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08. La demanda de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (I)

Introducción

La ratificación por España del llamado CEDH y del Protocolo nº 11 al mismo, que ha remodelado el sistema de protección, ha conferido a quienes se consideran víctimas de una vulneración de los derechos fundamentales que el Convenio reconoce atribuible a resoluciones o actos finales de las autoridades españolas, el derecho de acudir al TEDH (Estrasburgo -Francia) para la protección del derecho que estima conculcado. Se trata de una forma singular de amparo de los derechos y libertades individuales que se ejercita ante una instancia internacional y que se inserta en el sistema procesal español en virtud del consentimiento del Estado prestado por la ratificación de un tratado internacional en materia de derechos humanos, con unos efectos derivados del mismo tratado y del ordenamiento jurídico español.

Normativa de aplicación

La fuente normativa primordial de este proceso está constituida, por tanto, por este Convenio, que es un tratado internacional de ámbito regional europeo, cuya denominación oficial es "Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades individuales". El CEDH fue elaborado en el seno del Consejo de Europa y ofrecido a la firma de los entonces once Estados miembros en Roma 1950, y entró en vigor en 1953.

En la actualidad son 44 los Estados europeos miembros. El texto originario está modificado por trece protocolos (este último de fecha de 2002) que, en los 50 años de su vigencia, lo han complementado o modificado, de los que los Protocolos núms. 1, 4, 6, 7, 12 y 13 amplían la lista de derechos y libertades individuales que el CEDH reconoce en su Título I (arts. 2 al 14). La reforma sustancial se ha llevado a efecto por el citado Protocolo nº 11, que refunde la anterior Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una única instancia, el TEDH.

España firmó el CEDH 1977 y lo ratificó por Instrumento depositado 1979. Desde esta fecha forma parte integrante del ordenamiento jurídico español (art. 96. 1 CE y art. 1.5 CC). Las normas relativas a los derechos fundamentales que la CE reconoce son, por otra parte, fuente de interpretación de las normas constitucionales relativas a esos derechos fundamentales y libertades públicas (art. 10.2 CE).

La jurisprudencia del TEDH constituye otra fuente normativa. El CEDH parte en su Preámbulo de la DUDH, proclamada por Naciones Unidas de 1948, y de su aspiración de "asegurar el reconocimiento y la aplicación universal y efectiva de los derechos en ella enunciados" para expresar la voluntad de los Estados signatarios del Consejo de Europa de "asegurar una garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal".

Fuente de interpretación es también el PIDCP de Nueva York de 1966, España lo ratificó 1977.

El CEDH es un Tratado emanado del Consejo de Europa, ofrecido a la firma de los Estados miembros de esa organización europea, vigente en tanto sean miembros de esa Organización. Al tratarse de un tratado internacional, la interpretación de las normas del CEDH por el TEDH sigue las reglas de Derecho internacional sobre interpretación de los tratados recogidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, es ratificado por España en 1969.

Concepto y naturaleza jurídica

El proceso ante el TEDH es un instrumento jurídico internacional para la protección de los derechos fundamentales y libertades que el Convenio y sus Protocolos reconocen, que opera como una garantía colectiva europea suplementaria del sistema de protección nacional que los Estados miembros se autoimponen con su libre aceptación.

Es un proceso de amparo internacional del derecho o libertad que se alega violado por actos o decisiones de las autoridades del Estado demandado (el amparo ante el TC es recurso de casación "especial", mientras que en el TEDH es un proceso autónomo de ámbito internacional) mediante un proceso contradictorio que termina, en su caso, por una sentencia declarativa sobre la violación invocada.

Cuando el TEDH constata la existencia de la violación del CEDH, y en el supuesto de que el ordenamiento jurídico nacional sólo permita de manera imperfecta la reparación de las consecuencias de dicha violación, puede conceder una "satisfacción equitativa" a la parte perjudicada (art. 41 CEDH), que ha de ser cumplida por el Gobierno demandado bajo la vigilancia del Comité de Ministros del Consejo de Europa (art. 46.1 CEDH).

Esta singularidad del proceso establecido en el CEDH para dirimir la vulneración alegada ("recurso" en la terminología del art. 13 CEDH) descansa en la naturaleza dual de esta forma de protección jurisdiccional de los derechos y libertades individuales que es, a la vez, de Derecho internacional y de orden interno. En efecto, el sistema de protección y los efectos del proceso se derivan de un tratado internacional, pero el propio sistema de protección ha de recurrir al sistema jurídico interno del Estado demandado, ya que aquél carece de la autonomía necesaria para la ejecución de las sentencias estimatorias por el TEDH dictadas.

