jurisdiccional social".

Personas físicas

Partes principales los trabajadores (art. 175 LPL), pero también cualquier otra persona que, sin ostentar dicha condición, alegue ser titular del derecho fundamental que invoca como violado, dentro del ámbito del derecho laboral.

Personas jurídicas, grupos o entes sin personalidad jurídica

Los Sindicatos están también activamente legitimados, en calidad de parte principal, cuando ostentan un interés legítimo propio y distinto del de sus concretos afiliados. Así sucede, por ejemplo, cuando demandan "el reconocimiento de sus prerrogativas y garantías a favor de sus representantes en el Comité de Empresa y, además, de todos sus trabajadores afiliados en la empresa" o cuando en un conflicto colectivo tienen "un interés genérico, abstracto, que reside en un grupo no determinado y no individualizable de trabajadores, que se identifica con datos objetivos, como son el de tener determinada edad, estatura, visión, adecuada imagen y ser aspirantes al ingreso en la empresa, colectivo que es el sujeto pasivo de la presunta conducta discriminatoria y, no se trata por tanto de la defensa de un interés puramente individual que lesiona al trabajador en su condición de tal" (STS 4ª de 1999).

El sindicato está igualmente legitimado para actuar en calidad de coadyuvante, cuando el trabajador (actor principal) pertenezca a dicha organización sindical, "o cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo" (art. 175.2). Ello significa que pueden actuar como partes activas, pero accesorias o subordinadas al demandante de amparo, por ostentar un título de legitimación distinto e inferior al de éste, lo que provoca que no puedan "recurrir ni continuar el proceso con independencia de las partes principales" (art. 175.2 in fine LPL).

Los sindicatos, no sólo pueden comparecen como coadyuvantes en el amparo laboral de tutela de la libertad sindical (art. 175.2 LPL), sino también en todos los demás amparos relativos a otros derechos fundamentales, siempre que tengan un interés legítimo respecto del derecho fundamental por el actor invocado; y ello, a pesar de que las específicas normas no prevean esa posibilidad (art. 182), pues respecto de tales procesos especiales (principalmente, por su importancia cuantitativa, el de despido) han de regir, también, las especialidades previstas en los arts. 175 y ss. LPL.

Por el contrario, la jurisprudencia del TC ha negado la legitimación activa de los Comités de empresa y de los delegados de personal, al afirmar que "la titularidad originaria del derecho fundamental contemplado en el art. 28.1 CE pertenece a los sindicatos".

Excepcionalmente, también la empresa podría estar activamente legitimada para iniciar un amparo laboral cuando solicita el reconocimiento de su derecho a no revelar los datos salariales y de cotización de los trabajadores que no han otorgado al efecto su consentimiento expreso a petición del Comité de Empresa.

Finalmente, conforme al art. 16.5 LPL, y por imperativo constitucional, "las comunidades de bienes y grupos" están activamente legitimados y "comparecerán quienes aparezcan como organizadores, directores o gestores de los mismos." C) El Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo El MF, art. 175.3 LPL "será siempre parte" y necesaria su presencia en todos los amparos laborales. El fiscal actúa como "parte imparcial" y, por tanto, podrá defender la demanda de amparo o sostener la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales.

El DP, pese al silencio de la LPL, está legitimado para interponer demandas de amparo ante el orden jurisdiccional laboral (art. 126.1.b CE), como así lo ha hecho en varias ocasiones, sobre todo durante los años ochenta y principios de los noventa.

Pasiva

Según el art. 180.1 LPL, la Sentencia estimatoria de la demanda de amparo declarará la nulidad radical de la conducta del "empleador, asociación patronal, Administración Pública o cualquier otra persona, Entidad o corporación pública o privada". Consiguientemente, está legitimado pasivamente la persona causante de la lesión del derecho fundamental, que puede ser una persona física o jurídica, privada o pública, o ente sin personalidad jurídica, es decir, un empresario, una Administración Pública (como, v.gr., una Universidad o Ente Pública RTVE o, incluso, un Sindicato o el Comité de Empresa).