El Estado que acepta el CEDH, lo integra en su ordenamiento jurídico, según el art. 1 CEDH, de "reconocer a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio". Como consecuencia, el Estado como Alta Parte en el Convenio o en los Protocolos que lo complementan, se obliga internacionalmente a respetar estos derechos "dentro de su jurisdicción" y a esa salvaguarda ha de ajustarse la actuación de todas sus Autoridades y funcionarios mediante la aplicación directa del CEDH (art. 96. 1 CE), y por el establecimiento de un sistema de protección jurídica ante sus autoridades. Una vez agotada la vía nacional interna, la víctima de la vulneración puede acudir al TEDH cuando considere que la Alta Parte Contratante sigue desconociendo su derecho. El art. 35 CEDH establece como "condición de admisibilidad" de la demanda individual, el agotamiento de las vías de recursos internos. Esa condición expresa el carácter subsidiario, respecto del derecho interno, del amparo europeo.

En STS de 1990, el TEDH no es un órgano supranacional judicial, ni actúa como un tribunal nacional de última instancia; en todo caso sus sentencias son declarativas y no pueden ser ejecutadas directamente al no existir una ley que así lo establezca. Sin embargo, en STC de 1991 estimó que las sentencias estimatorias del TEDH son de obligado cumplimiento y el recurso de amparo es el único medio para determinar el alcance de la ejecución, con capacidad para revocar la sentencias firmes de los tribunales españoles cuando el TEDH declare que ha existido una violación de un derecho reconocido en el CEDH, que esté también proclamado en la CE, y no sea posible de otro modo la reparación mediante una indemnización.

Caracteres

El proceso de amparo europeo presenta en el ordenamiento español los caracteres siguientes:

Es un proceso de amparo internacional de derechos fundamentales, puesto que la demanda inicial se interpone ante una instancia internacional europea y se dirige contra el Estado cuyas autoridades o funcionarios son causa final de la violación del derecho fundamental invocada. Este proceso se sitúa fuera del sistema jurisdiccional español, lo que excluye su naturaleza casacional e incluso de "recurso", ya que no se interpone contra las resoluciones de los tribunales o autoridades nacionales, sino objetivamente por la vulneración de un derecho fundamental garantizado por un tratado internacional.

El sistema de protección viene establecido en un tratado internacional por el que el Estado se obliga ante los demás Estados del Consejo de Europa a respetar:

  • Los derechos y libertades del Título I del CEDH y en los Protocolos que lo amplían (art. 1 CEDH);

  • A no poner traba al ejercicio eficaz del derecho al recurso (art. 34 CEDH); y

  • A "acatar las sentencias definitivas del TEDH en los litigios en que sean partes" (art. 46.1 CEDH).

Como tal amparo internacional, está sujeto a las contingencias de un tratado internacional: solamente puede ser demandado el Estado Parte concernido.

Es un proceso de ámbito material delimitado, que se concreta en los derechos y libertades consagrados en el propio Convenio y sus Protocolos ratificados por España.

Es un proceso de amparo internacional subsidiario a la protección de los derechos fundamentales por las autoridades nacionales que son las directamente obligadas por el convenio (art. 1).

La competencia del TEDH viene fijada por la regla del agotamiento de los recursos internos por el demandante como requisito para acudir a la vía internacional, según el principio de derecho internacional de dar a las autoridades nacionales la posibilidad de remediar la vulneración alegada ante la instancia internacional. Si el derecho es amparable según la CE es, pues, preciso agotar previamente la vía de amparo ante el TC, y si no lo fuera (v.gr. el derecho a la propiedad) han de agotarse los recursos judiciales que dan a la resolución impugnada el carácter de firme.

El amparo europeo es una garantía internacional ofrecida "al individuo" para la protección de derechos y libertades in concreto. Solamente el "particular", sea persona física o jurídica o grupo de personas, que se considere víctima puede entablar la denominada "demanda individual", sin que se admita una actio popularis incompatible con su naturaleza.

La pretensión reparatoria deducida únicamente se dirige contra el Estado como único obligado por el CEDH por los actos realizados por sus autoridades o agentes dentro de los límites de su jurisdicción. Ni el particular implicado en la violación, ni las organizaciones no estatales, cualquiera que sea su ámbito territorial, son parte ante la instancia internacional, cualquiera que sea su interés en el litigio.

El carácter absoluto de la protección de los derechos humanos, como inherente a la dignidad del hombre, no impide que el amparo internacional esté inspirado por el principio dispositivo, aunque con importantes limitaciones, pues su iniciación es a instancia de parte y cabe la terminación transaccional por un "arreglo amistoso" entre la alegada víctima y la representación del Estado demandado, o por un desistimiento, aunque siempre con intervención del TEDH que vigila su adecuación al convenio.

Finalmente, el proceso ante el TEDH es un amparo de eficacia limitada, pues la efectividad de sus sentencias depende de lo previsto en el ordenamiento jurídico del Estado demandado. Sólo si el ordenamiento español no permite una reparación de la violación declarada por el Tribunal, puede este Tribunal acordar una satisfacción equitativa con la posibilidad de que señale una indemnización en metálico que ha de ser pagada por el Estado.