La STS "la legitimación deriva de la especial situación de la parte litigante con respecto a la relación jurídico material llevada al proceso. Se ostenta la pasiva cuando quien ha sido demandado es pasivamente titular de dicha relación o, dicho de otro modo, cuando en función de la posición que ocupa en una determinada situación jurídica, cabe exigirle el contenido de la pretensión interpuesta, en tanto que titular del deber cuyo cumplimiento con aquélla se pide".

Competencia

La competencia objetiva y territorial la tiene, con carácter general, el Juzgado de lo Social en cuya circunscripción, provincial se haya producido la lesión del derecho fundamental; cuando dicha lesión excede el ámbito provincial, pero no supera el de la Comunidad Autónoma en donde se ha producido, conocerá en primera y única instancia la Sala de lo Social de ese TSJ; por último, cuando la lesión supera los límites territoriales de la Comunidad Autónoma conocerá, también en instancia única, la Sala de lo Social de la AN (art. 8 LPL).

La competencia funcional la tienen las Salas de lo Social de los TSJ para conocer del recurso de "suplicación" (un recurso devolutivo y extraordinario) respecto de las Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción y la Sala Cuarta del TS para conocer del recurso de casación contra las Sentencias dictadas en única instancia por los TSJ y la AN (LPL).

Procedimiento

Iniciación: la demanda de amparo

El proceso especial de amparo laboral comienza mediante la formulación de un escrito de demanda que ha de reunir los requisitos contenidos en el art. 117, apartados 2 y 3 LPL. Además de las especialidades que se verán a continuación, es también relevante destacar otras que no se recogen en el Capítulo XI de LPL.

Presupuestos procesales de la actividad

El demandante de amparo no tiene la carga procesal de agotar la vía administrativa previa, cuando dirija su demanda contra una Administración Pública, ni tampoco acudir con carácter preceptivo a la conciliación previa ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (art. 64.1 LPL).

Del mismo modo, en el caso de que la actuación del empresario sea, además de contraria a los derechos fundamentales, constitutiva de delito, si el actor opta por acudir a la vía procesal laboral "en ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos" (art. 86.1 LPL).

La LPL no regula un plazo común para el ejercicio de la acción de amparo, sino que se remite en su art. 177.2 a los plazos comunes de prescripción o de caducidad de la acción previstos para la conducta o acto sobre los que se concreta la lesión del derecho fundamental. Excepcionalmente, por la trascendencia del objeto litigioso, el mes de agosto se considera hábil para el cómputo de los días para el ejercicio de la acción (art. 43.4 LPL).

El actor ha de estudiar, pues, los específicos plazos aplicables al caso concreto de la alegada vulneración del derecho fundamental; también deberá tener en consideración si el plazo previsto es de prescripción o de caducidad, pues la segunda es un presupuesto procesal controlable de oficio, mientras que el plazo de prescripción no lo es y sólo puede examinarlo el juzgador cuando el demandado lo alega.

STS de 2000 "como ha reiterado el TC "la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales como derechos de la persona no es óbice para que, tanto en aras de la seguridad jurídica como para asegurar la protección de los derechos ajenos, el legislador establezca plazos de prescripción determinados para las acciones utilizables frente a la vulneración concreta de uno de estos derechos", teniendo siempre en cuenta que dicha prescripción "en modo alguno puede extinguir el derecho fundamental de que se trate, que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura, sino que significará tan sólo que ha transcurrido el plazo dentro del cual el ordenamiento le permite reclamar jurisdiccionalmente ante una presunta y determinada violación".

Especialidades relativas a su contenido (art. 177.3)

El actor debe expresar "con claridad" los hechos constitutivos de la vulneración del derecho o derechos fundamentales que alega. En todo lo demás, rige lo previsto en el proceso común respecto del contenido de la demanda (art. 80 LPL).

La demanda es un acto de postulación escrito, que contiene el derecho de acción y la pretensión, y en el que el demandante ha de identificar al órgano judicial al que dirige su escrito, seguido de un encabezamiento en el que incluirá todos los datos que sirven para identificarse a sí mismo y al demandado o demandados, introducirá ordenada y numeradamente los hechos constitutivos de la vulneración padecida en su derecho fundamental, los fundamentos de derecho y una petición congruente con la pretensión ejercitada.