Ámbito: los derechos fundamentales protegidos

No todos los "derechos humanos" son objeto de la garantía europea de protección. Derechos fundamentales y libertades públicas protegidos (arts. 2 al 14 del Título I) son: derecho a la vida (art. 2), prohibición de la tortura (art. 3), prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. 4), derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5), derecho a un proceso equitativo (art. 6), no hay pena sin ley (art. 7), derecho al respeto de la vida privada y familiar (art. 8), libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 9), libertad de expresión (art. 10), libertad de reunión y de asociación (art. 11), derecho a contraer matrimonio (art. 12), derecho a un recurso eficaz (art. 13), y prohibición de discriminación (art. 14).

Esta lista de los derechos y libertades se ha ido ensanchando paulatina y lentamente en nuevos protocolos (núms. 1, 4, 6, 7, 12, y 13). España solamente ha ratificado los protocolos 1 y 6.

Consiguientemente, solamente los cuatro derechos en ellos reconocidos (protección de la propiedad, derecho a la instrucción, a elecciones libres y la abolición de la pena de muerte) se añaden a los citados derechos y libertades del Título I CEDH cuya vulneración puede ser objeto de la pretensión deducida contra el Estado español ante el TEDH.

La jurisprudencia del TEDH es, pues, indispensable para valorar el alcance de la protección y su importancia actual permite ver la interpretación del Tribunal, en general, como evolutiva y dinámica en la cambiante sociedad democrática europea y decididamente protectora de los derechos reconocidos.

Objeto del amparo europeo

El fin de este proceso de amparo es la protección de los derechos fundamentales que el Convenio y sus Protocolos reconocen a "toda persona" dentro de la jurisdicción del Estado parte causante de la vulneración. El modo de protección que el CEDH instituye es la garantía colectiva de todos los Estados Partes en el Convenio, esto es, el compromiso contraído con los demás Estados Partes de respetar aquellos derechos por los actos de sus autoridades, funcionarios o agentes. Precisamente, para "asegurar el respeto de ese compromiso" se instituye el TEDH (art. 19 CEDH), a quien corresponde declarar si ha habido o no la violación alegada del derecho protegido (art. 41 CEDH).

El objeto del proceso es una pretensión mixta: declarativa de la violación de su derecho, pero con posibles connotaciones de condena a la reparación por la lesión causada al Estado demandado.

La vertiente declarativa de la pretensión se basa en la alegada vulneración de un derecho fundamental o libertad pública protegidos por el Convenio como consecuencia de un acto o de una omisión de los poderes públicos dependientes del Estado recurrido. La petición de condena se dirige contra el Estado responsable para obtener la reparación del perjuicio moral y material sufrido por la alegada víctima.

A la pretensión de condena, sin embargo, no se sigue un pronunciamiento de condena, sino un "deber de prestación" por parte del Estado demandado subsiguiente a la constatación de una violación en el marco del tratado que así lo establece. Las resistencias que opone el Estado pasivamente legitimado se fundamentarán en que la pretensión deducida no se ajusta a las condiciones que el CEDH establece para que el TEDH estime esa doble pretensión.

El CEDH fija las condiciones y requisitos de las peticiones de reparación del daño causado (arts. 35 al 41 CEDH). En primer lugar, la pretensión de condena sólo procede en el caso de constatarse la violación del derecho o libertad del demandante y de que fue debida a actos u omisiones atribuibles a las autoridades o agentes dentro de la jurisdicción del Estado demandado. En segundo lugar, la declaración de violación implica, la obligación "internacional" del Estado infractor de la restitución o reposición del demandante en la situación jurídica anterior a la vulneración de su derecho. La restitutio in integrum del derecho vulnerado se deja en las manos del Estado causante de la misma, sin que quepa, desde el punto de vista del Derecho internacional, la posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo provoque con su actividad una "injerencia en el orden interno del Estado" y, por tanto, no dirige mandatos u órdenes, ni siquiera directrices o sugerencias de lo que el Estado concernido ha de hacer para esa restitución o para prevenirlas en el futuro.

Finalmente, la restitución ha de hacerse, primordial y plenamente, según el Derecho del Estado demandado. Si la restitutio in integrum no es posible debido a las peculiaridades del ordenamiento jurídico del Estado demandado (v.gr. no prevén un motivo de revisión de las sentencias firmes de condena basado en la sentencia estimatoria del TEDH) o por la naturaleza irreparable del derecho violado, ha de ser sustituida por la "justa satisfacción", moral o pecuniaria del daño causado, que constituye el único contenido condenatorio de la pretensión del demandante. Para este supuesto, el art. 41 CEDH determina que "si el derecho interno sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, concederán a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa." Es posible que la sentencia estimatoria de la vulneración alegada obligue al Estado a abonar una determinada suma de dinero. Ello sólo sucederá si, tras la comprobación del carácter irremediable de la lesión causada por la violación, el actor acredita la existencia y extensión del daño (material y moral).

Cuando estas condiciones o requisitos de la pretensión han sido objeto de alegación y prueba en el proceso con la necesaria suficiencia, el Tribunal las resuelve en una misma sentencia en la que se pronuncia:

  • Sobre si ha habido o no la violación alegada, y para el caso de declaración de violación resuelve sobre la restitución o compensación dineraria a cumplir por el Estado infractor.

  • Si, por el contrario, el material debatido no es estimado suficiente por el Tribunal, lo hace constar en la sentencia sobre la declaración de violación y alega que la cuestión de la justa satisfacción del recurrente no está aún preparada, posponiéndola para un segundo proceso limitado exclusivamente a esa cuestión.

Los sujetos del proceso

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Con la ratificación del Protocolo nº 11 de 1994 (en vigor 1998) que modifica el CEDH, se ha puesto en marcha una nueva estructura de protección. Con esta reforma se simplifica el sistema de protección, supresión de la Comisión Europea de Derechos Humanos y de la jurisdicción del Comité de Ministros del Consejo de Europa, atribuyendo a un único Tribunal, el TEDH, de jurisdicción permanente y obligatoria, las funciones quasi jurisdiccionales que aquellas ejercían en la fase de admisión de los recursos y en las funciones jurisdiccionales.

El demandante tiene hoy la facultad de dirigirse directamente, sin más intermediarios ni rémoras, al Tribunal cuya jurisdicción es obligatoria para los Estados Partes en el CEDH. El particular que se crea víctima de una violación de sus derechos y libertades protegidos por el Convenio está activa y directamente legitimado ante un Tribunal internacional (locus standi), lo que revoluciona la teoría del "sujeto de Derecho internacional" que tradicionalmente sólo correspondía al Estado, incluso para defender los intereses de sus súbitos.

El TEDH se constituye como órgano jurisdiccional permanente (art. 19 CEDH) y con Jueces en régimen de dedicación a tiempo completo (art. 21. 3 CEDH). Ambas exigencias eran las bases de la propugnada reforma del sistema ante la imposibilidad de satisfacer la demanda incesante de justicia con los medios organizativos y personales del anterior sistema, basado en la periodicidad de las sesiones del Tribunal y con Jueces a tiempo parcial que simultaneaban sus tareas judiciales en el TEDH con su deberes profesionales en sus países de origen (lo que, por otra parte, se veía como una ventaja, ya que aseguraba el contacto del Juez internacional con la realidad nacional evitando la "torre de marfil" en que se situaba el Tribunal internacional).

Composición del Tribunal

El TEDH se compone de un número de Jueces igual al de Estados Contratantes (art. 20 CEDH) -hoy son 44 Estados- que son elegidos a propuesta de cada Estado (puede serlo de un Estado no miembro del Consejo de Europa o de un Estado Contratante).

Los Jueces son elegidos por período de 6 años (art. 23.1 CEDH) por mayoría absoluta de votos del Consejo de Europa, uno respecto a cada Estado Parte de una lista de tres candidatos que presentan (art. 22.1 CEDH). Los Jueces deben "gozar de la más alta condición moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia" (art. 21.1 CEDH); actúan siempre a título personal, por lo que no representan al Estado que los ha propuesto, tienen dedicación exclusiva y su mandato termina cuando cumplen los 70 años. Durante el término de su mandato son inamovibles y solamente pueden ser separados de su cargo (revocados) cuando decidan los otros Jueces, por mayoría de dos tercios, que ha cesado de cumplir las condiciones requeridas.

Organización y funcionamiento

El Tribunal tiene su sede en Estrasburgo (Francia), sede, a su vez, del Consejo de Europa donde funciona con carácter permanente sin perjuicio de sus periodos de sesiones (arts. 19 CEDH y 21 RTEDH).

Sin embargo, según el mismo art. 19 RTEDH, "cuando lo estime procedente, podrá desempeñar sus funciones en otros lugares del territorio de los Estados miembros del Consejo de Europa" y "decidir, en cualquier fase de la investigación del caso, que es necesario que él mismo o que uno o varios de sus miembros procedan a una investigación o realicen cualquier otra tarea en otro lugar." De conformidad con lo dispuesto en el CEDH (arts. 25 a 27) y el RTEDH (arts. 24 a 27), el Tribunal tiene la siguiente organización:

  1. El Pleno del Tribunal es un órgano de gobierno sin funciones jurisdiccionales. Se reúne para: a) elegir al Presidente y a uno o dos Vicepresidentes por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelegidos; b) establecer la Salas por un tiempo fijo; c) elegir los presidentes de las Salas, que pueden ser renovados; d) aprobar el Reglamento del Tribunal; y, e) elegir al secretario y a los subsecretarios del Tribunal.

  2. Los Comités se componen de 3 Jueces de la misma Sección por un periodo de 12 meses. Los Comités son los competentes prima facie en materia de inadmisibilidad de los recursos, con facultad para archivar o resolver por unanimidad y con carácter final sobre la inadmisibilidad de los recursos individuales que se presenten ante el Tribuna.

  3. Las Salas, constituidas en el seno de cada Sección, se componen de 7 Jueces. Forma parte ex officio de la Sala el Presidente de la Sección y el Juez "nacional" (o, elegido a título del Estado interesado en la causa) y, si no hay ninguno o no está capacitado para actuar, la persona que el Estado interesado presente, quien formará parte del Tribunal con las facultades de Juez. A las Salas corresponde el conocimiento y resolución de las demandas individuales que no hubieren sido archivadas o inadmitidas por voto unánime del Comité y de las demandas interestatales, resolviendo sobre su admisibilidad, primero, y sobre el fondo, después.