Es crucial que el actor o demandante convenza al juzgador de que su pretensión está relacionada con la tutela de los derechos fundamentales, pues, de lo contrario, el Juez no admitirá a trámite su demanda; y tiene la carga procesal de alegar y de convencer (o, al menos, crear la duda) al juzgador de que pretensión ha sido correctamente encauzada a través del proceso especial de amparo.

Medidas cautelares (art. 178)

El art. 178 LPL regula una medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del acto impugnado. Esta medida admite la suspensión sólo "cuando se trate de presuntas lesiones que impidan la participación de candidatos en el proceso electoral o el ejercicio de la función representativa o sindical respecto de la negociación colectiva, reestructuración de plantillas u otras cuestiones de importancia trascendental que afecten al interés general de los trabajadores" y siempre y cuando dichas lesiones puedan causar daños de "imposible reparación".

Se trata de una medida de tramitación especialmente acelerada, pues el juzgador, en el día siguiente a la admisión de la demanda, citará a las partes y al MF a una audiencia sobre la misma, que tendrá que celebrarse dentro de las 48 horas siguientes. El objeto de dicha audiencia únicamente se reduce al debate acerca de la resolución de la cautela solicitada, por lo que las partes han de limitar sus alegaciones y pruebas a dicho extremo. El Juez resolverá en el acto mediante auto dictado de viva voz.

Lo que no aclara dicho precepto es, si esta excepcional medida cautelar sólo puede solicitarse respecto del derecho fundamental a la libertad sindical del art. 28 CE o, por el contrario, si es extrapolable a las demás vulneraciones de los derechos fundamentales, vía el art. 181 LPL. La jurisprudencia menor extiende la tutela de "todos" los derechos fundamentales.

Con independencia de esta medida cautelar, el actor podría también solicitar cualquier otra (así, el embargo preventivo previsto en el art. 79 LPL). También serían de aplicación con carácter supletorio las normas previstas en la Ley procesal civil en materia de medidas cautelares (arts. 721 y ss.)

Fase de admisión

El art. 177.4 LPL ha creado una fase dedicada al control de la admisibilidad de las demandas deducidas para la tutela de los derechos fundamentales. Este filtro es, sin embargo, más estricto que el administrativo, pues el Juez o la Sala resuelve en el acto (sin citación a las partes a una vista para el debate contradictorio de tan crucial decisión).

El contenido de dicha resolución puede consistir: en primer lugar, en la admisión de la demanda a trámite, en cuyo caso continúa el procedimiento de amparo; en segundo lugar, si estima que existen defectos subsanables en la demanda, los advertirá al demandante para que los corrija en el plazo de 4 días, con el apercibimiento de que, en caso contrario, ordenará su archivo (arts. 177.4 y 81.1 LPL); en tercer lugar, si estima que la demanda ha sido indebidamente planteada por carecer de contenido constitucional, podrá de oficio dar a la misma la tramitación oportuna si fuera competente para su conocimiento y si el contenido de la demanda lo permitiera; y, finalmente, puede dictar un Auto de inadmisión "de plano" de la demanda. Esta última, y drástica, posibilidad sólo podrá ordenarla cuando estime que el procedimiento seguido no es el propio del proceso de amparo. El art. 177.4 también establece la necesidad de que el juzgador indique al actor "el derecho que le asiste a promover la acción por el cauce procesal correspondiente".

Contra el auto de archivo cabe interponer recurso de reposición si ha sido dictado por un Juzgado o de súplica si lo ha sido por un Tribunal (arts. 184 y ss. LPL).

La inadmisión de la demanda procede sólo cuando el juzgador tiene la certeza de que no existe vulneración de derecho fundamental alguno, por tratarse de un problema de legalidad ordinaria, o cuando el actor ha obrado en fraude de Ley o de mala fe. Pero salvo en esos casos, no cabe tal declaración cuando se ejercita formalmente una acción de tutela de un derecho fundamental, siendo obligado entrar a resolver sobre la lesión denunciada, sin que tal resolución de admisión prejuzgue el futuro contenido de la Sentencia.

Alegaciones y prueba (art. 179 LPL)

Una vez admitida la demanda y, en su caso, resueltas las peticiones relativas a las medidas cautelares, el juzgador convoca a todas las partes (demandante, demandado y al MF) a una Vista. De conformidad con el principio de "sumariedad" (o aceleración del procedimiento de amparo), el art. 179.1 reduce los plazos para la celebración de dicha audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo "improrrogable" de los 5 días siguientes al de la admisión de la demanda.