  4. La Gran Sala se compone de 17 Jueces, e incluirá al Presidente del Tribunal, a los Vicepresidentes del Tribunal, a los presidentes de Salas, remitiéndose al Reglamento del Tribunal sobre los demás Jueces que la componen. La Gran Sala conoce del recurso contra las sentencias de las Salas. Para la admisión del recurso ante la Sala a la Gran Sala, el CEDH prevé un Colegio de 5 Jueces de la Gran Sala.

  5. Las Secciones, son las Salas a que se refiere el art. 26.b CEDH, citado, que establece el Pleno del Tribunal y que se constituyen a propuesta del Presidente por un periodo de 3 años. Su número es de 4 como "mínimo" (existen 4 Secciones, formadas por 11 Jueces cada una). Cada Juez es miembro de una Sección, cuya composición "Deberá ser equilibrada tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de la representación de los sexos y tendrá en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en las Partes Contratantes" (art. 25.2 RTEDH).

La Secretaría, se integra por un Secretario asistido de Secretarios adjuntos elegidos por el Pleno del Tribunal (art. 26.e CEDH), como órgano encargado de custodiar los archivos del Tribunal y de la relación de éste con las partes y el público; asiste al Presidente en el ejercicio de sus funciones y, en particular, conduce el intento de arreglo amistoso (art. 62.1 RTEDH).

Ámbito de su jurisdicción

El TEDH ha sido instituido por el CEDH, su jurisdicción se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus protocolos, es decir, a las demandas interestatales, a las demandas individuales y a las "opiniones consultivas" que le solicite el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Estas normas son el marco de la jurisdicción del Tribunal.

Siguiendo la distinción "clásica", expondremos la jurisdicción del Tribunal por razón del territorio, de las personas, de la materia y del tiempo.

Jurisdicción territorial “ratione loci”. Aunque el CEDH sea un tratado internacional de ámbito europeo, la jurisdicción del Tribunal rebasa ese límite, ya que se extiende a la jurisdicción territorial del Estado europeo Parte demandada, comprendiendo, por tanto, todos los territorios, europeos y no europeos, donde ejerce su autoridad y de cuyos actos u omisiones sea responsable.

Jurisdicción "ratione personae". La jurisdicción del TEDH se extiende, por razón de las partes procesales implicadas, al conocimiento de la responsabilidad internacional del Estado demandado por los actos u omisiones de sus poderes, autoridades y agentes, cualquiera que sea su ámbito territorial o su autonomía política dentro del Estado, y al del Estado demandante en el supuesto de demandas interestatales. Por razón del demandante individual, pueden serlo "todos", "toda persona" titular del derecho sin discriminación "por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación", prohibida en el art. 14 CEDH. Comprende, pues, todas las personas físicas y las personas jurídicas, organizaciones no gubernamentales y grupos de interesados, que se encuentren sometidos a la jurisdicción del Estado Parte en el Convenio, con independencia de su concreta nacionalidad.

La responsabilidad del Estado demandado le viene atribuida tanto por no disponer de un "recurso eficaz" ante una instancia nacional cuando sus derechos y libertades hubieren sido vulnerados (art. 13 CEDH), como por el incumplimiento de las "obligaciones positivas" (STEDH) o por la omisión de adoptar las "medidas positivas" que le incumben para el goce de los derechos reconocidos.

El Estado demandado sólo puede ser un Estado Parte en el CEDH, que sólo está abierto a los Estados miembros del Consejo de Europa.

La UE, aunque está formada por Estados que son todos miembros del Consejo de Europa, no puede ser demandada ratione personae por las violaciones de derechos fundamentales que le atribuya el demandante. Se ha propuesto, repetidamente, el acceso de la UE al CEDH, pero hasta la fecha no ha prosperado esa iniciativa, que equivaldría a reconocerle la cualidad de "Estado", al menos en el sentido del Convenio.

Jurisdicción "ratione materiae". Al exponer el ámbito y el objeto del amparo europeo se ha examinado la jurisdicción del TEDH por razón de la materia, cuyo marco es el art. 19 CEDH en relación con el art. 1 CEDH: no pueden ser conocidas otras violaciones que las de los derechos y libertades que el 61 Convenio y sus protocolos determinan. A ella nos remitimos aquí, insistiendo, sin embargo, en las dos excepciones (que son otras tantas limitaciones a la jurisdicción ratione materiae del Tribunal).

  1. no todos los Estados han ratificado todos los protocolos que amplían el número de derechos reconocidos en el CEDH, por lo que el Tribunal carece, en consecuencia, de jurisdicción para conocer de las vulneraciones alegadas de esos derechos imputados al Estado que no es Parte en el respectivo protocolo.

  2. El art. 57 del CEDH permite a los Estados, en el momento de la firma o ratificación, "formular... una reserva a propósito de una disposición particular del Convenio en la medida en que una Ley en vigor en su territorio esté en desacuerdo con esta disposición." La existencia de estas reservas, o "declaraciones interpretativas" son cada vez más restrictivamente interpretadas por el Tribunal y justificadas transitoriamente por la adaptación de la legislación nacional al Convenio. Sin embargo, si fueran alegadas por el Estado demandado, obligan al Tribunal a la comprobación de que el derecho invocado no resulte excluido de la protección y, por ello, que la alegada vulneración no pueda ser conocida por el Tribunal al no ser exigible al Estado la responsabilidad internacional pretendida.

Jurisdicción "ratione temporis". La naturaleza internacional del amparo que confiere el CEDH determina unos límites temporales de la jurisdicción del Tribunal. Estos límites no vienen señalados en el texto del Convenio, sino que resultan de su carácter de Tratado internacional sujeto, como tal, a las normas del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El primer límite, el principio de la "irretroactividad" de la aplicación del Convenio y de sus Protocolos. Según el art. 28 del Convenio de Viena, "las disposiciones de un Tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo." El art. 59.3 del CEDH prevé para los Estados que, como España, se adhirieron al Convenio cuando ya había entrado en vigor que "el Convenio entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación", que se efectúa ante el Secretario General del Consejo de Europa (art. 59.1 CEDH).

Para España, el Convenio se ratificó por instrumento que fue depositado ante esa autoridad el 4 de octubre de 1979 (aunque publicado en el BOE del día 10 de ese mes), sin hacerse declaración alguna sobre su vigencia. Por tanto, la jurisdicción del TEDH ratione temporis respecto de España comienza a partir de la fecha citada del depósito, pero para conocer demandas individuales esa fecha no comienza hasta el 1 de julio de 1981, fecha en que se hizo la declaración de aceptación del derecho al "recurso individual".

El segundo límite temporal es el de la suspensión de la vigencia del Convenio (art. 15 CEDH), que reconoce a los Estados un restringido ejercicio del "derecho de derogación en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación"; en tales extremos supuestos, "cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones del presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional." Esta disposición no autoriza la derogación del derecho a la vida (art. 2 CEDH), salvo para el caso de muertes en actos lícitos de guerra, ni de la prohibición de la tortura y de tratos inhumanos y degradantes (art. 3) y de la esclavitud o servidumbre (art. 4 1), ni la irretroactividad de las leyes penales.

El tercer límite de la jurisdicción del Tribunal es el de la cesación de la vigencia del Convenio respecto al Estado parte en el mismo por el doble motivo de la voluntad de este Estado de abandonar el Convenio o por su exclusión del mismo conforme al propio Convenio. El art. 42.2 del Convenio de Viena establece que la terminación o la denuncia de un tratado o el retiro de una de las partes "no podrá tener lugar sino como resultado de las disposiciones del tratado".

El art. 58 del CEDH prevé las condiciones de la denuncia del Convenio por alguna de las Partes en el mismo exigiendo que sólo podrá hacerse al término de un plazo de 5 años desde la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha Parte y mediante un preaviso de 6 meses dado en una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa; también establece que "dejará de ser Parte en el presente Convenio toda Alta Parte Contratante que deje de ser miembro del Consejo de Europa". Para ambos supuestos impone que no podrán tener por efecto desvincular al Estado interesado de sus obligaciones según el Convenio respecto a los hechos que, pudiendo constituir una violación, hubieran sido realizados por dicha Parte con anterioridad a la fecha en que la denuncia o separación produzcan efecto (apartado 2).

En el medio siglo de vigencia del Convenio, sólo se produjo un caso de denuncia por Grecia (1969), que produjo su cese como Parte en el Convenio, ante la inminencia de su expulsión del Consejo de Europa, como consecuencia de los actos producidos en la llamada "Revolución de los coroneles" que motivó varias demandas interestatales contra dicho país por parte de Estados escandinavos.

Las partes

Capacidad para ser parte y procesal

La capacidad está regulada por los arts. 33 y 34 CEDH, tienen capacidad para ser parte y procesal en el proceso de amparo:

Los Estados Partes en el Convenio, que podrán intervenir como demandantes (demandas interestatales por incumplimiento del Convenio) o como demandados. El Estado que no reúna esa condición no está capacitado para intervenir en este proceso de amparo europeo en calidad de parte.

Esta capacidad es prerrogativa exclusiva del Estado, único que es Parte en el Convenio en tanto que sujeto de relaciones internacionales por virtud del "principio de unidad del Estado en sus relaciones exteriores". Las administraciones regionales o municipales, cualquiera que sea su autonomía o independencia respecto del Poder central, no pueden ni demandar ni ser demandadas en este proceso, cualquiera que fuera su responsabilidad o interés en la violación alegada, por carecer de capacidad.

La persona física, organización no gubernamental o grupo de individuos que se consideren víctimas de la violación de sus derechos por un Estado solamente disponen de capacidad para actuar como demandantes.