La audiencia comienza con un intento de conciliación y, en el caso de no lograrse ésta, con el juicio propiamente dicho. El actor habrá de ratificar su demanda escrita (también podrá ampliarla, pero no modificarla en lo sustancial -art. 85.1 LPL) y el demandado, oralmente, afirmará o negará los hechos alegados por el actor en su demanda y opondrá las excepciones que a su derecho convengan. El Fiscal, a la vista de lo afirmado por el actor y de la resistencia del demandado, informará sobre la existencia o no de la vulneración constitucional objeto del amparo.

Una vez concretados los hechos discutidos (el objeto o tema de la prueba) y el derecho aplicable, el actor tiene la carga procesal de probar la existencia de "indicios" de la vulneración del derecho fundamental, pues, de lo contrario el tribunal desestimará su demanda. Si el juzgador estima la concurrencia de tales indicios, el demandado tiene la carga de probar la "justificación objetiva y razonable" de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Una vez superada la carga probatoria del actor, recae sobre el demandado la carga de acreditar que su actuación "tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios". En el supuesto de que el demandado no cumpla con la citada carga o que dicho cumplimiento sea insuficiente como para desvirtuar los indicios acreditados por el actor, el tribunal dictará Sentencia estimatoria de la vulneración por éste alegada.

Sentencia, medios de impugnación y costas

Tras la finalización del juicio oral, el Juzgador dictará Sentencia en el plazo de 3 días. El contenido de la Sentencia habrá de ser congruente con la pretensión de amparo y con la resistencia opuesta por el demandado y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 180.1 LPL, "declarará o no la existencia de la vulneración denunciada".

El contenido de la Sentencia estimatoria es, al igual que la pretensión, mixto: declarativo y de condena. Aunque la Ley guarde silencio respecto del contenido declarativo, es evidente que, para que el Tribunal declare la nulidad del acto impugnado, es previamente necesario que estime la vulneración del derecho fundamental invocado por el actor.

El contenido de condena consistirá en anular la actuación del empresario, ordenar el cese inmediato de la misma (v.gr. el cese del funcionamiento de una cámara de grabación de imagen y sonido ubicada en el sótano-parking del edificio de la empresa) y reponer la situación al momento anterior a producirse el mismo (por ejemplo, el derecho del demandante a una jornada de trabajo a tiempo completo y al reintegro de las cantidades dejadas de percibir), así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Respecto de la indemnización, STS "que no es necesario probar que se ha producido un perjuicio para que nazca el derecho al resarcimiento sino que, por el contrario, una vez acreditada la vulneración del derecho fundamental se presume la existencia del daño y debe decretarse la indemnización correspondiente." El Tribunal dispone de un margen de discrecionalidad para la cuantificación del citado daño moral; margen que deberá concretar con base en determinados parámetros, tales como las circunstancias concurrentes en el caso, la naturaleza de la lesión y el período de tiempo que dura el comportamiento anticonstitucional.

Contra las Sentencias dictadas por los Juzgados de lo social sólo cabe interponer recurso de suplicación ante las Salas de lo Social de los TSJ. La Sala 4ª del TS conocerá del recurso de casación contra las Sentencias dictadas en única instancia por los TSJ y la AN.

También es interesante recordar la oportunidad de interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina contra las Sentencias dictadas por los TSJ en suplicación, pues si el TS dicta Sentencia estimatoria puede alcanzar a las "situaciones jurídicas particulares creadas por la Sentencia impugnada", es decir, anular totalmente la Sentencia dictada en suplicación y confirmar la de primera instancia. Es por ello que, la utilización de este recurso puede convertirse en presupuesto procesal del amparo, pero sólo "cuando no quepa duda respecto de la procedencia y posibilidad real y efectiva de su interposición, así como de su adecuación para reparar la lesión de los derechos fundamentales invocados en la demanda de amparo".

En materia de costas, rige el principio de la temeridad o mala fe (art. 97.3 LPL), con dos particularidades: el importe máximo de la condena no podrá exceder los 600 euros en la instancia y, si el condenado en amparo fuera el empresario, deberá abonar, en su caso, también los honorarios de los abogados.

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