En relación con la capacidad de las personas físicas, el Tribunal interpreta este concepto de manera no formalista. Poco importa la edad de la persona o su capacidad de obrar, ya que, en todo caso, el Tribunal invitaría a la parte a subsanar esta falta de capacidad procesal nombrando a un representante, incluso de oficio.

Los "grupos de particulares" también comprenden a las personas jurídicas, es decir, en los términos de la jurisprudencia de la Comisión, "grupos constituidos conforme a la ley del Estado parte".

Capacidad de postulación y la asistencia jurídica gratuita

Representación y defensa de las partes. Las vicisitudes de la posición del demandante individual ante la Comisión, primero, y, después, ante el Tribunal, por la resistencia de los Estados originarios a concederle capacidad para comparecer directamente ante una instancia internacional, trascendió a la regulación de la postulación de las partes en dichas demandas individuales. El actor no podía ser parte en el proceso ante el TEDH. La Comisión Europea de Derechos Humanos era la que, como defensora de la legalidad del CEDH, venía a actuar por el demandante ante el Tribunal cuando, luego de investigar los hechos, admitía la demanda y representaba, en esa medida, los intereses de la alegada víctima.

La evolución impulsada por el propio Tribunal y la Comisión en favor del reconocimiento de la capacidad del verdadero sujeto de la pretensión restitutoria se recogió ya en los Reglamentos de esos órganos y, posteriormente, en el citado Protocolo nº 9 al Convenio hasta su inclusión explícita en el nuevo texto del CEDH.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 36.1 RTEDH, las personas físicas, organizaciones no gubernamentales y grupos de individuos "podrán inicialmente presentar sus demandas por ellos mismos o a través de un representante". La elección de este representante deberá recaer en "un Abogado habilitado para ejercer en cualquiera de las Partes Contratantes y residir en el territorio de una de ellas" o "en cualquier otra persona admitida por el Presidente de la Sala" (art. 36.4 RTEDH).

Cuando la demanda no es declarada inadmisible ni archivada (art. 36.2 en relación con el art. 54.2 y 3), a partir de ese momento procesal, el Presidente de la Sala puede ordenar que el demandante esté representado en las condiciones expuestas. Esta representación es necesaria en todas las audiencias acordadas por la Sala o a los fines subsiguientes a una decisión de admisibilidad, aunque el Presidente de Sala puede autorizarle a que asuma él mismo la defensa de sus intereses con la asistencia de Abogado o de otro representante autorizado.

El Abogado o el representante autorizado del actor, o éste último si asume la defensa, tengan un "conocimiento suficiente de una de las lenguas oficiales del Tribunal" (inglés o francés, art. 34.1 RTEDH).

Sin embargo, el presidente de la Sala puede autorizar el uso de otra lengua no oficial, debiendo entonces la parte asumir los gastos de la interpretación o de la traducción al inglés o al francés de las observaciones orales o escritas (arts. 36.5 y 34.4 RTEDH).

La asistencia jurídica gratuita. La asistencia jurídica gratuita del demandante que carece de medios económicos para pagar a su abogado ante las instancias del CEDH no se menciona en el Tratado.

Por ello, el Comité de Ministros del Consejo de Europa (Resolución de 1963) decidió establecer un sistema de asistencia jurídica en favor de los particulares que presentaban una demanda ante la Comisión sin recursos económicos suficientes y proveía de los medios financieros con cargo al Consejo de Europa.

La Comisión añadió a su Reglamento unas normas que regulaban las condiciones de otorgamiento del beneficio. Según esta ordenación, la concesión de la asistencia jurídica gratuita corresponde al Presidente de la Sala que conozca de la demanda, a instancias del actor o de oficio, "para la defensa de su caso" inmediatamente después de que el Estado demandado haya presentado por escrito sus observaciones sobre la admisibilidad de la demanda, o que haya vencido el plazo que le fue concedido a este efecto (art. 91.1 RTEDH).

Las condiciones para que el Presidente de Sala conceda el beneficio son, a tenor del art. 92 RTEDH, 1) que la concesión sea necesaria para la buena marcha del caso ante la Sala; y 2) que el demandante no disponga de medios económicos suficientes para hacer frente en todo o en parte, a los gastos que deba responder.

Para determinar si el demandante tiene o no esos medios, el Reglamento del Tribunal prevé un procedimiento de comprobación que se inicia con la invitación que hace el Tribunal al demandante a que presente una declaración indicando sus ingresos, el capital de que disponga y las obligaciones económicas que tenga respecto de las personas a su cargo o cualquier otra obligación económica. Esta declaración habrá de ser certificada por las autoridades internas competentes.

En cuanto al contenido, el beneficio comprende 1) los honorarios del abogado o la persona designada, precisando que, en su caso, podrán cubrir los servicios de más de uno de estos representantes"; 2) los gastos de desplazamiento y de estancia en la sede del Tribunal (Estrasburgo); y 3) los desembolsos necesarios hechos por el demandante o por su representante legítimo. La cuantía de los honorarios la fija el Secretario del Tribunal a la vista del baremo vigente, así como de la suma a pagar en concepto de gastos (art. 95 RTEDH).

Legitimación

Los arts. 33 y 34 CEDH fijan también la legitimación activa y pasiva de los particulares y de los Estados Partes en este proceso, así respecto al interestatal como al individual.

Activa

En las demandas individuales. Está legitimado para acudir al Tribunal "cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos" (34 CEDH).

Por tanto, ratione personae, solamente están legitimados activamente los tres sujetos que se expresan: a) las personas físicas, sin distinción de edad ni de capacidad de obrar (menores, enfermos mentales); b) una organización no gubernamental o grupo de personas, que incluye a las personas jurídicas privadas (las AAPP carecen, pues de legitimación) cuando ostentan derechos que el Convenio estima compatibles con esa condición (p. ej. derecho a la vida, a la libertad individual, prohibición de tortura, matrimonio, etc.).

La legitimación activa exige, además, "que se pretenda víctima" de la violación denunciada. Por víctima ha de entenderse el sujeto pasivo de la lesión o perjuicio sufridos por la actuación del Estado que priva, menoscaba o amenaza el derecho o libertad reconocidos por el Convenio y sus Protocolos. En efecto, "víctima", en el sentido del art. 34 CEDH, es primordialmente quien se siente lesionado, de modo efectivo y real, en el goce de su derecho fundamental por el acto u omisión invocada, ya sea de manera directa o indirectamente por la existencia de un vínculo especial (familiar o afectivo próximo) entre la víctima directa y la indirecta, en caso de fallecimiento o incapacidad de la víctima directa. Y también está legitimada activamente la víctima potencial ante la inminencia e inexorabilidad del daño temido sin tener que esperar a que se produzca el evento lesivo.

En las demandas interestatales. El Estado está activamente legitimado para acudir ante el Tribunal solamente en los llamados "recursos interestatales" previstos en el art. 33 CEDH (que lleva por rúbrica "asuntos entre Estados") y "por cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante". Estas demandas interestatales incluyen, pues, no sólo la violación de los derechos y libertades del individuo previstos en los artículos ya referidos del CEDH, sino cualquier incumplimiento relativo a otros preceptos de esos pactos internacionales.

El mencionado art. 33 legitima activamente a uno o varios Estados para acudir al Tribunal, en tanto que órgano garante de la observancia de los compromisos contraídos por los Estados Partes en el Convenio y sus Protocolos (art. 19 CEDH), para denunciar el incumplimiento del compromiso adquirido de reconocer en su jurisdicción el respeto del derecho o libertad reconocido a los individuos dentro de la jurisdicción de ese Estado. No necesita, a diferencia de los particulares, ser una víctima de la violación, sino que la constancia de que por otro Estado parte se incumple su obligación internacional de respetar los derechos fundamentales que el CEDH garantiza objetivamente le confiere legitimación para denunciar este incumplimiento del Tratado ante el TEDH.

Pasiva

Como tratado internacional, las obligaciones que impone el CEDH se refieren solamente a los Estados contratantes en los términos del citado art. 1. Por ello, la legitimación pasiva en el proceso que instituye la ostenta siempre y únicamente el Estado Parte en cuya jurisdicción se cometió la violación del derecho individual invocado. Como se ha expuesto, el Estado, en cuanto sujeto de Derecho internacional, responde internacionalmente por todas las actuaciones de sus administraciones, autoridades y funcionarios o agentes.

El particular causante de la violación no ostenta legitimación pasiva en este recurso y la víctima de esa vulneración, carece, sin embargo, según el CEDH, de "acción internacional" contra aquél. La alegada víctima tendrá, indirectamente, que demandar al Estado por la violación del compromiso internacionalmente contraído del respeto de los derechos fundamentales en su jurisdicción y de "asegurar" el goce de esos derechos a través de su ordenamiento jurídico.

La legitimación pasiva viene regulada exclusivamente por el Convenio, que fija su ámbito, tanto de los sujetos que pueden tenerla (exclusivamente los Estados Partes en el Convenio), como los derechos objeto del amparo, a la vista de las reservas que el Estado demandado hubiera formulado.

Las partes subsidiarias (intervención de terceros)

Conforme al art. 36.1 CEDH, un Estado Contratante "tendrá derecho" a intervenir "en cualquier asunto... cuyo nacional sea demandante" en la fase siguiente a la decisión del Comité sobre la admisibilidad. Su forma de intervención podrá ser escrita, mediante "observaciones", u oral, en la vista.

El art. 36.2 permite la intervención, en los términos del apartado 1, de "cualquier Alta Parte Contratante... o cualquier persona interesada distinta del demandante", pero siempre a "invitación" del Presidente del Tribunal "en interés de la administración de justicia". Esta modificación pone el énfasis de la intervención en el asesoramiento o ilustración del Tribunal para el mejor conocimiento de la cuestión litigiosa del Estado como coadyuvante o amicus curiae para la mejor información del caso.

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